EL FARAON
Será en Octubre
Dejo aquí para que quede en la posteridad la historia del saqueo de dinero publico que ha habido hasta ahora en la ZONA CERO...
CAPITULO 1
Las cenizas de la gran falla - Levante-EMV
CAPITULO 2
El ´gran casino´ reventó las cajas - Levante-EMV
CAPITULO 3
El arquitecto de las tramas clientelares - Levante-EMV
CAPITULO 4
Al servicio del PP - Levante-EMV
CAPITULO 5
El tsunami urbanístico - Levante-EMV
CAPITULO 6
Los avales dejan al PP en fuera de juego - Levante-EMV
CAPITULO 1
Las cenizas de la gran falla - Levante-EMV
El apagón de Canal 9, aparato de propaganda del PP y uno de los epicentros de la corrupción, simboliza la decadencia de una etapa basada en el clientelismo y en grandes proyectos y eventos con sobrecostes que ha colapsado con la crisis
Derrumbe de una era. Un cartel de «Se vende o se liquida: razón, Alberto Fabra» en un paisaje lunar por el que deambulan dos expresidentes (Camps y Olivas) judicialmente tocados y políticamente hundidos. Es la foto de una C. Valenciana asolada por la corrupción y la deuda. El cierre de Canal 9 es el último episodio del fiasco. Los grandes proyectos (Cacsa, Terra Mítica o Ciudad de la Luz) con sobrecostes astronómicos se privatizan o se venden como saldos. Si hay comprador. Las cajas se evaporaron por un euro y los caprichos de nuevo rico, como la Fórmula 1, ofenden en plena crisis. En la serie que arranca en estas páginas se retrata la expansión y decadencia del imperio de cartón piedra que impulsó Zaplana, continuó Camps y Levante-EMV denunció desde el minuto cero.
Francesc Arabí | valencia El altavoz que pregonó las excelencias del régimen sin escatimar recursos ni reparar en métodos, Canal 9, ha sido fundido por el Consell, que decidió liquidarla en extrañas circunstancias; el parque de atracciones que iba a convertir un erial donde no crecía ni el esparto en una mina de oro, Terra Mítica, tuvo que venderse a precio de saldo (65 millones, tras invertir más de 400); el coste de las pirámides de la Ciudad de las Artes casi triplicó el presupuesto y alcanzó un sobrecoste de 600 millones....
La tercera y la cuarta cajas de ahorros españolas y un banco centenario „Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia„ se multiplicaron por cero en una década; el sueño de construir el Hollywood valenciano, la Ciudad de la Luz, se ha convertido en un thriller de serie B que está en venta y sin comprador y ha de devolver 265 millones por subvenciones ilegales de la Generalitat; el banco público que avaló muchos de los sueños megalómanos del Consell del PP, el Institut Valencià de Finances (IVF), está al borde de la quiebra (ha multiplicado por seis sus pérdidas); el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), que pagó la fotografía promocional del expresidente Zaplana con Julio Iglesias y en parte bajo mano ha sido ya borrado del mapa; el Aeroport de Castelló no ha despegado aún y la Fórmula 1 que colmó todas las ínfulas de glamur de nuevo rico deja como legado una resaca de 260 millones dilapidados y unos cuantos kilómetros de vallas y neumáticos abandonados.
El «motor» del desarrollo
Es el paisaje de cenizas de la gran falla levantada desde 1995 en tres secciones: grandes proyectos de hormigón (en tiempos de Eduardo Zaplana), grandes eventos de euforia (con Francisco Camps) y grandes escándalos de sobrecostes y corrupción (común denominador en toda la etapa popular). La falla tuvo dirección general propia y hasta secretaría autonómica para canalizar las ocurrencias faraónicas. En este panorama devastador y en mitad de la Plaça de la Mare de Déu se levanta cada día 3 un monolito intangible a la dignidad del duelo, a la memoria del accidente de metro y como testimonio de la vergüenza de un presidente Camps que no supo ni acunar el desgarro de las víctimas. En este paisaje lunar de la nada, lo que queda cuando pasa la vacuidad y las corruptelas, Carlos Fabra Carreras, nombre y apellidos con los que durante lustros actuó la ley en Castelló, ha sido condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal.
El exvicepresidente Gerardo Camps cifró en 2008 en más de 5.000 millones el coste de los grandes proyectos y eventos. «Son el motor del desarrollo económico de la Comunitat. Valenciana», presumía. El motor ha gripado. Los proyectos han crecido entre la indiferencia, la complacencia, el clientelismo y un silencio atronador del que no han escapado gran parte de los medios de comunicación, en especial en los años en los que el Consell popular fue mutando a régimen, penetrando en los poros de la sociedad civil, chequera pública en mano. La crisis incubó el estallido crítico en la calle. El 12 de febrero de 2012 una manifestación recorrió la ruta de los símbolos del despilfarro y de una corrupción que se ha cobrado ya 250 políticos y empresarios imputados.
Pero los pilares de barro que se están desmoronado no se levantaron en 2009, ni en 2007, ni siquiera en 2003. Es en 1995 cuando empieza a instaurarse el nuevo modelo económico. Desde el minuto cero, Levante-EMV ha informado críticamente sobre el mal uso del dinero público y ha denunciado comportamientos políticos escandalosos, lo mismo que hizo en la etapa socialista, por ejemplo en el primer caso Blasco o el caso Cosistel.
La hemeroteca y el hostigamiento del Consell al periódico y a sus periodistas, con condena firme del Supremo al Gobierno de Zaplana (11 de diciembre de 2003), acreditan la línea del diario desde tiempos en los que otros que hoy lideran manifestaciones y llenan trincheras ocultaban, cuando no combatían como abanderados del Consell, el episodio del día aquí publicado de Terra Mítica, al IVEX o la penúltima actuación clientelar y presuntamente corrupta del hoy universalmente repudiado Rafael Blasco.
CIUDAD DE LAS ARTES
Un pozo sin fondo y 100 millones para Calatrava
Para el candidato popular, Eduardo Zaplana, la Ciudad de las Ciencias (así se llamaba) proyectada por Lerma no era cara, era «carísima». Unos 180 millones de euros iba a costar el complejo concebido por el Consell socialista. El precio final ha rondado los 1.300 millones, incluidos equipamientos. «Es una obra descomunal sin rentabilidad», lamentó en septiembre de 1995 el primer conseller de Economía del PP, José Luis Olivas, que con los años haría una decisiva contribución a hundir Bancaixa.
Cambio del proyecto
El PP anunció que paralizaría y archivaría el proyecto, pero al final optó por darle una denominación de origen popular. La torre de telecomunicaciones se cayó del plano, pese a que un estudio del Consell la consideraba infraestructura básica (según se publicó el 29 de septiembre de 1995) y a que el Ayuntamiento de Valencia usó ese pirulí como pretexto para autorizar fincas de 18 plantas o más (como la Torre de Francia) para armonizar un entorno de altura. En unos meses se pasó de denunciar el despilfarro que auguraba esa obra a anunciar que se ampliaba el proyecto incluyendo el Palau de les Arts y l´Oceanogràfic.
Olivas aparcó la ocurrencia de incorporar una fuente, bautizada como el «chorrito», en una revisión del proyecto parida en una noche que fue un cúmulo de despropósitos, según denunciaron arquitectos de prestigio. La polémica del Consell del PP con el artista Santiago Calatrava duró poco. El ya de por si ventajoso acuerdo que el arquitecto de Benimàmet tenía con Lerma fue mejorado por el nuevo Consell para que cobrara el 12% del coste de ejecución en vez del 11% sobre el presupuesto. Este sistema de primar errores y modificados para incluir elementos que encarecen el proyecto permitió a Calatrava cobrar 42 millones más de los previstos y rozar los 100 millones de emolumentos. 2,7 por el inédito centro de convenciones de Castelló y 15 por el proyecto de las tres torres que tampoco se han levantado. El cómputo lo hizo el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco a partir de la revisión de contratos de obras en la sede de la empresa pública. El presupuesto ejecutado fue ganando distancia sobre el previsto. Y la deuda empezó a crecer. El 14 de noviembre de 1998, se publicó en estas páginas que Cacsa alcanzaba ya un pasivo de 265,6 millones de euros. La empresa pública había firmado un crédito sindicado de 210,3 millones con cinco bancos.
