IvanRios
Madmaxista
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Por Pasqual Moreno Torregrosa
“La tierra solo puede ser propiedad pública, propiedad del Pueblo”
Ha pasado siglo y medio desde que las y los campesinos andaluces comenzaron a movilizarse bajo el lema de “la tierra para quien la trabaja”. Miles de jornaleras y jornaleros no han cesado de luchar durante todo este tiempo con la ilusión de conseguir un pedazo de tierra con la que poder subsistir, o bien trabajando la tierra en común con el fin de poder llevar una vida digna. Tras este siglo y medio de espera la reivindicación centenaria vuelve a la actualidad de la que en alguna manera nunca se fue. Así hemos visto como en las últimas semanas se están dando a una serie de ocupaciones de tierras, junto a manifestaciones y marchas en diversas ciudades andaluzas, y simbólicas expropiaciones en dos grandes superficies.
En lo referente a las ocupaciones de tierras cabe reseñar las llevadas a cabo en la Finca “Somontes” en Palma del Río y la de la Finca “Las Turquillas” en Sevilla. Las “Turquilla” es propiedad del ejército, y en sus 1 200 hectáreas acoge a la Yeguada Militar (unos pocos caballos y unas burras) para cuya función solo se utilizan 20 hectáreas. El resto se cultiva de cereal para conseguir la subvención de 300 euros/hectáreas de la UE
somonte021La resonancia mediática de estas acciones ha sido muy grande. Todos los medios de comunicación españoles y muchos del extranjero se han hecho eco de lo ocurrido. Y junto a informaciones más o menos imparciales y documentadas, ha habido también una campaña de desprestigio de las mismas. Así, nos parece fundamental revisar y analizar las motivaciones que han llevado a tales movilizaciones. De hecho, sus organizaciones, el SOC, y posteriormente el SAT, desde el fin de la dictadura no ha cesado de reivindicar trabajo para las y los 500.000 obreros agrícolas que existen en la región, en una comunidad autónoma con un 33% de paro, así como denunciar que ocho millones de hectáreas, la mitad de la tierra agrícola de Andalucía, esté en manos de un puñado de terratenientes, cuyo esfuerzo máximo es alargar la mano para obtener millones de euros anuales de las subvenciones de la PAC.
De los 1600 millones de euros que recibe Andalucía anualmente de la PAC, 1 280 millones van a los terratenientes, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
LA LEGITIMIDAD HISTÓRICA: LAS AGITACIONES CAMPESINAS ANDALUZAS
El campo en Andalucía históricamente se configuró en grandes propiedades detentadas por una minoría, generalmente miembros de la nobleza, quienes tenían un peso importante en el poder del Estado, lo que se ha denominado la oligarquía terrateniente. Frente a esta clase social, había una masa de obreros y obreras agrícolas, de gentes jornaleras sin tierra, dependientes de un salario diario que tenían que conseguir a través de su contratación en las plazas de los pueblos de la mano de los capataces al servicio de los propietarios. Estas personas trabajaban muy pocos meses al año (dos o tres como máximo) en los momentos de la siembra o de la cosecha fuera cereal, vid u olivos, con lo que el hambre y la miseria era la tónica dominante en el campo andaluz. Situación agravada en la medida que aumentaba la población y los recursos (los jornales) escaseaban. A mediados del siglo XIX las revueltas de jornaleros y jornaleras proliferan, imbuidos de las ideas del anarquismo, pues ya no aceptan con resignación condiciones tan difíciles y, regularmente, a través de revueltas, descargan sus iras sobre los terratenientes y sus testaferros: capataces, alcaldes, policía rural, registradores de la propiedad, jueces, autoridades eclesiásticas, etc. La mentalidad de las y los obreros agrícolas sin tierra, colectivamente, fue cambiando, lo que dio lugar, junto a reivindicaciones y lemas que se popularizaron por todo el mundo donde este fenómeno dual se producía (México, Italia, Argentina, Rusia, etc.), a organizaciones de clase que, con mayor o menor acierto, dirigían la luchas, generalmente bajo la enseña del anarquismo. Pero frente al avance de la conciencia social los terratenientes y el Estado respondían con una brutal represión, con provocaciones, con detenciones, torturas y asesinatos.
