Gigatr0n
Satan's Circus
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154.
Caso Nazarí
La Operación Nazarí, corolario de una investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que va a quedar judicializada en el sumario abierto por la magistrada María Ángeles Jiménez, responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada: una presunta trama de corrupción urbanística en el área municipal de Urbanismo. Un año después, mientras a efectos políticos el Ayuntamiento luce otro color gobernante, la investigación judicial sigue su curso y tras cinco meses de secreto sumarial, las declaraciones de los imputados van arrojando luz sobre el "trato de favor" que desde los principales despachos municipales recibían los empresarios y constructores implicados en el caso. Un sumario que habla de una trama organizada corrupta que de forma continuada y prolongada en el tiempo habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos y a familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad.
Torres Hurtado, en ese escenario, podría haber incurrido en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según los ocho supuestos que incluye el sumario, un total de ocho presuntos delitos de un listado en el que desaparecen el de estafa y administración desleal, que genéricamente le fueron imputados a los detenidos aquella mañana de hace ahora un año.
Del avance de la investigación judicial se sabe ahora que son ocho grandes asuntos urbanísticos los que están siendo analizados y que el caso cobrará impulso a partir de los informes periciales urbanísticos que debe emitir la Junta de Andalucía y los datos que la UDEF rastrea en la ingente cantidad de material requisado hace un año.
Una documentación entregada a las partes en soporte informático que supera los 15.000 folios. Los informes policiales, que abarcan a un periodo de quince años, a partir de 2001 -aunque Torres Hurtado accedió a la alcaldía en 2003-, sitúan al ex alcalde en la "cúspide" de una trama que habría tenido como "estrechos colaboradores" a la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y el que fuera jefe durante todos esos años de la oficina municipal de Urbanismo, Manuel Lorente. La investigación apunta a las "injerencias" por parte de Nieto sobre "lo que tenían que contener los informes", imponiendo criterios "no acordes con la legalidad urbanística" y en contra de los técnicos, que eran objeto de "presiones".
El alcalde y la concejal, junto al responsable técnico, habrían manejado el área de Urbanismo durante un decenio siempre en beneficio de los más conocidos empresarios de la construcción de Granada. Del lado del Ayuntamiento, José Torres Hurtado e Isabel Nieto, del PP, además de Manuel Lorente; por las empresas, Roberto García Arrabal, José Julián Romero y Enrique Legerén, nombres que se repiten en la supuesta trama de corrupción. La UDEF cuantifica en 20 millones de euros las pérdidas que la trama habría ocasionado a las arcas municipales.
El sumario desvela que la concejal trataba directamente con los empresarios imputados a través de mensajes o encuentros privados en los que se habrían ajustado expedientes al modo sugerido por las empresas. El alcalde, en el relato del informe remitido por la UDEF, habría estado al tanto de la trama, de la que también se habría beneficiado. Así, en el informe se alude a una casa y seis pisos de su propiedad cuyo valor no encajaría con los ingresos percibidos como alcalde. Torres Hurtado justificó este patrimonio autocalificándose como ahorrador -"tacaño, del puño", según sus palabras-, además de haber vendido una empresa cuando decidió dedicarse a la política. Nieto, por su parte, habría creado una cuenta de correo electrónico con la que mantenía contactos con empresarios, de la que han trascendido diversos mensajes que los que se desprende el trato coloquial y de confianza con Arrabal en sus proyectos urbanísticos.
Lorente, a su vez, habría invertido 700.000 euros en la compra el contado de tres pisos al empresario García Arrabal, dentro del capítulo dedicado al patrimonio de los investigados, que recoge ingresos en bancos suizos, compra-venta de bienes que no encajan con el nivel de ingresos y contactos entre políticos y empresarios que agilizaban operaciones urbanísticas al margen de los procedimientos. Así, cuando algún funcionario emitía informes contrarios a la voluntad de los empresarios señalados en la trama, se le presionaba y se llegaba a amenazas que culminaban con el traslado si persistían en su actitud.
