NWO: El Gran Golpe Final, by Renko (3er hilo)

George Ivánovich

लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु
Desde
5 Abr 2018
Mensajes
1.563
Reputación
2.763
Iñaki Gabilondo: “Yo al dolor lo conozco de querida madre”
Jesús Ruiz Mantilla


Señoras y señores, con ustedes, Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 77 años).
Pregunta. ¿Qué es el sentido común?
Respuesta. ¿Perdón?
P. El sentido común, ¿qué es?
R. Como diría aquel sobre el humor inteligente: el que me hace gracia a mí. Pero debe ser algo así como el sentimiento compartido por una amplia mayoría, avalado por una gran parte del tiempo y de las generaciones. Pero defienden el sentido común muchas veces los que lo creen sentido propio y lo invocan con esos parámetros, y no es eso.
P. O sea, que no existe. ¿Nos lo hemos cargado?
R. Se ha fraccionado. Está roto en múltiples trocitos y encontramos muy poca base común a casi nada. En la política, por la polarización; en los gustos, en las costumbres, en los criterios de valoración de comportamientos, ha volado. Tengo la impresión de que contamos con un fondo vinculado al sentimiento de la decencia, la ética.
P. ¿Y ese anda callado? ¿Por qué no lo escuchamos más alto?
R. Lo dice Emilio Lledó: hay elementos naturales, como la tierra, el fuego, que son concretos. Pero existen otros intangibles, como la belleza, el amor, invisibles.
P. Lledó recurre a Platón cuando dice “lo bello es difícil”.
R. Aristóteles, que era un chico listo, habla de lo importante que es la decencia. Eso que nos parecen cosas de madre. Son asuntos vulnerables: lo que sabes que no debes hacer. Ahora cuesta mucho encontrarlo.
P. ¿Estamos instalados en la época en la que la confusión gana diez a cero al raciocinio?
R. Las noticias falsas ahondan en eso. La mentira ha existido toda la vida; el problema es que ahora existen fábricas donde se inventan deliberadamente para conseguir objetivos concretos. No tenemos capacidad de digerir la información. Esta es la sociedad más escéptica que ha existido y, por el contrario, la más crédula. No lo entiendo. Es un problema tremendo. Un mundo se ha muerto y otro está naciendo.
P. ¿Cuál será mejor?
R. Todo lo anterior que muere tenía algo de bueno, que da pena que haya desaparecido, y lo nuevo que llega algo bueno, que es importante que haya llegado, no sé quién decía eso, pero vale. Cada niño que nace debe aprender que el fuego quema. Bueno, no sé a qué iba, pero, en fin…
P. ¿Qué nos ha hecho el bichito?
R. Ahondar en la confusión, que ya estaba ahí. Primero, un susto padre. Después, una mirada renovada sobre un espíritu solidario. Eso dura tres pestañeos. ¿Qué deja? Difícil saberlo. El otoño, eso sí, será espeluznante. Por los estragos socioeconómicos. Y entonces, veremos.
P. ¿Tiene miedo?
R. Yo nunca he tenido miedo.
P. ¿De verdad?
R. Tengo un rasgo difícil de entender para quienes me conocen. Dicen que soy la persona que menos ha temido hacerse viejo, ponerse enfermo y morirse. Acepto con naturalidad este juego de la vida. Eso me da mucha tranquilidad, me la ha dado en los momentos más brutales. Serenidad para no dejar de disfrutar. Miedo, no tengo.
P. Miedo, quizás no, ¿pero dolor?
R. Bueno, dolor es otra cosa: sé lo que es, me lo conozco de querida madre. Mi primera mujer murió con 30 años, me puse enfermo y casi acabo en el otro barrio, y mi hija también enfermó. El dolor es una frutada. Pero nada duele tanto como ver sufrir a quien quieres. Eso es empírico, no hay color. Prefiero 40 veces el calvario que yo aguanté con mi enfermedad que el tiempo que pasé viendo morir a mi mujer. Pero es que los médicos dicen que yo tengo muy alto mi umbral del dolor. Que no me pongo nervioso. Me he llegado a dormir en la puerta de un quirófano; voy muy relajao.
P. Bueno…
R. Lo que necesito es mucha información, si voy a sufrir o me voy a ahogar. Quiero saber cuánto tiempo dura eso. Quiero que me lo cuenten sin insensateces. Me preparo y ya está.
P. Necesita información, no consuelo.
R. Sí; no sabes lo que yo disfruto con la información. Si sé que un mal me va a durar 35 segundos, duele menos. Y he disfrutado como un lobo, soy muy apasionado.
P. ¿Qué le apasiona?
R. El hecho de vivir. La sorpresa de estar vivo. Me levanto con esa alegría, diría que incluso eufórico. Salgo con la mochila llena y luego la va restando el día. ¿Lo que más me gusta? La música, los libros, el monte, el mar, comer, beber… Tendría dificultades para vivir en una casa donde no se tuviera en cuenta eso. Respecto a la gente que no le gusta comer, yo, con ese dato, me quedo muy parado. A lo mejor soy un tarugo por prejuzgar de esa manera, pero prejuzgo.
P. ¿Qué es un micrófono?
R. Un micrófono es la gente. Ellos no lo saben, pero, en la radio, a la gente se la ve. Yo tenía la obsesión cuando conducía Hoy por hoy de que no olvidáramos que la gente nos oye. Les ponía cara y nombre. Esa presencia debe estar.
P. ¿Qué hacemos con la Monarquía?
R. El asunto es de extraordinaria gravedad y la erosión colosal. Temo que esto inicie un proceso de deterioro muy agudo y que se aceleren las cosas. Veo a la institución muy tocada. Como en un final de etapa. Encima, todo esto ha abierto un capítulo de vergüenza que ha degradado a mi generación públicamente. Se ha degradado él, ha degradado a la institución y con él nos hemos degradado los que acompañamos el proceso. Hemos sido desnudados y yo me siento avergonzado.
 

