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Usa. 25 septiembre 2019.


Dos venezolanos fueron detenidos y acusados en Estados Unidos por contrabando de un alijo de oro valorado en cinco millones de dólares que estaba oculto en un avión privado. Un nuevo e interesante caso de oro venezolano comercializado en el mercado negro y que podría estar vinculado al régimen de Nicolás Maduro.

Se trata del piloto Víctor Fossi Grieco y el pasajero Jean Carlos Sánchez Rojas, quiénes viajaron desde Caracas al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los detuvieron al detectar irregularidades en la parte delantera del avión, donde encontraron 104 kilos de oro.

La explotación de oro y su comercialización en el mercado negro está en manos de la Fuerza Armada de Venezuela y organizaciones delictivas en el país suramericano, como la guerrilla colombiana ELN.

Después de que se refina en Estados Unidos, el oro puede venderse a bancos, joyeros y empresas fabricantes de equipos electrónicos. El efectivo de la venta, que termina en manos del régimen de Maduro, es enviado a Venezuela a través de Colombia y el Caribe.

Ante la falta de divisas provenientes del sector petrolero, el abandono del chavismo a la estatal petrolera PDVSA y las sanciones internacionales que impiden el financiamiento de la dictadura, Maduro busca mantenerse en el poder y financiarse con la extracción ilegal de oro. Este preciado metal se ha convertido en la alternativa que tiene el dictador para obtener liquidez ante la merma de los ingresos petroleros y, sobre todo, ante las sanciones estadounidenses.


A raíz de que el régimen se ha visto cercado por las sanciones, ha decidido apropiarse del oro venezolano para comercializar con él. Esto ha traído como consecuencia la disminución de las reservas a un mínimo de ocho mil cien millones de dólares.

Venezuela ha perdido al menos 764 toneladas de oro en manos de los regímenes de Hugo Chávez y Maduro. La mayoría de las reservas simplemente desaparecieron en medio de transacciones ilícitas.

En abril el diputado y economista, José Guerra, señaló que «cuando Chávez ordenó repatriar el oro en 2012, se trajeron 850 toneladas. Hoy quedan apenas 86 toneladas. Esas son las que están sacando».



Golpe contra la mafia del oro en Venezuela: EEUU incauta 104 kilos
 

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Venezuela. 21 septiembre 2019.

Los chavistas estan ocupando las casas de los venezolanos que huyen del pais.
Tienen informacion de los venezolanos que han solicitado asilo politico en otros paises, estos son los primeros
en perder sus propiedades en Venezuela, a mano de los chavistas.


 

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Venezuela. 26 septiembre 2019.


Funcionarios chavistas protestan en las calles.
Estan cobrando un dolar al mes y quieren cobrar 600.


 

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Peru. 28 septiembre 2019.


Peru colapsada por la entrada de venezolanos.
Ademas llegan al pais malandros chavistas que cometen todo tipo de robos, asesinatos y actos
delictivos.


 

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Vida de Tareck el Aissami. 9 septiembre 2019.


Un grupo de guardias sirios habrían llegado a Venezuela para operar como equipo de seguridad de Tareck El Aissami, hoy vicepresidente del área económica del chavismo, quien está en la lista de los diez prófugos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad del presidente, Juan Guaidó, afirmó que la presencia de este grupo sirio en Venezuela demuestra que los altos cargos del régimen no confían en los cuerpos de seguridad de ese país, por lo que buscan refuerzos y aliados internacionales.

El Aissami no es el único funcionario del chavismo que cuenta con un equipo de seguridad extranjero de su confianza. Nicolás Maduro está rodeado de militares y funcionarios de inteligencia cubanos que forman parte de su anillo de seguridad. Además, el régimen en sí estaría protegido y respaldado por los grupos terroristas colombianos, como las FARC y el ELN.

Según las investigaciones, El Aissami y su familia han ayudado a infiltrar a militantes libaneses de Hizbulá en el país. Además es calificado como un capo de la droga tras proteger al menos 140 toneladas de sustancias químicas que se cree se usan para la producción de cocaína, según un informe secreto publicado por The New York Times.

