Casi 600.000 coches gallegos pagarán un peaje en zonas de bajas emisiones
La futura tasa será municipal, para vehículos de más de 15 años y etiqueta B
os coches más contaminantes no solo tienen el acceso restringido a zonas delimitadas en 151 ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes. En cuestión de meses también estarán obligados a pagar un peaje para poder circular por determinadas áreas urbanas.
De momento, lo que está en vigor desde enero del 2023 —en mayor o menor grado, según la implicación de cada ayuntamiento— es el veto de entrada a las denominadas zonas de bajas emisiones que afecta a todos los vehículos que no tienen etiqueta medioambiental —pronto comenzará a hacerlo también sobre los que tengan la pegatina B—. Pero ahora el Gobierno ha abierto finalmente la puerta a nuevos peajes urbanos para poder circular en las zonas acotadas.
Esta medida impositiva lleva tiempo en el calendario del Gobierno, que ahora definitivamente la ha incluido en el nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobada esta semana en Consejo de Ministros y que en breve pasará al Congreso de los Diputados, para su entrada en vigor en la segunda mitad del año, según los tiempos que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Según el anteproyecto, serán los propios ayuntamientos los encargados de levantar estos nuevos peajes urbanos para reforzar las restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones obligatorias: «Los municipios que así lo deseen pueden introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en la zona de bajas emisiones», dice textualmente.
Antigüedad del parque de vehículos
Más
de 15 años
De
14 a 15
Menos
de 14
Extremadura
15,5 años
Mapa: La Voz de GaliciaFuente: IdeautoCreado con Datawrapper
Veto a los coches sin etiqueta
Fuentes del ministerio explican que esta nueva tasa incluso podría aplicarse para traspasar perímetros superiores a las restricciones ya existentes —o en proceso de delimitación— en las grandes ciudades. «La ley es un marco que permite a los ayuntamientos establecer peajes en sus términos municipales», afirma un portavoz de Transportes y Movilidad Urbana, que aclaran que con ella se da respuesta a una petición expresa trasladada por los ayuntamientos. «Habilita, no obliga. Serán los municipios los que decidan si implantan o no un sistema de peajes», puntualiza el Ministerio.
¿A qué vehículos afectará este nuevo peaje? De entrada, a los que ya tienen el paso restringido a las zonas ya delimitadas, es decir los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores al años 2006 que carecen de etiqueta medioambiental. Según Tráfico, en Galicia, la comunidad con uno de los parques de vehículos más envejecidos de España, con una media de edad que va camino de los 16 años — hay alrededor de 590.000 unidades matriculadas en esos períodos y todavía circulando. Más adelante, los siguientes afectados serán los coches con etiqueta B, que son los de gasolina matriculados entre el 2000 y el 2006 y los diésel de entre los años 2006 y 2013.
Habrá que esperar para saber a qué ciudades deciden aplicar estos nuevos peajes, pero de entrada, lo previsible es que sean las mismas que lideraron el proceso de implantación de zonas de bajas emisiones. Desde que en enero del 2023 se abrió el plazo «flexible» establecido en la Ley de Cambio climático para que las ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes establecieran sus zonas de bajas emisiones, solo una minoría las ha puesto en marcha.
Ciudades con zonas de bajas emisiones
Mapa: La Voz de GaliciaFuente: Ministerio para la Transición EcológicaCreado con Datawrapper
La lista verde
De las 151 las ciudades españolas obligadas a acotar estos espacios, hasta el momento han cumplido 23: Madrid (con 5 áreas acotadas), Barcelona (con 8 zonas), Pontevedra, A Coruña, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Cádiz (dos zonas limitadas), Almería y Murcia. Las demás están en trámite —en Galicia es el caso de Santiago de Compostela, Vigo, Lugo y Ourense—, o pendientes, como ocurre en el caso de Ferrol, según el mapa interactivo de zonas emisiones de España que actualiza el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Planes de movilidad sostenible obligatorios en las empresas
El pago de un peaje urbano, cuyo importe deberá determinar cada ciudad o municipio en el que se aplique, es una de las medidas que incluye la Ley de Movilidad Sostenible, pero hay alguna más destacable. Por ejemplo, establece la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores —o 250 por turno— pongan en marcha planes de movilidad sostenible al lugar de trabajo. El texto legal especifica que «las empresas podrán optar por las distintas alternativas existentes como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida, además del teletrabajo.
Otro punto de la ley pasa por aumentar y regular la información que deberá de estar disponible en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. A este respecto y aunque la normativa no está todavía en vigor la Dirección General de Tráfico (DGT) ya se ha adelantado con el despliegue de un mapa interactivo en el que se muestran en tiempo real los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en toda España. El transporte por carretera en general supone más del 25 % del CO2 emitido en España, según recoge el Inventario Nacional de Emisiones.
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha cifrado en alrededor de 30.000 las muertes al año en España por la mala calidad del aire debido a las partículas PM 2,5 (sobre todo provenientes del diésel) el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico.