renko

Madmaxista
Desde
17 Jun 2016
Mensajes
10.143
Reputación
37.445
Os dejo un vídeo de una monja argentina que expone parte de lo que va este hilo, porque falta el gran actor HbT. No la conozco de nada y a esos sacerdotes que menciona y orden a la que ella pertenece, pero me ha parecido interesante. Quizá renko pueda añadir algo.

Va bastante bien encaminada esta monja. Solo hay que matizar algunas cosas.

- La banderilla no es para exterminar a la población, como dice. De hecho nos quieren vivos. Quizá bastantes menos de los que somos actualmente en el mundo, pero fundamentalmente nos quieren vivos. Eso si, sometidos y alienados. Más sometidos y alienados que nunca.

Como ellos siempre matan varios pájaros de un tiro, la banderilla tendrá varios cometidos: ya hemos dicho que irá vinculada al chip. Nos lo traerá de rebote.
Pero lo más inquietante es que efectivamente, y como hemos especulado ya aquí, modificará nuestro ADN. Digamos que nos convertirá en seres humanos transgénicos, como las famosas semillas de Monsanto.
Esa modificación del ADN estoy seguro de que es para dar de baja de la suscripción de la vida nuestra espiritualidad, nuestra posibilidad de liberación espiritual. Estoy convencido de que de alguna manera se pretende neutralizar eso que yo llamo "tecla", única via al alcance del ser humano para obtener la liberación espiritual definitiva o santidad. Van a por eso.

- Esta señora, igual que yo, y como mucha gente de ciertos ámbitos ya afirma, considera a Bergoglio como el Falso Profeta de Apocalipsis, esa autoridad religiosa que va de la mano con la Bestia o Anticristo (autoridad política). Vamos, el nº 2 del NWO definitivo.

- Afirma que Soros, Gates, la ONU.... han tomado el control del Vaticano a través de Bergoglio. Es al revés. Bergoglio está en lo más alto de la pirámide del poder mundial. Ahora mismo ocupa el mismísimo vértice. Los anteriores son solo peones suyos, peones que pueden ser sacrificados si es menester.


- Una lectura final: Esta entrañable señora pone de manifiesto algo que vengo afirmando desde el minuto uno: el cisma de facto que hay en el Vaticano. Algo que, a pesar de alguna escaramuza puntual, no acaba de hacerse patente para el gran público todavía, pero que acabará enfrentando a católicos contra católicos, cardenales contra cardenales, ya de forma abierta.

