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122. Caso Innova Gandía



El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia (Valencia) ha archivado la querella interpuesta contra el exalcalde de la localidad José Manuel Orengo por el caso Innova, en relación con la gestión de una ayuda pública solicitada y concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el año 2008 para la ejecución del proyecto Centro del conocimiento Espai Innova.
En la querella --archivada de forma provisional--, han recordado los socialistas en un comunicado, se acusaba de presuntos delitos de malversación de fondos, fraude y prevaricación a tres miembros de Gobierno de Gandia --el entonces titular de Urbanismo Fernando Mut; la que fuera concejal de Hacienda Ana García; y el propio exalcalde Orengo--. La querella la presentó el 'popular' Arturo Torró en 2011 siendo entonces primer edil de Gandia.
El juez, para llegar al archivo, ha tenido en cuenta un informe de la Intervención General del Estado y otro del Tribunal de Cuentas de los que "no se deriva la comisión de ningún delito ni mal uso del dinero que Industria transfirió al Ayuntamiento de Gandia", han explicado los socialistas.
Las mismas fuentes han recordado que el gobierno del PP paralizó las obras argumentando que no había dinero para continuarlo y emprendió este proceso para que los responsables políticos fueran encausados judicialmente. Como consecuencia de paralizar las obras "se tuvieron que devolver los cinco millones de euros al Ministerio de Hacienda por no ejecutar la obra".
El PSPV ha recordado que el caso Innova fue archivado hasta en tres ocasiones al no contemplar los instructores indicios de delito. Primero por la Fiscalía Anticorrupción, luego por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y más tarde por el propio juez de Gandia que ahora lo ha vuelto a archivar.
Orengo ha declarado haber estado siempre "tranquilo" y ha puntualizado que "uno no puede hacer nada cuando le acusan falsamente, lo único que puede hacer es esperar a que finalmente la justicia dé y quite razones. Ha tardado tres años y medio en darme la razón, pues gracias", ha dicho.
El socialista ha criticado que Torró, como alcalde, fue el que puso la querella, y no fue el PP como partido, "por tanto, se gastó mucho dinero público para hacer esta denuncia". "Incluso solicitó un dictamen, por el que se pagaron 30.000 euros para decir lo que no era. En definitiva, costó un dineral al Ayuntamiento de Gandia", ha lamentado.
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123. Caso IVAM



Descargar el Auto del Caso IVAM
Un nuevo informe de la Abogacía de la Generalitat incorporado a la caso IVAM podría terminar con la imputación del hijo adoptivo del escultor Gerardo Rueda. Según dicho informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza y que ha sido adelantado por RNE, la dirección del IVAM, de la mano de Consuelo Císcar, con la colaboración del subdirector de Gestión Económica, Juan Carlos Lledó, y de la subdirectora técnico-artística, Raquel Gutiérrez, "destinaron, a sabiendas, caudales públicos para adquirir obras falsas, haciéndolas pasar por originales y produciendo así una desviación de fondos hacia José Luis Rueda (hijo del escultor), que se prestó para dar autenticidad a las obras".
En esta causa están investigadas una decena de personas, entre ellas Consuelo Ciscar y su hijo artista Rafael Blasco Císcar -de nombre artístico Rablaci- por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. También figuran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y técnicos, así como el administrador de la empresa Logística del Arte.
El informe explica que entre 2004 y 2006, el IVAM adquiere de José Luis Rueda, mediante dos contratos "una serie de obras cuyo supuesto autor era su padre". El museo pagó por la adquisición global casi tres millones de euros, a los que habría que sumar medio millón más que costó que la Fundición Capa manufacturara gran parte de las obras.
El problema es que las obras adquiridas se realizaron varios años después de que el artista falleciera. Es por ello, que la Abogacía de la Generalitat opina que sería "un fraude total y absoluto que la principal institución museística de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana exhibiera obras atribuidas a un autor en las que la intervención del artista fuera inexistente, y que su verdadero creador fuera un tercero que ni siquiera es escultor. Agravando la defraudación si, además, esas obras incorporaran la firma del artista".
Según el informe, el hijo adoptivo del escultor enviaba a la empresa "un modelo de obra a reproducir" y para ello indicaba que realizaran la copia ciñéndose lo más posible al objeto remitido, llegando a enviar incluso catálogos. Así, se falsificaban obras ya existentes de Rueda. El trabajo de modelaje de la escultura se hacía toda en el taller al que se remitía la petición, dejando algunos remates para un trabajador del taller artístico de Gerardo Rueda. Es más, se le solicitaba a la empresa que las hacía que pusieran la firma del autor cuando, "en ningún momento las obras fueron realizadas o supervisadas por Gerardo Rueda puesto que ya había fallecido hacía varios años".

