El Peseta
Madmaxista
Las guarderías de Nueva Gales del Sur, estado australiano con 7,2 millones de habitantes cuya capital es Sydney, pueden rechazar legalmente a todo niño que no haya recibido las banderillas obligatorias. Las únicas excepciones a la norma, promulgada la semana pasada por el Gobierno regional, son los pequeños que no pueden ser inmunizados por razones médicas e, inexplicablemente, aquéllos para quienes la vacunación va contra las creencias religiosas. La nueva ley ha sido consecuencia de una iniciativa de los diarios The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph, su edición dominical
La periodista Claire Harvey buscaba una guardería en Nueva Gales del Sur cuando se le ocurrió que podía ponerse en marcha una campaña periodística contra la antivacunación. Lo propuso a los directores de The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph, y le dieron luz verde. Ambos periódicos lanzaron el 5 de mayo la iniciativa No jab, no play (No hay pinchazo, no hay juego), cuyo objetivo principal era “prohibir la presencia de niños no banderilleados en las guarderías y los centros de preescolar”, porque ponen en peligro a los bebés más pequeños, a los enfermos de cáncer y a niños inmunodeprimidos.
Imagen de la campaña 'No jab, no, play' (No hay pinchazo, no hay juego).
The Sunday Telegraph destacaba aquel día que hay zonas de Nueva Gales del Sur donde la tasa de inmunización es inferior al 85%, “a pesar de la evidencia científica indiscutible de que el programa de vacunación ha salvado miles de vidas y ha erradicado enfermedades que hace que sólo una generación mutilaban a los niños, como la poliomielitis”. El diario alertaba de que hay nueve zonas de la región donde las autoridades sanitarias creen que existe riesgo de brotes de “enfermedades prevenibles y potencialmente mortales, como el sarampión y la varicela”. Y el presidente de la Asociación Médica australiana, Steve Hambleton, auguraba una próxima muerte de un niño por sarampión si la tasa de vacunación se seguía manteniendo por debajo del 95%. “Desgraciadamente, veremos una muerte”.
Periodismo comprometido
Durante quince días, cuenta Kyle Sturgess en la web del Comité para la Investigación Escéptica (CSI), los dos periódicos publicaron tragedias familiares consecuencia de la antivacunación y, pronto, la mecha encendió en otros medios y salto a la arena política. Al final, la presión fue tan intensa que la ministra de Salud de Nueva Gales del Sur, la conservadora Jillian Skinner, tuvo la semana pasada que tomar medidas y endurecer la legislación, algo en contra de lo que se había manifestado el mismo día que se lanzaba la campaña. “Podríamos considerar en el futuro medidas adicionales para maximizar las tasas de vacunación, pero el Gobierno de Nueva Gales del Sur no tiene en la actualidad planes para legislar sobre la inmunización obligatoria”, había dicho la política el 5 de mayo.
Los antivacunas han contraatacado aprovechando el hueco religioso que deja la nueva ley. Así, la activista Meryl Dorey, presidenta de la Red Australiana de Vacunación, ha animado a los padres a unirse a la Iglesia de la Vida Consciente, creada en 2008 con el único objetivo de eludir las leyes provacunación mediante la exención religiosa. Aunque la ministra Skinner ha dicho que no puede hacer nada para evitar el fraude, el líder de la oposición, John Robertson, declaraba a The Daily Telegraph estar horrorizado por el agujero legal. Así que la batalla continúa. Harvey ha advertido de que van a continuar peleando para que la legislación se endurezca no sólo a escala regional, sino en toda Australia, donde desde este año los antivacunas ya pagan más impuestos.
Quien no banderilla a sus hijos por capricho pone en peligro la salud de todos y no se puede ir de rositas. Ni en Australia ni en España, donde algunos profesionales de la salud ya piden que se castigue con multas y sanciones penales a los padres que no inmunicen a sus hijos. Además del daño directo a las personas, los brotes de enfermedades prevenibles ocasionan gastos a las arcas públicas. Así, en 2011, la contención de un brote de sarampión en Utah (Estados Unidos), con sólo nueve infectados, tuvo un coste cercano a los de 300.000 dólares, según la epidemióloga Karyn Leniak. Dado que la ciencia permite en la actualidad determinar el individuo origen de un brote, sería deseable que se legislara para que, si se trata de un niño que no ha sido medicado por voluntad de sus padres, éstos hagan frente a todos los gastos ocasionados por su irresponsable decisión.
El movimiento antivacunación tiene su origen en una fraudulenta investigación del médico británico Andrew Wakefield, quien se inventó en un artículo publicado en 1998, en la revista The Lancet, la falsa conexión entre la banderilla triple vírica -contra el sarampión, la rubéola y las paperas- y el autismo. En enero de 2011 y después de siete años de investigación, el periodista Brian Deer desveló en el British Medical Journal que Wakefield planificó una serie de negocios para obtener millones aprovechándose del miedo hacia las banderillas que su fraudulenta investigación iba a infundir entre el público. Su investigación sobre la triple vírica y el autismo está considerado como uno de los más grandes fraudes científicos de la historia y ha propiciado caídas en los índices de vacunación en Reino Unido, Estados Unidos y otros países desarrollados -incluida España-, y brotes víricos que ya se han cobrado vidas.
