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OTRA POLÍTICA ECONÓMICA
Hacer del Ahorro la Eficiencia y el desarrollo de las Energías renovables el eje central del cambio de modelo productivo para reducir nuestra alta dependencia energética del exterior, reducir la demanda total de energía un 30% (con respecto a 2007) mejorando la eficiencia de la economía y disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Potenciar un sector tecnológico e industrial que se convierta en el eje de la transformación tecnológica que la economía española necesita.
Cerrar las centrales nucleares en 2020, así como cambiar el modelo energético para alcanzar el 70% de la electricidad
generada en 2020 mediante energías renovables y el 100% en 2030.
Poner en marcha un Plan de Rehabilitación energética de viviendas y edificios para medio millón de viviendas y 30.000 edificios industriales y de servicios al año, así como la promulgación de nuevas normas técnicas sobre edificación que tengan como requerimiento la autosuficiencia energética de todos los nuevos edificios.
Promover la movilidad sosteniblemediante el cambio del actual modelo que genera tantos efectos negativos sobre la salud de las personas, la contaminación y congestión de las ciudades, la dependencia energética del país y el déficit de nuestra balanza de pagos, exigiremos la moratoria en la construcción de nuevas autovías, autopistas, aeropuertos y líneas de AVE, la paralización y revisión del actual PEIT, y para ello en EQUO nos comprometemos a adoptar, entre otras, las siguientes políticas:
Impulso del automóvil eléctrico y electrificación del transporte público urbano.
Fomento del ferrocarril, especialmente del de cercanías y de mercancías.
Desarrollo de una fiscalidad favorable al uso de la eco-movilidad.
Tasación del combustible del transporte aéreo.
Desarrollo del transporte público electrificado en las ciudades, la bicicleta y las zonas peatonales.
Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible con objetivos de reducción delconsumo energético y obligaciones para las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas de elaborar sus propios planes.
Pequeña producción agrícola para un medio rural vivo y una economía sostenible. Fomento de la Agricultura Ecológica.
Reforma de la actual Política Agraria Comunitaria basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y la pequeña producción agrícola, prohibición del cultivo de transgénicos y conversión del sector forestal como estratégico, elaborando una Estrategia que recoja el apoyo decidido a la planificación de los usos forestales.
Modificar la política de residuos y la visión que se tiene sobre ellos.
Los residuos pueden ser una fuente de empleos, de disminución de consumo de materias primas y de impactos ambientales.
Apoyo e impulso al cambio de modelo productivo en otros sectores de actividad económica y productiva.
Elaborar y aprobar una Estrategia Española de Química Sostenible, reconversión del sector automovilístico hacia la producción eléctrica e introducción de criterios ecológicos en el sector de la agroindustria y el procesamiento de alimentos.
Promoción del Turismo sostenible.
Mediante la protección de nuestras costas y ecosistemas, la reconversión sostenible de actuales zonas turísticas masificadas y degradadas, y el apoyo económico y fiscal a la diversificación turística y al turismo rural y sostenible.
Fomento de la pesca sostenible a nivel nacional y europeo.
Asegurar el futuro del sector pesquero español, defendiendo una Política Pesquera Comunitaria que recupere, antes de 2015 todas las pesquerías y sus ecosistemas, y desarrollar una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que proteja los ecosistemas costeros y promueva un urbanismo equilibrado respetando la Ley de Costas.
Promover el empleo justo y decente y la democracia en el trabajo. Introducción de nuevos derechos de participación de los trabajadores en la vida de las empresas. Muy especialmente en materia medioambiental y en organización del trabajo, mediante la democratización de las relaciones laborales, la aprobación de una Ley de Participación y Cogestión (tomando como base el modelo de participación de Alemania) para las empresas de más de 50 trabajadores. Eliminar los cambios producidos en la última reforma laboral que introdujo más precariedad y facilidad para despedir trabajadores y promoveremos la plena equiparación de derechos de los y las trabajadoras del hogar, con el conjunto de los trabajadores asalariados. Aumentaremos el salario mínimo interprofesional todos los años por encima de la inflación, hasta alcanzar el porcentaje sobre los salarios reales de los
trabajadores que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales que promueven el
trabajo decente.
En EQUO nos opondremos a las políticas que abogan por reducciones de los derechos laborales.
Trabajar menos horas para trabajar más personas, reduciendo y acabando con las horas extraordinarias, promoviendo
una Ley de 35 horas semanales y avanzando progresivamente hacia una mayor reducción de jornada para favorecer el pleno empleo y la compatibilidad entre vida personal y laboral.