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Consuelo Ciscar
José Luis Rueda, hijo del escultor Gerardo Rueda, presuntamente falsificó la obra de su padre y la vendió al museo con el conocimiento de los directivos del mismo
12/04/2018 -
VALÈNCIA. Un nuevo informe de la Abogacía de la Generalitat incorporado a la caso IVAM podría terminar con la imputación del hijo adoptivo del escultor Gerardo Rueda. Según dicho informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza y que ha sido adelantado por RNE, la dirección del IVAM, de la mano de Consuelo Císcar, con la colaboración del subdirector de Gestión Económica, Juan Carlos Lledó, y de la subdirectora técnico-artística, Raquel Gutiérrez, "destinaron, a sabiendas, caudales públicos para adquirir obras falsas, haciéndolas pasar por originales y produciendo así una desviación de fondos hacia José Luis Rueda (hijo del escultor), que se prestó para dar autenticidad a las obras".
En esta causa están investigadas una decena de personas, entre ellas Consuelo Ciscar y su hijo artista Rafael Blasco Císcar -de nombre artístico Rablaci- por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. También figuran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y técnicos, así como el administrador de la empresa Logística del Arte.
El informe explica que entre 2004 y 2006, el IVAM adquiere de José Luis Rueda, mediante dos contratos "una serie de obras cuyo supuesto autor era su padre". El museo pagó por la adquisición global casi tres millones de euros, a los que habría que sumar medio millón más que costó que la Fundición Capa manufacturara gran parte de las obras.
El problema es que las obras adquiridas se realizaron varios años después de que el artista falleciera. Es por ello, que la Abogacía de la Generalitat opina que sería "un fraude total y absoluto que la principal institución museística de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana exhibiera obras atribuidas a un autor en las que la intervención del artista fuera inexistente, y que su verdadero creador fuera un tercero que ni siquiera es escultor. Agravando la defraudación si, además, esas obras incorporaran la firma del artista".
Obras falsas
Según el informe, el hijo adoptivo del escultor enviaba a la empresa "un modelo de obra a reproducir" y para ello indicaba que realizaran la copia ciñéndose lo más posible al objeto remitido, llegando a enviar incluso catálogos. Así, se falsificaban obras ya existentes de Rueda. El trabajo de modelaje de la escultura se hacía toda en el taller al que se remitía la petición, dejando algunos remates para un trabajador del taller artístico de Gerardo Rueda. Es más, se le solicitaba a la empresa que las hacía que pusieran la firma del autor cuando, "en ningún momento las obras fueron realizadas o supervisadas por Gerardo Rueda puesto que ya había fallecido hacía varios años".
Rablaci
Rablaci
En el informe hay varios correos electrónicos que acreditaría el fraude, como uno enviado por José Luis Rueda a Raquel Gutiérrez en el que, el primero dice: "Este miércoles voy a ir a Capa personalmente a ver las esculturas, que me están comentando que están muy avanzadas, ya te comentaré cuando las vea personalmente".
Pero si hay algo que llama la atención es que algunas de las obras que se copiaron están expuestas en museos españoles de gran renombre como el Reina Sofia. Este el caso de la obra Gran Relieve que según la página web del museo madrileño, la escultura data de 1996 y fue donada por el hijo adoptivo de Rueda en 2002. Es sobre la copia de esta obra sobre la que versan varios correos internos del IVAM.
Y también sobre la escultura supuestamente falsificada dice un informe pericial aportado al de la Abogacía de la Generalitat que, "la elección del material reciclado, utilizado frecuentemente por Gerardo Rueda, requiere una participación del artista que no puede ser sustituida en modo alguno por un artesano de la fundición, por lo que no sería posible su realización post mortem".
Y finalizan diciendo los peritos: "La documentación a la que hemos tenido acceso -en la que no figura ningún documento en el que se demuestre la voluntad del artista- es absolutamente contradictoria, por lo que no se puede afirmar que esta obra sea original y como tal, no tiene un precio de mercado".
En sus conclusiones exponen: "La mayoría de las obras no cumplen los mínimos requisitos en cuanto a numeración, firma, marca del fundidor o fecha de vaciado; tampoco existe documentación que exprese la voluntad de Gerardo Rueda, ni instrucciones precisas sobre cómo debía realizarse la fundición; no hay ningún criterio fijo del artista respecto a las tiradas, lo que incrementa aun más la confusión; tampoco sabemos si se hizo con moldes; el tamaño de algunas piezas no coincide con el tamaño de su obra en esos años y el material utilizado no se corresponde con el material habitualmente utilizado por el autor".
Si hay algo que llama la atención es que, según los letrados, "por si adquirir 61 obras de arte no originales no fuera suficiente, las supuestamente originales (casi todo bocetos y obra menor) jamás fueron reclamadas por los responsables del cumplimiento del contrato".
Los protagonistas de las adquisiciones fraudulentas, según la Abogacía, se concertaron para organizar, "con cargo siempre al IVAM", una serie de exposiciones cuya principal finalidad fue promocionar las esculturas falsamente atribuidas a Gerardo Rueda para valorar, así, el patrimonio de José Luis y ocultar la realidad sobre la autoría de las obras vendidas o donadas al museo.
Los correos que obran en la causa, agrega, "denotan la más que evidente dirección material de todo el proceso y fases de las exposiciones, reflejando un museo al servicio de José Luis Rueda, quien maneja a su antojo los recursos públicos puestos a su disposición por los responsables del IVAM".
En total, y según las propuestas de gasto obrantes en los expedientes, el IVAM sufragó de forma injustificada 719.987,80 euros para promocionar las obras de un tercero y con el objeto de blanquear las obras que ese tercero le había vendido-donado como originales.
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114......Caso Marismas
En junio de 2017 el juez prorroga la investigación del caso 18 meses (Tribunales.- El juez prorroga otros 18 meses la investigación del caso Marismas)

“Que en la Dirección General de Regadíos se pasan diferentes filtros a la hora de abonar las ayudas, etc, todo ello no ha servido, y tenemos que decirlo, “hay tirado” en las Marismas 41.845.240 Euros, de los cuales más del 60% es dinero público”

Así de contundente se expresa la Guardia Civil que investiga el Caso Marismas en su último informe elevado a la instrucción sobre los aspectos económicos y técnicos del caso. En dicho informe queda en evidencia la comparecencia de la consejera Clara Aguilera el 18 de noviembre de 2009 en el Parlamento a petición de IU sobre el estado del proyecto de mejora de regadíos en las Marismas del Guadalquivir en Sevilla. La entonces titular de Agricultura utilizó en su comparecencia datos de un informe de DAP que, ahora, se confirma como nada riguroso por los investigadores. Al final del documento, los investigadores dejan negro sobre blanco la anterior cita en el siguiente contexto:

“Pero en el caso que nos ocupa de las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, si bien consta que que se realizan los controles reseñados en estas diligencias, que había un inspector facultativo designado para ello desde el inicio, que en la Dirección General de regadíos se pasan diferentes filtros a la hora de abonar las ayudas, etc, todo ello no ha servido, y tenemos que decirlo, “hay tirado” en las Marismas 41.845.240 Euros, de los cuales más del 60% es dinero público y si bien desde el primer céntimo hasta el último debe de ser fiscalizado, es el dinero público controlado y fiscalizado por la administración el que más nos debe preocupar y en este caso la propia Administración, cuyos funcionarios del más alto nivel o categoría profesional de la Dirección General de Regadíos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, no han realizado ese férreo control que debe existir en esta obra subvencionada, el resultado es evidente”.