Debido a esto, el Gobierno de EE. UU. pretenden pagar entre cinco y diez millones de dólares para obtener cualquier información que permita la captura de El Aissami, según informó el portal ABC de España.

En 2017, el Gobierno de EE. UU. sancionó a El Aissami, a quien incluyó en su lista de «capos» del narcotráfico. Ahora la página del ICE lo califica como «prófugo de la justicia estadounidense». Según explicó el Departamento del Tesoro, su inclusión en la lista se debió al «importante papel» que ha jugado «en el tráfico internacional de narcóticos».

«Tareck Zaidan El Aissami Maddah ha ocupado posiciones clave en el gobierno de Venezuela (….) Utilizó su posición de poder para involucrarse en el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de Traficante de Narcóticos Especialmente Designado, junto a su socio Samark López Bello», manifestó entonces el Departamento de Justicia en su comunicado.

El Aissami es uno de los hombres con más poder del régimen chavista, pues cuenta con la potestad tanto de determinar gastos ministeriales como de expropiar empresas privadas. Además, está autorizado a emitir órdenes económicas que afectan desde impuestos hasta asignaciones de moneda extranjera para empresas estatales. Según las investigaciones realizadas, El Aissami no solo está implicado en la emisión de pasaportes diplomáticos para terroristas, sino que también es uno de los principales proveedores de la red de droga que Hizbulá opera en Europa.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, El Aissami ejerce control sobre aviones que despegaban desde una base aérea venezolana, lo que le ha permitido controlar las rutas de la droga que salen desde Venezuela.

El Gobierno de Hugo Chávez, con la ayuda de El Aissami, propició el tráfico humano en el mundo con la entrega ilegal de al menos 10 000 pasaportes venezolanos a ciudadanos de Siria, Irán y otros países del Medio Oriente.

El coronel venezolano Vladimir Medrano Rengifo, exdirector general de la Oficina de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, dijo a El Nuevo Herald que al país suramericano llegaban al menos 800 personas mensualmente —entre mayo del 2008 y octubre del 2009— con pasaporte ilegal.

El Aissami, cuando fungía como ministro de Relaciones Interiores, le ordenó que no deportara a los ciudadanos que ingresaban al país con documentos irregulares, alrededor de 10 500 personas. «Los pasaportes eran legítimos, de curso legal, pero las personas que portaban los documentos no eran realmente venezolanas», explicó.

En 2015 un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), identificado como Misael López Soto, quien supuestamente fue consejero de la embajada venezolana en Irak, confesó que fue testigo de cómo el Gobierno venezolano entregó documentos diplomáticos a terroristas del Medio Oriente.

López explicó en un video que empleados de la embajada venden visas, pasaportes, cédulas de identidad y certificados de nacimiento venezolanos a personas de Siria, Palestina, Irak y Pakistán que pagaron entre 5 000 y 15 000 dólares para obtener los documentos “bajo la mirada complaciente de las autoridades diplomáticas venezolanas”.

Las declaraciones de López Soto coinciden con detenciones de ciudadanos que han sido capturados con pasaportes venezolanos. En 2003 fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, muy cerca de Londres, Hasil Mohammed Rahaham-Alan, quien viajaba con un presunto pasaporte venezolano y llegó en un vuelo de British Airways.

Su vuelo partió de Caracas e hizo escalas en Colombia y Barbados. Con él llevaba una granada en su equipaje lo que ameritó la evacuación del terminal y el movimiento de militares.

En 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en donde aseguró que “es extremadamente preocupante ver que el Gobierno de Venezuela emplea y provee refugio a facilitadores y recaudadores de fondos de Hizbulá”.

Esto porque Ghazi Nasr al Din (cédula de identidad número 18.190.527), quien estuvo solicitado por la Interpol, sirvió supuestamente como encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria, y fue nombrado posteriormente director de Aspectos Políticos de la Embajada de Venezuela en el Líbano. Actualmente aparece en el Consejo Nacional Electoral como elector desde Damasco, Siria.

