El Estado le debe 400.000 millones al Sistema de Pensiones, que deberían ser pagados a través de impuestos por todos los contribuyentes (Sociedades, consumidores, rentistas, etc.) con lo que no haría falta rebajar las pensiones de los que las cotizaron. Es decir estafarles lo que contribuyeron.
Aunque parece una cifra descomunal es una cifra a periodificar en 60 años más o menos con lo que no es descabellado que pueda ser asumida sin tocar las pensiones.
A esto que menciona el artículo habría que añadir todas las prestaciones que se han concedido sin su cotización previa: incremento de pensiones mínimas, aumento de prestaciones de maternidad, baja de paternidad, baja de larga enfermedad de hijos, etc. que al ser un ejercicio de solidaridad deberían ser financiadas por el Estado (todos los contribuyentes) y no sólo por los cotizantes a la Seguridad Social.
Hagamos memoria, de Anton Gasol en La Vanguardia at Reggio’s
Aunque parece una cifra descomunal es una cifra a periodificar en 60 años más o menos con lo que no es descabellado que pueda ser asumida sin tocar las pensiones.
A esto que menciona el artículo habría que añadir todas las prestaciones que se han concedido sin su cotización previa: incremento de pensiones mínimas, aumento de prestaciones de maternidad, baja de paternidad, baja de larga enfermedad de hijos, etc. que al ser un ejercicio de solidaridad deberían ser financiadas por el Estado (todos los contribuyentes) y no sólo por los cotizantes a la Seguridad Social.
Hagamos memoria, de Anton Gasol en La Vanguardia
TRIBUNA
Existe un clamor generalizado sobre la urgencia en reformar el sistema de pensiones español. Es decir, abaratarlas. Alguna voz pide incluso recortarlas de inmediato para sofocar a los mercados de bonos, como si los bonistas y los pensionistas se hablaran y actuaran como vasos comunicantes. Los tenedores de bonos saben que el tipo de interés de la emisión está en consonancia con el riesgo en el que incurren, mientras que las pensiones contributivas de la Seguridad Social están basadas en un sistema de reparto y su financiación se basa en cotizaciones sociales obligatorias mediante un sistema de caja único. No obstante, ya desde 1967 el sistema comenzó a presentar desequilibrios a medida que se iban alejando las bases de cotización de los salarios reales y, por tanto, las cotizaciones realizadas respecto de las pensiones percibidas. La bonanza económica, las nuevas oleadas de cotizantes y una estructura demográfica de una joven población española pudieron generar superávit.
En los últimos cuarenta años los balances de la Seguridad Social española han registrado excedentes que se fueron incorporando al presupuesto público de cada año. Valores positivos del 2,5% del PIB el 1967 y hasta el 4% el 1977 y así todos los años, excepto de 1995 a 1997 (tres años) que hubieron mínimos de déficit. Si estos superávits hubiesen sido capitalizados al tipo de interés legal, los fondos acumulados alcanzarían el 38% del PIB, es decir, 400.000 millones de euros. La apertura, sólo a partir del año 2000, de un Fondo de Reserva, destinado a acumular una parte o la totalidad de los excedentes de la Seguridad Social, ha permitido alcanzar 60.022 millones de euros a finales del 2009, un 5,7% del PIB. Por tanto, el desfase entre el importe que hay reservado y el fondo que la Seguridad Social debería haber acumulado si se hubiesen capitalizado desde el inicio los excedentes, equivale a un tercio del PIB, 340.000 millones que se deberían retornar a la Seguridad Social en concepto de superávit arrebatado por los presupuestos generales del Estado. Un déficit que, como se está haciendo con el “déficit tarifario” de las eléctricas, siempre se podría titulizar (convertir en deuda negociable) para devolverlo al sistema de la Seguridad Social.
Reformemos las pensiones de manera que se mejore el carácter contributivo del sistema y, por tanto, su equilibrio actuarial, de modo que se acomoden a la esperanza de vida. Pero para ello las contribuciones impositivas deben generar por ellas mismas derechos de pensión suficientes para no necesitar de ninguna transferencia adicional de cotizantes presentes o futuros. Pero despejado el horizonte, vayamos a su encuentro, por ejemplo dilatando dos meses por año la edad de jubilación y también ampliando dos meses por año el periodo de cálculo de la misma. Porque, como decía Sócrates: “Quien se dispone a efectuar grandes obras procede con lentitud”.
Anton Gasol. Doctor en Economía.
TRIBUNA
Existe un clamor generalizado sobre la urgencia en reformar el sistema de pensiones español. Es decir, abaratarlas. Alguna voz pide incluso recortarlas de inmediato para sofocar a los mercados de bonos, como si los bonistas y los pensionistas se hablaran y actuaran como vasos comunicantes. Los tenedores de bonos saben que el tipo de interés de la emisión está en consonancia con el riesgo en el que incurren, mientras que las pensiones contributivas de la Seguridad Social están basadas en un sistema de reparto y su financiación se basa en cotizaciones sociales obligatorias mediante un sistema de caja único. No obstante, ya desde 1967 el sistema comenzó a presentar desequilibrios a medida que se iban alejando las bases de cotización de los salarios reales y, por tanto, las cotizaciones realizadas respecto de las pensiones percibidas. La bonanza económica, las nuevas oleadas de cotizantes y una estructura demográfica de una joven población española pudieron generar superávit.
En los últimos cuarenta años los balances de la Seguridad Social española han registrado excedentes que se fueron incorporando al presupuesto público de cada año. Valores positivos del 2,5% del PIB el 1967 y hasta el 4% el 1977 y así todos los años, excepto de 1995 a 1997 (tres años) que hubieron mínimos de déficit. Si estos superávits hubiesen sido capitalizados al tipo de interés legal, los fondos acumulados alcanzarían el 38% del PIB, es decir, 400.000 millones de euros. La apertura, sólo a partir del año 2000, de un Fondo de Reserva, destinado a acumular una parte o la totalidad de los excedentes de la Seguridad Social, ha permitido alcanzar 60.022 millones de euros a finales del 2009, un 5,7% del PIB. Por tanto, el desfase entre el importe que hay reservado y el fondo que la Seguridad Social debería haber acumulado si se hubiesen capitalizado desde el inicio los excedentes, equivale a un tercio del PIB, 340.000 millones que se deberían retornar a la Seguridad Social en concepto de superávit arrebatado por los presupuestos generales del Estado. Un déficit que, como se está haciendo con el “déficit tarifario” de las eléctricas, siempre se podría titulizar (convertir en deuda negociable) para devolverlo al sistema de la Seguridad Social.
Reformemos las pensiones de manera que se mejore el carácter contributivo del sistema y, por tanto, su equilibrio actuarial, de modo que se acomoden a la esperanza de vida. Pero para ello las contribuciones impositivas deben generar por ellas mismas derechos de pensión suficientes para no necesitar de ninguna transferencia adicional de cotizantes presentes o futuros. Pero despejado el horizonte, vayamos a su encuentro, por ejemplo dilatando dos meses por año la edad de jubilación y también ampliando dos meses por año el periodo de cálculo de la misma. Porque, como decía Sócrates: “Quien se dispone a efectuar grandes obras procede con lentitud”.
Anton Gasol. Doctor en Economía.
Hagamos memoria, de Anton Gasol en La Vanguardia at Reggio’s
