La Unión Europea exige proteger el castellano en las aulas catalanas y poner fin de una vez a la discriminación lingüística.

wagner

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Europa aprueba el fin de la inmersión y exige proteger el castellano en las aulas catalanas y a las familias que lo piden


Luz verde definitiva al «fin de la dictadura lingüística» en Cataluña. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el apoyo de los grupos Renew (Cs), PP y Conservadores y Reformistas (Vox), un histórico informe que censura con contundencia la discriminación del castellano en la educación en Cataluña -pide igual trato a las dos lenguas oficiales en las aulas- y en el que se exige el cumplimiento de las sentencias del 25% de español en la educación, en una clara alusión al incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que dicta extender «al menos» esa proporción de español en todo el sistema educativo.

El documento aprobado por mayoría -19 votos a favor y seis votos en contra (dos del grupo de Los Verdes/Alianza Libre, uno del Grupo de Izquierdas Left, afín a Podemos, otro de los socialistas europeos, y dos de diputados no inscritos)- tumba la inmersión lingüística, durante 40 años defendida por los nacionalistas catalanes como un «modelo de éxito e integración», pide se ponga «fin a la violación de derechos fundamentales» de padres y niños que piden escolarización en castellano, y que se acabe de una vez por todas con el acoso a estas familias.

Concluye así la última fase del informe elaborado por la comisión de Peticiones tras la misión a Barcelona celebrada el pasado diciembre para comprobar los efectos de la inmersión lingüística. Tras la aprobación de los dos «grandes compromisos» que conforman el texto final, los impulsores de la misión y las formaciones políticas que refrendaron el documento de recomendaciones (PPE, Cs, y Vox) han celebrado la llegada de este primer compromiso de Europa que supone «un paso de gigante para crear la mejor política lingüística para todos los catalanes», ha señalado en declaraciones a ABC la eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Maite Pagaza.

«Después de siete años se ha logrado finalmente que el monolingüismo ilegítimo e ilegal de Cataluña se vea en Europa. Hoy empieza el final del tabú de la política lingüista de los secesionistas», dice Pagaza. «Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños. Este informe pide a la administración responsable, y al Gobierno nacional que apliquen la ley, respeten las libertades civiles y el sentido común para que la mejor educación plurilingüe sea posible», concluye la eurodiputada.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat (PPE) ha expresado también su satisfacción por la aprobación del documento. «Es una gran noticia y demoledora para el independentismo político y el socialismo, que arrincona el castellano en la educación. Europa manda un mensaje claro: que las sentencias se deben cumplir y los derechos de niños garantizar», ha dicho Montserrat. «Debe castigarse el acoso a niños y familias que piden esta opción«, dice Montserrat.

Ha recordado que desde el PPE pedirán al Govern y al Gobierno de España que atiendan las recomendaciones europeas y las cumplan. «Han intentado maniobrar para que este informe no salieran adelante pero la fortaleza democrática del PE hoy ha ganado. Celebramos este informe como un gran paso en defensa de la libertad, la justicia y el bilingüismo. Pedimos que las lenguas convivan y no se discriminen como ocurre en las calles de Cataluña»·

«El Parlamento Europeo pide al Gobierno y a la Generalitat que garanticen que los niños no sean objeto de discriminación. Parece una obviedad, pero desgraciadamente en Cataluña el sectarismo del independentismo ha invadido todo, también la educación de nuestros hijos», ha declarado la presidenta de la Comisión de Peticiones. La eurodiputada Rosa Estaràs (PPE), que también participó en la misión, ha celebrado que «hoy es un gran día porque ha ganado la democracia, la Constitución y el Estado de derecho». Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, ha calificado de «histórico» el informe aprobado sobre la «vulneración, por parte de las fuerzas separatistas, de los derechos de las familias, alumnos, profesores y personal, de usar normalmente el español en las escuelas en Cataluña», algo que ha tachado de «apartheid lingüístico».


«Instrumentalización» del Parlamento Europeo

Desde las formaciones de izquierda, que han votado en contra del informe y responsables de la mayoría de las enmiendas presentadas, se ha destacado que «éste no tiene carácter vinculante» y han recordado que «Europa no tiene competencias en materia educativa». La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha denunciado la «instrumentalización» del Parlamento Europeo por parte «de las fuerzas de la derecha» y ha insistido en que «solo los estados miembros pueden decidir en materia educativa». Antoni Comín, eurodiputado de Junts y socio de Carles Puigdemont, ha cargado contra el PPE como «líder de la estrategia de españolización del Parlamento Europeo».


Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las peticionarias de la misión a Cataluña, celebra el pronunciamiento de Europa que, según precisa, «pone de manifiesto que el sistema de inmersión no se ajusta a la legalidad, vulnera los derechos de los niños y de sus familias y, además, restringe la libertad de movimientos. Es claro en su condena al sistema que desde hace décadas se vende como reconocido internacionalmente».


«Agujerea» la inmersión

«El documento supone un punto y aparte en el sistema de inmersión, lo agujerea, al constatar que existe discriminación», señala la AEB. Ana Losada, presidenta de la entidad, recuerda que que el texto requiere también a la Comisión Europea para que considere en sus informes sobre el Estado de Derecho la forma en que se aseguren los derechos de los niños hispanohablantes en las comunidades bilingües.

«El informe es más incisivo y contundente que el inicial. Exige el equilibrio en el uso de las dos lenguas oficiales en la enseñanza, pero lo más importante, subraya que al fijar ese equilibrio no se puede discriminar a ninguna de ellas», destaca Losada.

