08 -04-2021 - El carnet del buen catalán - Joaquín Luna - La Vanguardia
Me ha faltado valor frente al ordenador para crearme la “identidad digital” expedida por el Consell
per la República a pesar de sus ventajas, la cuota –inferior a un cubata en el Dry Martini– y esa frase publicitaria que me ha robado el corazón: “Comienza a descubrir las posibilidades que nos permiten ir desconectando del Estado”.
He tenido a tres clics aquello que nunca alcanzaré: la condición de buen catalán. Esa tranquilidad de estar en el lado confortable y pata negra de la sociedad al que, algún día, premiarán la historia, la república o esos bisnietos que, la verdad, me importan un carajo.
El carnet materializa el un país, dos identidades: el buen catalán y los que compran en Sepu
Un carnet, un carnet de bambú, por aquello del medio ambiente, que no servirá para nada –como tantas ocurrencias de los últimos tiempos en Catalunya– salvo para materializar algo inquietante que se veía venir: hay buenos y malos catalanes. Los buenos tendrán su código QRI y los malos comprarán en Sepu, almacenes modestos y preconstitucionales cuyo eslogan era “quien calcula compra en Sepu”.
No estamos ante un carnet del Club Super3, de los amigos del Tibidabo o del RACC, de ahí que uno no se lo tome a pitorreo, sino ante la culminación de la filosofía de cierto independentismo, aquella que ha permitido borrar mentalmente del conflicto Catalunya-España a la mitad del país: el catalán de pro, el único que ama su tierra, el que no podría expresarse en otra lengua, ya tiene una acreditación distintiva.
Esta tarjeta de bambú no está hecha para llevar en la cartera –una más–, sino para ser interiorizada a fin de distinguirse entre la masa de conciudadanos que van tirando, desgobernados y recelosos de la simple astracanada de crear un Estado paralelo y privado, sin control de datos, que aspira a catalogar el tipo de ciudadano que eres.
¿Buen o mal patriota?
Antes de poder pasar lista, hay que tener una lista. Son 93.307 los inscritos a miércoles 7 de abril a las 11 horas. Alguien podría decir que son cuatro gatos –no le faltaría razón–, pero se trata de gatos que duermen seguros y andan sobrados de identidad, de modo que se atreven a promocionar semejante registro. Ya sospechaba que en Waterloo tienen un concepto particular del ciudadano, sea en monarquía o república.
Yo seguiré comprando en Sepu o donde no me pidan el carnet aunque sirva para entrar en el Up&Down o el paraíso catalán.
08-04-2021 - De purgas y desobediencias - Francesc-Marc Álvaro - La Vanguardia
No es nada que no hayamos visto antes, pero llama la atención porque recuerda las maneras más casposas: un partido que se pretende nuevo y diferente (que ha roto con muchas cosas del pasado, según sus promotores) hace una purga a plena luz del día. Los que dicen ser “nueva política” en el independentismo catalán copian prácticas del estalinismo más rancio. Jaume Alonso-Cuevillas emite una tranquila reflexión sobre la estrategia de Junts y, tras ser señalado como un hereje, es obligado a renunciar como miembro de la Mesa del Parlament, a pesar de haber corregido sus palabras iniciales y haberse aplicado “la autocrítica” del modo más vergonzoso. El abogado cae en desgracia, aunque es uno de los defensores de Puigdemont y persona de confianza, hasta hace cuatro días, de Laura Borràs. Los vigilantes de las esencias detectan la sombra de “la traición”. La fábula triste de Cuevillas tiene un efecto: ilumina uno de los grandes problemas del mundo independentista y, más concretamente, del sector que mantiene una compleja relación de continuidad-rechazo con el antiguo espacio convergente.
Estoy seguro de que Rull, Forn y Turull, los tres presos del procés que provienen de la desaparecida Convergència, personas que conozco y aprecio, no deben de estar muy cómodos cuando ven que Cuevillas es defenestrado tras expresar un criterio político en el digital Vilaweb ; un criterio que, por otra parte, alguno de ellos también podría compartir. Diría que tampoco Damià Calvet, conseller en funciones, debe sentirse satisfecho con una medida que es un aviso para navegantes: quien discrepe, aunque sea con sordina, sufrirá la furia de los dioses.
Cuevillas pone sobre la mesa los límites de una vía rupturista institucional
Costaría encontrar, incluso en los tiempos más duros del liderazgo de Jordi Pujol, un episodio tan descarnado de purga ideológica. Quiero recordar que el fundador de CDC tenía a su lado figuras como la de Ramon Trias Fargas, que, en público y en privado, no escondía sus discrepancias con el president. En Junts, en cambio, es tabú grande salirse del guion. El modo como Puigdemont prescindió de los diputados Campuzano y Xuclà, como liquidó a Marta Pascal, como resolvió la pugna con Bonvehí y la cúpula del PDECat, como los peones junteros contestan –dentro y fuera de las redes– a los que no les dan la razón, todo eso indica que el dictado oficial es sagrado. En este sentido, es ilustrativo un tuit reciente de Cuevillas en que reitera “mi firme compromiso con el proyecto político de Junts y el liderazgo incuestionable del president Puigdemont”. ¿Un liderazgo no se puede cuestionar?
