Bolivia, Gobierno técnico, pero de ultraderecha
Bolivia, Gobierno técnico, pero de ultraderecha
Los incidentes diplomáticos de La Paz con México y España revelan la naturaleza del Ejecutivo interino Jeanine Áñez
Supuestamente iba a ser un
Gobierno de carácter
técnico que debía limitarse a pacificar al país tras la renuncia de
Evo Morales, y a convocar
elecciones. La nueva presidenta interina
Jeanine Áñez, al frente de una coalición electoral que no llegó al 25% del voto en las elecciones del 2014, no tenía legitimidad para hacer más.
Se jugaban lo que quedaba de la credibilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya polémica decisión de denunciar públicamente supuestas irregularidades durante la noche electoral de octubre, desató una oleada de violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales. Tampoco
Luis Almagro, estrecho aliado de
Donald Trump al frente de la OEA quería dar la impresión de haber facilitado un golpe de Estado con el fin de entregar el poder a la ultra derecha.
Una biblia sintomática
En su primer discurso en el balcón del palacio presidencial, Jeanine Áñez anunció que su objetivo iba a ser el de gestionar un proceso electoral. Aunque aquella biblia encuadernada en cuero que levantó ante las cámaras no parecía exactamente el gesto de una tecnócrata.
Tampoco lo parecían medidas que tomó de inmediato, como el
reconocimiento de
Juan Guaidó como presidente venezolano o la expulsión de todos los diplomáticos cubanos y venezolanos. Tampoco el llamado decreto “licencia para dar de baja de la suscripción de la vida”, que eximió de responsabilidades penales a las fuerzas de seguridad en unas protestas que se saldaron con más de 30 muertos.
Colaboración con la extrema derecha española
Todo se justificó por la necesidad de la pacificación. Ahora, sin embargo, la decisión de colaborar con la
extrema derecha española en un pulso contra los gobiernos de México y España, ha revelado definitivamente que, lejos de actuar como un puente neutral hacia unos nuevos comicios, el Gobierno de Áñez es el último ejemplo de una nueva ola ultraconservadora latinoamericana. Su objetivo: criminalizar a sus rivales políticos.
Áñez se enfrentó primero al Gobierno socialdemócrata de Andrés Manuel López Obrador en México por haberle concedido asilo político al expresidente Morales en México y a varios líderes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz.
El ministro del Interior boliviano ha hecho suya una teoría de la conspiración alentada por Vox
Parecía una decisión sumamente responsable para dar una salida al expresidente y evitar un baño de sangre. Pero Jorge Quiroga , el delegado presidencial de Áñez, tachó a López Obrador de “filtro y matoncito”. Quiroga, efímero presidente boliviano en el 2001, y exministro durante la dictadura de Hugo Banzer, es ahora candidato a las elecciones del próximo 3 de mayo.
Poco después, el Gobierno interino de Áñez se enzarzó con España. Expulsó a un grupo de diplomáticos a los que acusó de intentar ayudar a salir del país a un grupo de políticos refugiados en la residencia de la embajadora de México, una acusación rechazada por fuentes diplomáticas consultadas en La Paz . Un encuentro “rutinario” entre la embajadora mexicana y los españoles –
impulsada por la Unión Europea– fue convertido en un “relato épico” con fines electorales, sostienen.
las relaciones internacionales son lo que menos importa a Áñez
La UE condenó las expulsiones. Pero en estos momentos, las relaciones internacionales son lo que menos importa a Áñez, Quiroga y el resto de la vieja élite política boliviana, que había sido barrida del poder hace 13 años por una revolución popular e indígena. “[Áñez] no tiene ningún reparo en el daño que causará ese enfrentamiento con España y México; todo forma parte de un plan para ganar las elecciones mediante la liquidación del MAS por la vía de la judicialización”, explica Jorge Richter, analista de la universidad católica de La Paz .
Así se entiende la investigación del ministerio de Justicia a nada menos que 592 integrantes de la administración de Morales, acusados de corrupción o, en el caso del expresidente, de sedición.
Al igual que ocurrió en Ecuador y, en alguna medida también en Brasil,
el simple hecho de haber trabajado en la administración de Morales ya constituye un delito bajo la óptica inquisitorial del Gobierno interino. Esta guerra jurídica es aún más necesaria porque el MAS lidera los sondeos electorales.
La táctica de criminalización llegó a España también. Días antes de la investidura del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, el ministro del interior boliviano Arturo Murillo –un empresario de Santa Cruz visceralmente enfrentado a Morales por motivos ideológicos y personales– compareció con dos diputados del partido español de ultraderecha Vox y anunció una investigación sobre la supuesta desviación de fondos del Estado boliviano durante la primera presidencia de Morales para financiar a Podemos.
El nuevo Gobierno investiga a 592 miembros de la anterior administración por corrupción
Es una vieja acusación –
rechazada hace años por la justicia española– y hace referencia a informes realizadas por la consultora política Neurona Consulting para diversos gobiernos latinoamericanos. Pero Murillo, parece haber dado por creíble una teoría de la conspiración típica de la ultraderecha española. El Gobierno boliviano ayudó a Vox en su intento de desestabilizar la creación de un nuevo Gobierno, sostienen fuentes de Podemos consultadas en Madrid.
Asociando milicias con guerrillas... Estupendo.
(redactada y promulgada, por mayoría de MASISTAS y en su época de mayor gloria !)