La gran necrópolis de dinero público del viejo cauce del Turia fue acumulando sobrecostes de obra y de emolumentos para Santiago Calatrava. Los delirios de grandeza han llevado a disparar el coste, solamente en obra, del Palau de les Arts de 97 a 434 millones. El Ágora ha costado cinco veces más de lo previsto (de 20,7 a 93 millones); el Pont de l´Assut de l´Or pasó de 26,7 a 62,5 y el Museo Príncipe Felipe, de 71,3 a 154,3 millones... En total, unos 600 millones de sobrecoste. Para muestra de descontrol, el millón gastado en obras para montar un restaurante debajo del puente de Serrería cuando el PGOU de Valencia prohíbe locales debajo de la vía pública.
La proliferación de contratos a dedo y anómalos denunciada reiteradamente por el Síndic de Comptes (49 de 66 en el año 2009) ha sido práctica habitual y recogida en estas páginas. Como las irregularidades en modificados. El 24 de diciembre de 2010, se informó de la alerta del Síndic sobre irregularidades en un modificado de 35,6 millones en el Ágora. En los años de ejecución de las obras hay un sinfín de pruebas de la arbitrariedad en las adjudicaciones. El 29 de febrero de 2000 se publicó la concesión de las obras de l´Oceanogràfic a Civis Project por 2,7 millones y sin mediar concurso. Otra muestra: Calatrava entregó los proyectos de l´Assut de l´Or, del Ágora y de las tres torres que no se construyeron meses antes de tener el encargo oficial. Muy confiado en sus posibilidades debía de estar el arquitecto residente en Zurich.
Constatado el fracaso, ahora se va a privatizar la gestión de Cacsa, salvo l´Oceanogràfic, único elemento del complejo cuya explotación resulta rentable. Antes de ceder el negocio a manos privadas, el Consell ha aligerado la carga de nóminas echando a 141 trabajadores (casi la mitad de la plantilla) para que Cacsa pueda ser efectivamente un negocio. Tras ejecutar y pagar el ERE, se ha adjudicado por 290.000 euros a una ETT la gestión de contratos temporales en 2014. Para que los expulsados por una puerta vuelvan por otra cobrando la mitad, filosofía que inspira el adelgazamiento del sector público valenciano.
PARQUE DE BENIDORM
El negocio del suelo, la ruina de las cajas y foco de corrupción
Si hay un icono que concentra todos las perversiones, irregularidades y presuntas ilegalidades que han desvalijado la C. Valenciana ese es el parque de ocio de Benidorm. Sintetiza los sobrecostes (en casi 150 millones de euros, sobre más de 400 que costó), las inversiones ruinosas de las cajas de ahorro instrumentadas por el Consell, la concesión de contratos de forma irregular, las facturas de obras que acabaron en los tribunales, el enchufismo o la reclasificación de suelo adquirido a bajo coste por amigos del poder. El auténtico negocio del parque lo hicieron los propietarios de suelo, como el empresario farmacéutico y expresidente de la patronal alicantina Coepa, Eliseo Quintanilla, quien, a través de Explotaciones Turísticas Finestrat, compró por 8 millones de pesetas y, tras la reclasificación, ganó 9 millones de euros en la venta. El notario benidormí Antonio Magraner, también próximo a Zaplana, o accionistas de Los Almendros de Alicante, entre ellos la suegra del expresidente, también lograron pingües beneficios.
Al promotor Murcia Puchades le cayeron 700.000 metros dentro del plan director del parque, encargado en 1997 al entonces director general de Urbanismo Fernando Modrego, un ilustre de la peña festera Picarol, muchos de cuyos miembros acabaron enchufados en la Generalitat o en el propio parque, junto a familiares y amigos. Levante-EMV lo contó. El expresidente colocó a su cuñado Justo Valverde en el complejo de ocio en 1999 como jefe de compras y luego de personal hasta 2005. Además de Quintanilla y Magraner Duart, otro de la peña cuyo lema era «no et calfes el perol, picarol» fue Roberto Botella, el abogado que dio cobijo en su despacho a Zaplana para que se foguease como letrado. El expresidente le pagó el favor años después nombrándole asesor de Terra Mítica, proyecto impulsado desde el Consell a través de Parque Temático de Alicante (SPTA). La construcción de un macroproyecto que se demostró inviable y desproporcionado respondía a una voluntad política, travestida de oportunidad empresarial a base de fabricar informes a la carta para justificar la inversión pública.
Tras dos estudios de mercado que no casaban con los aires de grandeza del presidente, Price Waterhouse elaboró uno a la medida, que auguraba los 3 millones de visitantes soñados y amparaba la inversión de 270 millones prevista inicialmente. Parte importante de la explicación del sobrecoste puede leerse en sendos sumarios del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante y del 3 de Valencia. En el primer caso se abrieron diligencias contra la SPTA por delitos contra la hacienda pública, malversación y falsedad documental. En el juzgado de Valencia se inició una investigación por supuesto fraude fiscal. Se hincharon los costes de obras en viales, asfaltado, excavaciones o canalización de agua e incluso se falsificaron íntegramente las facturas.
Fiscalía señaló a exdirectivos y empresarios como Vicente Conesa o José Herrero. El primero fue acusado de ser el cabecilla de una trama para defraudar en el IVA e impuesto de sociedades por 4,4 millones en los años 2000 y 2001, una causa que implica a 17 empresas y tiene a 24 imputados. Este diario ha informado de las novedades en los casos judiciales, lo mismo que explicó la evolución del parque y sus problemas de viabilidad desde que se concibió como macroproyecto.
Conesa, abonado al escándalo
Fue protagonista del caso Sanz y viejo conocido del PP y de Zaplana. Siendo alcalde de Benidorm, le adjudicó en 1992 los mapas sonoro y verde a sus empresas Delta Ingenieros y CRC Ingeniería Cartográfica por 180.303 euros, más del doble del precio de mercado.
Los contratistas del parque Antonio Moreno y José Herrero explicaron al diputado José Camarasa (PSPV), durante una conversación grabada, que Conesa les comentó que pagaba comisiones a Zaplana. «El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana». «Yo vi como el señor Conesa se metía la bolsa en el maletero». Levante-EMV contó ampliamente el episodio. Lo empresarios se desdijeron y acusaron al socialista de haberles prometido 1,8 millones a cambio de acusar a Zaplana. Éste interpuso una querella y Herrero pidió perdón (en marzo de 2007) al presidente, pero el juez no dio crédito a la versión de que el PSPV intentó comprar el testimonio. No le pareció verosímil la grave imputación formulada por los dos contratistas del parque.
El 1 de agosto de 2000 se informó de la accidentada inauguración, que obligó a cerrar el parque unas horas entre gritos de clientes insatisfechos. En el momento de más éxito (el año 2001) Terra Mítica apenas rebasó los dos millones de visitas. Al igual que los ingresos (80,9 millones ese año), la progresión dibujó una caída en picado „en 2004, se registraron 990.000 visitantes y entraron en caja 25,4 millones„ que abocó al concurso de acreedores, al que se acogió el 26 de mayo de 2004 al no poder hacer frente al pago del crédito sindicado de 111 millones firmado con la CAM, Bancaja y el Banco de Valencia, entre otros. La empresa pública Proyectos Temáticos, la originaria SPTA asumió todos los proyectos de ocio de la Generalitat, era la avalista.
A los tres años de la apertura, las pérdidas acumuladas ya superaban los 200 millones. Los tres grandes accionistas (las dos cajas y la Generalitat) inyectaron en balde fondos para reflotar el sueño del presidente y los hoteleros de Benidorm, algunos de ellos padrinos políticos del salto de Zaplana a Valencia. En diciembre de 2002, Bancaja prestó otros 30 millones a Terra Mítica y esa política de inyección de créditos llevó la caja a duplicar los quebrantos extraordinarios por su gestión de 39,6 millones a 79 millones entre 2002 y 2003. Visto el riesgo acumulado con el parque también por la CAM, el Banco de España ordenó a la caja entonces alicantina que dotara sus pérdidas en Terra Mítica. Los tres accionistas de referencia (CAM, Bancaja y Generalitat, que controlaba el 22%) pusieron en venta el parque nada más levantarse el concurso de acreedores. A finales de 2011, Aqualandia se quedó el complejo por 65 millones, la sexta parte de lo que costó.