El único enemigo o escollo que tienen los jesuitas, lo tienen dentro de casa. Pero acabarán con ellos fácilmente. Los harán quedar como intolerantes, extremistas, conservadores, cerrados.... lo contrario a los postulados "progres" que Francisco defiende. Serán metidos en el mismo saco que a Trump y a todos estos malos oficiales de los que ya he hablado.
 
Última edición:

Peltasta

Madmaxista
Desde
2 Abr 2019
Mensajes
171
Reputación
711
Ahí van los 2 que quedan:
Es hora de reubicar la religión en el espacio público: derogar los Acuerdos con la santa Sede, devolver los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela

En julio de 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacrónica en una sociedad secularizada, con un amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede —Concordato encubierto—, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos anticonstitucionales.

Cuatro décadas después, la religión, y más concretamente la Iglesia católica, no ha encontrado su lugar en la sociedad española ni su encaje en la estructura del Estado. La razón de tal situación hay que buscarla, en mi opinión, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicción en el mismo artículo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia católica en una situación de precedencia: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”.

Desde el comienzo de la Transición viene salvándose una lucha por la hegemonía en la esfera pública entre el poder político, que con frecuencia ha dado muestras de debilidad y sumisión ante la jerarquía católica, y esta, que ha aprovechado la debilidad de los sucesivos Gobiernos de la democracia —fueran de izquierda, de derecha o de centro— para obtener más privilegios sin contrapartida alguna y una relevancia política que no le corresponde en un Estado democrático. Más aún, se ha querido erigir en cuarto poder, y en algunos casos lo ha ejercido de hecho, e incluso en el primer poder, sobre todo en los terrenos moral, legislativo y judicial.

El último ejemplo de la pugna por la hegemonía en el espacio público por parte de la jerarquía católica ha sido el de los dos funerales por las víctimas de la el bichito-19. El Gobierno español anunció la celebración de un funeral de Estado y le puso fecha. La Conferencia Episcopal Española, conocedora de dicha iniciativa, se adelantó a la fecha propuesta por el Gobierno y celebró un funeral católico en la Catedral de la Almudena por todas las víctimas, que contó con la oposición expresa de algunos familiares, que pidieron expresamente no ser incluidos en el mismo y el desacuerdo de algunos colectivos dentro de la propia Iglesia católica, que vieron en el acto un desafío el Gobierno.

Los obispos quisieron convertir el acto religioso en funeral de Estado con la invitación al Rey, Felipe VI, que asistió en calidad de Jefe del Estado, y al Gobierno español, que estuvo representado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen alopécico. Así fue entendido por los sectores conservadores y por una parte de la oposición política, y esa fue la imagen que quedó en el imaginario social. La lucha católica por la hegemonía y la confesionalización del dolor en una situación dramática como la que estamos viviendo no puede ser el camino para apoyar a las víctimas y consolar a sus familiares. La respuesta está en el acompañamiento personal y comunitario en el dolor, la compasión con las personas que sufren, la puesta en marcha de proyectos de solidaridad con quienes están soportando de manera más acusada las consecuencias de la el bichito-19 para ayudarles a salir de la situación de precariedad en que los ha puesto la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, así como la puesta a disposición de las personas enfermas y sus familiares de todos los recursos institucionales y personales sanitarios de la Iglesia católica.

Cuarenta años después de la LOLR es hora de decir adiós definitivamente a la Cristiandad, de la que todavía quedan importantes restos en la práctica política, y reubicar la religión en el espacio público. Ello implica reformar los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución, que mantienen una confesionalidad católica encubierta, del Estado; derogar los Acuerdos con la Santa Sede, contrarios a la laicidad, a la igualdad de las religiones ante la ley y a la neutralidad del Estado en materia religiosa; derogar la LOLR y elaborar de una ley de Libertad de Conciencia; devolver sin dilación los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y ponerlos al servicio de la ciudadanía; eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela e introducir la enseñanza de la historia de las religiones; la renuncia de la Iglesia católica a las distintas formas de financiación estatal.