Así concluye el último informe de la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la G.C. entregado al Juez Gutiérrez Casillas de Sevilla a propósito del Caso Marismas y cuya instrucción continua en el juzgado Nº 16. En dicha causa ya se encuentran en calidad de investigados (imputados) más de una veintena de personas entre miembros de la Comunidad de Regantes, dos exdirectores generales de regadíos, altos funcionarios de la Junta y empresarios. Además, desde hace meses, la Guardia Civil mantiene la petición de imputación de unas siete personas más, destacando entre ellas José Luis Sánchez Teruel que también fue Director General de Regadíos. La declaración ante el juez de su sustituta en el cargo, Mar Remón, inculpó aún más a Sanchez Teruel, uniéndose entonces la Fiscalía a la petición de la Guardia Civil para que fuese imputado ante el TSJA. El hoy diputado y Secretario General del PSOE de Almería ya fue llamado a declarar en agosto tras perder la situación de aforado al disolverse el Parlamento andaluz, pero su partido le nombró vocal sustituto de la Diputación Permanente, de tal forma que siguió aforado, negándose a declarar al recibir la llamada de los agentes. Recuérdese que el PSOE también blindó con aforamientos a los exconsejeros imputados en los Eres.

El informe policial, al que ha tenido acceso Confidencial Andaluz, es uno de los últimos encargos del Magistrado a la mencionada Unidad en el que se han empleado a fondo durante meses, con un trabajo de campo previo de dos años.

Los agentes se adentran a lo largo del informe de 25 folios en el desglose de los pagos efectuados en los distintos niveles de la obra y de forma particular examinan los archivos de la empresa pública DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero), que en su día emitió el informe que le sirvió a la entonces Consejera de Agricultura, para justificar la correcta gestión de la Junta en el Caso Marismas ante la Comisión de Agricultura del Parlamento.

No queda muy bien parado el trabajo de DAP en el informe pericial de la policía judicial llegando a destacar, a propósito de la documentación analizada sobre la supuesta fiscalización de la Administración, que “en el punto 3.2.2. que dice “que la revisión ha sido muy rápida, por lo que no se ha revisado las mediciones de obra civil, ‘ya que es tarea muy trabajosa y requiere mucho tiempo’, esgrime el informe, que se encuentran algunas inconsistencias/discrepacias en el proyecto”.

Se refieren al contenido del acta de la comisión encargada en septiembre de 2009 para realizar un informe preliminar sobre “el control realizado en situ” por la Administración autonómica. Una especie de puesta al día para trasladar a la sede de la soberanía popular qué se estaba haciendo con el dinero público en las Marismas. Las discrepancias están localizadas en el movimiento de tierras, entre medidores de tuberías de la red de riego y planos y, finalmente, el capítulo eléctrico que aparece “algo incompleto”.

El informe policial se extiende con detalles sobre gran cantidad de errores o irregularidades detectados a propósito del manejo de fondos públicos, afirmando que se han “dejado de analizar e inspeccionar 17.313.155,80 Euros”.

En el informe la investigación policial dejan en evidencia todo aquello que la consejera Clara Aguilera argumentó en sede parlamentaria, basándose precisamente en el informe de DAP que, ahora sabemos, estaba plagado de inexactitudes, falto de rigor técnico y administrativo.

Para la Guardia Civil ha existido carencia de control sobre la ejecución de la obra y subvención por parte de la Administración, haciendo notar, una vez más, una licitación irregular “como poco”; empresas adjudicatarias que terminan siendo subcontratadas y a la vez proveedoras; realizar obra sin proyecto Constructivo “que tenia que estar a los tres meses de la firma del contrato”; certificaciones a “golpe de millones”, prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39, sin obra ejecutada “por mal tiempo”. Fuentes de la Comunidad de Regantes, preguntados por lo que revela este nuevo atestado policial aportado al Juzgado, han indicado que “confirma lo que era evidente, que esto ha sido el timo de la estampita, una obra de trileros”

El Caso Marismas, desde el punto de vista judicial, sigue a marcha lenta en un juzgado sobrecargado con varias macro causas, por lo que se preve que hasta finales de verano no se reactivarán importantes decisiones del Juez sobre esta causa.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 40.100.000 €
  • Total implicados: 16
  • Año de los hechos: 2004
  • Estado judicial: Abierto
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124. Caso IVIMA