Incentivación de los acuerdos voluntarios de reducción de horarios en las empresas, promoviendo la conciliación de la vida laboral y personal, racionalizando los horarios de trabajo tal y como propone la Comisión Española de Expertos y favoreciendo el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo con condiciones de trabajo dignas y salarios justos y suficientes.
Eliminación de todos los obstáculos a la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres.
Combatiendo toda forma de discriminación y aplicando los Planes de Igualdad en las empresas y el cumplimiento de la legislación.
Desarrollo de un potente sector socio-sanitario y de servicios personales, así como la creación de plazas escolares
públicas de 0 a 3 años.
Facilitación de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, promoviendo al mismo tiempo la participación igualitaria de hombres y mujeres en las tareas familiares y del hogar.
Combate a toda discriminación y vulneración de derechos de los trabajadores pagapensiones. Erradicando la economía sumergida y la explotación de los más vulnerables. Endureciendo las leyes y los tipos delictivos, aumentando el número de Inspectores de Trabajo y llevando a cabo campañas específicas de vigilancia y control.
Desarrollo de las bonificaciones a la contratación de personas en riesgo de exclusión.
Reorientando el empleo excedente a profesiones en demanda como las relacionadas con medioambiente, salud y cuidados personales potenciando especialmente el autoempleo y la economía social.
Promoviendo el desarrollo de mecanismos para favorecer el acceso de las personas en situación de exclusión al empleo, al igual que existen otros para personas con diversidad funcional (personas antes denominadas “personas con alguna discapacidad”).
Modificación de las modalidades y tipos de contrato, eliminando los tipos que favorecen el uso y abuso fraudulento de contratos precarios.
Apoyo al empleo público en los sectores de servicios públicos, combatiendo la privatización de los mismos y la recurrencia a modalidades de contratación precarias.
Intensificar el proceso de equiparación de derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos y los asalariados.
Introducción de medidas como la Oficina Electrónica de Recaudación, que permita pagar el IVA de acuerdo con los ingresos y no con la facturación, así como la cotización variable en función de los resultados del trabajo del autónomo y/o de la microempresa.
Asegurar la protección de la salud en el trabajo.
No hay empresas sostenibles si no son saludables para las personas que en ellas trabajan. Proponemos la elaboración de la II Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo que contemple como objetivo central el reconocimiento y prevención de las Enfermedades de Origen Laboral y la plena participación de las trabajadoras y los trabajadores en todos los temas que atañen a la salud y seguridad en el trabajo, especialmente en lo referente a la elección y gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo una mayor integración en la Seguridad Social y en el Sistema Nacional de Salud.
Mantener, dotar y mejorar el sistema de formación y recualificación profesional de los trabajadores. Reforma en la Formación Profesional y la Experiencia Laboral en el marco europeo de las Cualificaciones Profesionales dentro del actual Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional.
IV. POLÍTICAS DE IGUALDAD
Queremos una sociedad cohesionada, que reconozca principios tales como la interculturalidad, la igualdad, la diversidad, y la no discriminación, entienda la migración como oportunidad y reto, que abogue por un modelo de integración como un proceso recíproco, holístico y sostenible a largo plazo. Abogamos por la de igualdad de oportunidades: sobre todo en el acceso al mercado laboral. Avanzar en esta dirección exigirá:
Manifestar una postura a favor de las personas de origen extranjero residentes en España. Desarrollar acciones comunitarias y de empoderamiento de los grupos que conviven en un mismo territorio. Atender al objetivo fundamental de la Cohesión Social. Igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.
EQUO apuesta por la defensa del principio de libre circulación de las personas y de los Derechos Humanos de las personas de origen extranjero residentes en España. Muchos pagapensiones se encuentran en una posición de vulnerabilidad con graves riesgos de exclusión debido a dos factores: la irregularidad y el desempleo. La exclusión jurídica y la marginación laboral deben combatirse. Además es imprescindible asegurar la aplicación de la
Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias y facilitar la homologación de los títulos educativos de profesionales provenientes de otros países.
Proponer una Ley de Igualdad tendente a erradicar la discriminación en todos los ámbitos y de una forma integral, ampliándose a otros ámbitos distintos de género. Revisión de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad.
Integrar y consolidar la lucha por la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, y de forma integral, prestando especial atención hacia aquellas discriminaciones que no aparecen tipificadas en la normativa actual, -edad, diversidad funcional, orientación sensual, identidad de género, etnia, origen social-. Creación de instrumentos de protección jurídica y administrativa, para poder defenderse de los actos u omisiones discriminatorias.