¿Significa esto recluir a las religiones en los lugares de culto y en la esfera privada? No. Ellas tienen una dimensión crítico-pública irrenunciable que deben ejercer al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero no como cogobernantes y colegisladoras.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro es Hermano Islam (Editorial Trotta).
Las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito no obligan a pronunciarse sobre la monarquía o la república, sino a admitir o rechazar la Constitución como medio para resolver el problema

Las noticias aparecidas sobre el patrimonio oculto del rey emérito, Juan Carlos I, han propiciado que algunos partidos políticos y sectores de opinión consideren llegado el momento de sustituir la monarquía parlamentaria establecida en la Constitución de 1978 por una república. Arrancando desde este perentorio punto de partida, parecería que todos y cada uno de los ciudadanos —y más quienes, por el motivo que sea, toman la palabra en público— están obligados a definirse como republicanos o monárquicos, al menos en la forma atenuada que ha representado hasta ahora el juancarlismo. En realidad, lo que falla es la premisa: las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito no obligan a pronunciarse sobre la monarquía o la república, sino a admitir o rechazar la Constitución como instrumento para resolver este gravísimo problema. Porque es de suponer que nadie con responsabilidades políticas o sin ellas estará contemplando la temeraria posibilidad de suspender por vías de hecho el sistema político en vigor, invocando para ello la actuación del rey emérito, y, a partir de este vacío, poner en pie una república. Dicho en otros términos: incluso para convertir España en una república habría que partir del orden constitucional de 1978 y aplicar sus procedimientos de reforma, salvo que se proponga un excitante rodeo a través del caos.

Planteada la cuestión en estos términos, la solución más inmediata es invocar un principio pragmático, recordando que no es el momento de sumar una crisis de esta envergadura a las muchas que atraviesa el país, azotado por una esa época en el 2020 de la que yo le hablo y en vísperas de una crisis económica sin precedentes. La mayor debilidad de este argumento es que, al instalarse en el terreno de la razón política y no en el de la razón institucional, parece sugerir que en este último no hay nada que hacer, porque, de manera implícita, se toma a la monarquía por una causa perdida. Pero es que en el terreno de la razón institucional no es ni una causa perdida ni tampoco una causa que defender, sino parte de una Constitución que es la que debería recibir el apoyo. El hecho de que las malas prácticas pudieran haber llegado hasta las más altas magistraturas del Estado coloca ante un dilema que no es nuevo ni en España ni en Europa: cuando las sospechas de corrupción han hecho mella en órganos esenciales de un sistema democrático, ¿qué hacer?, ¿combatir la corrupción preservando el sistema o derogar el sistema con la excusa de la corrupción? Es a esta disyuntiva a la que están respondiendo sin decirlo algunas fuerzas políticas y sectores de opinión, ocultándola detrás de la que contrapone la monarquía a la república. Por lo demás, con una legitimidad incontestable, porque promover la conversión de España en una república no está prohibido por la Constitución y su aplicación sólo depende del respeto de las mayorías y los procedimientos.

Desde el punto de vista de la razón institucional, la posibilidad de que el rey emérito sea juzgado por los tribunales españoles significa que el sistema que deriva de la Constitución no es propiedad del que fuera primer titular de la Corona, por mucho que su actuación resultara decisiva para su elaboración y consolidación. Una vez aprobado por las Cortes constituyentes y ratificado en referéndum, el sistema constitucional pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos, y es por eso por lo que unos tribunales democráticamente legitimados podrían, llegado el caso, pedir cuentas a don Juan Carlos por actos realizados durante los años en los que ejerció como jefe del Estado y también durante los que dejó de serlo. Por lo que respecta a los primeros, puede que los jueces lleguen a la conclusión de que sus actos, de confirmarse ilícitos, no son perseguibles sea cual sea su naturaleza, y en ese caso no es que el rey emérito habría escapado a la ley, sino que la ley se habría cumplido en su integridad. Porque, guste o no, la inviolabilidad es lo que la Constitución establece para las acciones del jefe del Estado, no a consecuencia de una singularidad sólo contemplada en España, sino en línea con lo que establecen otras constituciones democráticas del mundo. Aun así, no puede perderse de vista que, si el fiscal elevase el caso a los jueces por encontrar indicios de delito, y los jueces dejaran de entrar en él a causa de la inviolabilidad, el implícito reproche judicial no sería poco apreciable. Con la consecuencia adicional de que es dudoso que el sistema debiera conformarse con una jurisprudencia como la que, ateniéndose a las normas en vigor, sentara la inviolabilidad del jefe del Estado por cualquier acto, relacionado o no con su función: la reforma constitucional se impondría, por más que no pudiera aplicarse retroactivamente.