Tal como avanzó ABC, las propuestas de este informe final fueron transaccionadas por el PPE, Renew y ECR, mientras que, según indican a ABC fuentes del PE, «el resto de fuerzas se inhibieron en la parte final del proceso como gesto de boicot al texto»

El 14 de febrero, antes de arrancar la sesión en la que debía discutirse el documento, eurodiputados de izquierda e independentistas (PSOE, BNG, Junts y Esquerra) intentaron boicotear el debate. Finalmente, este martes se ha votado y aprobado el texto definitivo tras la presentación de un total de 420 enmiendas, en su mayoría apuntadas por las formaciones que desde un primer momento se mostraron contrarias a la misión y que rechazaron también el documento de recomendaciones, según precisan a ABC fuentes próximas a la Eurocámara.

Según ha adelantado hoy este diario, la presidenta de la misión, la eurodiputada Yana Toon (Renew Europe, Estonia), tras un «concienzudo trabajo y tras revisar la totalidad de las enmiendas presentadas», elaboró las dos «grandes enmiendas» transaccionales -«dos largos compromisos»- aprobadas hoy, que recogen, en gran parte, la esencia de las 15 recomendaciones del documento final de la visita. Toon las elaboró «para agilizar la votación», de forma que no tengan que valorarse una a una los centenares de enmiendas presentadas.

Las dos enmiendas transaccionales, adelantadas por este diario, se estructuran en dos grandes bloques o «compromisos». En el primero, se recuerda que «el deber de saber español y el derecho a recibir enseñanza en el uso del español están consagrados en la Constitución española en su artículo 3, que establece la oficialidad del castellano en toda España y la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan otras lenguas como oficiales dentro de su territorio». Se recuerda, además, que «el Estatuto de Cataluña utilizó esta posibilidad para establecer el catalán como cooficial en su territorio».


«El mismo trato al castellano y al catalán»

En el texto se deja también claro que «el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al español y al catalán como lenguas de enseñanza en el horario curricular o lectivo» y que el sistema educativo «debe tomar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas, pero en ningún caso estas medidas pueden implicar la exclusión de alguna de las lenguas oficiales como lengua vehicular».

En el redactado de la primera gran enmienda se aclara que «la enseñanza de materias complementarias, como educación física o actividades extraescolares, no puede equipararse ni computarse en términos idénticos a la enseñanza de materias básicas, como matemáticas o historia» y recoge también que «el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y que cualquier discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». En este sentido, insta «a las autoridades regionales y nacionales competentes que garanticen que los niños no sean discriminados por ningún motivo, incluido el de ser hispanohablantes».

Manifiesta igualmente «su preocupación por que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña genere graves disfunciones para los alumnos con necesidades educativas especiales cuya lengua materna es el español» y exige que este alumnado «pueda estudiar en su lengua materna, cuando dicha lengua sea oficial, si sus familias así lo desean».


Segundo bloque de compromisos propuestos

En la segunda enmienda se incluyen también algunas de las recomendaciones que los eurodiputados reflejaron en su informe final tras la visita. Entre otras cosas, se pide a la Comisión que «siga de cerca la aplicación en Cataluña del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de las autoridades regionales por la diversidad cultural y lingüística, y que tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el Estado de Derecho». Se reclama, asimismo, a la Comisión que establezca un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar cuestiones de derechos fundamentales y que «adopte medidas para garantizar que España hace cumplir los derechos de los niños hispanohablantes en comunidades bilingües».

El documento hace un llamamiento a las autoridades nacionales y autonómicas españolas a que «vigilen estrechamente si en la organización de los sistemas educativos en Cataluña se respeta un contenido equilibrado de la enseñanza de las lenguas y se da un trato igualitario a las lenguas cooficiales, y si se cumplen los objetivos educativos en ambas se consiguen lenguas cooficiales» y sugiere a las autoridades nacionales españolas que revisen cómo la Alta Inspección educativa «controla en Cataluña los estándares mínimos para un contenido equilibrado de la enseñanza de lenguas».



Incumplimiento del 25% de castellano

Por otro lado, en una clara alusión al incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que obliga a impartir un 25% más de castellano en todas las aulas catalanas, el texto de la enmienda apunta que «el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las administraciones públicas española y catalana vulnera el Estado de Derecho», y expresa su «preocupación por el hecho de que los ciudadanos, debido a la falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial, tengan que buscar reparación judicial para su propio caso individualmente».

En relación con estos casos, el texto reclama a las autoridades catalanas «que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia» y manifiesta igualmente su preocupación «por la exclusión, las controversias y las reacciones en el público que esta cuestión está provocando en la sociedad catalana, incluidos casos de exclusión social, intimidación y acoso contra niños y padres». En este sentido, condena cualquier forma de discurso de repruebo; pide a las autoridades regionales «que sigan de cerca este comportamiento inaceptable y sancionen a sus autores».

Por último, en el texto se recomienda enviar este informe a la Generalitat de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Síndic de Greuges español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional español a la espera del fallo. Aconseja también que este informe se envíe al Grupo de Vigilancia del Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la comisión LIBE.

La mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos de izquierdas contrarios a la misión exigen la «supresión del informe de recomendaciones de los eurodiputados» y «defienden la inmersión lingüística en catalán como un modelo de éxito educativo y de inclusión», según ha podido comprobar este diario. Destaca la posición de algunos eurodiputados como Antoni Comín que «se han limitado a pedir la retirada del documento sin apuntar ninguna enmienda», denuncian desde la AEB.



Fuente: abc.es