Estos días nuevamente hemos visto en Andalucía emparejados a la Guardía Civil y a las y los obreros agrícolas. Viejos conocidos. Unos, de nuevo ocupando tierras y exigiendo que se les permitiese cultivarlas para sobrevivir, y los otros procediendo a su desalojo, como en tiempos pasados.
¿De dónde surgen las reivindicaciones del SAT y el fervor revolucionario de sus militancia? A raíz de los recientes acontecimientos, hemos vuelto a consultar viejas lecturas realizadas en los años 60 y 70: Juan Díaz del Moral, Gerald Brenan, Tuñón de Lara, Pascual Carrión, Guy Hermet, Edward Malefakis, Joan Martinez Allier, Eric J. Hobsbawn, etc. y hemos podido reflexionar sobre si las demandas y reivindicaciones del SAT son improvisadas, “el sueño de una noche de verano” de un grupo de advenedizos y alborotadores iluminados, o más bien se inscriben en un legado histórico secular, que ha quedado sin resolver, y que de nuevo surge a la superficie, con fuerza, ligado, es cierto, a unas condiciones económicas dramáticas, para la clase obrera agrícola andaluza, pero también para millones de ciudadanos y ciudadanas españoles.
FRANQUISMO Y TRANSICIÓN
La Transición española, es decir el paso de un sistema dictatorial, el del general Franco, a un sistema democrático, está hoy quedando cada vez más al desnudo. El compromiso entre fuerzas franquistas, sectores del gran capital industrial, financiero y terrateniente, y partidos y organizaciones de izquierda, para que no se produjera ninguna ruptura, sino más bien una reforma del sistema que diera ciertas libertades pero que mantuviera inalterables gran parte de las estructuras del régimen (judicatura, poderes financieros, privilegios de la Iglesia, alta jefatura del Estado, amnesia histórica, etc), es cada vez más contestado.
Entre las muchas cosas pendientes a la muerte del dictador, estaba la cuestión de la tierra, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura: la desposesión de miles de obreras y obreros agrícolas de estas dos regiones. Es verdad que la industrialización del país a partir de la década de los años 60 del siglo XX había disminuido su número lo que había provocado que, o bien habían emigrado a otras regiones industrializadas de España, o hacia el extranjero. Así mismo, el poder de la oligarquía terrateniente había disminuido en beneficio del capital industrial y financiero. Pero aun así, en 1975 el número de personas jornaleras sin tierra en Andalucía era de 700.000. Personas que la represión del franquismo durante dos décadas había dejado desarmadas, pues vieron que las propiedades expropiadas a los terratenientes por la Reforma Agraria de la II República eran devueltas a sus antiguos dueños. Y volvieron a unas condiciones de vida y trabajo propias del período de preguerra: contrataciones en la plaza del pueblo por parte de los capataces de los caciques, escasos jornales al año, emigración “golondrina” a otras regiones españolas o a Francia, cuando se pudo, a trabajos agrícolas de temporada, salarios de miseria, subsistencia a base de recogida de caracoles, recolección de espárragos silvestres, caza de pájaros para su venta en los bares de las ciudades, de conejos o de perdices, acopio de romero, lavanda y esparto para su venta clandestina, servicio doméstico casi por nada para los “señoritos”, etc. Y sus organizaciones sindicales desmanteladas por una dura represión, sus líderes eliminados, sus locales incautados, su prensa prohibida, y las posibilidades de recuperarse organizativamente, por la falta de libertades públicas, muy limitadas.
