Anónimo222
Madmaxista
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Es de 2018 la noticia pero sirve perfectamente para comparar la actuación de la administración y la justicia con los ocupas reales.
Juicio y petición de guandoca para los okupas que rehabilitaron un pueblo abandonado
Este viernes comienza el juicio en que la Junta de Castilla-La Mancha solicita cuatro años y medio de prisión para seis personas que ocuparon y reconstruyeron un pueblo abandonado en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara. La Junta pide para cada acusado dos años de guandoca por delitos contra la ordenación del territorio y dos años y cuatro meses más por usurpación de monte público. A esto se añaden 26.779 euros para sufragar la demolición de todo lo que han rehabilitado. Los seis okupas asisten atónitos al órdago del Gobierno autonómico. No entienden por qué no se les demanda por vía administrativa, como se hace con cualquier otro okupa, y suspiran ante la posibilidad de ingresar en prisión por el simple hecho de devolver la vida a un pueblo abandonado.
"El jueves pasado recibimos la citación, solo nos han dado una semana, cuando lo normal es tener mucho más tiempo para preparar el juicio", protesta Jaime Merino, uno de los seis acusados. El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les ha denegado tambien la defensa testifical. "Intuimos que es para no tener que notificar a los testigos la asistencia y poder proceder con el jucio de esta manera tan rápida", denuncia el acusado. La Junta de Castilla-La Mancha inició medidas judiciales en 2014 y hace poco más de un año confirmó la petición de guandoca. Los okupas (o moradores, como ellos se definen) dicen que eso, en lugar de amedrentarles, les dio un impulso aún mayor.
Hace un año, el proyecto de repoblación de Fraguas se encontraba aún en pañales. Había tres casas reconstruidas, unos huertos y un cercado. Hoy hay seis casas, un taller, paneles solares, caminos transitables y un proyecto de reforestación que sirve como escuela para grupos de jóvenes 'scouts' procedentes de Guadalajara, Madrid o Barcelona. También grupos de estudiantes de Ciencias Ambientales y Geología de la Universidad Autónoma de Madrid han hecho de Fraguas su particular campo de investigaciones.
Unas 15 personas residen hoy en Fraguas. Hay arquitectos, sociólogos, profesores y estudiantes universitarios. La media de edad no supera los 30 años, lo que convierte a este pueblo, paradójicamente, en el más joven y con mayor crecimiento demográfico de toda la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los puntos más castigados por la despoblación en toda España. En Monasterio, municipio al que pertenece Fraguas, solo hay 16 empadronados, y el resto de municipios cuenta con cifras similares.
"Lo primero que hay que reseñar es que Fraguas no es un pueblo", subraya la delegación de la Junta en Guadalajara. "Dejó de ser considerado así administrativa y jurídicamente a finales de los sesenta, y no se puede levantar un núcleo de población aislado en un espacio que no está catalogado para ello. Por tanto, Fraguas es un asentamiento en un monte de utilidad pública que, además, está en un espacio natural protegido".
Y puntualiza: "En el ordenamiento jurídico, cada delito lleva aparejado unas posibles penas. Lo que hicimos desde la Administración regional fue poner nombre a lo que allí se estaba produciendo y a partir de ahí dejamos que la Justicia actúe. Es totalmente inviable tener informes y denuncias que dejan constancia de que se está vulnerando la legalidad y mirar para otro lado. Somos totalmente favorables a iniciativas de repoblación. Ojalá el asentamiento no estuviera en Fraguas, si no en cualquiera de los más de 400 núcleos de población con que cuenta esta provincia".
Fraguas, en realidad, era un pueblo relativamente próspero hasta el año 1968, cuando sus cerca de 100 habitantes, que vivían de los pastos y la ganadería, fueron obligados a abandonar sus tierras por la dictadura, previo pago de una magra indemnización. Las excavadoras demolieron la aldea para dejar en su lugar un extenso pinar, aunque todavía se conservan el cementerio y algunas paredes de la iglesia y la plaza mayor. Desde entonces, ha sido coto de caza y hasta los años noventa, también tablero de prácticas militares. Los terrenos pertenecen hoy a Monasterio, pero son gestionados por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. En los últimos 20 años, Fraguas ha servido para poco más que albergar una balsa de agua para uso forestal y distraer en su recorrido a ciclistas y senderistas.