En cualquier caso, los presuntos actos ilícitos del rey emérito podrían haber tenido lugar también cuando ya no era jefe del Estado, siempre según algunas informaciones. La decisión a la que se enfrentaría en este supuesto la justicia y, tras ella, el resto de los poderes constitucionales es trascendental para el sistema. A nadie puede escapar que un proceso judicial con el rey emérito sentado en el banquillo conllevaría un profundo desgaste político, tanto interno como, sin duda, internacional. A cambio, abrir ese proceso si existieran causas legales para hacerlo sería la prueba de que la primacía de la ley no es un principio disponible en función de la persona que comparezca ante los jueces. Anteponer la razón política a la razón institucional en esta disyuntiva, infinitamente más probable que la que pretende enfrentar a la monarquía con la república, podría conducir a que, por evitar la imagen de un rey juzgado por una justicia que tanto tiempo se administró en su nombre, se provoque una incontenible frustración ciudadana contra un sistema al que, buscando protegerlo, se habría debilitado fatalmente.

El rey emérito decidió abandonar La Zarzuela, o tal vez fue invitado a hacerlo. En cualquier caso, salió de España y se instaló en un tercer Estado no confirmado oficialmente, del que, eso sí, se comprometió a regresar si es requerido por los tribunales, desmintiendo cualquier acusación de huida. No se han explicado suficientemente los motivos por los que don Juan Carlos debía abandonar su residencia cuando no está incurso en ninguna causa judicial, salvo que sean los mismos por los que cada vez se ofrece más bisutería propagandística y menos claridad política a los ciudadanos. Pero tampoco, que se sepa, parece haberse tomado conciencia de lo que este viaje al extranjero da a entender, como si lo único que importase fuera adivinar el destino final y las razones por las que habría sido escogido. Queriéndolo o sin querer, lo cierto es que el rey emérito está transmitiendo la impresión de que las instituciones han sido colocadas ante la disyuntiva de buscar la salida con él o contra él. Puede que la razón política haya llevado a todas las partes a ignorar que esto es así.

Pero lo que la razón institucional exigiría es que don Juan Carlos regrese a España, si no por otras razones, al menos por la de preservar la obra política en la que tuvo un papel protagonista. El daño que ha infligido a su propia reputación es probablemente irrecuperable, y eso es algo que le afecta a él como persona y como figura que, sin duda, tiene un lugar reservado en la historia. Pero infligir daños al sistema constitucional debería ser un límite infranqueable, tanto por él mismo como por la convivencia democrática. Y, por qué no, también por los ciudadanos que le otorgaron su confianza durante tantos años, los mejores de la reciente historia institucional de España.

José María Ridao es escritor.
 

renko

Madmaxista
Desde
17 Jun 2016
Mensajes
10.143
Reputación
37.445
Empieza a ser preocupante lo de EEUU. Toda la pinta de acabar en guerra civil.

Wisconsin moviliza al Ejército ante la ola de disturbios raciales

Esta tarde se sabrá si la NBA se para definitivamente. Las plantillas de Lakers, Clippers y Bucks, justo los favoritos al título, optan por abandonar. Y LeBron tiene mucho peso. A mi jorobaría bastante que pararan porque lo estoy siguiendo sonrisa:

Ya he dicho que lo de EEUU va a ser especialmente dantesco. Va a ser terrorífico ver como se desmorona ese coloso por los cuatro costados. Socialmente, económicamente (dólar KO), militarmente y como referente cultural..... y hasta climatológicamente ya que "casualmente" va a recibir más catástrofes naturales que ninguna otra región del globo. Ya he explicado porqué

Se va a derramar mucha sangre en ese pais.

.........................


Para el futuro inmediato, aprovecho para repetir que Trump seguirá en el poder. No puede ser de otra manera...... pero añado: es muy probable que lo haga de forma irregular o que pueda pasar por antidemocrática. Al menos eso se le achacaría desde la izquierda que tanto le acosa y criminaliza en su pais. En todo caso, por las buenas o por las malas, seguirá de presidente.