Según la revista brasileña Veja, fuentes declararon en 2015 que Nasr al Din presuntamente mantenía una red de fabricación y distribución de pasaportes venezolanos auténticos que eran proporcionados para ocultar las verdaderas identidades de los terroristas.

El Centro para una Sociedad Libre Segura, con sede en Washington, publicó en 2014 un trabajo titulado: Canadá en guardia: Evaluando la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria. Allí los autores aseguran que Venezuela emitió al menos 173 pasaportes venezolanos a islamistas radicales que buscaban entrar a Norteamérica.

Los autores de este informe, Victoria Henderson, directora general del Instituto de Canadá de Análisis Social y Económico (ISEA); Fernando Menéndez, investigador del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés) y Joseph Humire, director del SFS, vinculan a El Aissami, quien estuvo al frente del Ministerio de Interior entre 2008 y 2012, y presuntamente habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento a grupos extremistas del Medio Oriente. Además, aseguran que durante años, El Aissami ha estado ingresando terroristas iraníes a Venezuela.



Sirios llegan a Venezuela para proteger a Tareck El Aissami, buscado por EEUU
 

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Venezuela. 18 septiembre 2019.


Los chavistas aceleran las ejecuciones de venezolanos, ante la posibilidad de un cambio de regimen en el pais.

Según un informe publicado este miércoles por la ONG Human Rights Watch (HRW), las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, de la policía venezolana "han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro".



El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco subrayó que, "en medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos ". En concreto, citó el caso del barrio de Petare, en el este de Caracas.


La alarmante cifra que presenta la organización es que, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”.

De hecho, solo durante 2018 la cifra ascendió a 7.000, y en los primeros cinco meses de 2019 se han registrado 1.560, de acuerdo a datos del propio Gobierno venezolano.

José Miguel Vivanco, señaló a través de su cuenta de twitter que "dado el deplorable récord de presuntas masivas ejecuciones extrajudiciales de Maduro contra sectores populares de oposición, urge creación de Comisión Especial de Investigación para identificar a los responsables de estas atrocidades".


El informe resalta además algunas medidas tomadas por las FAES para llevar a cabo sus macabras ejecuciones. Esta se harían mediante descargas eléctricas, golpes, disparos, asfixias, usos de sustancias químicas, entre otras.



Casi 18.000 personas han sido asesinadas por la policía en Venezuela: HRW
 

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Bolivia. 3 octubre 2019.

El gobierno de Evo expulsa a mendigos venezolanos.
Bolivia expulsa a venezolanos que procedentes del pais petrolero llegan a Bolivia a pedir limosna por las calles.


 

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Venezuela. 5 octubre 2019.


Venezuela excarcela y detiene de nuevo a tres presos políticos en menos de 24 horas.


María Auxiliadora Delgado, de nacionalidad española, el militar retirado Juan Carlos Marrufo y el coronel de la Guardia Nacional Juan Francisco Rodríguez fueron liberados el martes. Ahora les acusan de nuevo de intento de asesinato.


La persecución que realizan los cuerpos de seguridad en Venezuela no cesa.

Tres presos políticos que fueron excarcelados el martes, después de haber sido detenidos arbitrariamente e implicados sin pruebas en casos de financiación del terrorismo y conspiración, volvieron a ser llevados a la cárcel por el régimen de Nicolás Maduro horas después de su liberación.

Una versión mucho más cruel que la de la llamada puerta giratoria que han denunciado las ONG de derechos humanos en el país, donde las celdas con prisioneros políticos siempre se mantienen llenas, pese a las liberaciones.


Venezuela excarcela y detiene de nuevo a tres presos políticos en menos de 24 horas
 

romeoalfa

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21 Mar 2013
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Y en la sexta hablando de muertos de hace ocheta y pico años, por supuesto que de un bando del genocidio de Paracuellos nada de nada
 

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Mundo chavista. 5 octubre 2019.


Cuando la revolución bolivariana llegó al poder en 1999, en Venezuela había unas 13.000 industrias activas. Ahora, 20 años después, quedan 2.600, quizá menos.