Más allá de las miserias partidistas, el asunto Cuevillas nos recuerda, en primer lugar, la necesidad urgente de que el independentismo haga un debate racional sobre la estrategia para los próximos años, a la luz de las lecciones de octubre del 2017. ERC ha empezado a hacerlo, ciertamente, pero arrastrando demasiada inseguridad y el miedo de ser acusados de traidores, con el añadido incoherente de fiarse de un actor como la CUP para asegurar la gobernabilidad del país.
Pleno en el congreso de los diputados Jaume Alonso-Cuevilles
Dani Duch
Cuevillas empezaba públicamente esta discusión en Junts al subrayar una obviedad monumental: que hay unas desobediencias que comportan unos costes muy altos a cambio de ningún rédito político. Son desobediencias –añado yo– que solo se explican a partir de dos circunstancias: la agria competencia electoral entre Junts y ERC, y la negativa del espacio que lidera Puigdemont a pinchar la burbuja del voluntarismo unilateralista, que alimenta la promesa de una secesión que tendrá lugar “porque tenemos razón” (haciendo abstracción del resto de factores). Una burbuja repleta de espejismos como “la identidad digital republicana”.
En segundo lugar, la purga de Cuevillas permite detectar, una vez más, que muchos dirigentes y cuadros de Junts no expresan en privado lo mismo que en público. Hay altos cargos del puigdemontismo institucional que asumen a puerta cerrada muchas de las observaciones críticas que, desde la prensa u otros partidos y entidades, se hacen sobre el tacticismo, el simbolismo vacío, la tentación purista o la incapacidad de evitar escisiones. Vivir de la política hace que muchos sean mudos.
Finalmente, en tercer lugar, lo que Cuevillas pone encima de la mesa (y que, extrañamente, el jurista no había visto antes) son los límites conceptuales y fácticos de una vía rupturista que pretende utilizar una parte del Estado (la Generalitat) para llevar a cabo una secesión en este mismo Estado, obviando que la tecnoestructura autonómica es el punto débil de esta hoja de ruta, sobre todo en una sociedad partida en dos mitades, algo que (junto con la represión) impide una aceleración de la desconexión, como se ha visto en otras latitudes. La externalización del referéndum del 1 de octubre es fruto de aceptar estos límites, pero eso después no se tiene en cuenta.
En el juicio a los dirigentes independentistas, así como en el juicio al mayor Trapero, quedó claro que una ruptura desde las instituciones era inaplicable. En un hipotético segundo intento o embate, y en medio de los efectos de la pandemia, lo sería todavía mucho más.
08-04-2021 - Estrasburgo nos mira - Jordi Juan - La Vanguardia
La última palabra sobre la sentencia del Supremo contra los líderes del procés la tendrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es ningún secreto. Ni tampoco que los partidos independentistas catalanes están convencidos de que el Alto Tribunal les dará la razón e infligirá un revolcón jurídico a los magistrados del Supremo. En caso de que fuera así, el mal ya estaría hecho, pero el impacto político sería muy grave para la institución judicial española. Es lo que sucedió en junio del 2017 cuando Estrasburgo falló a favor del ex presidente del Parlamento vasco, Juan Maria Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa, por considerar que el Tribunal Constitucional le había denegado el amparo al que tenía derecho. Su batalla jurídica duró más de diez años y acudieron a Europa cuando la vía judicial española quedó agotada.
La opción europea es lo que sucederá ahora con la sentencia del procés y, lógicamente, los miembros del Tribunal Constitucional quieren curarse en salud y evitar una derrota judicial que les deje en muy mal lugar. Por esta razón, dos de los nueve miembros del Alto Tribunal ya se han apartado de manera voluntaria de cualquier resolución que tenga que ver con esta causa. Si hace unos días fue el magistrado Antonio Narvaéz quien tomó esa decisión, ayer fue Cándido Conde-Pumpido, quien fue fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió no tomar partido en el estudio y votación de los recursos presentados por los condenados por la sentencia del procés . Conde-Pumpido pronunció un discurso en noviembre del 2017 que podría interpretarse como una anticipación de la sentencia que después aplicaría el Supremo.
La opinión generalizada entre los miembros de la judicatura es que no van a sufrir un varapalo de Estrasburgo porque el juicio tuvo todas las garantías. En este sentido, se sienten reconfortados, entre otras cosas, con la declaración de Amnistía Internacional, de noviembre del 2019, que consideró que el juicio tuvo todas “las garantías procesales”. Pero una cosa es que la vista pudiera ser impecable y otra es que por defectos de forma, Europa tumbase la sentencia. Por eso se entienden estos apartamientos voluntarios. Cuidado. Estrasburgo nos mira.