RTVV
Traslado de comisarios del Palau al Pirulí, deuda de 1.300 millones y plantilla triplicada
De prometer en campaña electoral «democratizar» Canal 9 a proponerse acabar con «el último bastión socialista». Esa fue la evolución del expresidente Zaplana en su política respecto al Canal 9 que fue desconectado de la máquina el viernes a las 12.19, tras una larga agonía desde que el Consell, tras anular el TSJ el ERE, decretó el cierre y le aplicó la eutanasia sin siquiera demostrar con datos que el enfermo no tenía solución. El PP triplicó la plantilla (de 650 a 1700) y multiplicó por 81 su deuda.
El primer capítulo de confusión entre políticos y periodistas fue la designación del diputado Josep V. Villaescusa como jefe de informativos, tras las elecciones de mayo de 1995. A Villaescusa lo sucedió Pedro García, que fue jefe de prensa de Zaplana y de Camps. Por la dirección de Canal 9 pasaron, entre otros, Jesús Sánchez Carrascosa, responsable de campaña de Zaplana, o Genoveva Reig, directora general de medios de comunicación y jefa de prensa del presidente cuando era alcalde de Benidorm. La secretaria de comunicación de Camps, Nuria Romeral, fue nombrada directora de Ràdio 9 y Lola Johnson pasó de dirigir Canal 9 a consellera y portavoz del Consell campsista. Como en un macabro concurso de traslados, las jefaturas de prensa del Palau y las del pirulí siempre fueron intercambiables. Era el mismo aparato de propaganda con dos puestos de mando.
En tiempos en que habitualmente no había suficientes manos para sostener la pancarta por una «RTVV pública, en valencià i de qualitat», este diario fue de los pocos medios que ofreció la mejor de las coberturas a los sucesivos informes del comité de redacción, que lideró Julià Àlvaro, denunciando la manipulación informativa. Hasta 2003. Hartos de los informes, ahogaron al comité. El 7 de octubre de 1997 se publicó el dictamen sobre la zaplanización de Canal 9, con desmesurada presencia del presidente. Y el 29 de septiembre de 1998, se difundió la segunda de las radiografías a los «Notícies 9». Revelaba que la presencia del jefe del Consell quintuplicaba a todos los líderes de la oposición juntos. El 13 de diciembre de 2001, el informe que se hizo público hablaba de 328 apariciones de Zaplana en el período estudiado frente a las 37 de Ignasi Pla (PSPV) y las 16 de Joan Ribó (EU), líderes de la izquierda parlamentaria. El 23 de marzo de 1999, el comité de empresa denunció fraude de ley en 400 contratos y el 9 de octubre de ese año CC OO llevó a la Audiencia Nacional la contratación fuera de bolsa. Es sólo una pequeña muestra de las informaciones que Levante-EMV y algún otro medio ofrecieron mientras la gran mayoría guardaba silencio. Detrás y delante de la cámara en algún simulacro de debate.
En Canal 9, miembros del comité de empresa de entonces como Vicente Melo, Sergio Capelo, Natxo Àngel o José Manuel Alcañiz, junto a Àlvaro, Josep Lluís Fitó... se significaban públicamente con sus críticas. «Siempre hemos sido 300 en la protesta», subraya un trabajador generoso en la cuenta.
La primera purga para depurar la plantilla de supuestos desafectos se produjo en forma de despido de 45 trabajadores del Bon dia y del A mitjanit, inmediatamente después de las generales de 1996. Los populares no estaban satisfechos con el trato recibido en una campaña que coronó con la amarga victoria de un PP que no alcanzó la soñada mayoría absoluta. En abril de ese año, hubo un conato de elaborar listas negras, pero el jefe de programas y exredactor de esta casa, Pasqual Martorell, y el director de la radio, Francisco jovenlandesa, abortaron el intento de los directivos Santiago Lumbreras y José Ramón Varó, a las órdenes de Genoveva Reig.
El acuerdo de Canal 9 con Teconsa, constructora usada como firma pantalla por la red Gürtel para lograr el contrato de 7,5 millones para la cobertura audiovisual de la visita del Papa, es el más suculento y escandaloso de los contratos conocidos, pero hay desmanes anteriores. El 26 de abril de 1997, el sector audiovisual denunció que el director, Sánchez Carrascosa, sólo adjudicaba a productoras afines a él y al PP. Como Cartel, a la que le llovieron 3 millones de euros para producir Entre naranjos. O Producciones 52, que se llevó 2,16 millones en un trimestre por el Tómbola.
El plató flotante de 3,6 millones
Entre los episodios más rocambolescos y relatados en estas páginas figura la adquisición a la naviera Boluda de un paquebote, el Elisa B, que estaba condenado al desguace. Por aquel amasijo de chatarra se pagaron 3,6 millones de euros para convertirlo en plató flotante del veraniego De nou a la mar. Era la etapa del todo por la audiencia.
A partir de las informaciones de este periódico, el PSPV llevó a los tribunales (11 de julio de 1999) el presunto uso de medios públicos en beneficio de una televisión privada, Valencia Te Ve, a la que Canal 9 prestó sus enlaces para retransmitir la ofrenda a la Mare de Déu y la inauguración de l´Hemisfèric, en 1998. El gerente de la emisora, propiedad de María Consuelo Reyna y en la que recaló luego Carrascosa, era Francisco Aura, que fue jefe de producción de Canal 9. El subdirector de informativos de TVV Vicente Andreu la dirigió, tras tomarse una excedencia. Aura y Andreu hicieron negocios en RTVV intermediando en la emisión de corridas de toros a través de su empresa Astel Producciones. A esta firma le adjudicaron el infantil Babalà, tras privatizarlo. Se llevaron 3 millones en un semestre por realizar un espacio de producción en plató y con poca exigencia de medios.
Del primer intento de privatización, en el mes de mayo de 2002, y de la censura de RTVV a una noticia que era vital para ella misma se informó el 16 de noviembre. También de la ratificación por el Tribunal Supremo, en febrero de 2007, de la ilegalidad que suponía,con la ley de entonces, ceder informativos, programas, deportes y publicidad a manos privadas.
Mientras tanto, la plantilla y la deuda iban creciendo. En 2005, el agujero alcanzó los 678 millones. Entre otras razones, por las pérdidas en la intermediación de los derechos del fútbol. Canal 9 vendía a las distribuidoras a precio mucho más barato del pagado a los clubes. Una forma de financiarlos. En junio de 1996, el Consell tuvo que encargar un informe jurídico a la carta para acelerar la defenestración del primer director general popular, Juan José Bayona. Con vistas a que su sucesor, Josep Vicent Villaescusa, firmara, dentro de la Forta, la compra al Valencia por 72 millones de euros de los derechos entre 1998 y 2003. El 12 de enero de 2005, se publicó que el Síndic no veía justificado que RTVV perdiese 13,8 millones en la reventa de la explotación de la imagen televisiva del Valencia CF y el Villarreal CF.
La Sindicatura insistió en el siguiente informe en que la práctica de revender perdiendo carecía de toda lógica. Al final, han sido 235 los millones que la televisión pública ha regalado a los clubes en esta insólita reventa de derechos a la mitad del precio por el que fueron adquiridos.
Cuando el escándalo Gürtel aún no había estallado, este diario publicó que la visita del papa generó en RTVV gastos extras por 12 millones. Entre el aluvión de noticias sobre las andanzas valencianas de la red de Correa en torno a Canal 9, hay una que sintetiza la confusión de intereses públicos y privados y sitúa juntos en la misma escena a algunos ilustres de Gürtel y concesionarios de la Generalitat y del canal público. «Álvaro Pérez y contratistas del Consell dieron una fiesta en Marrakech al director de RTVV». A la fiesta sorpresa del 40 cumpleaños de Pedro García, entonces director general y acusado de cobrar 500.000 euros de comisión de Correa, asistieron el constructor Vicente Cotino (Sedesa), Álvaro Pérez «El Bigotes», de Orange Market, o el productor Miguel Perelló, entre otros. Ataviados con camisetas con la emotiva inscripción «Peter´s Birthday 40».
