Corrupción: Biblioteca de noticias de la Koldoesfera, Begoña Gómez y PSOE

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Noticia blanqueando los negocios de Begoña Gómez que loPais ha borrado de su web:


Lo publica vlad en su hilo: Noticia: - Lo País publicó hace 2 años un reportaje amable sobre los negocios del Begoño y lo ha borrado de la web...pero un tuitero lo ha rescatado.
 

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Fuente: El hermano de Sánchez pagó con dos cheques un palacete en Portugal construido sobre un castillo medieval
 

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El Gobierno maniobra con Illa para esconder el papel de María Jesús Montero en las compras de material el bichito
La participación de María Jesús Montero fue clave en la creación de una célula para gestionar las compras de material sanitario, algo que afirma el propio Illa en su libro y ahora el Gobierno desmiente por escrito
Salvador Illa, Pedro Sánchez y María Jesús Montero
Salvador Illa, Pedro Sánchez y María Jesús Montero / SUSANA CRESPO

  • Borja Negrete
Borja Negrete
Publicado: 26/04/2024 04:45
Actualizado: 26/04/2024 04:49

María Jesús Montero, la protegida de Pedro Sánchez. La vicepresidenta y ministra de Hacienda está saliendo ilesa de las Comisiones de Investigación que se celebran en Congreso y Senado sobre la compra de material sanitario en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo el bichito. La participación clave de Montero en la gestión de compras ha sido confirmada a Vozpópuli por fuentes próximas aquel Ejecutivo y por el mismo Salvador Illa en su libro sobre su período en el Ministerio de Sanidad. El Gobierno desmiente ahora las palabras del propio Illa en una respuesta escrita al Partido Popular a la que ha accedido este periódico.
Diputados como Pedro Muñoz, Elvira Velasco y Ana Belén Vázquez preguntaron vía Congreso de los Diputados por el "Grupo de Trabajo en el Ministerio de Hacienda que tenía como función monitorizar, controlar y sistematizar la información sobre los contratos de compra de material sanitario". Los populares preguntan quién ordenó su creación, quiénes fueron sus integrantes y que funciones tenían.
En su respuesta, el Ejecutivo se desquita de la siguiente manera: "En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que en el Ministerio de Hacienda no existe el Grupo de Trabajo por el que preguntan Sus Señorías".

Una respuesta que contradice al mismo Salvador Illa, quien admite la relevancia de Montero en la compra de material aquellos días y confirma la existencia de este equipo en su libro El año de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo (Península): "En el ministerio fuimos reforzando el equipo de compras hasta montar una célula logística de apoyo de medio centenar de personas que se trasladaron físicamente a la sede del Ingesa y en la que se implicó personalmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".
Illa explica de su puño y letra que "dos secretarias de Estado, la de Hacienda y la de Comercio; y representantes del Ministerio de Defensa y de Exteriores, entre otros, pasaron en la primera planta del edificio de la Calle Alcalá largas jornadas encargados de localizar suministros, comprobar su viabilidad, negociar precios y organizar el operativo de traslado. Se sumaban así al equipo que lideraban Patricia Lacruz -directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que vino al Ministerio de la mano de Carmen Montón- y Alfonso Giménez, exdirector del Ingesa -que también llegó con Montón-".

Una versión que casa a la perfección con lo que fuentes cercanas a aquel Ejecutivo afirman a este medio y que apuntan directamente a la ministra de Hacienda por su participación en la "creación de una comisión ad hoc para centralizar las compras" después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconociera no tener capacidad técnica ni recursos humanos suficientes para asumir el inmenso volumen de tramitaciones que se requería.
Este equipo, en el que se "implicó personalmente María Jesús Montero", como afirma el propio Illa, estuvo detrás de la selección como proveedor de FSC Select Products, la compañía especializada en la venta de artículos de marketing de empresas alcohólicas que recibió por adelantado más de 260 millones de euros para traer mascaras (que llegaron con retraso).