La periodista Claire Harvey buscaba una guardería en Nueva Gales del Sur cuando se le ocurrió que podía ponerse en marcha una campaña periodística contra la antivacunación. Lo propuso a los directores de The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph, y le dieron luz verde. Ambos periódicos lanzaron el 5 de mayo la iniciativa No jab, no play (No hay pinchazo, no hay juego), cuyo objetivo principal era “prohibir la presencia de niños no banderilleados en las guarderías y los centros de preescolar”, porque ponen en peligro a los bebés más pequeños, a los enfermos de cáncer y a niños inmunodeprimidos.
Imagen de la campaña 'No jab, no, play' (No hay pinchazo, no hay juego).
The Sunday Telegraph destacaba aquel día que hay zonas de Nueva Gales del Sur donde la tasa de inmunización es inferior al 85%, “a pesar de la evidencia científica indiscutible de que el programa de vacunación ha salvado miles de vidas y ha erradicado enfermedades que hace que sólo una generación mutilaban a los niños, como la poliomielitis”. El diario alertaba de que hay nueve zonas de la región donde las autoridades sanitarias creen que existe riesgo de brotes de “enfermedades prevenibles y potencialmente mortales, como el sarampión y la varicela”. Y el presidente de la Asociación Médica australiana, Steve Hambleton, auguraba una próxima muerte de un niño por sarampión si la tasa de vacunación se seguía manteniendo por debajo del 95%. “Desgraciadamente, veremos una muerte”.
Periodismo comprometido
Durante quince días, cuenta Kyle Sturgess en la web del Comité para la Investigación Escéptica (CSI), los dos periódicos publicaron tragedias familiares consecuencia de la antivacunación y, pronto, la mecha encendió en otros medios y salto a la arena política. Al final, la presión fue tan intensa que la ministra de Salud de Nueva Gales del Sur, la conservadora Jillian Skinner, tuvo la semana pasada que tomar medidas y endurecer la legislación, algo en contra de lo que se había manifestado el mismo día que se lanzaba la campaña. “Podríamos considerar en el futuro medidas adicionales para maximizar las tasas de vacunación, pero el Gobierno de Nueva Gales del Sur no tiene en la actualidad planes para legislar sobre la inmunización obligatoria”, había dicho la política el 5 de mayo.
Los antivacunas han contraatacado aprovechando el hueco religioso que deja la nueva ley. Así, la activista Meryl Dorey, presidenta de la Red Australiana de Vacunación, ha animado a los padres a unirse a la Iglesia de la Vida Consciente, creada en 2008 con el único objetivo de eludir las leyes provacunación mediante la exención religiosa. Aunque la ministra Skinner ha dicho que no puede hacer nada para evitar el fraude, el líder de la oposición, John Robertson, declaraba a The Daily Telegraph estar horrorizado por el agujero legal. Así que la batalla continúa. Harvey ha advertido de que van a continuar peleando para que la legislación se endurezca no sólo a escala regional, sino en toda Australia, donde desde este año los antivacunas ya pagan más impuestos.
Quien no banderilla a sus hijos por capricho pone en peligro la salud de todos y no se puede ir de rositas. Ni en Australia ni en España, donde algunos profesionales de la salud ya piden que se castigue con multas y sanciones penales a los padres que no inmunicen a sus hijos. Además del daño directo a las personas, los brotes de enfermedades prevenibles ocasionan gastos a las arcas públicas. Así, en 2011, la contención de un brote de sarampión en Utah (Estados Unidos), con sólo nueve infectados, tuvo un coste cercano a los de 300.000 dólares, según la epidemióloga Karyn Leniak. Dado que la ciencia permite en la actualidad determinar el individuo origen de un brote, sería deseable que se legislara para que, si se trata de un niño que no ha sido medicado por voluntad de sus padres, éstos hagan frente a todos los gastos ocasionados por su irresponsable decisión.
El movimiento antivacunación tiene su origen en una fraudulenta investigación del médico británico Andrew Wakefield, quien se inventó en un artículo publicado en 1998, en la revista The Lancet, la falsa conexión entre la banderilla triple vírica -contra el sarampión, la rubéola y las paperas- y el autismo. En enero de 2011 y después de siete años de investigación, el periodista Brian Deer desveló en el British Medical Journal que Wakefield planificó una serie de negocios para obtener millones aprovechándose del miedo hacia las banderillas que su fraudulenta investigación iba a infundir entre el público. Su investigación sobre la triple vírica y el autismo está considerado como uno de los más grandes fraudes científicos de la historia y ha propiciado caídas en los índices de vacunación en Reino Unido, Estados Unidos y otros países desarrollados -incluida España-, y brotes víricos que ya se han cobrado vidas.
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