Reforzamiento de los protocolos de detección e intervención en el acoso moral, psicológico, sensual, etc. (mobbing), en el trabajo y en la escuela. De manera complementaria EQUO impulsará la revisión de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad.
Desarrollar políticas de apoyo a las unidades familiares en sus diversos modelos, contemplando los aspectos de custodia compartida, crianza, corresponsabilidad, conciliación laboral y otros.
Mejorar y complementar los periodos de baja tras el nacimiento, adopción o acogida de los bebés atendiendo a criterios de corresponsabilidad. Nueva regulación laboral al servicio de la conciliación, la equidad y la corresponsabilidad. Implicación del mundo empresarial. Fomento de medidas de ampliación de recursos y ayudas en los ámbitos domiciliario y escolar para los primeros años de vida. Inclusión en estas medidas de la evolución
y transformación de la familia tras el divorcio, revisando la Ley y poniendo especial atención a la Custodia Compartida, con criterios de igualdad de género, lo cual implica la exclusión clara de los casos de violencia de género y maltrato, y considerando la continuidad de la paternidad tras la ruptura familiar, extendiendo a esta condición las medidas consideradas en los derechos de la familia. Apoyo a la lactancia materna en hospitales y a la creación de escuelas infantiles públicas de calidad.
Fomentar y garantizar los derechos de los y las menores, como sujetos de derecho y teniendo en cuenta el principio de interés superior del menor, y establecer políticas integrales de apoyo a las familias en situación de riesgo y/o vulnerabilidad para favorecer el desarrollo de los/as menores en su entorno.
Fomentar políticas integrales de apoyo al acogimiento familiar como medida de protección de menores frente a la institucionalización, con objeto de evitar ésta, prioritariamente en menores de 6 años. Revisar la adopción nacional. Introducción del acogimiento familiar profesionalizado en caso necesario. Todo ello con el objeto de garantizar el derecho de todo/a menor a una familia. Establecer políticas integrales de apoyo y fomento de los mecanismos de coordinación socio-sanitaria para mejorar la atención a los/as menores con trastornos de conducta. Revisión de las políticas referidas a menores infractores, garantizando la transparencia y la garantía de derechos.
Ampliación de los derechos civiles y políticos de las mujeres a través de:
Desarrollo de políticas activas contra la explotación sensual de las personas y la trata de seres humanos con fines sensuales.
Modificación de la Ley Integral que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, encuadrado en un marco de las relaciones de dominación.
Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas.
EQUO generará políticas transversales acordes al ideario de los Derechos Humanos y el modelo de la Vida Independiente (Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) para combatir la discriminación de los hombres y mujeres con
diversidad funcional (discapacidad).
Conformará políticas centradas en la persona, no en las instituciones generadoras de dependencia tomando como política ejemplificadora el sistema de Asistencia Personal. Propiciará que desde los estamentos públicos se definan protocolos de prevención de la violencia contra personas con diversidad
funcional en entornos residenciales e instituciones. Aplicará el concepto de Diseño Universal, diseño para todos, en todas sus iniciativas. Acelerará los plazos que lleven a configurar entornos totalmente accesibles, estableciendo recursos sancionadores inflexibles por tratarse de cuestiones que afectan al ejercicio de derechos humanos elementales. Promoverá auditorías sectoriales (educación, salud, transporte…) para evaluar el grado de implantación de las condiciones de accesibilidad y su impacto en los derechos civiles.
Priorizará directrices administrativas fortalecedoras del derecho a una vida digna, en comunidad, autodeterminada y en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía. Promoverá una escuela inclusiva, en todos los niveles y con los apoyos precisos que garantice su claro alejamiento de las actuales políticas de segregación escolar.
Favorecer el acercamiento y la inclusión multicultural de las personas jóvenes como apuesta de futuro.
Para ello proponemos medidas como el reparto más equitativo entre los centros educativos de los alumnos provenientes de otros países, desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) para incluir una norma que defina procedimientos y recursos para la inserción de pagapensiones. En definitiva una mayor dedicación de recursos por parte del Gobierno para ayudar a los jóvenes.
V. POLÍTICAS SOCIALES: EQUIDAD SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN
Consecución de un Pacto de Estado por la Inclusión Social, con el compromiso del conjunto de las Administraciones que garantice los derechos y las prestaciones.