Illa se olvida de Montero
La maniobra del Gobierno con esta contestación escrita ha estado perfectamente coordinada con las comparecencias de Salvador Illa en Congreso y Senado. El exministro de Sanidad ha omitido en todo momento la participación de María Jesús Montero en el proceso de compra de material sanitario.
Lo ha hecho incluso en la Cámara Baja, donde se explayó más sobre el procedimiento a seguir. "Se contó con asesoramiento de los Ministerios de Exteriores, Industria, Asuntos Económicos y Defensa", afirmó Illa. Ni rastro de Hacienda y María Jesús Montero. Según el líder del PSC, estos Ministerios ayudaron a encontrar material en China.

Las contradicciones de Illa en el Senado
Salvador Illa pasó del nerviosismo a la sonrisa de alivio cuando terminó la Comisión de Investigación del Senado por la compra de material sanitario en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El ex ministro de Sanidad se enfrentó a su pasado; a aquellos contratos firmados con empresas desaconsejadas por China, sin apenas capital social, en ocasiones sin trabajadores; aquella fábrica de yesos en la que confió para traer respiradores (que nunca llegaron); esa empresa barcelonesa del textil para adquirir guantes de nitrilo (que tampoco pisaron suelo español); aquella empresa china que trajo batas desechables 50 veces más caras; el despacho de abogados chipriota que cobró un 3.500% más caras las mascaras; así hasta un interminable etcétera. Varios de estos contratos están en poder de la Fiscalía Europea.
Illa se defendió como pudo, cometió errores y cayó, una vez más, en contradicciones. Por ejemplo al incidir en que el Ministerio de Sanidad llevaba a cabo un "análisis de solvencia" de los proveedores, cuya salud financiera se investigaba, y al mismo tiempo asegurar que "no sabía nada" de FSC Select Products, empresa fabricante de artículos para bebidas alcohólicas a la que se pagó 260 millones por 500 millones de mascaras que llegaron con retraso. Una empresa sin empleados y cuya administradora, Mayra Dagá, había sido condenada por estafa.
El ex ministro de Sanidad siguió alejándose todo lo posible de Koldo García y la empresa Soluciones de gestión, insistiendo en que su Ministerio no la contrató. Un mero requiebro retórico, porque lo cierto es que sí adjudicó a la UTE de Ferrovial y la empresa de la trama Koldo dos lotes de su Acuerdo Marco de 2.500 millones. Que las comunidades autónomas no compraran material a estas empresas fue cosa de ellas, y no del Ministerio de Sanidad, que les puso en el escaparate. Llegó a decir que habría sido "ilegal" no incluirlas en el contrato porque cumplían los requisitos de "capacidad" y "solvencia".
Una ex alto cargo contradice a Illa
La ex directora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, ha participado este jueves en la Comisión de Investigación del Senado. Su testimonio contradice la versión que ha defendido toda la semana Salvador Illa, que afirmó que derivó a Koldo a sus técnicos. "A mi nunca me pidió que atendiera a nadie. Nunca pasó", ha afirmado Lacruz.
Además, afirma que nunca recibió una oferta de la empresa de Koldo: "A mí nunca me llegó una oferta de esa empresa que trasladara mi equipo". Es más, asegura que no tuvo conocimiento de la existencia de Soluciones de gestión, empresa que pasó a engrosar la lista de proveedores del Acuerdo Marco después reunirse con el jefe de gabinete de Illa.
 
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Francia avisó a España de sus hallazgos sobre Pegasus sin que el juez de la Audiencia Nacional lo pidiera
La decisión del juez Calama de reabrir la investigación sobre el software espía en el móvil de Pedro Sánchez y de tres ministros pone a España en una posición complicada en el tablero internacional
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles | EP

