Informe-de-recomendaciones-para-la-Junta-de-CyL-sobre-personas-mayores-en-residencias-y-el bichito.pdf (amnesty.org)
2º) Se produjeron considerables retrasos en la realización de pruebas diagnósticas.
3º) No existían planes de contingencia preparados para afrontar la situación con celeridad.
7º) Muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas. Lo que impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios y, probablemente, en bastantes casos, fue causa de fallecimientos. Es cierto que en Castilla y León existieron recursos intermedios para el traslado de determinados residentes, pero para evitar las importantes tasas de morbilidad y mortalidad debió favorecerse, igualmente, la derivación a un mayor número de recursos.
8º) Por razones de salud pública y con la finalidad de preservar la salud de los residentes, se fueron acordando restricciones o suspensiones en las entradas a los centros y en las salidas de los usuarios con carácter preventivo. Pero aunque las medidas de aislamiento y confinamiento (restricción de visitas, prohibición de visitas, estancias prolongadas en las habitaciones, etc…) han podido ser consideradas como necesarias para evitar la transmisión de la enfermedad, se ha colocado a los residentes en unas condiciones mucho más restrictivas que para el resto de la población. Especialmente en las primeras semanas de la crisis, no se tuvieron en cuenta las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de las personas aisladas, lo que pudo poner en peligro su salud en todos los demás aspectos no relacionados con la propagación del bichito.