La futura tasa será municipal, para vehículos de más de 15 años y etiqueta B
os coches más contaminantes no solo tienen el acceso restringido a zonas delimitadas en 151 ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes. En cuestión de meses también estarán obligados a pagar un peaje para poder circular por determinadas áreas urbanas.
De momento, lo que está en vigor desde enero del 2023 —en mayor o menor grado, según la implicación de cada ayuntamiento— es el veto de entrada a las denominadas zonas de bajas emisiones que afecta a todos los vehículos que no tienen etiqueta medioambiental —pronto comenzará a hacerlo también sobre los que tengan la pegatina B—. Pero ahora el Gobierno ha abierto finalmente la puerta a nuevos peajes urbanos para poder circular en las zonas acotadas.
Esta medida impositiva lleva tiempo en el calendario del Gobierno, que ahora definitivamente la ha incluido en el nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobada esta semana en Consejo de Ministros y que en breve pasará al Congreso de los Diputados, para su entrada en vigor en la segunda mitad del año, según los tiempos que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Según el anteproyecto, serán los propios ayuntamientos los encargados de levantar estos nuevos peajes urbanos para reforzar las restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones obligatorias: «Los municipios que así lo deseen pueden introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en la zona de bajas emisiones», dice textualmente.
Antigüedad del parque de vehículos
Más
de 15 años
De
14 a 15
Menos
de 14
Extremadura
15,5 años
Mapa: La Voz de GaliciaFuente: IdeautoCreado con Datawrapper
Veto a los coches sin etiqueta
Fuentes del ministerio explican que esta nueva tasa incluso podría aplicarse para traspasar perímetros superiores a las restricciones ya existentes —o en proceso de delimitación— en las grandes ciudades. «La ley es un marco que permite a los ayuntamientos establecer peajes en sus términos municipales», afirma un portavoz de Transportes y Movilidad Urbana, que aclaran que con ella se da respuesta a una petición expresa trasladada por los ayuntamientos. «Habilita, no obliga. Serán los municipios los que decidan si implantan o no un sistema de peajes», puntualiza el Ministerio.
¿A qué vehículos afectará este nuevo peaje? De entrada, a los que ya tienen el paso restringido a las zonas ya delimitadas, es decir los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores al años 2006 que carecen de etiqueta medioambiental. Según Tráfico, en Galicia, la comunidad con uno de los parques de vehículos más envejecidos de España, con una media de edad que va camino de los 16 años — hay alrededor de 590.000 unidades matriculadas en esos períodos y todavía circulando. Más adelante, los siguientes afectados serán los coches con etiqueta B, que son los de gasolina matriculados entre el 2000 y el 2006 y los diésel de entre los años 2006 y 2013.
Habrá que esperar para saber a qué ciudades deciden aplicar estos nuevos peajes, pero de entrada, lo previsible es que sean las mismas que lideraron el proceso de implantación de zonas de bajas emisiones. Desde que en enero del 2023 se abrió el plazo «flexible» establecido en la Ley de Cambio climático para que las ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes establecieran sus zonas de bajas emisiones, solo una minoría las ha puesto en marcha.
Ciudades con zonas de bajas emisiones
Mapa: La Voz de GaliciaFuente: Ministerio para la Transición EcológicaCreado con Datawrapper
La lista verde
De las 151 las ciudades españolas obligadas a acotar estos espacios, hasta el momento han cumplido 23: Madrid (con 5 áreas acotadas), Barcelona (con 8 zonas), Pontevedra, A Coruña, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Cádiz (dos zonas limitadas), Almería y Murcia. Las demás están en trámite —en Galicia es el caso de Santiago de Compostela, Vigo, Lugo y Ourense—, o pendientes, como ocurre en el caso de Ferrol, según el mapa interactivo de zonas emisiones de España que actualiza el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Planes de movilidad sostenible obligatorios en las empresas
El pago de un peaje urbano, cuyo importe deberá determinar cada ciudad o municipio en el que se aplique, es una de las medidas que incluye la Ley de Movilidad Sostenible, pero hay alguna más destacable. Por ejemplo, establece la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores —o 250 por turno— pongan en marcha planes de movilidad sostenible al lugar de trabajo. El texto legal especifica que «las empresas podrán optar por las distintas alternativas existentes como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida, además del teletrabajo.
Otro punto de la ley pasa por aumentar y regular la información que deberá de estar disponible en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. A este respecto y aunque la normativa no está todavía en vigor la Dirección General de Tráfico (DGT) ya se ha adelantado con el despliegue de un mapa interactivo en el que se muestran en tiempo real los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en toda España. El transporte por carretera en general supone más del 25 % del CO2 emitido en España, según recoge el Inventario Nacional de Emisiones.
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha cifrado en alrededor de 30.000 las muertes al año en España por la mala calidad del aire debido a las partículas PM 2,5 (sobre todo provenientes del diésel) el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico.