Irene Dorta@irene_dorta

25 / 04 / 2024ACTUALIZADO 26 / 04 / 24 - 02: 17

Francia avisó a España de sus nuevos hallazgos sobre 'Pegasus' sin que el juez de la Audiencia Nacional lo pidiera, según han confirmado fuentes de la investigación a El Independiente. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 del órgano judicial José Luis Calama de reabrir la causa por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente, coloca al Ejecutivo en una posición complicada por su relación con jovenlandia y la multitud de indicios que apuntan a este país como presunto autor del ciberataque en 2021.
La Audiencia Nacional mantuvo algo más de un año la investigación sobre 'Pegasus' viva. Llamó a declarar a la que fue directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y a varios de sus subordinados, y tomó declaración por escrito tanto al ministro de Presidencia Félix Bolaños, que trabajaba en La Moncloa cuando atacaron el teléfono del presidente, así como a Marlaska y Robles. Sin embargo, el juez Calama consideró que las vías para esclarecer el asunto se habían agotado sin llegar a ninguna conclusión clara, por lo que el 10 de julio de 2023 archivó el asunto. En su escrito afeó a Israel --país al que pertenece la empresa NSO Group, dueña del software espía-- su falta de cooperación "absoluta".
Las preguntas sin respuesta del espionaje con 'Pegasus' a España

Las preguntas sin respuesta del espionaje con 'Pegasus' a España
Se da la circunstancia de que en el escrito de archivo, el magistrado dejó reflejado que la cuenta de correo linakeller2203@gmail.com se encontraba tras el espionaje a los titulares de Interior y Defensa, pero no habían podido delimitar a quién pertenecía esa dirección. Tras una pequeña investigación, este medio constató que ese mismo mail había entrado también en los teléfonos de la activista prosaharuai Claude Mangin, de nacionalidad francesa, un alcalde galo, un diplomático del Frente Polisario y un periodista jovenlandés exiliado en Francia.
Esta información se publicó un día después del archivo de la causa con una conversación con la propia Mangin, histórica activista casada con el saharui Naama Asfari, que cumple actualmente una condena a treinta años de guandoca dictada por la justicia militar alauí por su defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. “¿Quién si no jovenlandia se interesaría por mí, dado lo que represento como esposa de Naama Asfari?”, dijo a este medio.
A pesar de esta evidente conexión entre el caso francés y el español, el juez no reavivó las diligencias. Pero Francia sí movió ficha. La División Económica y Financiera Tribunal Judicial de París remitió mediante el vehículo de cooperación entre países (una Orden Europea de Investigación) la información que atesoran allí los tribunales sobre este asunto para requerir la que estaba aquí residenciada en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas confirman que "fue a motu proprio" del país galo y no porque España lo solicitara previamente.
El juez entendió que estos datos eran relevantes para sus propias pesquisas y decidió reabrirlas. Un paso que pone entre la espada y la pared al Ejecutivo de Sánchez cuya relación con jovenlandia se ha ido acercando en los últimos años hasta el punto de que en marzo de 2022 dio un giro histórico a la política exterior, anunciando el apoyo al reino alauí en su anexión del Sáhara Occidental. Una postura que primero había tomado el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
Lo que pretende hacer ahora el juez Calama es cruzar los datos que ha facilitado Francia con los que ya atesoraba Madrid a través de una serie de "indicadores de compromiso" que, según indica en su escrito, se trata de un rastro que deja el sistema atacante al entrar en un móvil. Esto puede incluir "direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red, comportamiento anómalo de usuarios" que puedan conducir al país que estuvo tras el espionaje. Por eso, el Centro Criptológico Nacional (CCN) -- dependiente del CNI-- debe ahora elaborar un nuevo informe.
Los caminos que llevan a jovenlandia
Para entender por qué los caminos llevan a señalar a varios de los atacados a señalar a jovenlandia hay que conocer sus perfiles y en qué fechas se hicieron las incursiones. El móvil de Sánchez fue infectado en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 (el 13 de octubre de 2020, el 19 de mayo de 2021, el 12 de junio de 2021 y el 27 de diciembre de 2021).
El teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue espiado en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021. Concretamente las fechas fueron el 5 de junio, el 10 de junio, el 18 de junio y el 23 de junio de 2021. En el caso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, las intervenciones fueron dos: el 2 y el 7 de junio de 2021. Este periodo, precisamente, coincide con una de las mayores crisis migratorias de los últimos tiempos en la frontera entre Ceuta y jovenlandia. Cerca de 10.000 personas entraron a nado en un desafío del país joven que abrió sus fronteras como respuesta a la atención hospitalaria que se dispensó al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
Los teléfonos intervenidos no fueron al azar. No se trató del móvil de la ministra de Igualdad o del de la ministra de Educación (todos los teléfonos de todos los miembros del Ejecutivo fueron revisados). 'Pegasus' entró en el dispositivo del ministro que se encarga de la seguridad de las fronteras controlando la Policía y la Guardia Civil y de la ministra que dirige al ejército. Dos maletines claves en la actuación de un problema fronterizo de estas características.
La intromisión en el teléfono de la activista Claude Mangin está fechada el 6 de julio de 2021, es decir, la misma ventana temporal que los políticos españoles. Y no fue la única en la que se recurrió a la misma cuenta (linakeller2203), al menos otras dos personas con las que estaba en contacto y vinculadas a la lucha saharaui sufrieron ataques idénticos. Se trata de Oubi Bachir, uno de los diplomáticos más sobresalientes del Frente Polisario que ejercía entonces como representante del movimiento en la Unión Europea, y Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine, la población de 55.000 habitantes en los alrededores de París en la que reside Mangin.
El juez Calama se encontró con frenos para poder avanzar el pasado año. Ni Bolaños, ni Robles, ni Marlaska quisieron acudir a testificar en persona, a pesar de que él lo prefería y así se los hizo saber para poder repreguntarles. Ellos debían ser los primeros interesados en que la investigación llegara a buen puerto, ya que la denuncia partió del propio Gobierno en 2022 a través de la Abogacía del Estado. Pero el Ejecutivo ni siquiera vio necesario desclasificar documentos del CNI sobre 'Pegasus' que el magistrado solicitaba porque, según contestó, no había nada secreto.
La investigación que se abrió en Francia en 2021 puede ahora arrojar algo de luz aquí. "Estas investigaciones determinaron que cada servicio que utilizaba el software 'Pegasus' creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación", indicó el juez en su auto de reapertura de este martes. Ahora está por ver si se consigue acreditar la autoría jovenlandés o si los hallazgos llevan a otros caminos distintos, puesto que este no es el único Estado que pueda estar interesado en los móviles de ministros tan claves en España.
 

