A altos cargos y diputados les llama la atención la situación patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por el Sepblac
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Altos cargos, sorprendidos con el patrimonio del hermano de Sánchez: "Antiblanqueo no nos deja respirar"
A altos cargos y diputados les llama la atención la situación patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por el Sepblac
SUSANA CRESPO
Mercedes Serraller
Publicado: 28/04/2024 04:45
Actualizado: 28/04/2024 04:47
Altos cargos y diputados están sorprendidos con el elevado patrimonio de
David Sánchez Pérez-Castejón para el sueldo que tiene. En concreto, es de más de dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros, según ha desvelado
Vozpópuli. Les llama la atención la declaración patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por los Servicios Antiblanqueo. En concreto, los llamados PEPS (personas con exposición o responsabilidad política) a los que el
Sepblac, el Servicio Antiblanqueo que depende del
Ministerio de Economía, controla.
Son objeto de un escrutinio constante de
bancos, notarios, registradores, abogados y asesores fiscales, los sujetos obligados de comunicar cualquier indicio de blanqueo de sus clientes PEPS y de sus familiares de hasta segundo grado: padres, hijos y hermanos.
El objetivo es impedir que los familiares del político y alto cargo se conviertan en testaferros de éste. Rastrean
si el alto cargo oculta dinero ilícito, es decir, blanquea, a través de un familiar, que puede presentar incrementos patrimoniales no justificados. El hermano del presidente del Gobierno
podría ocultar patrimonio de otra persona. En su caso además él es alto cargo y debe ser objeto de vigilancia también por sí mismo.
El cerco a los PEPS es constante, especialmente de los bancos. Hacen rastreos programados y espontáneos. Un exalto cargo explica a
Vozpópuli el
"fastidio" que supone. La vigilancia continúa al mismo nivel
hasta dos años después de abandonar la exposición pública. Se encuentra con que su madre de avanzada edad debe responder a todo tipo de preguntas cuando ingresa la pensión y en pequeños trámites de este tipo.
"Hay que demostrar que vives donde dices que vives.
Miran con lupa cualquier cosa. El banco te requiere porque dice de pronto que no se cree de dónde salen tus ingresos. Pides una hipoteca y te hacen la vida imposible. Se pone en contacto contigo del departamento antiblanqueo, pero no se identifican.
Es una locura, una pesadilla. Hay casos de gente que renuncia al acta de diputado", cuenta otro.
La normativa antiblanqueo genera mucha burocracia y problemas infinitos para los afectados por su escrutinio pero a la vez se dan casos como el del extesorero del PP y exsenador
Luis Bárcenas, que movía cuentas con total libertad en Suiza. Hasta que fue detectado.
No puede actuar de oficio
El Sepblac no puede actuar de oficio,
sólo a instancias de denuncia. Son sólo
40 inspectores frente a los más de 1.000 de la
Agencia Tributaria (AEAT). "Llega un formulario que se llama
F19, generalmente de los bancos, pero hay 68.000 sujetos obligados entre abogados, notarios, registradores, asesores fiscales", advierten fuentes próximas. El F19 se refiere a
"indicios de operativa sospechosa" y pone en marcha todo un dispositivo de "especial diligencia" en el que controlan las operaciones con tarjetas, pueden mandar una comisión rogatoria al extranjero, etc.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
depende del Ministerio de Asuntos Económicos. En concreto, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), adscrita a la Secretaría de Estado de Economía.
La preside el secretario de Estado de Economía y está compuesta por representantes del Ministerio Fiscal, de los Ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Presidencia, los competentes, en lo que toca a
Policía, Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de Datos y CNI; representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras
(Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros) y delegados de las comunidades autónomas.
Se considerarán
personas con responsabilidad pública (PEPS, personas con exposición pública por sus siglas en inglés) aquéllas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios y los parlamentarios.
También lo son los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.
Otros PEPS son los
altos cargos de la Administración General del
Estado, comunidades autónomas y municipios y la
cúpula de sindicatos y patronales, además de las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las
organizaciones internacionales acreditadas en España.