A Trump lo van a acabar haciendo picadillo y culpándolo de todo lo horrible que le espera a esa nación. Va a ser provocado desde la izquierda para que actúe de manera que todas las medidas que implemente para mantener el orden y el control, se vuelvan en su contra.
Los jesuitas, que le han puesto en el poder, le tienen preparada una trampa mortal.
 
Última edición:

Ultra Chad

Madmaxista
Desde
10 Jun 2012
Mensajes
334
Reputación
1.132
A ver si alguien me puede hacer un favor.

En este articulo de hoy de El Pais, ( El bichito golpea a España por segunda vez ) salen los 11 expertos que asesoran al gobierno. Es ese grupo donde parece que está Sastre, Sebastián y aquellos masonazos de los que hablabamos páginas atrás.
A mi no me deja verlo porque he agotado las visualizaciones gratis y ahora tengo que pagar para seguir viendo, pero a El Pais, ni un duro, vamos.

Si no sois lectores habitules de EP y estais suscritos, hacerle un copia/pega a todo el texto, y lo colgais aqui en un spiler (es largo). Es para ver quienes son y qué dicen. Gracias ojitos:
Por si te sirve para otra ocasión, usando el modo incógnito en el navegador, te saltas esa limitación.

¿Parece demasiado sencillo? Lo es, pero así de chapucera es la implementación de esa limitación en esa página:p
 

Concursante

Himbersor
Desde
10 Abr 2020
Mensajes
1.840
Reputación
4.321
Lugar
Siguiendo al conejo blanco
Ahí van los 2 que quedan:
Es hora de reubicar la religión en el espacio público: derogar los Acuerdos con la santa Sede, devolver los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela

En julio de 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacrónica en una sociedad secularizada, con un amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede —Concordato encubierto—, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos anticonstitucionales.

Cuatro décadas después, la religión, y más concretamente la Iglesia católica, no ha encontrado su lugar en la sociedad española ni su encaje en la estructura del Estado. La razón de tal situación hay que buscarla, en mi opinión, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicción en el mismo artículo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia católica en una situación de precedencia: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”.

Desde el comienzo de la Transición viene salvándose una lucha por la hegemonía en la esfera pública entre el poder político, que con frecuencia ha dado muestras de debilidad y sumisión ante la jerarquía católica, y esta, que ha aprovechado la debilidad de los sucesivos Gobiernos de la democracia —fueran de izquierda, de derecha o de centro— para obtener más privilegios sin contrapartida alguna y una relevancia política que no le corresponde en un Estado democrático. Más aún, se ha querido erigir en cuarto poder, y en algunos casos lo ha ejercido de hecho, e incluso en el primer poder, sobre todo en los terrenos moral, legislativo y judicial.

El último ejemplo de la pugna por la hegemonía en el espacio público por parte de la jerarquía católica ha sido el de los dos funerales por las víctimas de la el bichito-19. El Gobierno español anunció la celebración de un funeral de Estado y le puso fecha. La Conferencia Episcopal Española, conocedora de dicha iniciativa, se adelantó a la fecha propuesta por el Gobierno y celebró un funeral católico en la Catedral de la Almudena por todas las víctimas, que contó con la oposición expresa de algunos familiares, que pidieron expresamente no ser incluidos en el mismo y el desacuerdo de algunos colectivos dentro de la propia Iglesia católica, que vieron en el acto un desafío el Gobierno.

Los obispos quisieron convertir el acto religioso en funeral de Estado con la invitación al Rey, Felipe VI, que asistió en calidad de Jefe del Estado, y al Gobierno español, que estuvo representado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen alopécico. Así fue entendido por los sectores conservadores y por una parte de la oposición política, y esa fue la imagen que quedó en el imaginario social. La lucha católica por la hegemonía y la confesionalización del dolor en una situación dramática como la que estamos viviendo no puede ser el camino para apoyar a las víctimas y consolar a sus familiares. La respuesta está en el acompañamiento personal y comunitario en el dolor, la compasión con las personas que sufren, la puesta en marcha de proyectos de solidaridad con quienes están soportando de manera más acusada las consecuencias de la el bichito-19 para ayudarles a salir de la situación de precariedad en que los ha puesto la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, así como la puesta a disposición de las personas enfermas y sus familiares de todos los recursos institucionales y personales sanitarios de la Iglesia católica.