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Malestar en la Universidad Complutense: «Hubo que retorcer mucho el reglamento para dar una cátedra a Begoña Gómez»
La esposa de Pedro Sánchez fue catapultada a puestos de dirección académica tras su llegada a La Moncloa
Directo | Reacciones y última hora tras la carta de Sánchez en la que se plantea su dimisión
Zapatero llama a la movilización en favor de Pedro Sánchez: «No nos podemos quedar quietos»

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez RODRIGO PARRADO
JAVIER CHICOTE Y CARMEN LUCAS-TORRES
26/04/2024
Actualizado a las 17:22h.

José María Aznar se estrenaba como presidente del Gobierno y Begoña Gómez, ahora esposa del presidente Pedro Sánchez, daba los primeros pasos en el mundo laboral en una empresa de su familia, Atenea Centro de Negocios SL. No se conoce su papel en la compañía pero sí que desde allí, tres años después, se incorporó a una profesión entonces al alza, el marketing.
La trayectoria profesional de la esposa del presidente está en el punto de mira después de que un juez de Madrid haya admitido la denuncia del sindicato Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios apuntando a sus relaciones con empresas estratégicas que han recibido ayudas públicas, como Globalia, basándose en informaciones publicadas en prensa. Sánchez ha entendido la apertura de la investigación como un resultado de los «ataques» de la oposición y el «fango» mediático. Este miércoles, anunció que se da cinco días fuera de agenda para dedicir si dimite.

La bilbaína, de 49 años, que pasó su infancia y primeros años de la adolescencia en el pequeño pueblo leonés de Valderas, desarrollaba en 1999, como primera actividad laboral externa, «estrategias comerciales para banca, seguros, alimentación, bebidas, automóvil y ONG» en el Grupo Inmark. Así figura en su perfil de Linkedin.