CASO GÜRTEL
Las primeras informaciones de Orange Market, cuatro años antes de la operación de Garzón
«Una empresa relacionada con paraísos fiscales organiza actos para el PP valenciano». «Los responsables de Orange Market, Álvaro Pérez y Luis de Miguel Pérez comparten sociedades con Pablo Crespo». Eran informaciones de apertura publicadas el 19 y 20 de mayo de 2005. Faltaban cuatro años para que estallara la operación Gürtel, ordenada por el juez Garzón el 6 de febrero de 2009. En esos y otros textos de días sucesivos se explicaba la circunstancia de que la firma que montaba los actos del PP había sido adjudicataria del pabellón valenciano en Fitur. «Turismo adjudica de nuevo el stand de Fitur a la empresa que organiza los actos del PP», se destacaba en titular el 20 de enero de 2006. En las cinco ediciones consecutivas en las que se le encargó el montaje del pabellón valenciano facturó 5,3 millones.
Tardaría tiempo en descubrirse que a esas alturas, Francisco Correa había decidido trasladar a Valencia la capital Gürtel. Salvando las distancias, igual que se trasladó el Gobierno de la República en noviembre del 36. Por estrategia de supervivencia y visto que la calle Génova (sede nacional del PP) ya no representaba el caudal de ingresos de la etapa de Aznar, cuando Gürtel operaba con la marca Special Events. En abril de 2004, al año de constituirse, Orange Market pasó de ser afluente del caudal B de Gürtel, a convertirse en río progenitora.
Se amortizó de sobra la máquina de contar dinero que «El Bigotes» compró, por 540 euros, el 17 de octubre de 2005. El diario detalló en 2005 los vínculos de esa red con paraísos fiscales, concretamente con la Isla de las Nieves o Islas Vírgenes Británicas.
A la trama no gustaron las informaciones ofrecidas durante años. No en balde, en su declaración ante Garzón el 12 de febrero de 2009, «El Bigotes» lamentaba: «Hay un periódico en la C. Valenciana, que es Levante-EMV, que en cuanto saco la cabeza me machacan». En una grabación, se le escucha repartir insultos a redactores de esta casa.
Desde el estallido del caso Gürtel, que sepultó la carrera política de Francisco Camps „absuelto judicialmente pero condenado política y socialmente„, se aportaron nuevas revelaciones. En estas páginas se desgranaron las docenas de contratos pescados a dedo en la práctica totalidad de las consellerias y empresas públicas como Vaersa, que montó un paripé de procedimiento negociado sin publicidad entre tres firmas Gürtel para simular haber consultado varias ofertas.
Orange Market era la gran fábrica de dinero neցro para Correa, quien tejió un entramado societario para que el euro cobrado en neցro en Valencia acabara en cuentas de Jubilate Holding BV o Bangtone Limited, en Antillas Holandesas, y, de vuelta en España, era blanqueado a través de la compra de terrenos, por ejemplo en la Nucia, y ampliaciones de capital de patrimoniales como Caroki, Cresva o Castaño Corporate, todas de la trama.
La financiación del PP
Este diario tasó los contratos de la Generalitat recibidos por las ocho constructoras acusadas de financiar al PP pagando mítines a través de facturas falsas emitidas por Orange Market. La firma Gürtel cobraba a las constructoras (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz u Hormigones Martínez) servicios ficticios que jamás les prestó y que camuflaban trabajos para el PP. Unos 937 millones lograron esas empresas, solas o en UTE. La Brigada de Blanqueo de capitales de la UDEF citó al diario como fuente en sus informes.
La Agencia Tributaria destacó en un informe de abril la aportación de 3 millones en dinero neցro a las campañas del PP de 2007 y 2008, cuestión que copa una de las seis piezas Gürtel que instruye el juez Ceres en el TSJ valenciano. El 29 de septiembre de 2009, se publicó: «La trama Gürtel cobró al PP en neցro por las principales campañas locales de 2007». En la rama textil del caso, el jurado popular absolvió a Camps y a Ricardo Costa, por cinco votos a cuatro, del delito de cohecho, tras ser acusados de recibir trajes regalados por la trama. Tras 26 sesiones de juicio, el 25 de enero se leyó la sentencia absolutoria. Pero políticamente habían sido condenados. Como mínimo, por permitir que la banda entrara en la cocina de la Generalitat y exprimiera la berza pública para cobrarse el estilismo del PP. Cuando no por la presunta financiación en dinero B al PP por parte de la trama Gürtel.
CAPITULO 2
El ´gran casino´ reventó las cajas - Levante-EMV
Zaplana cambió la ley para controlar políticamente Bancaja y la CAM, que durante 15 años financiaron proyectos ruinosos y caprichos del Consell popular
Francesc Arabí | valencia A cabaron enterradas en el subsuelo por haber abusado de la compra de suelo. Pero su excesiva exposición al riesgo crediticio inmobiliario no fue el único pecado de las cajas valencianas en su vida loca. El Consell las condujo durante quince años por el borde del precipicio. Y la crisis las empujó al abismo. Nada más llegar al poder, Eduardo Zaplana se propuso demostrar por qué «Un liberal para el cambio» era su lema de campaña. Igual que intervino Canal 9 asaltó la banca, la otra pata estratégica para levantar el régimen popular. Zaplana dio el gran golpe cuando cambió la ley para controlar las cajas. Levante-EMV denunció ya entonces sin ahorrar contundencia («El gran golpe», 2 de febrero de 1997) una reforma legal que abrió el camino en España para un mayor control político de las entidades, según destacaba el diario a toda página el 8 de mayo de 1999.
Bancaja y la CAM fueron usadas por Zaplana, Olivas y Camps para financiar grandes proyectos (Ciudad de la Luz o Terra Mítica), eventos como la Fórmula 1 para fomentar el clientelismo a través de colocaciones en los órganos de gobierno de las entidades. Vicio este último del que no está exenta la oposición. Las cajas de ahorro se convirtieron en patrocinadoras de este gran casino que ha sido la C. Valenciana, ahora en fase de liquidación por parte de Alberto Fabra. Los criterios de interés político destronaron a los económicos. Bien lo sabe Julio de Miguel. Su negativa a inyectar más dinero en Terra Mítica fue el detonante de su relevo al frente de Bancaja. Se contó el 2 de noviembre de 2003. Para evitar la suspensión de pagos del parque de Benidorm CAM y Bancaja, accionistas del complejo, habían tenido que facilitar sendos préstamos de 30 millones un año antes. Nada se resistía a Zaplana. Si la ley no le daba juego, se cambiaba la ley. De hecho, la oposición de las dos principales cajas a pagar la Universidad de Elx, clave para el primer Consell popular, motivó el cambio de la ley de cajas. Así se podía relevar a los gestores, según se explicó en estas páginas el 8 de octubre 1996.
La ley socialista 31/85 ya consagraba una presencia política al otorgar a los ayuntamientos el 35% de los puestos en los órganos de gobierno, pero la nueva norma, de 1997, significaba un asalto total a las cajas para subyugarlas. El proyecto, elaborado por José Manuel Uncio y José Mª Mas Millet, daba al Consell el 28% de la representación, el mismo porcentaje que impositores y corporaciones locales. Conclusión: los políticos pasaban a ser mayoría (56%). Con el cambió de la norma, Zaplana pudo forzar la dimisión de José María Simó y, luego, la de Emilio Tortosa en Bancaja. El PSPV denunció el golpe, pero al final consintió a cambio de entrar en el reparto.