Este Pacto de Estado estará en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y desarrollará un Plan Nacional de Inclusión Social, enfocado desde la perspectiva de la inclusión activa y la activación de las personas (combinación de ingresos, servicios, apoyos y acompañamiento a la inserción, especialmente por el empleo). EQUO apuesta por invertir la tendencia actual del aumento de población bajo el umbral de pobreza y corregir las causas estructurales que incrementan las desigualdades, con el objetivo de eliminar la exclusión y la pobreza extrema, garantizando los derechos fundamentales
de todas las personas. Este Pacto de Estado deberá cimentarse sobre un contrato social intergeneracional que contemple la redistribución de riqueza y la actividad económica desde parámetros de sostenibilidad. Se trataría de abordar las necesidades sociales con una perspectiva que supere el marco nacional y comience a repensar la política desde la concepción de ciudadanía universal.
Gestión pública y de amplia participación social del Estado de Bienestar.
Promoveremos un modelo de gestión que se asiente sobre la más amplia participación social para establecer las necesidades, las prioridades y la provisión pública y de calidad de los servicios para todos los ciudadanos. La provisión privada de los servicios solo podrá hacerse de manera complementaria o subsidiaria y con un funcionamiento regulado y controlado desde las administraciones públicas, priorizando a las entidades especializadas sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) como actores fundamentales en las políticas de inclusión.
Establecimiento un catálogo de servicios y prestaciones mínimas para todo el Estado incluyendo la implantación progresiva de una renta social mínima.
Entre las prestaciones a desarrollar destacamos:
El derecho a una renta social mínima para las personas que carecen de ingresos y no perciben ningún otro subsidio ni prestación social, partiendo de la renta mínima de inserción y alcanzando los 500€ mensuales al final de la legislatura, complementando esa cantidad en función de baremos de tipo familiar, de coste de la vida, situaciones de multiexclusión, etc.,
Continuidad del PRODI (cobertura para desempleados sin seguro de desempleo) hasta garantizar otra cobertura equivalente de ingresos mínimos.
Erradicación del chabolismo y creación de alternativas de alojamiento a personas sin hogar. Garantía de que todo hogar, incluso en situación de endeudamiento, tenga asegurados los servicios básicos de agua y electricidad.
Coordinación interterritorial para la optimización de los recursos, una mayor eficiencia y una igualdad de acceso a las políticas sociales.
Desde el pleno respeto a nuestro modelo de organización política y territorial, es necesario trabajar por la plena igualdad de acceso a derechos universales de ciudadanía mediante la creación de instrumentos de coordinación federales para hacer más funcionales los servicios públicos, mejorar las coberturas y la calidad de las mismas y aumentar la eficiencia del sistema ofreciendo plena transparencia y comparabilidad en los datos y estadísticas y llevando a cabo una segunda descentralización desde las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos.
Priorización en las políticas sociales de la atención a aquellos colectivos con mayor riesgo de exclusión.
Avanzar en las políticas de igualdad, conscientes de la feminización de la pobreza, luchar por la eliminación de la trata y explotación de personas y protección a las víctimas y a sus hijos y debido al importante incremento del desempleo, incrementar y mejorar la coordinación y combinación entre protección social, formación y acceso al mercado de trabajo.
Puesta en marcha de un Plan de apoyo al tercer sector de acción social, con una Ley de Tercer Sector, potenciando su papel como interlocutor y mejora de su financiación y fiscalidad.
Dicho conjunto de medidas legislativas y de acción política reconocerá su papel como agente social y económico, contribuirá a mejorar el conocimiento sobre las organizaciones de acción social, favoreciendo su reconocimiento público y priorizando su papel en acciones y políticas de inserción socio laboral, cohesión social y desarrollo local. Se establecerán sistemas de interlocución estables entre el Tercer sector de acción social y el sector público para el conjunto de las políticas sociales incluyendo su participación en el Comité Económico Social y revisando, para su mejora, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Para su mayor suficiencia financiera se regulará normativamente la igualdad de oportunidad de organismos de este sector en el acceso a contratos públicos mediante criterios de valoración de impacto social en el conjunto de licitaciones del sector público, el desarrollo de un marco de financiación más estable para convenios y programas marco de carácter plurianual, el establecimiento de fórmulas específicas de acceso al crédito oficial y la equiparación de las deducciones fiscales para donativos de personas físicas y jurídicas elevando las desgravaciones hasta el 35%.
Estaba señalando en negrita lo más aberrante, pero me he aburrido porque es mucho y estoy vago...para muestra el botón resaltado.