La compañía, antes denominada Task Force, se dedicaba a la recaudación de fondos para ONG como Greenpeace, Oxfam y Aminstía Internacional. Allí entró cuando aún no conocía a Sánchez y continuó después de que, en 2006, les casara la socialista malagueña Trinidad Jiménez. En 2018 saltó a dirigir el Instituto de Estudios jovenlandeses del Instituto de Empresa (IE). Antes, en Inmark habría hecho trabajos para Deutsche Bank u Ono, adquirida por Vodafone, aunque ninguna de ellas es capaz de trasladar a ABC cuál fue su papel. A día de hoy, Inmark tiene «indicación» de no aportar ninguna información relativa al currículum de la mujer del presidente. Es la respuesta que dieron a este diario al interesarse por su trayectoria.

Cuesta encontrar el rastro de los trabajos de Gómez: ni campañas, ni informes, ni intervenciones públicas como directiva. Desde 2012 a la actualidad, también según su propio Linkedin, figura como socia de la Asociación Española de Fundraising y, desde diciembre de 2018, como socia y coordinadora del grupo de trabajo 'Transformación Social Empresarial' en Woman Action Sustainability, asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es «elevar la sostenibilidad al primer nivel estratégico de las empresas, entidades, instituciones y de la sociedad».

No posee un título oficial
En agosto de 2018, sólo dos meses después de que su marido llegara a la presidencia del Gobierno, el Instituto de Empresa la fichó como directora del Africa Center, cargo que ostentó hasta 2022. Por otro lado, Begoña Gómez daba clase en un título propio, es decir, no oficial, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Máster en Dirección de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas).
Era una profesora externa, sin plaza, pero la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy disparó su carrera académica, pese a que ni siquiera posee un título oficial. Se presenta como licenciada en Marketing, pero lo cierto es que estudió un curso en ESIC cuando esta institución no podía expedir títulos oficiales. Según fuentes de la Universidad Complutense, fue Begoña Gómez quien propuso al rector, Joaquín Goyache, dirigir otro título propio, el Máster en Transformación Social Competitiva, algo que consiguió.

Cartas de apoyo, denuncia con recortes y un juez poco amigo de la prensa


«Es idea del rector, al que interesaba tener buena relación con la mujer del presidente del Gobierno, no sólo aceptarle el máster, sino ofrecerle también que dirigiera una cátedra», informa a ABC un directivo de la UCM con conocimiento de los hechos. «Hubo que retorcer mucho el reglamento para que pudiera dirigir la cátedra», dicen las mismas fuentes.
Efectivamente, la normativa de la UCM dice que una cátedra extraordinaria debe dirigirla «un miembro del personal docente e investigador o personal de la administración (…) con un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito temático del objeto de la colaboración».

La mujer de Pedro Sánchez no cumplía, por lo que el Rectorado se aferró a una «excepcionalidad» y tuvieron que ponerle un codirector que sí cumpliera con los requisitos. La cátedra comenzó a funcionar en octubre de 2020 y entre las competencias de Begoña Gómez como directora estaba la de encargarse de la financiación del proyecto.
Como desveló ABC, la mujer del presidente del Gobierno pidió el dinero a la Fundación La Caixa y a Reale Seguros, que aportaron 60.000 euros cada unapara los gastos corrientes de la cátedra con cuatro años de duración (expira este octubre y necesita nuevos patrocinadores para renovarla). «Cuesta una infinidad conseguir financiación para una cátedra -sostiene un veterano profesor de la Complutense en conversación con este diario-, pero Begoña Gómez no sólo logró el mínimo que exige la universidad, 30.000 euros anuales durante tres años, sino que le pagaron un curso más». Fuentes oficiales de la Universidad Complutense aseguran a ABC que Gómez accedió a sus cargos de forma «legal».
No obstante, el trato de favor hacia la mujer del presidente generó -y genera- un hondo malestar en un gran número de docentes, sabedores de que una persona sin currículum académico ninguno ni una trayectoria profesional sobresaliente nunca estaría al frente de una cátedra y dos másteres. De hecho, en ambos másteres figura como codirectora, con un director académico, ya que una persona sin titulación académica no puede dirigir ni siquiera un título propio.
En el segundo máster, el de Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez contó con el soporte del empresario Carlos Barrabés, para el que firmó cartas de recomendación que éste presentó en concursos públicos del Gobierno que preside su marido, según publicó 'El Confidencial'.
 