La bronca entre campsistas y zaplanistas por copar las plazas en los órganos de control fueron un capítulo más de la politización (16 de noviembre de 2006). El episodio más revelador es, sin duda, el acceso de José Luis Olivas en 2004 a la presidencia de Bancaja. Igual que otros hicieron el tránsito del Palau a la tele del Palau (Carrascosa, Reig o Pedro García), Olivas pasó del Consell a una caja del Consell.
Bancaja y la CAM no pudieron escatimar en créditos ruinosos a Terra Mítica, donde eran socias de referencia, junto con la Generalitat. Acabaron vendiendo por 65 millones a Aqualandia un parque en el que se habían invertido más de 400. El 4 de noviembre de 2003, Levante-EMV informó de que Bancaja y CAM arriesgaban ya casi 200 millones en capital y créditos a Terra Mítica. El 20 de diciembre, la agencia Moody´s alertó a la la caja alicantina del elevado riesgo contraído con el parque. Tanto que en mayo de 2004 entró en suspensión de pagos.
Estas aventuras fallidas, junto al fracaso de una expansión agresiva y un exceso de créditos a clientes de alto riesgo, acabaron por volatilizar a la tercera y la cuarta caja de España. El éxito centenario colapsó en apenas una década. La crisis destapó las vergüenzas y malas inversiones. Tres pinceladas: entre 1988 y 2008, el crédito al ladrillo se multiplicó por 45 en Bancaja, el 60% de las empresas participadas por la CAM cerró 2010 con pérdidas y ese año la caja alicantina perdió 522 millones por el deterioro de su cartera inmobiliaria. Antes de la crisis, Bancaja sumaba 111.000 millones en activos, pero el hundimiento de la economía la pilló con una cartera de créditos fallidos con constructoras y promotoras y con más de la mitad de los activos inmobiliarios (52,2%) en bolsas de suelo sin edificar.
En 2011 se consumó la defunción del sistema financiero valenciano. El 20 de julio, Bankia confirmaba su salida a bolsa, 24 horas antes de la dimisión de Francisco Camps por la causa de los trajes Gürtel. Toda una premonición. Al día siguiente, el viernes 22, el Banco de España nacionalizó la CAM y destituyó a sus gestores. El 21 de noviembre, el banco central intervino el Banco de Valencia y el 7 de diciembre, el Banco Sabadell adquirió por 1 euro la caja alicantina. La Caixa se quedó después el Banco de Valencia por la misma cantidad simbólica. Aquella reunión de noviembre de 2009 en la que Camps advirtió a los presidentes de las cajas de que no permitiría que acabaran en manos de otras entidades sonó a chiste macabro.
Los responsables de la excesiva exposición de las cajas al ladrillo (la CAM tenía 155 millones de créditos fallidos con Martinsa; 137 con Nozar; 122 con Polaris o 100 con Paco «el Pocero») no renunciaron a las millonarias indemnizaciones. El imputado Olivas se llevó 1,6 millones y 5,8 el ex director general de la CAM Roberto López Abad, recién salido de prisión tras depositar la fianza e implicado en el presunto cobro de comisiones a la caja y en paraísos fiscales en relación con los negocios hoteleros de la entidad en El Caribe.
CAPITULO 3
El arquitecto de las tramas clientelares - Levante-EMV
Blasco se sentará en el banquillo por el saqueo de fondos de Cooperación tras haber urdido varias redes al servicio del PP en el movimiento vecinal, ONG y en la política
El segundo «entierro» de Blasco. Lonerson, Favcova, PSD, Cooperación. Son los casos Blasco, quien, en realidad, es un caso en sí mismo. Levante-EMV ha ido relatando las tramas auspiciadas por el exconseller para minar los flancos críticos y darle al PP rédito en forma de clientelismo. De paso, se cobraba su comisión política de influencia. El fiscal de la causa de las ONG, por la que será juzgado, investiga si se llevó otro tipo de comisión.
Francesc Arabí "Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE". Rafael Blasco hizo esta declaración de principios en enero de 1995. Eduardo Zaplana lo fichó y, nada más llegar al Palau, lo nombró subsecretario. Incorporó a un profundo conocedor del enemigo. No en balde, Lerma lo echó del Consell el día de los Santos Inocentes de 1989. Blasco nunca fue «uno de los nuestros» ante la derecha con pedigrí. Ni cuando se afilió al PP en julio de 2004. El siete veces conseller, con cuatro presidentes y dos partidos, hizo su contribución a la estrategia de patrimonialización de las señas de identidad que tan bien diseñó el régimen para apuntalar su hegemonía social. Lo valenciano era el PP y el PP era lo valenciano. Era la perversa metonimia.
Su aportación más decisiva consistió en dinamitar a los agentes de la sociedad civil que pudieran contestar la acción del Consell. Así fuera el movimiento vecinal o de ONG. Su mano meció la cuna de unos cuantos casos de presunta corrupción y clientelismo que fueron contados en estas páginas. Algunos (caso PSD, Favcova o Lonerson), sólo en estas páginas. Estos turbios asuntos comparten protagonistas „es la denominación de origen de la factoría Blasco„ y emparentan, con relaciones causa-efecto, hasta con Gürtel. La agenda del número dos de Correa y exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, da buena prueba cuando refiere una reunión con Ricardo Costa, «el presi Camps», Vicente Rambla y Víctor Campos. Año 2006. Página 124. Asunto: «Nuevo partido político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos [del PP]. Necesitan ayuda económica».
La formación a la que aludía Crespo es el Partido Social Demócrata (PSD). Nació para dividir más a la izquierda. Levante-EMV fue desentrañando sus conexiones con el entramado vecinal Favcova (Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana) impulsado desde la sombra, aunque él siempre lo negó, por el exconseller y su hermano Bernardo Blasco. «El Consell da 4,2 millones a entidades afines al PP para quitar votos al PSPV». El 25 de febrero de 2007, en precampaña de las autonómicas, se dedicaron dos páginas de apertura a explicar las subvenciones que, para cursos de formación e inserción laboral, estaba recibiendo Favcova, que ya desde 1999 se había significado a favor del PP, por ejemplo en actos protrasvase del Ebro. Los exsocialistas Carlos Ruiz y Fernando Piera eran vicepresidente y secretario de la entidad vecinal que recibió las cuantiosas subvenciones, a menudo sembradas de irregularidades y pintorescas. Un directivo llegó a firmar un convenio consigo mismo, desde dos asociaciones distintas para poder cobrar 417.000 euros de subvención. Otra vez intentaron justificar 41.510 euros como gastos de alquiler de material de oficina y fotocopias.
Agujero en el Servef
El Servef reclamó la devolución de 217.000 euros no justificados, pero Favcova no retornó los fondos. Fue la noticia con la que abría este periódico el 22 de febrero de 2005. Pese a ser deudora de la Administración siguió recibiendo ayudas.
El PSD nació a finales de 2006. Compartía con la entidad vecinal recursos y personal. También, la fuente de inspiración: el blasquismo que alumbró el PSI en la Ribera en 1993 tras la defenestración de Blasco como conseller de la Coput socialista.
La convención fundacional se celebró en el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) el 4 y 5 de noviembre de 2006. Asistieron 355 delegados y 67 invitados. El partido no alcanzó grandes éxitos en los comicios de 2007, pero allí donde logró representación y tuvo ocasión demostró cuáles eran sus intenciones. En 2008 favoreció con su voto sendas mociones de censura para desalojar al PSPV de las alcaldías de Dénia y Calp. El entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, colocó a Carlos Ruiz como asesor provincial de Bomberos, en pago de favores.
TINGLADO DE ONG
Unos 4 millones para el Tercer Mundo se quedaron en Valencia
La misma estrategia del divide, subvenciona y vencerás que aplicó a los vecinos, el exconseller Blasco la ejecutó en el mundo de las ONG como conseller de Solidaridad y Ciudadanía. Impulsó la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod) y partió así en dos la Coordinadora Valenciana de ONG, a la que no le salieron gratis sus constantes denuncias de la política de recortes en cooperación, como se contó en estas páginas el 20 de septiembre de 2010.