Hacer del Ahorro la Eficiencia y el desarrollo de las Energías renovables el eje central del cambio de modelo productivo para reducir nuestra alta dependencia energética del exterior, reducir la demanda total de energía un 30% (con respecto a 2007) mejorando la eficiencia de la economía y disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Potenciar un sector tecnológico e industrial que se convierta en el eje de la transformación tecnológica que la economía española necesita.
Cerrar las centrales nucleares en 2020, así como cambiar el modelo energético para alcanzar el 70% de la electricidad
generada en 2020 mediante energías renovables y el 100% en 2030.
Poner en marcha un Plan de Rehabilitación energética de viviendas y edificios para medio millón de viviendas y 30.000 edificios industriales y de servicios al año, así como la promulgación de nuevas normas técnicas sobre edificación que tengan como requerimiento la autosuficiencia energética de todos los nuevos edificios.
Promover la movilidad sosteniblemediante el cambio del actual modelo que genera tantos efectos negativos sobre la salud de las personas, la contaminación y congestión de las ciudades, la dependencia energética del país y el déficit de nuestra balanza de pagos, exigiremos la moratoria en la construcción de nuevas autovías, autopistas, aeropuertos y líneas de AVE, la paralización y revisión del actual PEIT, y para ello en EQUO nos comprometemos a adoptar, entre otras, las siguientes políticas:
Impulso del automóvil eléctrico y electrificación del transporte público urbano.
Fomento del ferrocarril, especialmente del de cercanías y de mercancías.
Desarrollo de una fiscalidad favorable al uso de la eco-movilidad.
Tasación del combustible del transporte aéreo.
Desarrollo del transporte público electrificado en las ciudades, la bicicleta y las zonas peatonales.
Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible con objetivos de reducción delconsumo energético y obligaciones para las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas de elaborar sus propios planes.
Pequeña producción agrícola para un medio rural vivo y una economía sostenible. Fomento de la Agricultura Ecológica.
Reforma de la actual Política Agraria Comunitaria basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y la pequeña producción agrícola, prohibición del cultivo de transgénicos y conversión del sector forestal como estratégico, elaborando una Estrategia que recoja el apoyo decidido a la planificación de los usos forestales.
Modificar la política de residuos y la visión que se tiene sobre ellos.
Los residuos pueden ser una fuente de empleos, de disminución de consumo de materias primas y de impactos ambientales.
Apoyo e impulso al cambio de modelo productivo en otros sectores de actividad económica y productiva.
Elaborar y aprobar una Estrategia Española de Química Sostenible, reconversión del sector automovilístico hacia la producción eléctrica e introducción de criterios ecológicos en el sector de la agroindustria y el procesamiento de alimentos.
Promoción del Turismo sostenible.
Mediante la protección de nuestras costas y ecosistemas, la reconversión sostenible de actuales zonas turísticas masificadas y degradadas, y el apoyo económico y fiscal a la diversificación turística y al turismo rural y sostenible.
Fomento de la pesca sostenible a nivel nacional y europeo.
Asegurar el futuro del sector pesquero español, defendiendo una Política Pesquera Comunitaria que recupere, antes de 2015 todas las pesquerías y sus ecosistemas, y desarrollar una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que proteja los ecosistemas costeros y promueva un urbanismo equilibrado respetando la Ley de Costas.
Promover el empleo justo y decente y la democracia en el trabajo. Introducción de nuevos derechos de participación de los trabajadores en la vida de las empresas. Muy especialmente en materia medioambiental y en organización del trabajo, mediante la democratización de las relaciones laborales, la aprobación de una Ley de Participación y Cogestión (tomando como base el modelo de participación de Alemania) para las empresas de más de 50 trabajadores. Eliminar los cambios producidos en la última reforma laboral que introdujo más precariedad y facilidad para despedir trabajadores y promoveremos la plena equiparación de derechos de los y las trabajadoras del hogar, con el conjunto de los trabajadores asalariados. Aumentaremos el salario mínimo interprofesional todos los años por encima de la inflación, hasta alcanzar el porcentaje sobre los salarios reales de los
trabajadores que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales que promueven el
trabajo decente.
En EQUO nos opondremos a las políticas que abogan por reducciones de los derechos laborales.
Trabajar menos horas para trabajar más personas, reduciendo y acabando con las horas extraordinarias, promoviendo
una Ley de 35 horas semanales y avanzando progresivamente hacia una mayor reducción de jornada para favorecer el pleno empleo y la compatibilidad entre vida personal y laboral.