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La empresa que apoyó Begoña Gómez superó a 57 competidores en cuatro contratos del Estado

por Luis Miguel Montero
26 abril, 2024 05:15


La Unión Temporal de Empresas (UTE) que apoyó por carta Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, superó a 57 de sus competidores en cuatro contratos del Estado, en concreto de Red.es, para obtener licitaciones por valor de 10,2 millones de euros.

Estos contratos han provocado una crisis institucional sin precedentes hasta el extremo de que Begoña Gómez está siendo investigada por un juzgado madrileño y Pedro Sánchez ha anunciado su disposición a pensar si dimite o no el próximo lunes tras varios días de reflexión, algo inédito en la política española.
Innova Next obtuvo estas licitaciones tras, presuntamente, presentar cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. La denuncia del sindicato Manos Limpias provocó que un juzgado de Madrid abriese diligencias por este asunto y pidiese la declaración de la mujer del presidente como investigada.


DILIGENCIAS ABIERTAS CON BEGOÑA GÓMEZ EN EL CENTRO
1 Moncloa

Una de las licitaciones.

Antes de estas cartas de recomendación, siempre según las acusaciones de Manos Limpias, Innova Next, una de las empresas de la UTE adjudicataria de estos contratos, sólo había obtenido una licitación del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) por 130.000 euros y The Valley Digital, la otra empresa de la UTE jamás había tenido un contrato con la Administración del Estado.

LA RECOMENDACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ DIO SUS FRUTOS
Esto no es del todo cierto porque Innova Next tuvo dos contratos de Correos en 2019 y 2018, otro de la Fundación EOI (Escuela de Negocios de Madrid) y uno del Ayuntamiento de la capital en mayo de 2017 por 1.389.520,59 euros para «Servicios de apoyo a la gestión del centro de innovación La N@ve del Ayuntamiento de Madrid».

2 Moncloa

Uno de los contratos licitados.

En los cuatro contratos adjudicados que ahora investiga un juzgado madrileño la UTE se enfrentó a un total de 57 competidores. Todos otorgados por Red.es. En el primero de ellos, el lote 1 del expediente 014-20 RED.Es, por 3.000.247,64 euros se presentaron 18 ofertas. Al segundo, lote 3, adjudicado por 2.833.936,39 euros se presentaron 12 ofertas. En el caso del lote 1, licitado por 4.400.000 euros, las ofertas presentadas fueron 21 y en último lote, en este caso Innova Next acudía a la oferta con KPMG Asesores, en el Expediente 044-20 de RED.ES, se presentaron 10 ofertas y ganó está UTE con 2.600.532 euros. Los cuatro contratos supusieron para Innova 12.834.716,03 euros. En total Innova ganó a otros 57 licitadores que presentaron diferentes ofertas en los concursos a los que optó.

3 Moncloa

Otra adjudicación.

Después de aquellos contratos de Red.es el Consejo Superior de Deportes (CSD) otorgó otro contrato en septiembre de 2022 por vía de urgencia a Innova Next por 3.044.890,50 euros, en concreto el lote 1 de «Servicios consistentes en el Diseño e implantación del Modelo de Innovación y Transformación Digital del Deporte en España, de un Modelo de Formación y del Diseño y Configuración de un Hub de Innovación del Deporte».

LA FISCALÍA PIDE EL ARCHIVO PARA BEGOÑA GÓMEZ
ESTE CONTRATO «NO SE SEÑALÓ COMO URGENTE«, SEGÚN MANOS LIMPIAS
Para el sindicato denunciante de la esposa de Sánchez, este contrato «no se señaló como urgente y se marca como fecha límite de presentación de ofertas las 23h 59m del día 8 de junio, dando apenas tiempo a las empresas del sector (siete días) a preparar una oferta competitiva. Es por ello que sólo concurren dos licitadores, entre ellos Innova Next SLU, que será el adjudicatario». Manos Limpias ya ha salido al paso y asegura que sólo se hizo eco de publicaciones periodísticas ya que ninguno de los actores de la Justicia decidía actuar de oficio.
De momento la Fiscalía de Madrid ya ha pedido archivar las diligencias de investigación que abrió el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a raíz de la denuncia de Manos Limpias.