Cuarenta años después de la LOLR es hora de decir adiós definitivamente a la Cristiandad, de la que todavía quedan importantes restos en la práctica política, y reubicar la religión en el espacio público. Ello implica reformar los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución, que mantienen una confesionalidad católica encubierta, del Estado; derogar los Acuerdos con la Santa Sede, contrarios a la laicidad, a la igualdad de las religiones ante la ley y a la neutralidad del Estado en materia religiosa; derogar la LOLR y elaborar de una ley de Libertad de Conciencia; devolver sin dilación los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y ponerlos al servicio de la ciudadanía; eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela e introducir la enseñanza de la historia de las religiones; la renuncia de la Iglesia católica a las distintas formas de financiación estatal.

¿Significa esto recluir a las religiones en los lugares de culto y en la esfera privada? No. Ellas tienen una dimensión crítico-pública irrenunciable que deben ejercer al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero no como cogobernantes y colegisladoras.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro es Hermano Islam (Editorial Trotta).
Las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito no obligan a pronunciarse sobre la monarquía o la república, sino a admitir o rechazar la Constitución como medio para resolver el problema

Las noticias aparecidas sobre el patrimonio oculto del rey emérito, Juan Carlos I, han propiciado que algunos partidos políticos y sectores de opinión consideren llegado el momento de sustituir la monarquía parlamentaria establecida en la Constitución de 1978 por una república. Arrancando desde este perentorio punto de partida, parecería que todos y cada uno de los ciudadanos —y más quienes, por el motivo que sea, toman la palabra en público— están obligados a definirse como republicanos o monárquicos, al menos en la forma atenuada que ha representado hasta ahora el juancarlismo. En realidad, lo que falla es la premisa: las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito no obligan a pronunciarse sobre la monarquía o la república, sino a admitir o rechazar la Constitución como instrumento para resolver este gravísimo problema. Porque es de suponer que nadie con responsabilidades políticas o sin ellas estará contemplando la temeraria posibilidad de suspender por vías de hecho el sistema político en vigor, invocando para ello la actuación del rey emérito, y, a partir de este vacío, poner en pie una república. Dicho en otros términos: incluso para convertir España en una república habría que partir del orden constitucional de 1978 y aplicar sus procedimientos de reforma, salvo que se proponga un excitante rodeo a través del caos.

Planteada la cuestión en estos términos, la solución más inmediata es invocar un principio pragmático, recordando que no es el momento de sumar una crisis de esta envergadura a las muchas que atraviesa el país, azotado por una esa época en el 2020 de la que yo le hablo y en vísperas de una crisis económica sin precedentes. La mayor debilidad de este argumento es que, al instalarse en el terreno de la razón política y no en el de la razón institucional, parece sugerir que en este último no hay nada que hacer, porque, de manera implícita, se toma a la monarquía por una causa perdida. Pero es que en el terreno de la razón institucional no es ni una causa perdida ni tampoco una causa que defender, sino parte de una Constitución que es la que debería recibir el apoyo. El hecho de que las malas prácticas pudieran haber llegado hasta las más altas magistraturas del Estado coloca ante un dilema que no es nuevo ni en España ni en Europa: cuando las sospechas de corrupción han hecho mella en órganos esenciales de un sistema democrático, ¿qué hacer?, ¿combatir la corrupción preservando el sistema o derogar el sistema con la excusa de la corrupción? Es a esta disyuntiva a la que están respondiendo sin decirlo algunas fuerzas políticas y sectores de opinión, ocultándola detrás de la que contrapone la monarquía a la república. Por lo demás, con una legitimidad incontestable, porque promover la conversión de España en una república no está prohibido por la Constitución y su aplicación sólo depende del respeto de las mayorías y los procedimientos.

