Dr Polux
FEOfobo & CALVOfobo
Los testimonios de altos cargos y proveedores de la Generalitat ante el Tribunal Supremo coinciden en señalar la ausencia de facturas que permitan acreditar el gasto público realizado para organizar el referéndum ilegal del 1-O. El Govern empleó todos sus esfuerzos para burlar el delito de malversación y a ello también contribuyó, decisivamente, la presidenta del Parlament. Carme Forcadell permitió tramitar las leyes de desconexión sin exigir al Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont que cuantificara el coste de aplicación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Un requisito preceptivo para que la Mesa de la Cámara catalana acepte tramitar cualquier norma con rango de ley cuya ejecución vaya a conllevar gastos para el erario público.
La maniobra fue detectada por Ciudadanos, que intentó infructuosamente parar los pies a Forcadell. El 6 de septiembre reprochó oralmente a la presidenta del Parlament la irregularidad, quien hizo caso omiso y permitió aprobar la Ley del Referéndum sin detallar el coste de su ejecución. Tras ello, el partido naranja presentó un recurso en el que denunciaba la treta que la presidenta de la Cámara catalana y el Govern estaban utilizando.
Según el acta de la Junta de Portavoces celebrada en el Parlament el 7 de septiembre de 2017 -fecha de aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica-, Ciudadanos exigió a Forcadell reconsiderar la tramitación de la norma por «incumplir el reglamento del Parlament al no haber dado traslado al Govern por motivos presupuestarios». Es decir, al no haberle exigido que cuantificara el gasto público necesario para aplicar una norma que teóricamente iba a ser utilizada para construir nada menos que un nuevo estado. «¿Cómo no iba a tener eso un impacto económico?», se preguntan aún en Ciudadanos. Todas las fuerzas contrarias a la secesión respaldaron al grupo parlamentario dirigido por Inés Arrimadas, tanto el PP, como el PSC y los comunes. Pero los independentistas hicieron valer su mayoría en la Mesa para tumbar la petición de reconsideración y aprobar la segunda de las leyes de desconexión.
El acta -a la que EL MUNDO ha tenido acceso- revela el entendimiento entre Forcadell y los partidos separatistas. Marta Rovira, entonces portavoz de Junts pel Sí, alegó que no creía «obligado» presupuestar el coste de la segunda ley de desconexión porque el Govern «siempre podría oponerse a su tramitación» si lo estimase oportuno. Algo que, obviamente, no ocurrió. Pero más llamativo fue el argumento con el que la portavoz de la CUP, Anna Gabriel -ahora fugada en Suiza, como Rovira- avaló la argucia de Forcadell y Puigdemont. Para Gabriel, «la Ley de Transitoriedad Jurídica no genera ningún gasto inmediato porque su aplicación depende del resultado de un referéndum y, si finalmente entrase en vigor, ya sería aplicable otro ordenamiento jurídico». Se refería la portavoz de la CUP al nuevo ordenamiento jurídico de la supuesta república catalana.
Forcadell ocultó el coste de las leyes de desconexión
La maniobra fue detectada por Ciudadanos, que intentó infructuosamente parar los pies a Forcadell. El 6 de septiembre reprochó oralmente a la presidenta del Parlament la irregularidad, quien hizo caso omiso y permitió aprobar la Ley del Referéndum sin detallar el coste de su ejecución. Tras ello, el partido naranja presentó un recurso en el que denunciaba la treta que la presidenta de la Cámara catalana y el Govern estaban utilizando.
Según el acta de la Junta de Portavoces celebrada en el Parlament el 7 de septiembre de 2017 -fecha de aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica-, Ciudadanos exigió a Forcadell reconsiderar la tramitación de la norma por «incumplir el reglamento del Parlament al no haber dado traslado al Govern por motivos presupuestarios». Es decir, al no haberle exigido que cuantificara el gasto público necesario para aplicar una norma que teóricamente iba a ser utilizada para construir nada menos que un nuevo estado. «¿Cómo no iba a tener eso un impacto económico?», se preguntan aún en Ciudadanos. Todas las fuerzas contrarias a la secesión respaldaron al grupo parlamentario dirigido por Inés Arrimadas, tanto el PP, como el PSC y los comunes. Pero los independentistas hicieron valer su mayoría en la Mesa para tumbar la petición de reconsideración y aprobar la segunda de las leyes de desconexión.
El acta -a la que EL MUNDO ha tenido acceso- revela el entendimiento entre Forcadell y los partidos separatistas. Marta Rovira, entonces portavoz de Junts pel Sí, alegó que no creía «obligado» presupuestar el coste de la segunda ley de desconexión porque el Govern «siempre podría oponerse a su tramitación» si lo estimase oportuno. Algo que, obviamente, no ocurrió. Pero más llamativo fue el argumento con el que la portavoz de la CUP, Anna Gabriel -ahora fugada en Suiza, como Rovira- avaló la argucia de Forcadell y Puigdemont. Para Gabriel, «la Ley de Transitoriedad Jurídica no genera ningún gasto inmediato porque su aplicación depende del resultado de un referéndum y, si finalmente entrase en vigor, ya sería aplicable otro ordenamiento jurídico». Se refería la portavoz de la CUP al nuevo ordenamiento jurídico de la supuesta república catalana.
Forcadell ocultó el coste de las leyes de desconexión