En los últimos años del franquismo se ideó, con el visto bueno de los terratenientes, el Empleo Comunitario como forma de disminuir la presión social que comenzaba de nuevo a sentirse en el campo andaluz, y que consistía en contratar a jornaleros y jornaleras para realizar pequeñas obras de infraestructuras (cunetas, limpieza de montes, etc.). Entrados en la Transición se le sustituyó por los Programas de Empleo Comunitario (PER) siempre con la intención de evitar el reparto de la tierra. Para poder acceder a estas ayudas las y los jornaleros tienen que justificar que han trabajado al año 35 peonadas.
El PER ha suscitado mucha polémica en Andalucía y fuera de ella. Se ha visto, como una cultura del “subsidio”, como una especie de “voto cautivo” para quien ha estado en el poder en la región (PSOE), etc. Los mismos sindicalistas del SAT-SOC lo han criticado, pero viendo en él un mal menor ante una situación que no se resuelve radicalmente, como sería la Reforma Agraria y la industrialización de las zonas rurales de Andalucía.
La cuestión de la tierra en Andalucía, como otras cuestiones del cuerpo fundamental de la oposición al franquismo durante los largos años de la dictadura, quedó relegada a un segundo plano, en búsqueda de una solución tecnocrática que no pusiera en cuestión la propiedad de la tierra y el poder de sus propietarios.
EL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA: EL FINAL DE UNA ILUSIÓN.
En el año 1984 se crea el Instituto Andaluz de Reforma Agraria ((IARA) quien con una visión muy empresarial, propia de la clase tecnócrata que se puso a su frente y de la clase política que lo impulso, procede a la expropiación con indemnización de varios miles de hectáreas de fincas mal cultivadas o de tierras baldías. Es un organismo autónomo dependiente de la Junta de Andalucía, que ambiciosamente pretendía proceder a una concentración parcelaria, a la distribución de la tierra de los latifundios expropiados entregándolas a colonos en arrendamiento, a extender el regadío, a realizar asistencias técnicas y a impulsar la comercialización de los productos cultivados. El IARA desde sus inicios se convierte en un organismo burocrático repleto de técnicos, ideólogos, asesores, consejos de administración, oficinas, administrativos, secretarias, vehículos de servicio, etc., que producen tal cantidad de estudios e informes por hectárea que justifican, al menos, a nivel de la Junta de Andalucía, su propia existencia. La Reforma Agraria del Instituto se diseña en los despachos, con aire acondicionado en verano y buena calefacción en invierno, sin organismos bilaterales de concertación con las y los interesados: los sindicatos agrarios y las y los obreros agrícolas.
El IARA pasa sin pena ni gloria, por un espacio de tiempo que finaliza el 31 de diciembre de 2010, cuando la Junta decide disolverlo e integrarlo en una Dirección General de la propia Junta, y sus funcionarios y técnicos (muchos de ellos contratados “digitalmente”, que habían trabajado en una Arcadia feliz, inútil e ineficaz) reubicados.
CONCLUSIÓN
Nunca hubo la intención, tras la larga etapa franquista, de llevar a cabo una auténtica Reforma Agraria. Se confiaba, que con la disminución de la población activa en el campo, el problema de la reivindicación de la tierra en Andalucía se difuminara y dejara de ser una cuestión conflictiva. Y que otros sectores (servicios, industria) o la emigración, pudieran absorber a estas personas jornaleras sin tierras, y sus reivindicaciones al fin quedaran diluidas en una España que iba camino de ser la décima potencia económica del mundo y donde “viejos tópicos” como el de la Reforma Agraria fueran definitivamente abandonados.
Hoy la Junta de Andalucía tiene más de 20 000 hectáreas de tierra sin dueño, buscando desesperadamente quien las adquiera, para conseguir, según sus previsiones, alrededor de 75 millones de euros y poder tapar los agujeros de sus manirrotos políticos y los escándalos de corrupción que han dejado sus arcas maltrechas, pero nunca se ha planteado que todas esas tierras puedan ser cultivadas por los miles de obraras y obreros agrícolas existentes, que piden ni más ni menos, que un pedazo de tierra para sobrevivir. Ni tampoco que esos ocho millones de hectáreas en poder de los latifundios puedan ser distribuidas para ser trabajadas por las 500 000 personas sin tierra.