"La Junta tiene potestad para desalojar un terreno de su propiedad si así lo considera, o de establecer un diálogo con los moradores. Porque aquí no hablamos de que estas personas estén perjudicando el parque natural, de hecho su proyecto se basa en el respeto al medio ambiente. Por eso parece desproporcionado, casi diría un ensañamiento, que la Junta vaya por la vía penal en lugar de la administrativa. Los habitantes de Fraguas no niegan que sus construcciones se han hecho sin permiso, solo reivindican que es su manera de ayudar a las poblaciones rurales a dotarse de medios para sobrevivir", indica Erlantz Ibarrondo, abogado de los seis acusados. "Cuatro años de guandoca es una petición muy dura. La Fiscalía, por ejemplo, solo pide dos".
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, acusación en este juicio, ha afirmado en otras ocasiones que además de ser inviable permitir un asentamiento en Fraguas porque se encuentra en mitad de un parque natural, hay un alto riesgo de incendio. Los moradores señalan que Fraguas ya existía siglos antes de que la zona fuera declarada monte protegido y se prestan a aceptar y colaborar en el diseño de un plan contra incendios en el pueblo.
"Solo pedimos una pequeña concesión de terreno, y si en unos años la Junta cree que nuestro proyecto de repoblación no es interesante, que la cancele", solicita Merino. Ningún representante de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha visitado el pueblo en estos 12 meses, según indican los acusados. Sí han recibido, sin embargo, visitas procedentes de varios países europeos. "Hemos recibido muchas donaciones desde que nuestro caso saltó a la prensa internacional, lo que nos está ayudando a pagar el proceso judicial. Antes teníamos planes muy básicos y ahora contamos con asesoramiento en bioconstrucción, en orientación de las casas, en los revestimientos para conservar la arquitectura tradicional. Hemos reforestado con especies autóctonas. Estamos consiguiendo que Fraguas sea una plataforma de contacto de las gente con el medio rural", indica el portavoz de los okupas.
El viernes se celebra la primera vista oral de un juicio que se prevé largo. Frente a frente, el cumplimiento estricto de la legalidad en suelo público contra un novedoso proyecto de repoblación en una zona catalogada como desierto demográfico.
Juicio y petición de guandoca para los okupas que rehabilitaron un pueblo abandonado
Este viernes comienza el juicio en que la Junta de Castilla-La Mancha solicita cuatro años y medio de prisión para seis personas que ocuparon y reconstruyeron un pueblo abandonado en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara. La Junta pide para cada acusado dos años de guandoca por delitos contra la ordenación del territorio y dos años y cuatro meses más por usurpación de monte público. A esto se añaden 26.779 euros para sufragar la demolición de todo lo que han rehabilitado. Los seis okupas asisten atónitos al órdago del Gobierno autonómico. No entienden por qué no se les demanda por vía administrativa, como se hace con cualquier otro okupa, y suspiran ante la posibilidad de ingresar en prisión por el simple hecho de devolver la vida a un pueblo abandonado.
"El jueves pasado recibimos la citación, solo nos han dado una semana, cuando lo normal es tener mucho más tiempo para preparar el juicio", protesta Jaime Merino, uno de los seis acusados. El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les ha denegado tambien la defensa testifical. "Intuimos que es para no tener que notificar a los testigos la asistencia y poder proceder con el jucio de esta manera tan rápida", denuncia el acusado. La Junta de Castilla-La Mancha inició medidas judiciales en 2014 y hace poco más de un año confirmó la petición de guandoca. Los okupas (o moradores, como ellos se definen) dicen que eso, en lugar de amedrentarles, les dio un impulso aún mayor.
Hace un año, el proyecto de repoblación de Fraguas se encontraba aún en pañales. Había tres casas reconstruidas, unos huertos y un cercado. Hoy hay seis casas, un taller, paneles solares, caminos transitables y un proyecto de reforestación que sirve como escuela para grupos de jóvenes 'scouts' procedentes de Guadalajara, Madrid o Barcelona. También grupos de estudiantes de Ciencias Ambientales y Geología de la Universidad Autónoma de Madrid han hecho de Fraguas su particular campo de investigaciones.