4 Moncloa

El cuarto contrato investigado por un juzgado.

Fuentes fiscales informaban de que el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación directa en la que se solicita al juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que revoque el auto dictado el 16 de abril por el que incoaba diligencias de investigación sobre Begoña Gómez. Lo hace en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y no en reforma ante el propio juez que abrió las diligencias. La Fiscalía conoció la causa el miércoles por la tarde, después de que se publicase que se habían abierto las diligencias que permanecen bajo secreto.
 

silenus

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Tabarnia capital
Nadia le da dinerito a la mujer del presi, y el presi le da dinerito al papi de Nadia:

 

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Hacienda rechazó la denuncia de una rival de la UTE apoyada por Begoña Gómez

por Luis Miguel Montero
25 abril, 2024 05:15

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia Primera, de María Jesús Montero, ignoró, desoyó e inadmitió la denuncia presentada por una empresaria que licitaba con su sociedad a los mismos contratos que acabaron en manos de la UTE formada por Innova Next y Digital Valley Business School, empresas a las que la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, firmó presuntamente una carta de recomendación que habría influido positivamente en adjudicar cuatro contratos públicos, tres a Innova y The Valley y otro a Innova Next y KPMG Asesores.

La denuncia del sindicato Manos Limpias, admitida por un juez de Madrid, recoge la carta de recomendación de Begoña Gómez a una UTE de dos empresas para que accedieran a contratos públicos: «La dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo).
Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta firmada por Begoña Gómez. La empresa de Carlos Barrabés logró las adjudicaciones gracias a que obtuvo la máxima valoración en el apartado subjetivo de la valoración del tribunal.


«La denunciada, prevaliéndose de su estatus personal (esposa) del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», indica la denuncia de la asociación encabezada por Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias.
Los denunciantes ponen como ejemplo de esa influencia la lucha de una empresaria gallega llamada Noelia Martínez, que alegó ante Hacienda el 17 de agosto de 2021 que ninguna de las dos empresas presentadas en la UTE avalada por Begoña Gómez poseía un plan de igualdad, requisito imprescindible para acceder a cuatro contratos que ofertaba la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 12,8 millones de euros que acabaron en la UTE recomendada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La denunciante recurrió la licitación concedida a las empresas apoyadas por la esposa del presidente Sánchez, porque ella acudía a la licitación con la empresa NT For Learning, alegando que la UTE no cumplía los requisitos para conseguir esos cuatro contratos y que la suya sí, pero no logró optar a ellos.
Éste es uno de los muchos indicios investigados por Manos Limpias, los denunciantes ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, al igual que los contactos de la esposa del presidente con Víctor de Aldama, uno de los comisionistas imputado en la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional. En este caso, la denuncia acusa a Begoña Gómez de poner en contacto a Aldama con la empresa Globalia y gracias a ello el empresario habría conseguido casi 7 millones de euros. Posteriormente, Globalia -matriz de Air Europa- consiguió ser rescatada por el Gobierno español con 40 millones de euros, al ser considerada empresa estratégica.

BEGOÑA GÓMEZ Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La denuncia de la empresaria gallega es uno de los indicios que han sido aportados al juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra Begoña Gómez por el presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y admitida por el Juzgado que ya ha comenzado a incoar diligencias.
Manos Limpias sostiene que, entre otras supuestas irregularidades, Begoña Gómez influyó con su carta de recomendación en la adjudicación de cuatro contratos a la UTE de Innova Next y Digital Valley (3) y a una formada por Innova Next y KPMG Asesores. Innova Next es la empresa ligada al empresario Carlos Barrabés, empresario recomendado por Begoña Gómez por carta, tal y como desveló hace unos días el periódico digital El Confidencial. La licitación de Red.es era para contratar el «Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital».