Incentivación de los acuerdos voluntarios de reducción de horarios en las empresas, promoviendo la conciliación de la vida laboral y personal, racionalizando los horarios de trabajo tal y como propone la Comisión Española de Expertos y favoreciendo el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo con condiciones de trabajo dignas y salarios justos y suficientes.
Eliminación de todos los obstáculos a la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres.
Combatiendo toda forma de discriminación y aplicando los Planes de Igualdad en las empresas y el cumplimiento de la legislación.
Desarrollo de un potente sector socio-sanitario y de servicios personales, así como la creación de plazas escolares
públicas de 0 a 3 años.
Facilitación de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, promoviendo al mismo tiempo la participación igualitaria de hombres y mujeres en las tareas familiares y del hogar.
Combate a toda discriminación y vulneración de derechos de los trabajadores pagapensiones. Erradicando la economía sumergida y la explotación de los más vulnerables. Endureciendo las leyes y los tipos delictivos, aumentando el número de Inspectores de Trabajo y llevando a cabo campañas específicas de vigilancia y control.
Desarrollo de las bonificaciones a la contratación de personas en riesgo de exclusión.
Reorientando el empleo excedente a profesiones en demanda como las relacionadas con medioambiente, salud y cuidados personales potenciando especialmente el autoempleo y la economía social.
Promoviendo el desarrollo de mecanismos para favorecer el acceso de las personas en situación de exclusión al empleo, al igual que existen otros para personas con diversidad funcional (personas antes denominadas “personas con alguna discapacidad”).
Modificación de las modalidades y tipos de contrato, eliminando los tipos que favorecen el uso y abuso fraudulento de contratos precarios.
Apoyo al empleo público en los sectores de servicios públicos, combatiendo la privatización de los mismos y la recurrencia a modalidades de contratación precarias.
Intensificar el proceso de equiparación de derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos y los asalariados.
Introducción de medidas como la Oficina Electrónica de Recaudación, que permita pagar el IVA de acuerdo con los ingresos y no con la facturación, así como la cotización variable en función de los resultados del trabajo del autónomo y/o de la microempresa.
Asegurar la protección de la salud en el trabajo.
No hay empresas sostenibles si no son saludables para las personas que en ellas trabajan. Proponemos la elaboración de la II Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo que contemple como objetivo central el reconocimiento y prevención de las Enfermedades de Origen Laboral y la plena participación de las trabajadoras y los trabajadores en todos los temas que atañen a la salud y seguridad en el trabajo, especialmente en lo referente a la elección y gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo una mayor integración en la Seguridad Social y en el Sistema Nacional de Salud.
Mantener, dotar y mejorar el sistema de formación y recualificación profesional de los trabajadores. Reforma en la Formación Profesional y la Experiencia Laboral en el marco europeo de las Cualificaciones Profesionales dentro del actual Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional.
IV. POLÍTICAS DE IGUALDAD
Queremos una sociedad cohesionada, que reconozca principios tales como la interculturalidad, la igualdad, la diversidad, y la no discriminación, entienda la migración como oportunidad y reto, que abogue por un modelo de integración como un proceso recíproco, holístico y sostenible a largo plazo. Abogamos por la de igualdad de oportunidades: sobre todo en el acceso al mercado laboral. Avanzar en esta dirección exigirá:
Manifestar una postura a favor de las personas de origen extranjero residentes en España. Desarrollar acciones comunitarias y de empoderamiento de los grupos que conviven en un mismo territorio. Atender al objetivo fundamental de la Cohesión Social. Igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.
EQUO apuesta por la defensa del principio de libre circulación de las personas y de los Derechos Humanos de las personas de origen extranjero residentes en España. Muchos pagapensiones se encuentran en una posición de vulnerabilidad con graves riesgos de exclusión debido a dos factores: la irregularidad y el desempleo. La exclusión jurídica y la marginación laboral deben combatirse. Además es imprescindible asegurar la aplicación de la
Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias y facilitar la homologación de los títulos educativos de profesionales provenientes de otros países.
Proponer una Ley de Igualdad tendente a erradicar la discriminación en todos los ámbitos y de una forma integral, ampliándose a otros ámbitos distintos de género. Revisión de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad.
Integrar y consolidar la lucha por la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, y de forma integral, prestando especial atención hacia aquellas discriminaciones que no aparecen tipificadas en la normativa actual, -edad, diversidad funcional, orientación sensual, identidad de género, etnia, origen social-. Creación de instrumentos de protección jurídica y administrativa, para poder defenderse de los actos u omisiones discriminatorias.
