Anónimo222
Madmaxista
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Los empleados públicos se movilizan en masa contra el Gobierno por la falta de plantilla y los salarios
Los empleados del sector público han iniciado el mes de enero con movilizaciones encadenadas desde distintas áreas de la Administración. Aunque las circunstancias son dispares,...
Los empleados del sector público han iniciado el mes de enero con movilizaciones encadenadas desde distintas áreas de la Administración. Aunque las circunstancias son dispares, las quejas son comunes: la pandemia dejó al aire las debilidades de un sector público que no cuenta con personal suficiente para acometer un volumen creciente de trabajo y sus empleados, además de saturados y sobrecargados, se sienten muy mal remunerados.
CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios y el personal laboral, detectó en el año 2020 que la Administración tenía un déficit de unos 106.000 trabajadores que en su opinión debían cubrirse en un plazo de tres años -acabando en este 2023- a los que sumaban alrededor de 280.000 trabajadores que necesitaría incorporar la Sanidad de forma específica en un plazo de diez años para homologarse a los estándares europeos de profesionales por número de pacientes.
"Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes", denuncia CSIF.
Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, el número de empleados públicos dados de alta al a Seguridad Social ha crecido en 126.799 personas, según los datos de afiliación que son coincidentes con los de la EPA. La Administración Pública, Defensa y Seguridad Social ha ganado 63.805 empleados; la Educación, 33.729 docentes; y la Sanidad, 7.381 profesionales, pero esas incorporaciones netas (la ganancia de trabajadores de cada sector descontando a los que se han perdido por jubilaciones) no resultan suficientes ni para los empleados ni para sus representantes sindicales.