Fuente
Caso Nazarí
La Operación Nazarí, corolario de una investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que va a quedar judicializada en el sumario abierto por la magistrada María Ángeles Jiménez, responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada: una presunta trama de corrupción urbanística en el área municipal de Urbanismo. Un año después, mientras a efectos políticos el Ayuntamiento luce otro color gobernante, la investigación judicial sigue su curso y tras cinco meses de secreto sumarial, las declaraciones de los imputados van arrojando luz sobre el "trato de favor" que desde los principales despachos municipales recibían los empresarios y constructores implicados en el caso. Un sumario que habla de una trama organizada corrupta que de forma continuada y prolongada en el tiempo habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos y a familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad.
Torres Hurtado, en ese escenario, podría haber incurrido en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según los ocho supuestos que incluye el sumario, un total de ocho presuntos delitos de un listado en el que desaparecen el de estafa y administración desleal, que genéricamente le fueron imputados a los detenidos aquella mañana de hace ahora un año.
Del avance de la investigación judicial se sabe ahora que son ocho grandes asuntos urbanísticos los que están siendo analizados y que el caso cobrará impulso a partir de los informes periciales urbanísticos que debe emitir la Junta de Andalucía y los datos que la UDEF rastrea en la ingente cantidad de material requisado hace un año.
Una documentación entregada a las partes en soporte informático que supera los 15.000 folios. Los informes policiales, que abarcan a un periodo de quince años, a partir de 2001 -aunque Torres Hurtado accedió a la alcaldía en 2003-, sitúan al ex alcalde en la "cúspide" de una trama que habría tenido como "estrechos colaboradores" a la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y el que fuera jefe durante todos esos años de la oficina municipal de Urbanismo, Manuel Lorente. La investigación apunta a las "injerencias" por parte de Nieto sobre "lo que tenían que contener los informes", imponiendo criterios "no acordes con la legalidad urbanística" y en contra de los técnicos, que eran objeto de "presiones".
El alcalde y la concejal, junto al responsable técnico, habrían manejado el área de Urbanismo durante un decenio siempre en beneficio de los más conocidos empresarios de la construcción de Granada. Del lado del Ayuntamiento, José Torres Hurtado e Isabel Nieto, del PP, además de Manuel Lorente; por las empresas, Roberto García Arrabal, José Julián Romero y Enrique Legerén, nombres que se repiten en la supuesta trama de corrupción. La UDEF cuantifica en 20 millones de euros las pérdidas que la trama habría ocasionado a las arcas municipales.
El sumario desvela que la concejal trataba directamente con los empresarios imputados a través de mensajes o encuentros privados en los que se habrían ajustado expedientes al modo sugerido por las empresas. El alcalde, en el relato del informe remitido por la UDEF, habría estado al tanto de la trama, de la que también se habría beneficiado. Así, en el informe se alude a una casa y seis pisos de su propiedad cuyo valor no encajaría con los ingresos percibidos como alcalde. Torres Hurtado justificó este patrimonio autocalificándose como ahorrador -"tacaño, del puño", según sus palabras-, además de haber vendido una empresa cuando decidió dedicarse a la política. Nieto, por su parte, habría creado una cuenta de correo electrónico con la que mantenía contactos con empresarios, de la que han trascendido diversos mensajes que los que se desprende el trato coloquial y de confianza con Arrabal en sus proyectos urbanísticos.
Lorente, a su vez, habría invertido 700.000 euros en la compra el contado de tres pisos al empresario García Arrabal, dentro del capítulo dedicado al patrimonio de los investigados, que recoge ingresos en bancos suizos, compra-venta de bienes que no encajan con el nivel de ingresos y contactos entre políticos y empresarios que agilizaban operaciones urbanísticas al margen de los procedimientos. Así, cuando algún funcionario emitía informes contrarios a la voluntad de los empresarios señalados en la trama, se le presionaba y se llegaba a amenazas que culminaban con el traslado si persistían en su actitud.
Fuente
