Anónimo222
Madmaxista
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Tractoristas "fritos a multas" de hasta 1.800 euros por cortar las carreteras
En Valencia, en Sevilla, en Cádiz, en Ávila... El mapa de España se ha llenado en las últimas semanas de agricultores y ganaderos multados por las protestas que el sector...
En Valencia, en Sevilla, en Cádiz, en Ávila... El mapa de España se ha llenado en las últimas semanas de agricultores y ganaderos multados por las protestas que el sector primario llevó a cabo en febrero pasado. Los labradores y criadores de ganado de todo el país salieron a la calle, en ocasiones con sus tractores y con sus camiones, pero también a pie, para protestar por la situación de su gremio en España. Cortaron carreteras, se manifestaron en puertos... Contaban con autorización previa de las distintas subdelegaciones provinciales del Gobierno.
La sorpresa les llegó semanas después, cuando a los buzones de sus casas comenzaron a llegarles sanciones de miles de euros. Como al gaditano Manuel Raposo Vidal y sus 17 amigos, también como él agricultores de Sanlúcar de Barrameda, que han recibido una multa de 1.000 euros cada uno.
Según la sanción, que Manuel muestra a Crónica, a las 17.20 horas del 8 de febrero de 2024 se negó "a abandonar la concentración" que se estaba realizando en el kilómetro 50 de la autovía Sevilla-Cádiz, a la altura de la salida hacia la localidad sevillana de Lebrija. Se le acusa por ello de cometer "una infracción administrativa" sancionable con 1.000 euros. La multa le daba la opción de pagar un 50% del importe total si hacía frente al abono en el plazo de 15 días posterior a la recepción de la sanción.
Pero ni Manuel ni sus 17 compañeros "de lucha" han abonado un euro. Han decidido recurrir la sanción. Sienten que es un "atropello". Uno de ellos, quien prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que a raíz de aquellas protestas está recibiendo inspecciones con una frecuencia injustificada.
"Allí había como 200 o 300 personas, pero cuando nosotros llegamos la manifestación ya se estaba disolviendo. Yo ya estaba dentro de mi propio coche para volverme a casa. Llegaron cuatro o cinco de la Guardia Civil a punta de pistola. Hasta se me caló el coche del susto. Algunos guardias venían corriendo por mitad del campo a por nosotros", relata Manuel, que tiene 66 años y cuenta que comenzó a trabajar en el campo a los 11.
A Manuel y a varios agricultores sanluqueños también multados se les llamó a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Lebrija días después. A finales de mayo están citados en el juzgado de esta localidad. "Si yo no estuve en la carretera, porque es así, ya que no había llegado ni siquiera a donde estaba la protesta, se tendrá que demostrar que sí estuve. Pero es que no lo hice. En este país se hacen muchísimas manifestaciones. Si las hacen de otro gremio, no sé si multan tanto. A nosotros nos han frito a multazos".
Sevilla fue la provincia donde más cortes se convocaron. El 14 de febrero se llegó a cerrar al tráfico el acceso a la capital andaluza por autovía. Se movilizaron 20.000 agricultores y 2.000 tractores. "La jornada se desarrolló de manera pacífica, con el apoyo masivo de la ciudadanía y de los propios conductores afectados por los cortes", defienden desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
Un día después de aquella fecha, el Ministerio del Interior desveló que la protesta del sector primario había dejado ya en toda España 8.807 personas identificadas para posible sanción y 3.189 denuncias administrativas, en aplicación tanto de la ley orgánica de seguridad ciudadana como la de seguridad vial.
A finales de abril de 2024, Asaja ya llevaba más de 500 multas contabilizadas sólo en la provincia de Sevilla. En su mayoría, de 200 euros. El motivo más común reseñado era "estacionar el vehículo obstaculizando la circulación". "Justo aquello para lo que la concentración estaba convocada", recuerdan desde Asaja. "No tiene sentido alguno".
"El exceso de celo de la Dirección General de Tráfico no parece casual. Esta ristra de multas infames son fruto de la continua campaña de acoso emprendida por este Gobierno contra el sector agrario. Solicitamos a la Dirección General de Tráfico que paralice de manera inmediata estas injustificadas sanciones. Ni esta organización ni los agricultores y ganaderos sevillanos se van a dejar amedrentar por la presión, el acoso y las represalias del Gobierno. Llegaremos a donde tengamos que llegar, pero el sentido común y la Constitución nos amparan. Seguiremos haciendo uso de nuestro legítimo derecho a la manifestación y la protesta mientras lo consideremos necesario".
Actualmente, los manifestantes de febrero siguen recibiendo multas en sus casas. Los motivos son desde circular en marcha lenta por la carretera de forma injustificada a la utilización del teléfono móvil dentro de la ciudad de Madrid, como se ha dado el caso.
En Ávila, más de una treintena de personas han recibido sus sanciones recientemente, por desorden público, negativa a disolverse o a identificarse, o por la utilización de objetos en contra de los agentes. En algunos casos, como en el del gaditano Manuel Raposo, la denuncia también va por vía penal. En la comarca abulense de La jovenlandesaña se concentran 15 denunciados que suman sanciones acumuladas de 22.000 euros. Las multas oscilan entre los 200 y los 1.800 euros.
Carles Peris es secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders (labradores y ganaderos) de la Comunidad Valenciana. A cinco manifestantes que estuvieron con él en el puerto de Valencia denunciando que la instalación portuaria bonifica la entrada de una serie de productos de fuera de la UE se les ha sancionado con multas de 1.200 euros.
"Nos dirigíamos a la autoridad portuaria a hacer una protesta en sus puertas. Las protestas estaban autorizadas. El puerto no perdió ni un solo euro aquel día. No impedimos su funcionamiento normal. No se cortó el tránsito ni el movimiento interno de mercancías. Pues bien, a los 20 o 25 días nos encontramos con las sanciones. Nos acusan de desobediencia civil por poner en riesgo una infraestructura crítica", explica Carles Peris, que se deja fotografiar con la sanción en la sede de La Unió en Valencia. "Nos denuncia la Policía Nacional. Pensamos que se tuvo muy poca sensibilidad con el sector en aquellas fechas. Las multas son totalmente desproporcionadas. Es una forma de callarnos y de mantenernos en el redil".