Unas 15 personas residen hoy en Fraguas. Hay arquitectos, sociólogos, profesores y estudiantes universitarios. La media de edad no supera los 30 años, lo que convierte a este pueblo, paradójicamente, en el más joven y con mayor crecimiento demográfico de toda la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los puntos más castigados por la despoblación en toda España. En Monasterio, municipio al que pertenece Fraguas, solo hay 16 empadronados, y el resto de municipios cuenta con cifras similares.
"Lo primero que hay que reseñar es que Fraguas no es un pueblo", subraya la delegación de la Junta en Guadalajara. "Dejó de ser considerado así administrativa y jurídicamente a finales de los sesenta, y no se puede levantar un núcleo de población aislado en un espacio que no está catalogado para ello. Por tanto, Fraguas es un asentamiento en un monte de utilidad pública que, además, está en un espacio natural protegido".
Y puntualiza: "En el ordenamiento jurídico, cada delito lleva aparejado unas posibles penas. Lo que hicimos desde la Administración regional fue poner nombre a lo que allí se estaba produciendo y a partir de ahí dejamos que la Justicia actúe. Es totalmente inviable tener informes y denuncias que dejan constancia de que se está vulnerando la legalidad y mirar para otro lado. Somos totalmente favorables a iniciativas de repoblación. Ojalá el asentamiento no estuviera en Fraguas, si no en cualquiera de los más de 400 núcleos de población con que cuenta esta provincia".
Fraguas, en realidad, era un pueblo relativamente próspero hasta el año 1968, cuando sus cerca de 100 habitantes, que vivían de los pastos y la ganadería, fueron obligados a abandonar sus tierras por la dictadura, previo pago de una magra indemnización. Las excavadoras demolieron la aldea para dejar en su lugar un extenso pinar, aunque todavía se conservan el cementerio y algunas paredes de la iglesia y la plaza mayor. Desde entonces, ha sido coto de caza y hasta los años noventa, también tablero de prácticas militares. Los terrenos pertenecen hoy a Monasterio, pero son gestionados por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. En los últimos 20 años, Fraguas ha servido para poco más que albergar una balsa de agua para uso forestal y distraer en su recorrido a ciclistas y senderistas.
"La Junta tiene potestad para desalojar un terreno de su propiedad si así lo considera, o de establecer un diálogo con los moradores. Porque aquí no hablamos de que estas personas estén perjudicando el parque natural, de hecho su proyecto se basa en el respeto al medio ambiente. Por eso parece desproporcionado, casi diría un ensañamiento, que la Junta vaya por la vía penal en lugar de la administrativa. Los habitantes de Fraguas no niegan que sus construcciones se han hecho sin permiso, solo reivindican que es su manera de ayudar a las poblaciones rurales a dotarse de medios para sobrevivir", indica Erlantz Ibarrondo, abogado de los seis acusados. "Cuatro años de guandoca es una petición muy dura. La Fiscalía, por ejemplo, solo pide dos".
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, acusación en este juicio, ha afirmado en otras ocasiones que además de ser inviable permitir un asentamiento en Fraguas porque se encuentra en mitad de un parque natural, hay un alto riesgo de incendio. Los moradores señalan que Fraguas ya existía siglos antes de que la zona fuera declarada monte protegido y se prestan a aceptar y colaborar en el diseño de un plan contra incendios en el pueblo.
"Solo pedimos una pequeña concesión de terreno, y si en unos años la Junta cree que nuestro proyecto de repoblación no es interesante, que la cancele", solicita Merino. Ningún representante de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha visitado el pueblo en estos 12 meses, según indican los acusados. Sí han recibido, sin embargo, visitas procedentes de varios países europeos. "Hemos recibido muchas donaciones desde que nuestro caso saltó a la prensa internacional, lo que nos está ayudando a pagar el proceso judicial. Antes teníamos planes muy básicos y ahora contamos con asesoramiento en bioconstrucción, en orientación de las casas, en los revestimientos para conservar la arquitectura tradicional. Hemos reforestado con especies autóctonas. Estamos consiguiendo que Fraguas sea una plataforma de contacto de las gente con el medio rural", indica el portavoz de los okupas.
El viernes se celebra la primera vista oral de un juicio que se prevé largo. Frente a frente, el cumplimiento estricto de la legalidad en suelo público contra un novedoso proyecto de repoblación en una zona catalogada como desierto demográfico.