"Un procedimiento de contratación trufado de irregularidades", así ha definido la Fiscalía Provincial de Madrid la venta de 32 promociones del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs. La Fiscalía apunta a los exdirectores generales Ana Gomendio y Juan Van-Halen como responsables de los delitos de prevaricación y malversación.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha calificado la venta de 32 promociones, entre ellas 2.935 viviendas, del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs en 2013 como "un procedimiento de contratación trufado de irregularidades".
Así lo hace el fiscal del caso en un informe trasladado al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid --encargado de la causa--, en el que apunta directamente contra los anteriores directores gerentes del Ivima, Ana Gomendio y Juan Van-Halen, a los que responsabiliza de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Van-Halen presentó su renuncia en febrero de 2016 después de ser citado a declarar como investigado por su posible responsabilidad penal derivada de este procedimiento judicial. Ambos tuvieron que declarar ante el citado juzgado y continúan imputados. Además, comparecieron en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, allá por noviembre de 2015.
"Se trata de un procedimiento de contratación trufado de irregularidades", asegura rotundamente el fiscal al comienzo del documento. El representante del Ministerio Público explica que los indicios de la venta de las viviendas por debajo de su precio real son "diversos", aunque apostilla también que "si bien analizados individualmente podría llegar a cuestionarse el carácter delictivo, en su conjunto ofrecen la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".
"Un vacío de explicaciones evidente"
Respeto de la decisión de venta de los inmuebles en su conjunto, asegura que hubo "un vacío de explicaciones evidente". La Comunidad esgrimió que se hizo de ese modo por la "necesidad de liquidez", un extremo que el fiscal cuestiona pues ésta "pudiera haber sido cubierta si se hubiera optado por la enajenación no en su conjunto sino de forma individualizada". De hecho, señala que el IVIMA vendió individualmente 513 viviendas y unos 200 garajes, locales y trasteros entre 2012 y 2013.
"No existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público, es decir, con qué fórmula se hubiera obtenido una mayor liquidez, que era supuestamente el fin único de la operación", recoge el fiscal, quien a su vez asegura que Gomendio "ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión" cuando pidió la autorización para la venta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el fiscal considera que con este sistema se favoreció a los grandes fondos de inversión, "únicos capaces de dotarse de la solvencia necesaria para hacer frente a la operación", y que incluso los informes de tasación del precio de los inmuebles "se realizaron con anterioridad a la firma del contrato" con la empresa tasadora.
"Resulta raro y extraño que los bienes se declararan innecesarios"
En cuanto a la declaración de innecesariedad de los bienes, requisito para poder vender cualquier propiedad pública, el representante del Ministerio Fiscal sostiene que su "pobre" argumentación parecía "ordenada a cumplir formalmente con un requisito administrativo, no a atender al fin último de dicho trámite que no es otro que vedar la arbitrariedad en la venta de bienes públicos".
De esta forma estima que esto "no puede ser más raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original", ya que "no deja de ser asombroso" que se declaren innecesarios unos bienes destinados a los fines propios del IVIMA: "la promoción y acceso a la vivienda pública". "Evidentemente, la declaración de innecesariedad tuvo una función exclusivamente financiera de obtener ingresos para la Administración", concluye.
"Entrada oculta y artificiosa de Goldman Sachs"
Por último, el fiscal analiza la "entrada oculta y artificiosa" de Goldman Sachs en la enajenación de los bienes a través de la sociedad Encasa Cibeles. Las promociones fueron adjudicadas al fondo de inversión Azora, que según el fiscal está participada íntegramente por ELQ Holdings, radicada en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por Goldman Sachs.
Otro dato que resalta el fiscal es que el auditor independiente de ELQ es Price Waterhouse Coopers (PWC), "la misma quien a través de su filial española realizó labores de asesoramiento en el proceso de enajenación de las viviendas". El informe de asesoramiento, sin embargo, "se entregó después de la memoria justificativa de Gomendio" para la enajenación de viviendas, y por un precio de 71.390 euros.
En definitiva, reitera que esta "entrada oculta refuerza la idea de la existencia de un artificio, "lo que viene a aumentar el secretismo y escasa transparencia y abona el camino a la más absoluta arbitrariedad" de la operación.
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rejon

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115......Caso Massamagrell
El juzgado de instrucción número 3 de Massamagrell ha citado en calidad de investigados a los concejales del PSPVFancisco Gómez y Josefa Sepúlveda por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos y administración desleal. La imputación se produce tras la denuncia que a mediados de febrero presentó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Bailach, que acusó a los dos representantes del PSPV de quedarse presuntamente con el dinero en metálico aportado por los feriantes que participaron en las fiestas fundacionales del mes de julio.

Francisco Gómez, que empezó la legislatura como alcalde, y Josefa Gómez están citados a declarar en el juzgado el viernes 24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales del 26-M. Bailach, en la denuncia que presentó, apunta que hasta el año 2016 los feriantes que participaban en las fiestas solían contratar algún espectáculo para colaborar con el Ayuntamiento en el programa.

A partir de 2016, y según relata Bailach en la denuncia, los feriantes tuvieron que pagar el dinero en efectivo en lugar de contratar un espectáculo. El concejal del PP cifra esos pago entre 1.500 y 2.500 euros por cada anualidad. «Cantidades que, pese a solicitarlo, no obtuvieron recibí o justificante de entrega alguno de ninguno de los concejales denunciados ni del Ayuntamiento», señala el edil del PP en su denuncia. Bailach aportó a la Fiscalía una grabación entre él y los feriantes en los que estos relatan cómo y quién pagó el dinero solicitado por el Ayuntamiento. Bailach tomó la decisión de acudir a la Justicia después de no haber recibido ninguna respuesta ni en pleno ni por escrito de cómo se gastó y dónde está el dinero recibido.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: ? €
  • Total implicados: 2
  • Año de los hechos: 2016
  • Estado judicial: Abierto
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125. Caso Iznatoraf