Reforzamiento de los protocolos de detección e intervención en el acoso moral, psicológico, sensual, etc. (mobbing), en el trabajo y en la escuela. De manera complementaria EQUO impulsará la revisión de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad.
Desarrollar políticas de apoyo a las unidades familiares en sus diversos modelos, contemplando los aspectos de custodia compartida, crianza, corresponsabilidad, conciliación laboral y otros.
Mejorar y complementar los periodos de baja tras el nacimiento, adopción o acogida de los bebés atendiendo a criterios de corresponsabilidad. Nueva regulación laboral al servicio de la conciliación, la equidad y la corresponsabilidad. Implicación del mundo empresarial. Fomento de medidas de ampliación de recursos y ayudas en los ámbitos domiciliario y escolar para los primeros años de vida. Inclusión en estas medidas de la evolución
y transformación de la familia tras el divorcio, revisando la Ley y poniendo especial atención a la Custodia Compartida, con criterios de igualdad de género, lo cual implica la exclusión clara de los casos de violencia de género y maltrato, y considerando la continuidad de la paternidad tras la ruptura familiar, extendiendo a esta condición las medidas consideradas en los derechos de la familia. Apoyo a la lactancia materna en hospitales y a la creación de escuelas infantiles públicas de calidad.
Fomentar y garantizar los derechos de los y las menores, como sujetos de derecho y teniendo en cuenta el principio de interés superior del menor, y establecer políticas integrales de apoyo a las familias en situación de riesgo y/o vulnerabilidad para favorecer el desarrollo de los/as menores en su entorno.
Fomentar políticas integrales de apoyo al acogimiento familiar como medida de protección de menores frente a la institucionalización, con objeto de evitar ésta, prioritariamente en menores de 6 años. Revisar la adopción nacional. Introducción del acogimiento familiar profesionalizado en caso necesario. Todo ello con el objeto de garantizar el derecho de todo/a menor a una familia. Establecer políticas integrales de apoyo y fomento de los mecanismos de coordinación socio-sanitaria para mejorar la atención a los/as menores con trastornos de conducta. Revisión de las políticas referidas a menores infractores, garantizando la transparencia y la garantía de derechos.
Ampliación de los derechos civiles y políticos de las mujeres a través de:
Desarrollo de políticas activas contra la explotación sensual de las personas y la trata de seres humanos con fines sensuales.
Modificación de la Ley Integral que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, encuadrado en un marco de las relaciones de dominación.
Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas.
EQUO generará políticas transversales acordes al ideario de los Derechos Humanos y el modelo de la Vida Independiente (Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) para combatir la discriminación de los hombres y mujeres con
diversidad funcional (discapacidad).
Conformará políticas centradas en la persona, no en las instituciones generadoras de dependencia tomando como política ejemplificadora el sistema de Asistencia Personal. Propiciará que desde los estamentos públicos se definan protocolos de prevención de la violencia contra personas con diversidad
funcional en entornos residenciales e instituciones. Aplicará el concepto de Diseño Universal, diseño para todos, en todas sus iniciativas. Acelerará los plazos que lleven a configurar entornos totalmente accesibles, estableciendo recursos sancionadores inflexibles por tratarse de cuestiones que afectan al ejercicio de derechos humanos elementales. Promoverá auditorías sectoriales (educación, salud, transporte…) para evaluar el grado de implantación de las condiciones de accesibilidad y su impacto en los derechos civiles.
Priorizará directrices administrativas fortalecedoras del derecho a una vida digna, en comunidad, autodeterminada y en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía. Promoverá una escuela inclusiva, en todos los niveles y con los apoyos precisos que garantice su claro alejamiento de las actuales políticas de segregación escolar.
Favorecer el acercamiento y la inclusión multicultural de las personas jóvenes como apuesta de futuro.
Para ello proponemos medidas como el reparto más equitativo entre los centros educativos de los alumnos provenientes de otros países, desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) para incluir una norma que defina procedimientos y recursos para la inserción de pagapensiones. En definitiva una mayor dedicación de recursos por parte del Gobierno para ayudar a los jóvenes.
V. POLÍTICAS SOCIALES: EQUIDAD SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN
Consecución de un Pacto de Estado por la Inclusión Social, con el compromiso del conjunto de las Administraciones que garantice los derechos y las prestaciones.