“Y las que aún trabajan lo hacen con solo 19% de su capacidad instalada. Se hace lo que se puede en un país cuya economía está inmersa en una crisis estructural. Ya tenemos dos años en hiperinflación y el Producto Interno Bruto del país presenta los niveles de contracción más graves de su historia”.

Así lo declaró a Infobae Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria- quien señala que son varios los factores los que han destruido al sector pero en meses recientes el deterioro se aceleró debido a “la caída del consumo en el país, incertidumbre política, ausencia de financiamiento, fallas recurrentes en servicios públicos como el suministro de electricidad, agua, combustible y la ausencia de unidades de transporte para traslado de las mercancías”.


Según datos de la entidad gremial -recogidos de su más reciente encuesta de coyuntura industrial que abarcó el segundo semestre de 2019- la pérdida del poder adquisitivo del venezolano ha repercutido en la merma de las ventas: “Hemos estimado la caída de 80% de la colocación de productos; esto afecta directamente a la capacidad de trabajo del sector manufacturero nacional cuya gerencia no tiene acceso a moneda extranjera para reposición o reparación de equipos y para adquirir materias primas”.



Industricidio: desaparecieron el 80 % de las industrias de Venezuela en 20 años de chavismo
 

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Trinidad y Tobago. 6 octubre 2019.

Trinidad y Tobago desborbada por la llegada masiva de venezolanos a la isla.


 

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Ecuador. 8 octubre 2019.

Ecuador impide el paso de familias venezolanas al pais.


 

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Sudamerica. 9 octubre 2019.

¿Están Cuba y Venezuela detrás de la desestabilización de América Latina?.

¿Es una conspiración castrochavista dirigida por Nicolás Maduro la causa de la actual convulsión que sacude a varios países de América Latina? La respuesta rápida es que no. Pero el análisis es más complejo.

En un comunicado difundido por la Cancillería de Colombia, los gobiernos de ese país, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú “rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro”, al mismo tiempo que manifiestan su respaldo al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, acosado por una ola de violentas protestas.

El lunes pasado Moreno acusó directamente a Maduro de haber activado un plan, junto con el expresidente de ese país Rafael Correa, para desestabilizar su gobierno.

Como vemos, el tema Venezuela no sólo no sale del centro de interés de la región, sino que ahora sube un escalón más. Basta con seguir la cobertura que medios como TeleSur (con sede en Caracas) y RT en español (la cadena de televisión del gobierno de Vladímir Putin) le dan a las protestas en Ecuador para comprender que efectivamente hay una colusión internacional contra el gobierno de Lenín Moreno. Correa, antecesor y ahora enemigo jurado del que fuera su vicepresidente, acaba de admitir a la agencia Reuters que se gana la vida como asesor del gobierno de Maduro y haciendo entrevistas para la televisora rusa.

Sin embargo, el verdadero origen de la actual crisis en Ecuador no lo encontraremos en una conspiración castrochavista sino en su dolarizada economía que hace rato arrastra problemas. El reciente cese al masivo subsidio a la gasolina ha sido el detonante.


Desde 2005 el Estado ecuatoriano ha gastado 55.000 millones de dólares en mantener artificialmente bajo el precio de los combustibles que ese país en su mayoría importa, pues no tiene suficiente parque refinador para procesarlo, mientras que el presupuesto anual del gobierno es de 40.000 millones de dólares. Ese país gasta más en subsidiar el combustible que todo lo que invierte en educación pública.

Pero tal como ha ocurrido con otros países exportadores de petróleo, el precio barato de la gasolina es un “privilegio” sostenido casi invariablemente desde que en la década de los 70 del siglo pasado Ecuador se transformó en exportador neto de ese recurso.


En los 10 años que gobernó (2007-2017) Rafael Correa se las arregló para mantener la economía dolarizada y subsidiada la gasolina. Lo mejor de los dos mundos. Eso fue posible gracias al boom de las materias primas (del que también gozó Ecuador) y luego a un masivo endeudamiento. En sus años de poder la deuda pública creció de 10.000 millones de dólares en 2009 a 43.000 millones en 2017.