Desde el punto de vista de la razón institucional, la posibilidad de que el rey emérito sea juzgado por los tribunales españoles significa que el sistema que deriva de la Constitución no es propiedad del que fuera primer titular de la Corona, por mucho que su actuación resultara decisiva para su elaboración y consolidación. Una vez aprobado por las Cortes constituyentes y ratificado en referéndum, el sistema constitucional pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos, y es por eso por lo que unos tribunales democráticamente legitimados podrían, llegado el caso, pedir cuentas a don Juan Carlos por actos realizados durante los años en los que ejerció como jefe del Estado y también durante los que dejó de serlo. Por lo que respecta a los primeros, puede que los jueces lleguen a la conclusión de que sus actos, de confirmarse ilícitos, no son perseguibles sea cual sea su naturaleza, y en ese caso no es que el rey emérito habría escapado a la ley, sino que la ley se habría cumplido en su integridad. Porque, guste o no, la inviolabilidad es lo que la Constitución establece para las acciones del jefe del Estado, no a consecuencia de una singularidad sólo contemplada en España, sino en línea con lo que establecen otras constituciones democráticas del mundo. Aun así, no puede perderse de vista que, si el fiscal elevase el caso a los jueces por encontrar indicios de delito, y los jueces dejaran de entrar en él a causa de la inviolabilidad, el implícito reproche judicial no sería poco apreciable. Con la consecuencia adicional de que es dudoso que el sistema debiera conformarse con una jurisprudencia como la que, ateniéndose a las normas en vigor, sentara la inviolabilidad del jefe del Estado por cualquier acto, relacionado o no con su función: la reforma constitucional se impondría, por más que no pudiera aplicarse retroactivamente.

En cualquier caso, los presuntos actos ilícitos del rey emérito podrían haber tenido lugar también cuando ya no era jefe del Estado, siempre según algunas informaciones. La decisión a la que se enfrentaría en este supuesto la justicia y, tras ella, el resto de los poderes constitucionales es trascendental para el sistema. A nadie puede escapar que un proceso judicial con el rey emérito sentado en el banquillo conllevaría un profundo desgaste político, tanto interno como, sin duda, internacional. A cambio, abrir ese proceso si existieran causas legales para hacerlo sería la prueba de que la primacía de la ley no es un principio disponible en función de la persona que comparezca ante los jueces. Anteponer la razón política a la razón institucional en esta disyuntiva, infinitamente más probable que la que pretende enfrentar a la monarquía con la república, podría conducir a que, por evitar la imagen de un rey juzgado por una justicia que tanto tiempo se administró en su nombre, se provoque una incontenible frustración ciudadana contra un sistema al que, buscando protegerlo, se habría debilitado fatalmente.

El rey emérito decidió abandonar La Zarzuela, o tal vez fue invitado a hacerlo. En cualquier caso, salió de España y se instaló en un tercer Estado no confirmado oficialmente, del que, eso sí, se comprometió a regresar si es requerido por los tribunales, desmintiendo cualquier acusación de huida. No se han explicado suficientemente los motivos por los que don Juan Carlos debía abandonar su residencia cuando no está incurso en ninguna causa judicial, salvo que sean los mismos por los que cada vez se ofrece más bisutería propagandística y menos claridad política a los ciudadanos. Pero tampoco, que se sepa, parece haberse tomado conciencia de lo que este viaje al extranjero da a entender, como si lo único que importase fuera adivinar el destino final y las razones por las que habría sido escogido. Queriéndolo o sin querer, lo cierto es que el rey emérito está transmitiendo la impresión de que las instituciones han sido colocadas ante la disyuntiva de buscar la salida con él o contra él. Puede que la razón política haya llevado a todas las partes a ignorar que esto es así.

Pero lo que la razón institucional exigiría es que don Juan Carlos regrese a España, si no por otras razones, al menos por la de preservar la obra política en la que tuvo un papel protagonista. El daño que ha infligido a su propia reputación es probablemente irrecuperable, y eso es algo que le afecta a él como persona y como figura que, sin duda, tiene un lugar reservado en la historia. Pero infligir daños al sistema constitucional debería ser un límite infranqueable, tanto por él mismo como por la convivencia democrática. Y, por qué no, también por los ciudadanos que le otorgaron su confianza durante tantos años, los mejores de la reciente historia institucional de España.

José María Ridao es escritor.
Increible lo de Tamayo. Un teólogo hablando asi del crstianismo en una nacion que no existiría sin el mismo. Es aberrante tanto el mensaje como que haya gente que se lo trague.