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Esta es la verdadera vergüenza del pacto entre Administración y Promotores para construir vivienda de protección. Precios que muchísima gente no puede hacer frente
Un minusválido renuncia a un piso adaptado que ganó en el sorteo de Barcelona al no poder hacer frente a la hipoteca
• El precio mensual equivale al 80% de su pensión
ALBERT OLLÉS
BARCELONA
A Raúl Gallart, un joven barcelonés de 28 años que vive la vida desde una silla de ruedas, le duró su nueva casa en el barrio de Diagonal Mar casi lo mismo que la carroza de Cenicienta antes de volverse calabaza. La lógica alegría por haber sido uno de los 1.509 afortunados (entre 54.440 aspirantes) en el sorteo municipal de pisos de protección oficial realizado el pasado 14 de febrero del 2007 en Barcelona, se truncó al comprobar el precio y las condiciones de pago de la vivienda.
Pese a ser una vivienda adaptada para minusválidos y, por lo tanto, reservada a personas que, en su mayoría, tienen ingresos inferiores a la media, Gallart se encontró con la obligación de afrontar una hipoteca cuyo pago mensual equivale al 80% de su pensión. Y todo ello sin ninguna otra ayuda de las administraciones y con la necesidad de avanzar los primeros pagos en pocos días. Una situación insalvable con un final muy diferente al del cuento: la renuncia al príncipe, en este caso, un piso de nueva construcción ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad.
Reunión urgente
Los problemas para este vecino de Nou Barris, donde vive con sus padres, empezaron a finales del año pasado cuando recibió la esperada carta en la que le convocaban a una reunión urgente --dos días después-- con la inmobiliaria Espais. La empresa, responsable de la promoción que le habían asignado --aún en construcción-- entre las calles de Pallars, Fluvià y Provençals, les informó del precio de venta y el pago. A continuación les desvió a una oficina de la Caixa de Catalunya para negociar la semana siguiente la hipoteca y pagar 24 horas más tarde el contrato de arras (6.420 euros) que certifica la reserva antes de registrar la compra.
"Me dieron dos opciones, o constituir una hipoteca a 25 años por el 100% del valor del piso o hacerlo por el 80% y adelantar el resto al contado en el momento de la entrega de las llaves", explica Gallart. En el primer caso, y bajo un interés del 4,35%, la mensualidad ascendía a 1.236 euros, mientras que en el segundo bajaba a 985 euros.
Esta última cifra era más asequible, pero el problema residía aquí en el elevado coste del pago avanzado del 20%. Al tratarse de un piso que cuesta 227.000 euros (más un 7% de IVA), Gallart tenía que abonar de golpe unos 48.500 euros.
Financiación especial
"A pesar de sufrir una discapacidad casi total, la pensión no me llegaba ni para pagar mensualmente la primera hipoteca ni para cubrir el adelanto de la segunda", asegura el afectado. Ante esta situación consultó en el ayuntamiento y la Generalitat la posibilidad de recibir alguna ayuda, pero la respuesta fue negativa alegando que ya le estaban ofreciendo unas "condiciones especiales de financiación"..
"Me han dado un tiempo antes de firmar la renuncia para ver si puedo encontrar alguna forma de pagar, pero ni siquiera con la ayuda de mi hermano Jordi consigo costearlo todo", reconoce. Gallart vincula el valor del piso, una planta baja de 70 metros cuadrados, al hecho de que forma parte de una promoción erigida en una de las zonas de moda en Barcelona, entre el 22@, la nueva Diagonal y el mar.
"Las otras viviendas del bloque que no son de protección tienen un coste muy elevado, y me han aplicado un régimen de precio concertado que es más caro que el de precio general", añade.
Lo que más le sorprende, a pesar de ello, es que cumple con todas las condiciones requeridas para participar en el sorteo y acceder al piso, incluida la de los ingresos económicos. "Algunos ganadores se habían apuntado por error a los pisos para minusválidos, pero los descartaron posteriormente al descubrir que no tenían ninguna discapacidad. Sin embargo, yo pude llegar sin problemas hasta el final del proceso".
El sorteo municipal del pasado febrero ha estado rodeado por la polémica, aunque por motivos diferentes. Primero fue una equivocación del notario al apuntar uno de los números elegidos y luego se han producido errores administrativos en el procesamiento de datos de las solicitudes.
El caso de Gallart es diferente al estar más relacionado con las condiciones reales de acceso a las viviendas de protección oficial. "Todo es legal, pero que luego no digan los políticos que este tipo de ayuda facilita a las personas con menos ingresos la compra de una vivienda, ya que no siempre es así". A la vista de lo que le ha pasado a este barcelonés, bien se podría crear una nueva categoría: los pisos de desprotección.
Esta es la verdadera vergüenza del pacto entre Administración y Promotores para construir vivienda de protección. Precios que muchísima gente no puede hacer frente
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