El exalcalde de Iznatoraf Pedro González Magaña deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén para ser juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa por el que el Ministerio Fiscal le reclama doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, los hechos se remontan al 22 de mayo de 2015 cuando el acusado, en su condición de alcalde "sin haberse sometido a debate ni haberse acordado en pleno u órgano corporativo municipal alguno, a sabiendas y con omisión de las más elementales formalidades y cauce procedimental administrativo previsto para el caso", optó por condonar una deuda a la concesionaria de la piscina municipal.
En concreto, según se recoge desde Fiscalía, le perdonó la cantidad completa que adeudaba la concesionaria al Ayuntamiento en concepto tanto de canon anual --fijado en 8.000 euros anuales-- como de consumo energético que la concesionaria habría generado por el uso continuado de la explotación concedida desde su inicio en 2007 y hasta 2015.
La compensación la llevó a cabo a cargo de unas obras que supuestamente había llevado a cabo la concesionaria en la piscina y que "habían sido indebidamente autorizadas por el acusado".
El Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, por el que se piden 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Días después de que el alcalde otorgara la compensación de la deuda, se celebraron elecciones municipales a las que ya González Magaña no se presentó tras doce años en el cargo, pasando el testigo a la actual alcaldesa, Antonia de la Paz, también del PP.
El nuevo equipo de Gobierno, detectó posibles irregularidades en muchos aspectos de la gestión que se había estado realizando, por lo que puso en conocimiento de la fiscalía todos los indicios y documentación.
También el Psoe, en la oposición, venía denunciando posibles irregularidades en la gestión de González al frente del ayuntamiento.
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@rejon, gracias por ser tan subnormal y upearme el hilo todos los dias sonrisa:... luego me mandas tus datos por MP que te ponga en nómina... meparto:... arza-killo tenías que ser...
 

rejon

Madmaxista
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3 Ene 2015
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116,,,,Caso Mercasevilla
El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha reprochado este lunes al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que pide 24 años de cárcel en relación con determinados aspectos de su gestión al frente de la lonja, que la empresa no era de su propiedad. "Mercasevilla no era propiedad de Mellet, era una empresa pública, y los poderes que tenía no eran para hacer lo que quisiera", ha aseverado el fiscal en su informe ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

El fiscal se ha referido en su informe a los cuatro hechos que se le atribuyen, como el pago de un premio extraordinario de jubilación a nueve trabajadores que se acogieron al ERE de 2007, que percibieron en total más de 250.000 euros y que, según el fiscal, esas cantidades pactadas eran "excesivas" y no se podían pactar teniendo en cuenta además que Mercasevilla era una "empresa en crisis" y esto suponía "gastar más dinero en una empresa que necesitaba una reducción de plantilla", añadiendo que cuando en mayo de 2007 se aprueba el ERE de 2007 la plantilla de trabajadores era de 170 trabajadores, casi igual a los 190 que había cuando se llevó a cabo el primer ERE cuatro años antes, en 2003.

Estas cantidades, ha agregado el fiscal, se "ocultaron" a los órganos de gobierno de la lonja y a los representantes de la sociedad estatal Mercasa, que participaba en Mercasevilla, por lo que ha concluido que se trata de un incentivo "carente de justificación y un dispendio" por parte de Mellet, hasta el punto de que el fiscal ha llegado a afirmar que se trató de una "decisión totalmente arbitraria y perjudicial para los otros trabajadores y para la propia empresa", ha insistido el fiscal.

El representante de la acusación pública ha recordado que la prejubilación era una decisión voluntaria, "no es seguir trabajando y cobrando lo mismo de cuanto se está trabajando", por lo que ha considerado que "no está justificada la salida de estos fondos" de las cuentas de la entidad, para la que se aprobó un ERE de 13,5 millones para 64 personas de los cuales aportaba la Junta el 90% y Mercasevilla el 10% restante, en el que no se hace "ninguna mención a los incentivos" a estos nueve trabajadores.

Al inicio de su informe, el fiscal ha aludido también al ex director general de Mercasevilla, del que ha puesto de manifiesto su "predisposición a enmascarar" las cuentas o a hallar fórmulas alternativas para que las mismas arrojaran un resultado positivo.

Sobre el contrato con Hermes Consulting para buscar la financiación del ERE, el fiscal ha dicho que no responde a la realidad y se trata de un "escaparate formal para poder adelantar dinero" al comercial de Vitalia Francisco González, al que se abonó un anticipo de 6.000 euros que finalmente se empleó en el ERE de Cash Lepe, y después de este pago "no hubo una actuación real" por parte de la empresa, ha dicho.

El fiscal ha afirmado sobre varios pagos realizados por Mercasevilla a la asociación de Mayoristas de Pescado que no existen en las actas de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de Administración ninguna referencia a la "labor de asesoramiento genérica o específica" por parte de los mayoristas, ni tampoco "ningún contrato que dé soporte a la labor de asesoramiento".

El último aspecto que se enjuicia en esta macrocausa devaluada -las investigaciones se iniciaron por un supuesto delito societario en la gestión de la contabilidad de la lonja- es la beca de 24.000 euros que se concedió a Carmen Vela, hija del presidente de la asociación de mayoristas de pescado para que estudiara diseño en Londres. El fiscal ha insistido en que tampoco existe un soporte documental del "por qué se da esta ayuda", de la que ha afirmado "no hay convocatoria, ni requisitos, ni acto formal de concesión", y ha citado las declaraciones de Regla Pereira, trabajadora del mercado, que afirmó que "no recordaba ayudas similares a la de Carmen Vela".

Entre tres y 24 años de cárcel

Por todo ello, la Fiscalía de Sevilla ha mantenido la petición de una condena de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación absoluta para Fernando Mellet, a quien atribuye junto a los otros 13 acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 449.164,74 euros.

La acusación pública ha imputado a Mellet un delito de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de malversación, por los que solicita un total de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, reclama que Mellet devuelva a Mercasevilla solidariamente con los otros acusados la cantidad supuestamente malversados.

El Ministerio Fiscal ha pedido igualmente cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para los administradores de Hermes Consulting Francisco Limón Romero y Francisco José González García, otros cuatro años de prisión para el presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela Adame, y tres años de prisión para la hija de éste, Carmen Vela. En estos dos últimos casos, la Fiscalía les atribuye un delito de malversación en relación con los pagos de unos palets a la asociación y de una beca de estudios en Londres, respectivamente.