Hoy Correa está sometido a un proceso en ausencia por precisamente haber manipulado la contabilidad nacional a fin de superar el límite legal de endeudamiento del 40% del PIB.

Por otro lado, la economía ecuatoriana se ha estancado desde 2015, con una creciente contracción del consumo y la liquidez. Esa fue la pesada herencia que Rafael Correa el dejó al hombre que escogió para sucederlo en la Presidencia del país en 2017.

En ese sentido la situación de Lenín Moreno es muy parecida a la de Mauricio Macri en Argentina, con una salvedad: no puede devaluar. Ecuador no tiene moneda propia, pues desde el 2000 su economía está dolarizada. Por lo tanto, el inevitable ajuste es más duro y directo.

Como economista Correa sabía que una crisis así se venía. Muy populista y amigo del chavismo, pero no se atrevió a desdolarizar. Esa puede haber sido la auténtica razón por la cual tomó la decisión de no buscar otro mandato presidencial. Le estaba dejando una bomba de tiempo a su sucesor, pues no se puede tener dolarización y subsidios de esa magnitud. O se tiene una o se tiene la otra. Pero no las dos.

De modo que Rafael Correa está empleando hoy una táctica muy parecida a la que el peronismo le aplicó al hoy fallecido expresidente argentino Fernando de La Rúa entre 1999 y 2001, quien recibió en aquel caso una economía atada a la caja de conversión pero quebrada.

Sin margen de maniobra (tampoco podía devaluar), cuando De La Rúa decretó el corralito financiero, el peronismo sindical atrincherado en el gobierno de la provincia de Buenos Aires jugó deliberadamente a tumbarlo y lo consiguió en diciembre de 2001.

A eso siguieron los 15 años de gobiernos kirchneristas.



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Dictadura militar. 11 octubre 2019.


En apenas 2 años este general enterró a la industria petrolera de Venezuela.






El mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, llegó a la presidencia de Petróleos de Venezuela en una circunstancia muy particular. Estaba por terminar 2017, bajo el peso muerto de los desmanes económicos de los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro, más las secuelas profundas dejadas por el sobreendeudamiento y la politización de PDVSA promovidos por Hugo Chávez hasta su muerte en 2013.


En Manuel Quevedo se hacía patente el precio que pagaba Nicolás Maduro para sostenerse en el poder, entregando cuotas significativas de la economía al alto mando militar, marcando así la caída al abismo de la industria petrolera venezolana, que por décadas fue una referencia internacional.


La primera declaración formal de Quevedo la ofreció en enero de 2018, cuando habló de sus pasos iniciales en PDVSA y de sus logros para elevar la producción. “Los 1,5 millones de barriles diarios (de producción) quedaron atrás. Ya nosotros estamos cercanos a 1,9 millones de barriles de petróleo al día”. Así lo afirmó aun cuando las cifras de la OPEP daban cuenta de que el bombeo estaba en 1,6 millones de barriles diarios y todo apuntaba a que el declive se profundizaría, debido principalmente a los años de desinversión en el sector.

Pero fue más allá. Quevedo, quien es una ficha directa de Diosdado Cabello, prometió que 2018 sería el año de la recuperación y que la producción remontaría a 2,5 millones de barriles por día, algo que no ocurrió entonces ni ahora. Firmas como S&P Global Platts ubican la producción petrolera actual de Venezuela en 600.000 barriles por día, pero Quevedo sigue afirmando que hay una recuperación y que en 2020 el bombeo llegará a dos millones de barriles diarios.

A lo largo de este camino, cuando los hechos han puesto en evidencia que sus proyecciones no pasan de ser un ejercicio imaginario, el mayor general optó -como casi todos los funcionarios del chavismo -por trasladar la responsabilidad de sus fracasos a otros, especialmente al fantasma de los ataques imperialistas y al sabotaje.


En apenas 2 años este general enterró a la industria petrolera de Venezuela