Corrupción: La Abogada General de Estado, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados

acitisuJ

Madmaxista
Desde
28 Ene 2016
Mensajes
28.845
Zanx
114.447
La Abogada General, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados

División en los servicios jurídicos ante la estrategia de liberar 4.700 millones a las comunidades antes del 10-N

09/10/2019

El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras negarse el resto de representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda.

Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios pusieron de relieve su malestar por la utilización por parte del Gobierno. Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la Abogada General del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos.

Los fondos autonómicos retenidos fueron este verano uno de los elementos de presión del ministerio de Hacienda para intentar facilitar la investidura de Sánchez, argumentando que solo un Gobierno con plenas funciones podía desbloquearlos. Pero el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos y la consiguiente convocatoria electoral ha terminado por poner en evidencia esta estrategia y ha dejado «a los pies de los caballos», según las mismas fuentes, a los servicios jurídicos estatales. De hecho, el bloqueo suscitó la denuncia de las comunidades afectadas, que tacharon de «chantaje» la actitud del Ejecutivo y algunas, como Cataluña, llegaron a anunciar medidas legales. Galicia fue la primera comunidad autónoma en demandar una solución y lo hizo antes incluso de que el Gobierno central estuviese en funciones.

Montero afirmaba entonces que su posición se respaldaba en un informe de la Abogacía General del Estado, aunque días después tuvo que reconocer que aún no existía tal documento pero que lo recibiría «en breve». Sin embargo, el Gobierno cambió su postura ante la convocatoria de las elecciones lo que le hizo necesitar un nuevo informe de los servicios jurídicos, aunque con la tesis contraria.

Desde el Gobierno explican ahora que, al estar en funciones, el mecanismo consistirá en un decreto ley. Pero aunque se apruebe esa norma consideraban necesario el visto bueno de la Abogacía del Estado para lo que pretendían hacerles llegar un informe para «convencer» a los servicios jurídicos de sus pretensiones. Dos son las premisas que el Gobierno pretendía argumentar: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria, criterios que el Ejecutivo interpreta que ahora mismo sí se cumplen. Respecto al primero de ellos, el Gobierno pretendía que la Abogacía del Estado no comparase esta situación con otras decisiones de gasto que puedan comprometer a un nuevo Ejecutivo.

El segundo elemento consistía en justificar la urgente necesidad del desbloqueo de fondos. El Gobierno ha utilizado la complicada situación de dos regiones en concreto, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que pueden entrar en breve en una situación de graves problemas para atender a sus gastos más básicos. Esa situación de previsible colapso financiero ha sido uno de los argumentos que el Gobierno utilizará para justificar su actuación, para apuntalar el criterio de «interés público y urgente necesidad», que debe figurar en el informe anexo que acompañaría al decreto ley.

La fórmula final, no obstante, todavía no estaba definida hace unos días, pero pese a ello Sánchez ya lo anunció durante un mitin de partido en la Comunidad Valenciana, la región más afectada por esta falta de fondos. Se da la circunstancia que cuando Sánchez hizo ese anuncio, Hacienda todavía no había terminado de preparar esa argumentación para convencer a la Abogacía.

«En los próximos días»

Fuentes parlamentarias aseguran que el decreto puede aprobarse este mismo viernes y, de hecho, Pedro Sánchez ha asegurado que ya tiene en su poder «todos los informes» que le permitirán desbloquear las entregas a cuenta y que podrá hacerlo «en los próximos días». Como fuere, ese decreto ley tendría que ser posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. En el Gobierno son conscientes de que hacerlo en este periodo suscitará críticas, por electoralismo y por su rotunda negativa anterior, pero se confía en que el apoyo del PP, ante las necesidades de sus regiones, y las de las propias comunidades evite que la polémica se extienda.

No obstante, los populares fueron muy críticos con la actuación del Ejecutivo en este caso. «Supone la utilización partidista de un órgano consultivo como la Abogacía del Estado y un grave deterioro de los servicios públicos sociales educativos y sanitarios en las comunidades. Es una irresponsabilidad», denunció en su momento el portavoz económico del PP, Mario Garcés.

No es la primera vez que un conflicto en la Abogacía del Estado en torno a los planes del Ejecutivo obliga a que tenga que ser su máximo responsable quien firme el informe que cumpla con los designios del Ejecutivo. Ya sucedió con el escrito de conclusiones provisionales en la que la Abogacía del Estado optó por no acusar por rebelión en el juicio del 1-O y rebajó el tipo penal a sedición. En aquella ocasión tuvo que ser la Abogada General, Consuelo Castro, quien firmase el escrito de acusación en lugar del responsable penal de la Abogacía del Estado, que era Edmundo Bal.

La Abogada General, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados
 

la_trotona

Himbersor
Desde
26 Ene 2018
Mensajes
3.859
Zanx
6.228
Supongo que no será una ilegalidad,porque se puede buscar un buen problema.
 

Cabrea2

Madmaxista
Desde
11 Nov 2017
Mensajes
5.198
Zanx
16.274
La Abogada General, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados

División en los servicios jurídicos ante la estrategia de liberar 4.700 millones a las comunidades antes del 10-N

09/10/2019

El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras negarse el resto de representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda.

Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios pusieron de relieve su malestar por la utilización por parte del Gobierno. Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la Abogada General del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos.

Los fondos autonómicos retenidos fueron este verano uno de los elementos de presión del ministerio de Hacienda para intentar facilitar la investidura de Sánchez, argumentando que solo un Gobierno con plenas funciones podía desbloquearlos. Pero el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos y la consiguiente convocatoria electoral ha terminado por poner en evidencia esta estrategia y ha dejado «a los pies de los caballos», según las mismas fuentes, a los servicios jurídicos estatales. De hecho, el bloqueo suscitó la denuncia de las comunidades afectadas, que tacharon de «chantaje» la actitud del Ejecutivo y algunas, como Cataluña, llegaron a anunciar medidas legales. Galicia fue la primera comunidad autónoma en demandar una solución y lo hizo antes incluso de que el Gobierno central estuviese en funciones.

Montero afirmaba entonces que su posición se respaldaba en un informe de la Abogacía General del Estado, aunque días después tuvo que reconocer que aún no existía tal documento pero que lo recibiría «en breve». Sin embargo, el Gobierno cambió su postura ante la convocatoria de las elecciones lo que le hizo necesitar un nuevo informe de los servicios jurídicos, aunque con la tesis contraria.

Desde el Gobierno explican ahora que, al estar en funciones, el mecanismo consistirá en un decreto ley. Pero aunque se apruebe esa norma consideraban necesario el visto bueno de la Abogacía del Estado para lo que pretendían hacerles llegar un informe para «convencer» a los servicios jurídicos de sus pretensiones. Dos son las premisas que el Gobierno pretendía argumentar: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria, criterios que el Ejecutivo interpreta que ahora mismo sí se cumplen. Respecto al primero de ellos, el Gobierno pretendía que la Abogacía del Estado no comparase esta situación con otras decisiones de gasto que puedan comprometer a un nuevo Ejecutivo.

El segundo elemento consistía en justificar la urgente necesidad del desbloqueo de fondos. El Gobierno ha utilizado la complicada situación de dos regiones en concreto, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que pueden entrar en breve en una situación de graves problemas para atender a sus gastos más básicos. Esa situación de previsible colapso financiero ha sido uno de los argumentos que el Gobierno utilizará para justificar su actuación, para apuntalar el criterio de «interés público y urgente necesidad», que debe figurar en el informe anexo que acompañaría al decreto ley.

La fórmula final, no obstante, todavía no estaba definida hace unos días, pero pese a ello Sánchez ya lo anunció durante un mitin de partido en la Comunidad Valenciana, la región más afectada por esta falta de fondos. Se da la circunstancia que cuando Sánchez hizo ese anuncio, Hacienda todavía no había terminado de preparar esa argumentación para convencer a la Abogacía.

«En los próximos días»

Fuentes parlamentarias aseguran que el decreto puede aprobarse este mismo viernes y, de hecho, Pedro Sánchez ha asegurado que ya tiene en su poder «todos los informes» que le permitirán desbloquear las entregas a cuenta y que podrá hacerlo «en los próximos días». Como fuere, ese decreto ley tendría que ser posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. En el Gobierno son conscientes de que hacerlo en este periodo suscitará críticas, por electoralismo y por su rotunda negativa anterior, pero se confía en que el apoyo del PP, ante las necesidades de sus regiones, y las de las propias comunidades evite que la polémica se extienda.

No obstante, los populares fueron muy críticos con la actuación del Ejecutivo en este caso. «Supone la utilización partidista de un órgano consultivo como la Abogacía del Estado y un grave deterioro de los servicios públicos sociales educativos y sanitarios en las comunidades. Es una irresponsabilidad», denunció en su momento el portavoz económico del PP, Mario Garcés.

No es la primera vez que un conflicto en la Abogacía del Estado en torno a los planes del Ejecutivo obliga a que tenga que ser su máximo responsable quien firme el informe que cumpla con los designios del Ejecutivo. Ya sucedió con el escrito de conclusiones provisionales en la que la Abogacía del Estado optó por no acusar por rebelión en el juicio del 1-O y rebajó el tipo penal a sedición. En aquella ocasión tuvo que ser la Abogada General, Consuelo Castro, quien firmase el escrito de acusación en lugar del responsable penal de la Abogacía del Estado, que era Edmundo Bal.

La Abogada General, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados

Ya ya de paso, le llenará el deposito de gasoil al helicompero que llevara a franco, con el pico que sobra
 

brotes_verdes

Madmaxista
Desde
26 Jun 2009
Mensajes
12.542
Zanx
38.547
A ver si entiendo la situacion correctamente:

-Pagamos unos sueldos fuera de mercado con unas condiciones de trabajo envidiables a funcionarios de forma que sean indespedibles para que se puedan negar a realizar acciones obligados por los politicos

-Luego resulta que vemos que uno de esos funcionarios, de los que mas ganan precisamente ... ha sido "obligada por los politicos"

En tal caso ... ¿para que queremos funcionarios? Si no van a enfrentarse a los politicos ¿para que darles condiciones especiales?