Todas las parcelas montadas o cultivadas por el exconseller estaban gestionadas por los mismos protagonistas. Uno de los organizadores del citado PSD se llama Adolfo Soler. Cerró. Al igual que Bernardo Blasco o que Augusto César Tauroni, militó activamente en Unió Valenciana. Soler acompañó a Tauroni en la cúpula del entramado de ONG utilizado presuntamente para desviar fondos de Cooperación a consultoras de sus dirigentes. Un asunto que mandó a Tauroni y ahí sigue desde febrero de 2012.
«El Consell otorgaba subvenciones a las ONG que el entramado señalaba», «La conselleria de Blasco auspicia una red de ONG que desvía dinero de cooperación a empresas afines»... Son algunos de los titulares que mandaban en portada en los primeros días de octubre de 2010. La conselleria de Blasco repartió 4,4 millones de euros en subvenciones a una trama de ONG liderada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Empresas montadas por dirigentes de esta matriz, como la consultora Dinamiz-e, del citado Soler, o Arcmed, de Alfonso Navarro, se habrían llevado 1,5 millones por supuestos servicios facturados a las ONG beneficiarias pero que nunca se realizaron. Esta pieza del caso Cooperación suma unos 40 imputados. Entre los fondos desviados figuran ayudas destinadas a la construcción de un hospital en Haití.
Los fiscales sospechan que las numerosas entregas de sobres al conseller y a su secretaria, realizadas por el propio Tauroni y por personal de la fundación matriz de la trama en zonas cercanas a las Corts, podrían contener dinero.
La segunda de las piezas, que en el sumario es la primera y por la que hay 9 encausados, tiene que ver con el desvío de 1,8 millones concedidos a la Fundación Cyes para construir pozos en Nicaragua. El dinero se transformó en dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. Apenas llegaron 43.000 euros al país centroamericano, según detallaba la jueza Pía Calderón en el auto de apertura de juicio oral.
El 14 de octubre de 2010 se publicó a toda página información sobre las trayectorias de algunos protagonistas del escándalo de las ayudas al Tercer Mundo, como Adolfo Soler o Navarro.
En el banquillo, el 7 de enero
Si hubiera una cátedra sobre supervivencia sería para Blasco. No en balde se doctoró en riadas, ya de niño, en la ribera del devastador Xúquer. El 7 de enero asistirá a su segundo entierro, tras haber superado el primero en julio en 1991, cuando fue absuelto del primer Caso Blasco. Se sentará en el banquillo por la pieza relativa a los fondos de Nicaragua. Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión y el Consell, personado en la causa, 11. Fraude en las subvenciones, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos y falsedad documental, son algunos de los delitos que se le imputan.
La Generalitat se ha personado como acusación porque Blasco dejó de servir al PP tras seis trienios de levantar enredos clientelares con presuntos saqueos. El pasado 25 de junio se fue del grupo popular horas antes de que lo expulsaran. Y pasó a ser un «no adscrito». El único carné político que le faltaba al camarada «Víctor» „nombre de guerra en la clandestinidad del FRAP„ tras evolucionar desde el PCE (Marxista-Leninista) al PP, pasando por el PSPV. Un apátrida parlamentario al que el PP le cedió el ático como despacho. Porque nadie conoce mejor la canalización de los desagües que el arquitecto.
CASO LONERSON
Viejos conocidos que en 2001 ya recibieron contratos de Blasco a través de una firma «dormida»
Tanto Soler como Tauroni eran viejos conocidos de los Blasco y de los lectores de este diario. Distintos escándalos compartían actores. «El número 2 de la red de ONG dirige la firma al que Blasco adjudicó el teléfono de las maltratadas en 2001», rezaba la portada de Levante-EMV del 11 de octubre de 2010. Cuando estalló el caso Cooperación, Soler Sempere seguía en Lonerson Trade S. L., firma que en 2002 se llevó la concesión, por 6,7 millones para tres años, de los centros «Mujer 24 Horas» de atención a las mujeres maltratadas.
Logró el contrato en UTE con Tissat en 2001, siendo Blasco conseller de Bienestar Social. Lonerson era una firma «dormida» y comprada ocho meses antes para ser activada. Pese a ello, logró uno de los contratos más suculentos en el departamento de Blasco. Detrás de Lonerson estaba Tauroni, como demostró este diario el 18 de mayo de 2002. Tauroni había sido socio de Bernardo Blasco en la empresa hortofrutícola Grupo Alpecine. La empresa dormida compartía recursos y sede social con General de Comunicaciones y Servicios (GCS), dedicada a servicios informáticos y administrada por Tauroni.
GCS facturó dos proyectos a Bienestar Social (publicado el 10 de abril de 2002) por 223.000 euros. El primero le fue adjudicado en enero de 2001. Era la atención telefónica al mayor. El segundo tenía que ver con la prestación del servicio técnico informático en la sede central de la conselleria. Fueron procedimientos abiertos con tramitación urgente. Antes que esos contratos, Blasco sacó a concurso la gestión de 73 geriátricos. Cuatro fueron parar una UTE administrada por el secretario del Ayuntamiento de Carlet y afín a Blasco, Joan Ramon Ferris.
CAPITULO 4
Al servicio del PP - Levante-EMV
Las instituciones empresariales „patronales, Feria, puerto y Cámara„ fueron correa de transmisión de los gobiernos de Zaplana y Francisco Camps
Zaplana y Camps, sin olvidar el interregno de Olivas, tuvieron a su entera disposición las instituciones empresariales valencianas. La patronal CEV y AVE quedaron marcadas por mediar en el «pacto del pollo» que selló el gobierno de PP y UV en 1995. La Feria, que amplió su recinto con unos sobrecostes escandalosos, aparece vinculada a la trama Gürtel, la mayor operación de corrupción de los populares.
Jordi Cuenca Durante muchos años, las instituciones empresariales valencianas hicieron de correa de transmisión de los gobiernos del PP, apoyaron sumisamente todas sus estrategias y políticas y algunas de ellas acabaron sumidas en el fango de la corrupción que salpicó a quienes se acercaban demasiado a los populares. Pero las relaciones entre ambas partes empezaron al revés. Fue el llamado pacto del pollo. Después de doce años de ser una indisimulada plataforma de oposición a los ejecutivos del socialista Joan Lerma „y de haber suministrado al PP un líder desde la presidencia de la patronal CEV (Pedro Agramunt)„ los empresarios estaban deseosos de que gobernaran las derechas. El sucesor de Agramunt en la CEV, José María Jiménez de Laiglesia, y el presidente de AVE, Federico Félix, se erigieron en los muñidores del pacto de legislatura entre PP y Unió Valenciana que en el verano de 1995 llevó a Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. Tras aquel éxito, los patronos se sintieron gallos „hasta impusieron a Antonio Baixauli en la presidencia de Feria Valencia en septiembre de 1996„ y siguieron desempeñando su papel un tiempo, hasta que Zaplana les cortó la cresta.
La ruidosa dimisión de Jiménez de Laiglesia en febrero de 1997, en medio del escándalo de los cursos de formación y que este atribuyó, entre otros motivos, al desapego de Zaplana, marca un punto de inflexión y el inicio de una auténtica omertá empresarial que se prolongó hasta el inicio de la crisis y a partir de la llegada de una nueva hornada de dirigentes patronales que logró apartar al sucesor de Jiménez de Laiglesia, Rafael Ferrando, un constructor que nunca alzó la voz, probablemente porque estaba de acuerdo con casi todo lo que veía a su alrededor. Como publicó Levante-EMV, en aquellos años sus empresas prosperaron. Y mucho. Lo cierto es que el dinero parecía crecer de debajo de las piedras y los empresarios no estaban dispuestos a perder ese maná. Arroparon sin sonrojarse todas las estrategias emanadas desde la Generalitat y el PP, como se hizo evidente en infinidad de ocasiones en un debate que hace años que está enterrado pero que, no hace mucho, era la matraca diaria de Francisco Camps: el déficit hídrico.