Andalucía con un 33% de paro, con miles de obreros y obreras agrícolas sin subsidio de desempleo, o con la miseria de 400 euros por trabajador en el mejor de los casos, ha encontrado en las reivindicaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuyas raíces históricas se remontan a decenas de años, y cuyas movilizaciones se inscriben en las páginas más gloriosas del movimiento obrero internacional, una bandera de lucha, que hay que reconocerlo, no es propia ya solo de esta región, sino que además, puede servir de ejemplo a otras zonas del Estado, ser un revulsivo ante la pasividad y el desconcierto de las fuerzas de izquierda que siguen buscando hacia donde ir y cómo actuar.
La Reforma Agraria que nunca se hizo, ni se quiso hacer, y que la Transición escatimó, es una cuestión pendiente que cualquier movimiento progresista con visión de futuro debe reconocer y poner destacadamente en sus programas. Ya lo dijo hace varías décadas Diamantino Garcia, líder fundacional del SOC, “nuestra filosofía en cuanto a la reforma Agraria podría resumirse diciendo que la tierra como el aire y el agua, es un don de la Naturaleza y que por tanto no puede ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado, sino que es un bien público, una propiedad del Pueblo, algo que ha de ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita y la trabaja. Por tanto se debe abolir la propiedad de la tierra y su uso privado. La tierra no es de nadie. Si nadie ha hecho la tierra, nadie puede poseerla y su uso sólo corresponde a la clase jornalera cuando la trabaje directamente. La tierra solo puede ser propiedad pública, propiedad del Pueblo.”
Pasqual Moreno Torregrosa es Dr Ingeniero agrónomo y Dr en Ciencias Económicas. Coordinador de la Cátedra Tierra Ciudadana – FPH de la Universidad Politécnica de Valencia.
LA TIERRA ES UN DON DE LA NATURALEZA. Una mirada histórica a la distribución de la tierra en Andalucí | Revista SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS
“La tierra solo puede ser propiedad pública, propiedad del Pueblo”
Ha pasado siglo y medio desde que las y los campesinos andaluces comenzaron a movilizarse bajo el lema de “la tierra para quien la trabaja”. Miles de jornaleras y jornaleros no han cesado de luchar durante todo este tiempo con la ilusión de conseguir un pedazo de tierra con la que poder subsistir, o bien trabajando la tierra en común con el fin de poder llevar una vida digna. Tras este siglo y medio de espera la reivindicación centenaria vuelve a la actualidad de la que en alguna manera nunca se fue. Así hemos visto como en las últimas semanas se están dando a una serie de ocupaciones de tierras, junto a manifestaciones y marchas en diversas ciudades andaluzas, y simbólicas expropiaciones en dos grandes superficies.
En lo referente a las ocupaciones de tierras cabe reseñar las llevadas a cabo en la Finca “Somontes” en Palma del Río y la de la Finca “Las Turquillas” en Sevilla. Las “Turquilla” es propiedad del ejército, y en sus 1 200 hectáreas acoge a la Yeguada Militar (unos pocos caballos y unas burras) para cuya función solo se utilizan 20 hectáreas. El resto se cultiva de cereal para conseguir la subvención de 300 euros/hectáreas de la UE
somonte021La resonancia mediática de estas acciones ha sido muy grande. Todos los medios de comunicación españoles y muchos del extranjero se han hecho eco de lo ocurrido. Y junto a informaciones más o menos imparciales y documentadas, ha habido también una campaña de desprestigio de las mismas. Así, nos parece fundamental revisar y analizar las motivaciones que han llevado a tales movilizaciones. De hecho, sus organizaciones, el SOC, y posteriormente el SAT, desde el fin de la dictadura no ha cesado de reivindicar trabajo para las y los 500.000 obreros agrícolas que existen en la región, en una comunidad autónoma con un 33% de paro, así como denunciar que ocho millones de hectáreas, la mitad de la tierra agrícola de Andalucía, esté en manos de un puñado de terratenientes, cuyo esfuerzo máximo es alargar la mano para obtener millones de euros anuales de las subvenciones de la PAC.