La acusación pública ha reclamado otros tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para los nueve prejubilados en el ERE de 2007 Pilar Giraldo –que fue responsable del departamento de Contabilidad de Mercasevilla–, Cristóbal C. R., Antonio P. L., José C. G., Eduardo C. L., Salvador O. B., José P. S., Fernando R. T., y José Manuel G. N., quienes recibieron un premio extraordinario por su jubilación.

Al inicio de la sesión número 13 del juicio, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha procedido a elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en este caso y sólo ha modificado algunos aspectos de la redacción de los hechos enjuiciados, pero no de los delitos y las penas solicitadas para los 14 acusados.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Mercasevilla se adherido al informe del fiscal y ha criticado la insuficiencia de soportes documentales de gasto, así como que muchos de estos gastos no han sido puestos en conocimiento de los órganos de gobierno del mercado y también ha destacado la extralimitación de poderes de Mellet, por lo que ha reclamado finalmente una indemnización por los 449.164,74 euros de perjuicio supuestamente causado a la entidad.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 449.000 €
  • Total implicados: 14
  • Año de los hechos: 2007
  • Estado judicial: Abierto
PSOE


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126. Caso Jadraque



El juzgado de instrucción número 1 de Sigüenza ha citado a declarar como imputados a dos hermanos del alcalde de Jadraque, Alberto Luis Domínguez, imputado también, y a un empresario, por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de gasóleo de edificios municipales. Este regidor ha sido denunciado por un vecino del municipio, que le acusa de contratar directamente y sin concurso público el servicio de suministro de gasóleo con la empresa que dirigía antes de ser alcalde, y en la que también figuran como socios sus hermanos Jorge y María Gloria Domínguez Luis. En su denuncia, este vecino acusaba al alcalde y al resto de socios de la empresa de cometer varios delitos como «negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho, defraudación a la Administración, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación continuada».
Además, la juez Lorenzo ha pedido al Ayuntamiento de Jadraque que «a la mayor brevedad posible remita a este juzgado el contrato de suministro de carburante» entre el Consistorio y la empresa de los imputados, así como «las facturas de combustible pagadas por el consistorio -a dicha empresa- desde el año 2011 hasta el día de la fecha».
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rejon

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117...Caso Mercasevilla/Escuela Hostelería

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, y Daniel Ponce, ex director adjunto, tras confirmar la condena a ambos de 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho. La resolución hace referencia al fallo sobre la mordida de 450.000 euros solicitada a unos empresarios de La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de esta sociedad mixta.

En un auto, la Sala de lo Penal del Supremo resuelve en primer lugar el incidente de nulidad presentado por la defensa de Fernando Mellet, que pidió la nulidad argumentando fundamentalmente que debió excluirse como prueba en el juicio la grabación de la conversación que mantuvieron con los empresarios. El abogado de Mellet recordaba que "afirmó que, con arreglo a varios precedentes judiciales, la obtención de las declaraciones de los dos acusados que se vierten en la grabación eran nulas por no haberse respetado el derecho fundamental de ambos a no declarar contra sí mismos" y "por haberse provocado las manifestaciones de los dos acusados mediante la preparación de una segunda conversación o entrevista, celebrada el 27 de enero de 2009, en la que exigieron dinero a los dos empresarios como condición para obtener por parte de la Junta una concesión de la explotación" de la escuela de hostelería.

"Entiende la defensa de Mellet que se está ante una prueba ilícita que debe generar la nulidad de todas las actuaciones y determinar así la absolución de su defendido", señala el Supremo, que asevera que este argumento "no puede acogerse dado que en la causa no se da un vicio procesal que anule el sólido y contundente material probatorio que figura en el procedimiento, pues, tal y como ya se advirtió en la sentencia de casación, concurre una prueba de cargo plural y copiosa que no deriva de la declaración grabada sobre la que tanto enfatiza la defensa". Además, añade el Supremo, "así se lo advirtió el tribunal del jurado cuando, en el folio 38 de su sentencia, se afirma que sin precisar acudir a la grabación de la conversación de los dos acusados con los testigos objeto del soborno, concurría prueba suficiente y apta para fundamentar la condena".

En esta conversación, Daniel Ponce "le exige ya" a uno de los empresarios el 16 de enero de 2009 "una cantidad de dinero para la concesión de la explotación de la escuela de hostelería", por lo que "fue después de esta primera acción de soborno" cuando los dos empresarios "acudieron a comunicar los hechos" a un funcionario de la Junta, "quien les dice que es importante conseguir grabar un segundo encuentro para constatar la autoría de los acusados". "Por consiguiente, los hechos surgen sin una prueba ilícita previa que los haga aflorar ni que los provoque", sino que "las declaraciones testificales prestadas" por los dos empresarios "sobornados" y por el referido funcionario "son suficientes para acreditar la autoría de los dos acusados con respecto al núcleo de la acción delictiva".

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.:?? €
  • Total implicados: 2
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PSOE
 

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127. Caso La Fabriquilla



Concesión de la licencia para construir diez chalés en una finca homónima del municipio de Roquetas de Mar (Almería). Archivado




Gabriel Amat Ayllón

  • Situación Judicial: Caso archivado
  • Delito: Prevaricación administrativa
  • Cargo: Alcalde de Roquetas y presidente del PP de Mierdería

El 9 de febrero de 2016 Si bien se cumplía uno de los requisitos que integran el "tipo objetivo" del delito de prevaricación, no resultó "acreditado indiciariamente que, en efecto, alguno de los imputados actuara a sabiendas de la contrariedad a sabiendas de su injusticia".
 

rejon

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118... Caso Mercasevilla/Guardería
El titular del juzgado de instrucción 7 de Sevilla ha procesado al exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación, en 2004, de la guardería de la lonja a la empresa Gestión Mohefa por 24.000 euros sin tener competencia para ello.