Este Pacto de Estado estará en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y desarrollará un Plan Nacional de Inclusión Social, enfocado desde la perspectiva de la inclusión activa y la activación de las personas (combinación de ingresos, servicios, apoyos y acompañamiento a la inserción, especialmente por el empleo). EQUO apuesta por invertir la tendencia actual del aumento de población bajo el umbral de pobreza y corregir las causas estructurales que incrementan las desigualdades, con el objetivo de eliminar la exclusión y la pobreza extrema, garantizando los derechos fundamentales
de todas las personas. Este Pacto de Estado deberá cimentarse sobre un contrato social intergeneracional que contemple la redistribución de riqueza y la actividad económica desde parámetros de sostenibilidad. Se trataría de abordar las necesidades sociales con una perspectiva que supere el marco nacional y comience a repensar la política desde la concepción de ciudadanía universal.
Gestión pública y de amplia participación social del Estado de Bienestar.
Promoveremos un modelo de gestión que se asiente sobre la más amplia participación social para establecer las necesidades, las prioridades y la provisión pública y de calidad de los servicios para todos los ciudadanos. La provisión privada de los servicios solo podrá hacerse de manera complementaria o subsidiaria y con un funcionamiento regulado y controlado desde las administraciones públicas, priorizando a las entidades especializadas sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) como actores fundamentales en las políticas de inclusión.
Establecimiento un catálogo de servicios y prestaciones mínimas para todo el Estado incluyendo la implantación progresiva de una renta social mínima.
Entre las prestaciones a desarrollar destacamos:
El derecho a una renta social mínima para las personas que carecen de ingresos y no perciben ningún otro subsidio ni prestación social, partiendo de la renta mínima de inserción y alcanzando los 500€ mensuales al final de la legislatura, complementando esa cantidad en función de baremos de tipo familiar, de coste de la vida, situaciones de multiexclusión, etc.,
Continuidad del PRODI (cobertura para desempleados sin seguro de desempleo) hasta garantizar otra cobertura equivalente de ingresos mínimos.
Erradicación del chabolismo y creación de alternativas de alojamiento a personas sin hogar. Garantía de que todo hogar, incluso en situación de endeudamiento, tenga asegurados los servicios básicos de agua y electricidad.
Coordinación interterritorial para la optimización de los recursos, una mayor eficiencia y una igualdad de acceso a las políticas sociales.
Desde el pleno respeto a nuestro modelo de organización política y territorial, es necesario trabajar por la plena igualdad de acceso a derechos universales de ciudadanía mediante la creación de instrumentos de coordinación federales para hacer más funcionales los servicios públicos, mejorar las coberturas y la calidad de las mismas y aumentar la eficiencia del sistema ofreciendo plena transparencia y comparabilidad en los datos y estadísticas y llevando a cabo una segunda descentralización desde las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos.
Priorización en las políticas sociales de la atención a aquellos colectivos con mayor riesgo de exclusión.
Avanzar en las políticas de igualdad, conscientes de la feminización de la pobreza, luchar por la eliminación de la trata y explotación de personas y protección a las víctimas y a sus hijos y debido al importante incremento del desempleo, incrementar y mejorar la coordinación y combinación entre protección social, formación y acceso al mercado de trabajo.
Puesta en marcha de un Plan de apoyo al tercer sector de acción social, con una Ley de Tercer Sector, potenciando su papel como interlocutor y mejora de su financiación y fiscalidad.
Dicho conjunto de medidas legislativas y de acción política reconocerá su papel como agente social y económico, contribuirá a mejorar el conocimiento sobre las organizaciones de acción social, favoreciendo su reconocimiento público y priorizando su papel en acciones y políticas de inserción socio laboral, cohesión social y desarrollo local. Se establecerán sistemas de interlocución estables entre el Tercer sector de acción social y el sector público para el conjunto de las políticas sociales incluyendo su participación en el Comité Económico Social y revisando, para su mejora, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Para su mayor suficiencia financiera se regulará normativamente la igualdad de oportunidad de organismos de este sector en el acceso a contratos públicos mediante criterios de valoración de impacto social en el conjunto de licitaciones del sector público, el desarrollo de un marco de financiación más estable para convenios y programas marco de carácter plurianual, el establecimiento de fórmulas específicas de acceso al crédito oficial y la equiparación de las deducciones fiscales para donativos de personas físicas y jurídicas elevando las desgravaciones hasta el 35%.
Estaba señalando en negrita lo más aberrante, pero me he aburrido porque es mucho y estoy vago...para muestra el botón resaltado.