De los 1600 millones de euros que recibe Andalucía anualmente de la PAC, 1 280 millones van a los terratenientes, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
LA LEGITIMIDAD HISTÓRICA: LAS AGITACIONES CAMPESINAS ANDALUZAS
El campo en Andalucía históricamente se configuró en grandes propiedades detentadas por una minoría, generalmente miembros de la nobleza, quienes tenían un peso importante en el poder del Estado, lo que se ha denominado la oligarquía terrateniente. Frente a esta clase social, había una masa de obreros y obreras agrícolas, de gentes jornaleras sin tierra, dependientes de un salario diario que tenían que conseguir a través de su contratación en las plazas de los pueblos de la mano de los capataces al servicio de los propietarios. Estas personas trabajaban muy pocos meses al año (dos o tres como máximo) en los momentos de la siembra o de la cosecha fuera cereal, vid u olivos, con lo que el hambre y la miseria era la tónica dominante en el campo andaluz. Situación agravada en la medida que aumentaba la población y los recursos (los jornales) escaseaban. A mediados del siglo XIX las revueltas de jornaleros y jornaleras proliferan, imbuidos de las ideas del anarquismo, pues ya no aceptan con resignación condiciones tan difíciles y, regularmente, a través de revueltas, descargan sus iras sobre los terratenientes y sus testaferros: capataces, alcaldes, policía rural, registradores de la propiedad, jueces, autoridades eclesiásticas, etc. La mentalidad de las y los obreros agrícolas sin tierra, colectivamente, fue cambiando, lo que dio lugar, junto a reivindicaciones y lemas que se popularizaron por todo el mundo donde este fenómeno dual se producía (México, Italia, Argentina, Rusia, etc.), a organizaciones de clase que, con mayor o menor acierto, dirigían la luchas, generalmente bajo la enseña del anarquismo. Pero frente al avance de la conciencia social los terratenientes y el Estado respondían con una brutal represión, con provocaciones, con detenciones, torturas y asesinatos.
Estos días nuevamente hemos visto en Andalucía emparejados a la Guardía Civil y a las y los obreros agrícolas. Viejos conocidos. Unos, de nuevo ocupando tierras y exigiendo que se les permitiese cultivarlas para sobrevivir, y los otros procediendo a su desalojo, como en tiempos pasados.
¿De dónde surgen las reivindicaciones del SAT y el fervor revolucionario de sus militancia? A raíz de los recientes acontecimientos, hemos vuelto a consultar viejas lecturas realizadas en los años 60 y 70: Juan Díaz del Moral, Gerald Brenan, Tuñón de Lara, Pascual Carrión, Guy Hermet, Edward Malefakis, Joan Martinez Allier, Eric J. Hobsbawn, etc. y hemos podido reflexionar sobre si las demandas y reivindicaciones del SAT son improvisadas, “el sueño de una noche de verano” de un grupo de advenedizos y alborotadores iluminados, o más bien se inscriben en un legado histórico secular, que ha quedado sin resolver, y que de nuevo surge a la superficie, con fuerza, ligado, es cierto, a unas condiciones económicas dramáticas, para la clase obrera agrícola andaluza, pero también para millones de ciudadanos y ciudadanas españoles.
FRANQUISMO Y TRANSICIÓN
La Transición española, es decir el paso de un sistema dictatorial, el del general Franco, a un sistema democrático, está hoy quedando cada vez más al desnudo. El compromiso entre fuerzas franquistas, sectores del gran capital industrial, financiero y terrateniente, y partidos y organizaciones de izquierda, para que no se produjera ninguna ruptura, sino más bien una reforma del sistema que diera ciertas libertades pero que mantuviera inalterables gran parte de las estructuras del régimen (judicatura, poderes financieros, privilegios de la Iglesia, alta jefatura del Estado, amnesia histórica, etc), es cada vez más contestado.