Plan de inspección a la amnistía fiscal
Una de las actuaciones más sonadas del Sepblac fue la
inspección a los PEPS que se acogieron en la amnistía fiscal de 2012. Aunque el Real Decreto-ley estableció que no había que demostrar ni siquiera manifestar el origen del dinero, finalmente la propia Hacienda de
Cristóbal Montoro los llevó al Servicio de Prevención del Blanqueo.
El Sepblac puso en un
plan de inspección a 715 PEPS, de los que acabó trascendiendo el nombre de
Rodrigo Rato. Pocos llegaron a los tribunales y algún
banco fue sancionado por admitir ingresos de la amnistía sin investigarlo, dan cuentan fuentes conocedoras.
La AEAT también basa sus investigaciones patrimoniales en los denominados
"signos externos de riqueza".
El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de
al menos dos millones de euros con un
sueldo de 55.500 euros en 2023 de la
Diputación de Badajoz, que preside el
PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas, según ha desvelado
Vozpópuli. Tres pisos en
Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan
1,4 millones de euros en acciones de BBVA.
El músico y director de orquesta, cuyo nombre artístico es
David Azagra,
se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021. El hermano menor de
Pedro Sánchez, por tanto,
no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco hará en la
Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.
"Si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea". Así ha defendido
José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, a
David Sánchez Pérez-Castejón y ha confirmado las informaciones publicadas por este periódico en las últimas semanas:
el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal pese a ostentar, desde 2017, un alto cargo en la institución provincial citada, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda. También son muy críticos con que el delegado del Gobierno se pronuncie sobre este asunto, cuando hay Delegación de la Agencia Tributaria en Extremadura.
La querella de Hazte Oír se une a la denuncia presentada por Manos Limpias y por la que el magistrado Peinado ha incoado diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno
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Los detalles de la querella contra Begoña Gómez: del nexo con Globalia a los 18 millones en contratos a su 'socio'
La querella de Hazte Oír se une a la denuncia presentada por Manos Limpias y por la que el magistrado Peinado ha incoado diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno
Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez
(GTRES)
Cristina García Vázquez
Publicado: 28/04/2024 04:45
Nuevo frente judicial para Begoña Gómez. Este viernes,
Hazte Oír ha presentado una querella contra la mujer del presidente el Gobierno en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el mismo que ordenó incoar diligencias para investigar a la esposa de Sánchez. El escrito elaborado por la asociación pone a disposición del juez una serie de indicios que apuntan a un presunto tráfico de influencias.
A lo largo de 31 páginas, los denunciantes hacen un detallado recorrido por su carrera profesional de Begoña Gómez y
relacionan su trayectoria laboral al ascenso político de Pedro Sánchez, desde que fuera candidato con el Partido Socialista en 2013. Una década de trabajo y relaciones con entidades, instituciones y empresarios que le han puesto en mira y ha acabado salpicando al jefe del Ejecutivo.
Hazte Oír hace especial hincapié en la vinculación de Begoña Gómez con la Organización Mundial del Turismo (OMT), Globalia y el empresario Carlos Barrabés. En primer lugar, se detienen a analizar el nacimiento, y posterior crecimiento, de la empresa Inmark Europa. Y es que, la asociación denuncia la
presunta adjudicación directa con fondos públicos a una empresa de la que la mujer del presidente tenía acciones.
Según denuncia
Hazte Oír, en septiembre de 2018 publicada que la
empresa pública Red.es adjudicó un contrato por valor de 750.200 euros a la empresa Adalid Inmark SL, filial de Inmark Europa SA, mientras la querellada seguía ser accionista de la misma. La asociación se apoya en lo publicado por varios medios de comunicación y añade que Begoña Gómez contaba con entre un 1 y un 1,5% de las acciones de la empresa.