Según han confirmado a Efe fuentes del TSJA, el juez Fernando Martínez dictó el 31 de diciembre el auto de transformación de estas diligencias de investigación en procedimiento abreviado, por el que procesa a Mellet por estos hechos y da traslado a la Fiscalía para que califique los presuntos delitos y plantee su escrito de acusación.

Mellet ya fue condenado a 21 meses de inhabilitación por pedir 450.000 euros en comisiones ilegales como condición para adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por un presunto delito societario en la gestión de la lonja, una de las seis piezas en las que se dividió la causa de Mercasevilla -germen del caso ERE- pendiente de juicio.

Por contra, fue absuelto en la pieza que juzgó un presunto fraude en la venta de suelos de la lonja junto a exresponsables del Ayuntamiento de Sevilla acusados, entre ellos el exteniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

En la pieza sobre la adjudicación de la guardería de Mercasevilla era el único investigado, a raíz de la denuncia de los titulares de Mercasevilla por adjudicar el 17 de febrero de 2004 la concesión administrativa de la escuela infantil de Mercasevilla «sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia».

El adjudicatario fue Gestión Mohefa S.A., que abonó a Mercasevilla 24.000 euros y a la que Mellet no informó de que «en breves fechas iba a tener lugar una reunión de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que podría no externalizar la gestión de la guardería infantil», según la denuncia.

Además, no informó del contrato que firmó a los órganos societarios de Mercasevilla, reunidos el 8 de marzo de 2004, e incluso mantuvo que «estaba pendiente de adjudicar la concesión de la gestión de la guardería».

Inicialmente, esta pieza se tramitó para su enjuiciamiento por un jurado popular por un delito de malversación si bien tras un recurso de la Fiscalía, y al investigarse también un delito de prevaricación, el instructor reorientó el proceso para elevar su enjuiciamiento a un tribunal profesional.

El auto de procedimiento abreviado fue dictado por el titular del juzgado el último día antes de su jubilación por lo que será sus sustituto quien, tras recibir los escritos de acusación y defensa, ordene la apertura de juicio oral.
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 24.000 €
  • Total implicados: 1
  • Año de los hechos: 2004
  • Estado judicial: Abierto
PSOE


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128. Caso La Sal



Acs se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Entre la información intervenida, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA. La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS. “Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.
Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.
Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. “Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.
Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos. La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos
Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.
El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.
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119....Caso Miraflores
El exalcalde de Miraflores de la Sierra, José Esteban Esteban, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. En 2007 el entonces alcalde aprobó la construcción de una urbanización en el cauce del arroyo El Carrascal, conociendo esta circunstancia y sin contar con los informes y autorizaciones preceptivas. Ecologistas en Acción que ha sido acusación particular en el procedimiento, se siente satisfecha con el fallo judicial.

El 26 de enero de 2007, el entonces alcalde de Miraflores de la Sierra, el socialista José Esteban Esteban, aprobó definitivamente por decreto, el proyecto de urbanización del ámbito denominado El Tomillar. Esta decisión se tomó a pesar de que el movimiento vecinal agrupado alrededor de la plataforma SOS Miraflores y Asociación Ecologista Peñalosa-Ecologistas en Acción Miraflores de la Sierra, se venía oponiendo a la realización de la urbanización, basándose en informes geológicos que lo desaconsejaban. La construcción de la urbanización El Tomillar estaba proyectada sobre una ladera de fuerte pendiente sobre el cauce del arroyo El Carrascal invadiendo el cauce.

El decreto de alcaldía que autorizó definitivamente la urbanización se emitió, según ecologistas, sin atender al informe técnico del propio ayuntamiento que resolvía admitir las alegaciones vecinales, en el sentido de que el proyecto debía ser remitido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), antes de ser aprobado. De hecho cuando la CHT recibió la propuesta, emitió informe denegando la autorización, pero esto fue en mayo de 2008, cuando el alcalde había autorizado el proyecto de urbanización en enero de 2006 y se habían iniciado las obras en el 2007.

Ante estos hechos, la plataforma vecinal SOS Miraflores, presentó denuncia ante los juzgados de Colmenar Viejo que decidió paralizar cautelarmente las obras que se habían iniciado. Ecologistas en Acción, integrante de la plataforma vecinal, se personó como acusación particular desde el inicio del procedimiento.

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid dice textualmente: "nos hallamos ante la adopción de una resolución por el alcalde imputado que es evidentemente arbitraria, por ser a simple vista contraria a la legalidad (...). Se acredita además que el imputado era consciente de dicha arbitrariedad al ser advertido por previas alegaciones y por el informe técnico sobre las mismas (...)".

Ecologistas en Acción se muestra satisfecha por la sentencia aunque lamenta que sea necesario recurrir a la vía judicial para paralizar actuaciones urbanísticas ilegales.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: ? €
  • Total implicados: 1
  • Año de los hechos: 2007
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
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129. Caso Lezo