«INNOVA NEXT Y THE VALLEY, SIN TENER PLAN DE IGUALDAD, SE PRESENTARON AL CONCURSO Y ADEMÁS DE NO SER EXCLUIDAS RESULTARON ADJUDICATARIAS».
La cuestión es que, según la denuncia de Manos Limpias, la adjudicataria Red.es, que dependía de la entonces ministra Nadia Calviño, «exigía a todos los licitadores que contaran con un plan de Igualdad. Lógicamente las empresas que no tenían implantado dicho plan no se presentaron a la licitación ya que de hacerlo, con toda seguridad, hubieran sido excluidas. Aun así, Innova Next y The Valley Digital Business School, sin tenerlo, se presentaron al concurso y además de no ser excluidas resultaron adjudicatarias».

EL ADJUDICATARIO RESPALDADO POR BEGOÑA GÓMEZ
El punto 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares de esos contratos recogía en sus «condiciones especiales de ejecución de contrato» que «el adjudicatario del presente contrato deberá contar con un pan corporativo de igualdad, entendido por tal lo previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres» y además, dejaba bien claro que «a estas condiciones especiales de ejecución se le atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP».

El PP no descarta llevar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado por conflicto de intereses

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno

Además, el apartado 8.2 titulado Propuesta sobre la documentación a aportar, en su punto b, recoge que será necesario «acreditar las siguientes circunstancias», entre ellas que «el licitador cuenta con un plan corporativo de igualdad (…). La acreditación se efectuará mediante declaración responsable que, junto al plan, deberá ser aportada en un plazo máximo de quince días hábiles una vez requerido para ello. Dicha declaración responsable podrá ser comprobada en cualquier momento por Red.es».


PLANES DE IGUALDAD OBLIGATORIOS
La denuncia de Manos Limpias ante el Juzgado añade que «con anterioridad a la presentación de las ofertas, dos de los licitadores formularon consultas a la Mesa de Contratación en relación con las UTE´s ante la duda sorbe si la normativa exigida en el Plan de Igualdad, deben cumplirla todos los miembros o basta con la que la cumpla solamente uno de ellos.
En todo caso la Mesa no lo aclara y se remite a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». El sindicato de funcionarios apela además al reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre solvencia de las UTES, que recoge que «si se crea una UTE todos los miembros de la UTE tienen que tener los siguientes requisitos: ISO9901, ISO27001, Plan de Igualdad y formación en GDPR de 10 horas».

NT FOR LEARNING SI TENÍA PLAN
La denunciante recogía en sus alegaciones ante Hacienda que «el plan de Igualdad de la entidad The Valley Business School tiene vigencia desde el 12/01/2021, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar» y «la entidad Innova Next S.L.U. no cuenta con el Plan de Igualdad registrado, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar».
Noelia Martínez añadía en su reclamación que «si atendemos a la puntuación total final obtenida por las ofertas admitidas en el procedimiento, la entidad a la que represento ocupa el tercer puesto pero tampoco las entidades que conforman la UTE que habría obtenido el segundo puesto en la puntuación cumplen el requisito reseñado para resultar adjudicatarias del referido Lote 1».


Las alegaciones explicaban que «mi representada, NT For Learning, cumple el referido requisito ya que cuenta con un Plan de Igualdad en vigor desde el día 31/03/2020 según consta en el registro público REGCON».
Feijóo, sobre el caso contra el novio de Ayuso: «Esto a un hombre no se le hace» | Foto: Europa Press

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Tras la denuncia el 3 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) resolvió suspender los lotes 1 y 3 a los que licitaba la UTE, mientras que al resto de lotes, 2, 4, 5 y 6, se levantaba la suspensión. Finalmente el 11 de noviembre el TACRC inadmitió el recurso de NT For Learning, y levantó también la suspensión de los lotes 1 y 3, «se da la circunstancia que mientras la Resolución de Suspensión estaba firmada electrónicamente por la Secretaria general del Tribunal, en este último caso nadie va a firmar la nueva resolución, entendemos que por ser, presuntamente, del todo prevaricadora», apunta Manos Limpias.
De momento el juez instructor ya ha llamado a testificar a los periodistas que iniciaron las denuncias periodísticas sobre este caso y publicaron las cartas de recomendación presuntamente firmadas por Begoña Gómez a la UTE.
 

_LoKy_

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