Entre las muchas cosas pendientes a la muerte del dictador, estaba la cuestión de la tierra, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura: la desposesión de miles de obreras y obreros agrícolas de estas dos regiones. Es verdad que la industrialización del país a partir de la década de los años 60 del siglo XX había disminuido su número lo que había provocado que, o bien habían emigrado a otras regiones industrializadas de España, o hacia el extranjero. Así mismo, el poder de la oligarquía terrateniente había disminuido en beneficio del capital industrial y financiero. Pero aun así, en 1975 el número de personas jornaleras sin tierra en Andalucía era de 700.000. Personas que la represión del franquismo durante dos décadas había dejado desarmadas, pues vieron que las propiedades expropiadas a los terratenientes por la Reforma Agraria de la II República eran devueltas a sus antiguos dueños. Y volvieron a unas condiciones de vida y trabajo propias del período de preguerra: contrataciones en la plaza del pueblo por parte de los capataces de los caciques, escasos jornales al año, emigración “golondrina” a otras regiones españolas o a Francia, cuando se pudo, a trabajos agrícolas de temporada, salarios de miseria, subsistencia a base de recogida de caracoles, recolección de espárragos silvestres, caza de pájaros para su venta en los bares de las ciudades, de conejos o de perdices, acopio de romero, lavanda y esparto para su venta clandestina, servicio doméstico casi por nada para los “señoritos”, etc. Y sus organizaciones sindicales desmanteladas por una dura represión, sus líderes eliminados, sus locales incautados, su prensa prohibida, y las posibilidades de recuperarse organizativamente, por la falta de libertades públicas, muy limitadas.
En los últimos años del franquismo se ideó, con el visto bueno de los terratenientes, el Empleo Comunitario como forma de disminuir la presión social que comenzaba de nuevo a sentirse en el campo andaluz, y que consistía en contratar a jornaleros y jornaleras para realizar pequeñas obras de infraestructuras (cunetas, limpieza de montes, etc.). Entrados en la Transición se le sustituyó por los Programas de Empleo Comunitario (PER) siempre con la intención de evitar el reparto de la tierra. Para poder acceder a estas ayudas las y los jornaleros tienen que justificar que han trabajado al año 35 peonadas.
El PER ha suscitado mucha polémica en Andalucía y fuera de ella. Se ha visto, como una cultura del “subsidio”, como una especie de “voto cautivo” para quien ha estado en el poder en la región (PSOE), etc. Los mismos sindicalistas del SAT-SOC lo han criticado, pero viendo en él un mal menor ante una situación que no se resuelve radicalmente, como sería la Reforma Agraria y la industrialización de las zonas rurales de Andalucía.
La cuestión de la tierra en Andalucía, como otras cuestiones del cuerpo fundamental de la oposición al franquismo durante los largos años de la dictadura, quedó relegada a un segundo plano, en búsqueda de una solución tecnocrática que no pusiera en cuestión la propiedad de la tierra y el poder de sus propietarios.
EL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA: EL FINAL DE UNA ILUSIÓN.
En el año 1984 se crea el Instituto Andaluz de Reforma Agraria ((IARA) quien con una visión muy empresarial, propia de la clase tecnócrata que se puso a su frente y de la clase política que lo impulso, procede a la expropiación con indemnización de varios miles de hectáreas de fincas mal cultivadas o de tierras baldías. Es un organismo autónomo dependiente de la Junta de Andalucía, que ambiciosamente pretendía proceder a una concentración parcelaria, a la distribución de la tierra de los latifundios expropiados entregándolas a colonos en arrendamiento, a extender el regadío, a realizar asistencias técnicas y a impulsar la comercialización de los productos cultivados. El IARA desde sus inicios se convierte en un organismo burocrático repleto de técnicos, ideólogos, asesores, consejos de administración, oficinas, administrativos, secretarias, vehículos de servicio, etc., que producen tal cantidad de estudios e informes por hectárea que justifican, al menos, a nivel de la Junta de Andalucía, su propia existencia. La Reforma Agraria del Instituto se diseña en los despachos, con aire acondicionado en verano y buena calefacción en invierno, sin organismos bilaterales de concertación con las y los interesados: los sindicatos agrarios y las y los obreros agrícolas.