El juez Eloy Velasco ha dividido el caso en las siguientes piezas:
1-Inassa y Emissao. La pieza principal es la que investiga la expansión del Canal de Isabel II en diferentes países. Velasco indaga sobre la compra de sociedades por parte de la empresa pública madrileña y el posible cobro de mordidas. La justicia ha centrado sus pesquisas en la compra de las compañía Emissao e Inassa y el presunto desvío de capitales.
2-Canal Golf. La segunda aborda las irregularidades en la adjudicación y en la gestión de Canal Golf, un campo deportivo situado en el distrito madrileño de Chamberí.
3-Tren de Navalcarnero. Se centra en la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la que se Velasco investiga ciertas irregularidades y el presunto cobro de comisiones ilegales
4-Financiación irregular del PP a través del desvío de fondos de Indra y del ICM. (se une a la investigación del caso Púnica) La financiación irregular del PP de Madrid, unida en una sola pieza
5-Blanqueo de capitales cometido, entre otros, por varios miembros de la familia del expresidente de la Comunidad de Madrid.
6-Mercasa, irregularidades en la empresa pública dedicada a prestar servicio al conjunto de la cadena alimentaria y donde trabajaba el hermano de Ignacio González como Director de Estrategia y Operaciones.
Descargar el Auto de división de piezas del Caso Lezo
 

rejon

Madmaxista
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120....Caso Paraíso
Marzo del 2017: La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al exconcejal de San Bartolomé de Tirajana Francisco Guedes (Pacuco), que aceptó sobornos de tres empresarios, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho y prevaricación. Además, condena a estos empresarios a penas de entre un año y un año y medio de prisión.
La sentencia del conocido como caso Paraíso considera probado que los empresarios Alejandro Navarro, de la constructora Mazotti, y Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera, de Construcciones Hernández Perera SL, sobornaron a concejales y técnicos del municipio turístico del sur de Gran Canaria para obtener ventajas para sus negocios.
La Justicia condena a Guedes por el delito de cohecho con Alejandro Navarro a dos años y seis meses de prisión. Además, tendrá que pagar una multa de 300.000 y será inhabilitado de empleo público durante ocho años. Por el delito de prevaricación, se le condena a la inhabilitación para cargo público durante ocho años, mientras que por el delito de cohecho con relación a Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera a otros dos años y seis meses de prisión, una multa de 4.000 euros y a ocho años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.
El tribunal también estima probado que el concejal de Contratación en aquellas fechas, José Juan Santana, cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por ello, se le condena a un año de cárcel, 2.100 euros de multa y tres años de inhabilitación.
La sentencia también estima que el arquitecto municipal Fernando Rivero cometió un delito de falsedad en documento público, por lo que se le condena a tres años de cárcel, 1.800 euros de multa y dos años de inhabilitación; y que el técnico municipal de Urbanismo Antonio Muñiz recibió sobornos e incurrió en cohecho, por lo que tendrá que ingresar dos años de cárcel, 24.000 euros de multa y siete de inhabilitación.
La sentencia concede a todos ellos el beneficio de la atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de este proceso y absuelve al hijo de Francisco Guedes, Jonás Guedes, que se enfrentaba a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de ocho años de cárcel por dos delitos de cohecho.
En los hechos probados, el tribunal declara que entre los años 2006 y 2007, los acusados, con la "exclusiva finalidad de satisfacer sus particulares intereses patrimoniales, y en detrimento del correcto funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, se concentraron para obtener resoluciones del Ayuntamiento de Santa Bartolomé de Tirajana que les favorecieran".
Así mismo, entiende que esas resoluciones se dictaron con "omisión de las más elementales garantías y trámites establecidos en la legislación administrativa" y que tanto el edil Francisco Guedes como el funcionario Antonio Muñiz solicitaron diversas prestaciones económicas que fueron satisfechas por los empresarios Alejandro Navarro y Antonio Hernández y su hijo.
El tribunal hace hincapié en el hecho de que en el Ayuntamiento, tras una moción de censura al gobierno del PP, se constituyó en 2005 uno nuevo formado por PSOE, NC y CCN, con lo cual el voto de cada uno de los concejales era determinante para aprobar los asuntos en los plenos municipales y ello pese a la dimisión de los ediles del populares que se produjo al final del mandato de la corporación.
Añade que uno de estos concejales era Guedes, del PSOE, cuyo hijo, que ha sido absuelto, tenía una sociedad a su nombre Excursiones Marítimas SL, que fue utilizada para recibir las comisiones que pagaban los empresarios inculpados en esta causa.
El tribunal exculpa a Jonás Guedes porque considera que solo figuraba como titular de esa empresa a efectos formales y que toda la actividad delictiva la realizó su padre.
De Navarro, el edil Guedes obtuvo al menos 240.000 euros en gastos de reparación del barco Atlantis con el que se hacían las excursiones, en nóminas y suministros, entre otros conceptos, y de los otros dos empresarios condenados logró en reparaciones y suministros para el buque 3.606 euros, así como que llevaran a cabo obras en su vivienda o la de su madre.
Los empresarios, a su vez, consiguieron en el caso de Navarro, el voto de Guedes a favor de la tramitación del expediente "Procedimiento de Contratación de Poblado Cesa, Segunda Fase" por parte de su empresa, y en el de la empresa Construcciones Hernández Perera, la tramitación del procedimiento de desafección y posterior enajenación de la parcela municipal "Campo de fútbol de Aldea Blanca" que querían adquirir.
El tribunal ha impuesto las penas mínimas a todos los imputados, salvo a Guedes y a Antonio Navarro. Para ello, alega que, aunque el atenuante de las dilaciones indebidas no sea muy cualificada, se trata de hechos ocurridos hace ya diez años, "un largo período de tiempo en el que las circunstancias personales de los acusados han variado sustancialmente".
A Guedes se le imponen penas dentro de la mitad inferior a las legalmente previstas, cercanas a las mínimas pero sin llegar a serlo, pues se considera que este acusado se dedicaba a pedir dávidas a los empresarios que tenían interés en algún asunto y lo hacía de forma reiterada, como se ha podido comprobar con las intervenciones telefónicas, donde continuamente está pidiendo dinero o servicios de trabajadores para la reparación del barco.
Con Navarro Miñón entiende que de las conversaciones telefónicas se desprende que el contacto con Guedes es continuo y no para un caso puntual, por lo que tampoco le impone las mínimas penas.
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Canarias
  • Coste aprox.: 243.000 €
  • Total implicados: 7
  • Año de los hechos: 2006
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PSOE