De la misma manera, en enero de 2019, casi un año después de que Pedro Sánchez entrase en Moncloa, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, adjudicó otro contrato por valor de 14.875 euros. En dos años, Inmark Europa, con Begoña Gómez como accionaria,
recibió adjudicaciones públicas por un valor de 764.875 euros.
Begoña Gómez, Globalia y la trama Koldo
Asimismo, Hazte Oír presenta al juez una serie de indicios entorno a los contactos de la mujer del presidente con Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, justo antes de que se negociara el
rescate multimillonario a Air Europa por 475 millones de euros. Y es que, según denuncia la asociación, la relación laboral de Begoña Gómez con la compañía aérea se inicia a principios de 2020, cuando Air Europa firmó un contrato confidencial con el IE Africa Center dirigido por Begoña Gómez con el que se comprometía a pagar al centro de estudios 40.000 euros al año.
Meses después, Javier Hidalgo y Begoña Gómez coincidieron en varios eventos. La asociación relaciona estas reuniones con el posterior rescate multimillonario a la compañía por parte del Gobierno de España. Asimismo, el escrito recoge que en ese mismo año hubo nuevas reuniones entre la querellada y la cúpula de Globalia: los días 24 de junio y 16 de julio en la sede de la compañía en Pozuelo de Alarcón; y el 24 de julio, por vía telemática.
Poco después llegaría el rescate de Air Europa.
Adjudicación millonaria a la empresa de Carlos Barrabés
Además, la querella describe la relación de la investigada con el
empresario Carlos Barrabés. Los denunciantes defienden que la mano amiga de Begoña Gómez, como presunta mediadora entre la Administración y la UTE de empresas de Barrabés, ayudó al crecimiento económico de sus empresas.
Y es que la UTE de empresas de Barrabés ganar un concurso públicas gracias, entre otros documentos, a una carta firmada por la mujer del presidente en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid. Tras la recomendación de Begoña,
la UTE de empresas privadas que contaban con el aval de la primera dama consiguieron en 2020 los tres lotes a los que optaba, superando así a más de veinte empresas competidoras. La adjudicación se hizo por un valor de más de 7 millones de euros.
No obstante, tal y como publicó este medio,
las adjudicaciones a Barrabés después de esa mediación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez siguieron llegando. Antes del Gobierno de Sánchez, Barrabés había recibido pequeños contratos públicos. Sin embargo, tras la llegada de Sánchez al frente del Consejo de Ministros y, especialmente tras la recomendación firmada de su cónyuge,
el Gobierno ha adjudicado a Barrabés contratos por valor de 18.684.584 euros.
Por estas y otras muchas operaciones realizadas por empresas y entidades relacionadas con Begoña Gómez, Hazte Oír ha presentado una querella contra Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias. Los querellantes apuntan hacia delitos recogidos en los
artículos 429 y 430, referente al abuso de relaciones personales para influir en funcionarios públicos en beneficio propio o a favor de terceros.
Causa judicial para investigar a la mujer del presidente
En consecuencia, la asociación solicita que se requiera a El Confidencial, una copia de las dos cartas de recomendación que la mujer de presidente firmó
a favor de la UTE de empresas de Carlos Barrabés. Además de requerir a la
Plataforma de Contratación del Sector Público información para la relación de diferentes mercantiles, entidades y personas físicas, señaladas a lo largo de la querella, así como detalles de las adjudicaciones públicas de las que hubieran sido beneficiadas.
Esta querella se adhiere a la causa que sigue
el juez Juan Carlos Peinado pueda ofrecer a la asociación personarse en el procedimiento, tras la denuncia de Manos Limpias. A la espera de que nuevo escrito sea admitido a trámite en los juzgados de Plaza de Castilla, Hazte Oír planta batalla por el caso de Begoña Gómez con otras tres denuncias
presentadas las últimas semanas ante la Fiscalía Europea, la Fiscalía General del Estado y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Asimismo, esta querella abre la puerta a que
el juez Juan Carlos Peinado pueda ofrecer a la asociación personarse en el procedimiento.
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