Aquellos años de vino y rosas „solo ocasionalmente alterados por alguna salida de tono del por otro lado siempre fiel presidente cameral (1995-2010) Arturo Virosque y la creciente autonomía que empezaron a ejercer los grandes patronos reunidos en el lobby AVE„, tuvieron su imagen perfecta en la reunión que los presidentes de la patronal, la Cámara, la Feria y el Puerto mantuvieron con Camps en abril de 2003 en la campaña electoral que llevó a este a la presidencia de la Generalitat por primera vez. Aquella fotografía se repitió en otras ocasiones. Tal como publicó Levante-EMV, las organizaciones empresariales hicieron público un comunicado en el que, además de criticar las propuestas de los partidos de la oposición, defendían «la continuidad de la actual política económica», es decir, la misma que ha situado a la Comunitat Valenciana al borde de la quiebra.
FERIA VALENCIA
Los sobrecostes, Gürtel y la ruina
Si una institución empresarial ha estado al servicio de los populares esa ha sido Feria Valencia. Y eso que ninguno de los últimos presidentes fue puesto en el cargo por la Generalitat. A Baixauli, como ha quedado dicho, lo impusieron los empresarios, y su sucesor Alberto Catalá (1999-2013) llegó a través del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Catalá heredó de Baixauli la idea de ampliar el recinto ferial y, pese a algunas reticencias iniciales, la administración Zaplana acabó por hacer suyo un proyecto a la postre megalómano y costosísimo. Las obras tuvieron un coste final cercano a los 600 millones de euros, el doble de lo presupuestado, y esa abultada deuda la está pagando en solitario la Generalitat, a razón de unos 30 millones anuales. Con la llegada de la crisis, la Feria entró en decadencia y ahora atraviesa una situación crítica, con el peligro incluso de que sea el próximo juguete roto en manos del PP.
Además de los sobrecostes, la gestión de Feria Valencia en los años de Catalá fue polémica, como poco, por otros motivos. El recinto fue utilizado por los populares como escenario de algunos de sus baños de masas, como, por ejemplo, el congreso nacional que reeligió presidente a Mariano Rajoy. En 2011, Compromís denunció que el PP debía 568.000 euros a la institución por este concepto. El nuevo presidente ferial, José Vicente González, admitía hace unos días que la deuda sigue pendiente. Con Gürtel, a través del protegido de Camps Álvaro Pérez, la Feria formalizó numerosos contratos e incluso le confió la contratación de las responsables de marketing que gestionaron algunos de ellos. Dos de los más llamativos, como publicó este diario, fueron la contratación de Orange Market para promocionar el certamen del Hábitat por 800.000 euros y los 74.000 que la institución pagó a esta empresa por un acto presidido por Camps.
CAPITULO 5
El tsunami urbanístico - Levante-EMV
La Comunitat Valenciana registró varias avalanchas de presentación de planes urbanísticos entre 2004 y 2006 y una inflación legislativa que el Consell aún no ha resuelto
En la Comunitat Valenciana se ataron durante mucho tiempo los perros con longanizas y, quien no tramitaba un PAI en su pueblo «estaba muerto». El urbanismo era el nuevo maná en forma de PAI que propició durante la anterior década una vorágine urbanizadora que propició la reclasificación de millones de metros cuadrados, que no han llegado a ejecutarse, y que la Conselleria de Territorio no sabe aún cómo digerir.
Laura Ballester A mediados de 2003, dos altos cargos del área de Urbanismo de la Generalitat viajaron a Bruselas para calibrar el alcance de las protestas que empezaban a armar ruido en las instituciones europeas por los abusos urbanísticos cometidos en nombre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). «Tranquilos que no pasa nada», transmitieron a su vuelta. Las primeras protestas por los atropellos de la normativa urbanística ya comenzaban a extenderse por el territorio valenciano, de las que Levante-EMV informó en tiempo y forma, aunque desde la administración no se les hacía mucho caso e, incluso, se acusaba a manifestantes y medios de comunicación de «ir en contra del progreso» . El 8 de agosto de 2003, el diario conservador The Times lanzaba en el reportaje «The spanish Land Grab-Great Spain Robbery« («La apropiación de tierras española. Espectacular robo en España», una gravísima acusación, repetida después decenas de veces en los medios europeos, que recogía las denuncias de los propietarios de terrenos atropellados por los programas de actuación integrada (PAI) que se tramitaban como rosquillas en aplicación de la LRAU. Según contaba un promotor, en lo alto de la ola en aquella época, el reportaje daba «una imagen nuestra como si fuéramos la tierra de José María el Tempranillo», el mítico bandolero andaluz del siglo XIX. Aunque las autoridades seguían ignorando los avisos a navegantes que se sucedían entonces.
La asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN), creada en mayo de 2003 para denunciar la especulación y el acoso a los propietarios incluidos en los PAI, ya había recogido a finales de año 3.000 firmas para reclamar al Parlamento Europeo una «comisión internacional y multipartidista» que analizara «la aplicación interesada, malintencionada y predatoria de la LRAU», en nombre del progreso urbanístico. Unas 150 personas se manifestaron el 4 de octubre de 2003 en Valencia, en la primera protesta pública de AUN, de la que informó Levante-EMV, para exigir a las Corts que «el texto de la LRAU y de las leyes que afecten al territorio se sometan a examen y se corrijan todos todos los artículos que dan pie a un desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos».
Eran las alertas del tsunami urbanístico que vivió la Comunitat Valenciana desde finales de los 90 hasta que la crisis hizo estallar la burbuja inmobiliaria, y que todos los actores principales negaron por activa y por pasiva durante aquellos años y que políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. Los datos objetivos sobre la avalancha de PAI nunca se han facilitado oficialmente por la conselleria responsable de urbanismo (que ha tenido cinco consellers en diez años), quizá para ocultar la magnitud del boom inmobiliario que nos puso en el disparadero de las críticas europeas por el «urbanismo salvaje y depredador» que se practicaba por estas tierras y que acabó sentando a las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aunque finalmente se archivó la denuncia.
¿Cómo se llegó a esta situación? La LRAU se aprobó en noviembre de 1994, durante el último gobierno socialista, que apenas tuvo tiempo de aplicarla. La LRAU revolucionó el urbanismo español al introducir las figuras del agente urbanizador y de los PAI como novedades, con el objetivo de dinamizar y agilizar la actividad urbanística. El PP, muy crítico con la LRAU durante el debate parlamentario asumió la ley y no la modificó cuando llegó a la Generalitat en 1995. La ley preveía la redacción de un reglamento orientativo de zonas de zonas de ordenación urbanística, que nunca se elaboró, así como planes de acción territorial que nunca se redactaron durante sus once años de vigencia. El urbanismo valenciano se espoleó con la ley del suelo estatal aprobada por el gobierno de José María Aznar en 1998, que declaraba todo el suelo urbanizable, excepto el protegido. A finales de los años 90 comenzaron a surgir las primeras denuncias por abusos urbanísticos, pero no se les hizo mucho caso.
A partir del 21 de junio 2003, un viejo conocido del urbanismo valenciano volvió a dirigirlo. Catorce años después de abandonar la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), Rafael Blasco vuelve a la conselleria de nueva creación, Territorio y Vivienda, en el primer gobierno de Francisco Camps. Blasco revoluciona el urbanismo valenciano en apenas tres años, con la aprobación del famoso «paquete legislativo» que aportó a la Comunitat Valenciana cuatro leyes y dos reglamentos que suman un total de 1.183 artículos «contradictorios entre sí e imposibles de aplicar», según denuncian los urbanistas y admitió con el tiempo la propia conselleria.
El problema es que entre 2004 y 2006, cada vez que Blasco anunciaba la entrada en vigor de una nueva ley, se producía una avalancha de presentación de planes urbanísticos, cuyo alcance territorial la Generalitat nunca ha querido revelar en detalle (número de viviendas planificadas, suelo reclasificado...) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) echaba humo en las sucesivas oleadas para esquivar las nuevas leyes que tramitaba la Conselleria de Territorio. Mientras, las denuncias ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo no dejaban de crecer (se alcanzaron 15.000, según el europarlamento, una cifra que el Consell minimizó y ridiculizó) y provocaron tres visitas de diputados europeos para analizar las denuncias por abusos urbanísticos y dos documentos, el Informe Fourtou y el Informe Auken, en los que se constataban los abusos urbanísticos que se cometían en la Comunitat Valenciana y la corrupción ligada al urbanismo.