El IARA pasa sin pena ni gloria, por un espacio de tiempo que finaliza el 31 de diciembre de 2010, cuando la Junta decide disolverlo e integrarlo en una Dirección General de la propia Junta, y sus funcionarios y técnicos (muchos de ellos contratados “digitalmente”, que habían trabajado en una Arcadia feliz, inútil e ineficaz) reubicados.
CONCLUSIÓN
Nunca hubo la intención, tras la larga etapa franquista, de llevar a cabo una auténtica Reforma Agraria. Se confiaba, que con la disminución de la población activa en el campo, el problema de la reivindicación de la tierra en Andalucía se difuminara y dejara de ser una cuestión conflictiva. Y que otros sectores (servicios, industria) o la emigración, pudieran absorber a estas personas jornaleras sin tierras, y sus reivindicaciones al fin quedaran diluidas en una España que iba camino de ser la décima potencia económica del mundo y donde “viejos tópicos” como el de la Reforma Agraria fueran definitivamente abandonados.
Hoy la Junta de Andalucía tiene más de 20 000 hectáreas de tierra sin dueño, buscando desesperadamente quien las adquiera, para conseguir, según sus previsiones, alrededor de 75 millones de euros y poder tapar los agujeros de sus manirrotos políticos y los escándalos de corrupción que han dejado sus arcas maltrechas, pero nunca se ha planteado que todas esas tierras puedan ser cultivadas por los miles de obraras y obreros agrícolas existentes, que piden ni más ni menos, que un pedazo de tierra para sobrevivir. Ni tampoco que esos ocho millones de hectáreas en poder de los latifundios puedan ser distribuidas para ser trabajadas por las 500 000 personas sin tierra.
Andalucía con un 33% de paro, con miles de obreros y obreras agrícolas sin subsidio de desempleo, o con la miseria de 400 euros por trabajador en el mejor de los casos, ha encontrado en las reivindicaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuyas raíces históricas se remontan a decenas de años, y cuyas movilizaciones se inscriben en las páginas más gloriosas del movimiento obrero internacional, una bandera de lucha, que hay que reconocerlo, no es propia ya solo de esta región, sino que además, puede servir de ejemplo a otras zonas del Estado, ser un revulsivo ante la pasividad y el desconcierto de las fuerzas de izquierda que siguen buscando hacia donde ir y cómo actuar.
La Reforma Agraria que nunca se hizo, ni se quiso hacer, y que la Transición escatimó, es una cuestión pendiente que cualquier movimiento progresista con visión de futuro debe reconocer y poner destacadamente en sus programas. Ya lo dijo hace varías décadas Diamantino Garcia, líder fundacional del SOC, “nuestra filosofía en cuanto a la reforma Agraria podría resumirse diciendo que la tierra como el aire y el agua, es un don de la Naturaleza y que por tanto no puede ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado, sino que es un bien público, una propiedad del Pueblo, algo que ha de ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita y la trabaja. Por tanto se debe abolir la propiedad de la tierra y su uso privado. La tierra no es de nadie. Si nadie ha hecho la tierra, nadie puede poseerla y su uso sólo corresponde a la clase jornalera cuando la trabaje directamente. La tierra solo puede ser propiedad pública, propiedad del Pueblo.”
Pasqual Moreno Torregrosa es Dr Ingeniero agrónomo y Dr en Ciencias Económicas. Coordinador de la Cátedra Tierra Ciudadana – FPH de la Universidad Politécnica de Valencia.
LA TIERRA ES UN DON DE LA NATURALEZA. Una mirada histórica a la distribución de la tierra en Andalucí | Revista SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS
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