Algunos datos de esta «década prodigiosa del urbanismo español» son reveladores. En la Comunitat Valenciana se construyeron 713.214 viviendas entre 1997 y 2006 (Alicante con 362.269 casas y Valencia con 231.046 eran la cuarta y sexta provincias españolas con más viviendas construidas). Otros 52 municipios tramitaron planes generales o conciertos previos en los que proponían la construcción de de 718.106 nuevas viviendas, lo que multiplicaba por cuatro su suelo residencial: de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales a 272 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano, según la información recopilada en 2009 por el catedrático de Geografía de la Universitat de València y ex conseller, Eugenio Burriel. Precisamente, una de las críticas que se ha hecho al urbanismo valenciano es que ha sido una suma de planes municipales, sin que existiera un plan autonómico que ordenara el territorio. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que marca el crecimiento de los próximos 30 años y está en vigor desde enero de 2011, no «mete mano» a la avalancha de PAI de los últimos años, como tampoco lo hace la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que la última consellera del ramo, Isabel Bonig, anunció en agosto de 2011, para reducir a 273 lo más de mil artículos urbanísticos de las leyes vigentes, que aún no ha llegado ni a las Corts.
El Supremo tumba las tesis del TSJ y el Consell sobre el agua
Una década después del «tsunami» urbanístico, el Tribunal Supremo se ha posicionado en 2013 sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el «boom» del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha anulado este año varios planes urbanísticos que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumbó así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que hicieron correr ríos de tinta en la última década. En el último año, el Supremo y el TSJ también han anulado algunos de los megaPAI estrella de la última década como el de Nou Mil·lenni en Catarroja o Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa. La crisis también ha obligado a suspender otros como el de Porxinos, en Riba-roja.
CAPITULO 6
Los avales dejan al PP en fuera de juego - Levante-EMV
La Generalitat paga muy cara su política de respaldar a los grandes clubes de fútbol por valor de 118 millones
José Manuel Bort | valencia El pasado mes de abril, una interpelación parlamentaria puso en alerta a la mismísima Comisión Europea, que se vio obligada a iniciar unas investigaciones por la política de ayudas del gobierno de la Comunitat Valenciana a sus clubes de fútbol de elite. Un apoyo público a empresas privadas deportivas sin precedentes documentados y que, paradójicamente, ha supuesto finalmente la puerta a la autodestrucción de algunos de ellos gracias a los paralelos proyectos urbanísticos fracasados que nacieron con aquellas alianzas. Una política que fue denunciada ininterrupidamente por Levante-EMV, que advirtió de los graves riesgos en la firma indiscriminada de aquellos avales como de las operaciones inmobiliarias que iban emparejadas.
Los números están ahí. Son terroríficos. Insultantes para los ciudadanos de una autonomía a la que aquella actitud complaciente se le ha vuelto en contra. El efecto boomerang es evidente. El Consell tiene graves asuntos pendientes con los bancos, con la millonaria deuda del propietario del Valencia „la Fundación VCF„ a Bankia (85,2 millones de euros) como foco principal de atención. Como epicentro de un terremoto económico acompañado de diferentes demandas que han situado al club más representativo de la C. Valenciana al borde del precipicio. Y al Consell como autor de otra gran irresponsabilidad.
La apuesta de Francisco Camps, fiel centinela de la estrategia de Eduardo Zaplana, de apostar por los grandes eventos deportivos también llegó al fútbol. En plena hegemonía y euforia del PP en la Comunitat, no hubo reparo en parchear los agujeros financieros de los grandes equipos sin ningún rubor. Mientras su órgano propagandístico (RTVV) publicitaba la apuesta de aquel gobierno por el progreso y la imagen de la Comunitat, el dinero se escapaba a espuertas por los desagües. El fútbol es, hoy, otro de los culpables de la ruinosa situación del pueblo valenciano.
Con aquella pregunta parlamentaria, realizada por el eurodiputado socialista Andrés Perelló, se denunciaba por qué la Generalitat Valenciana había avalado préstamos por valor de 118 millones de euros al Valencia CF, Elche CF y Hércules CF, todos ellos sociedades anónimas de titularidad privada. ¡118 millones! A este dinero hay que sumar otros 6 millones garantizados por el mismo régimen, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, a un crédito a favor del Levante UD, el único de todos ellos que se declaró en concurso de acreedores. El resto no se atrevió. Pero, en realidad, todos evitaron la disolución gracias a la intervención del partido del gobierno, con firmas de avales a diestro y siniestro, sin pensar en las consecuencias, que hoy son desastrosas.
El pacto entre el PP y los clubes de fútbol para evitar la liquidación, y tratar de aprovecharse después de operaciones urbanísticas que en ningún caso han llegado a fructificar, fue clonado en todos los casos. Una «fórmula modelo» se puso en práctica. Ante la necesidad de dinero, el club proponía una ampliación de capital. La mayoría accionarial era entonces suscrita por la Fundación del club „cuyo espíritu original cambió radicalmente„, gracias, en todos los casos, a la petición de un préstamo millonario. Todos los créditos eran avalados entonces por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el órgano financiero de la Generalitat, convertido de repente en la «casa de la caridad» del fútbol autonómico. Lo que pasó después ya lo sabe todo el mundo. Las fundaciones, instituciones con unos limitados ingresos económicos, nunca estuvieron preparadas para responder a sus obligaciones con los bancos. «No pasa nada, la Generalitat lo pagará todo», llegó a decir el presidente de uno de estos clubes en una conversación privada. Efectivamente, el avalista comenzó a responder ante los primeros impagos con el dinero de todos los valencianos, sean o no aficionados al fútbol. El Hércules fue el primero en caer. Amplió capital por valor de 18 millones y las acciones fueron suscritas por su Fundación. En 2010 no pudo hacer frente a su primera cuota, de 500.000 euros. El IVF tuvo que responder a los 18 millones ante el Banco Sabadell-CAM, que enero de 2012 ejecutó el aval. Valentín Botella y Enrique Ortíz quedaron como principales acreedores.
El Valencia fue el que había ideado la fórmula, ante su asfixia económica, con una ampliación de 92 millones de euros 2009. Tras una suscripción de títulos por los accionistas, la Fundación se quedó el club en propiedad con 70,4 por ciento de la masa accionarial. Francisco Camps aprobó una arriesga operación. La extinta Bancaja, con José Luis Olivas a la cabeza, prestó los 75 millones. Hoy, su banco matriz, Bankia, apenas ha cobrado 1,2 millones de euros de intereses de la Fundación. El Consell tuvo que desembolsar el primer plazo, de 4,8 millones. Una demanda del abogado valenciano Andrés Sanchis ha imputado a los responsables de aquella ampliación, y está por ver como terminará.
Otra demanda anuló el aval del IVF, un problema grave para que la Fundación y el Valencia refinancien sus préstamos. La situación es dramática, porque Bankia quiere cobrar y nadie le puede pagar. Todo iba emparejado a la venta de las parcelas de Mestalla, que iban a permitir, al mismo tiempo, construir un nuevo estadio. Hoy el Valencia sobrevive con la venta de sus estrellas y el recinto nuevo lleva cuatro años paralizado. La economía del club está bloqueada. Igual que la polémica «operación Porxinos». El expresidente Juan Soler reconoció en su día haber dado un «pelotazo» urbanístico por los terrenos que el Valencia compró en Ribarroja para construir su futura ciudad deportiva. Aquel terreno continúa virgen. Entre las denuncias de los vecinos y la falta de financiación del club, aquel proyecto está totalmente estancado.
El Elche fue el último en subirse al tren de los avales. En febrero de 2011 recibió dos préstamos por valor de 14 millones „9 de la CAM y 5 del Banco de Valencia„ para cubrir una ampliación de capital. El Consell, como garante, tuvo que responder al primero.
El Villarreal es el único que no ha recibido un préstamo avalado. Pero en sus arcas ha entrado dinero público: por patrocinar el Aeroport de Castelló „que nunca ha llegado a funcionar„ y por los derechos de su mascota, propiedad de la extinta Radio Televisión Valenciana.
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