Actor Secundario Bob
Madmaxista
Resumen: si no eres un mesetario monolingüe con el castellano como lengua materna, te jorobas.
El vasco, el catalán y el gallego no son lenguas de España
Para el Estado, más allá de los discursos protocolarios en los que toca quedar bien, lengua, lo que se dice lengua, hay una, que es aquella con la que nos entendemos todos
Por Josep Martí Blanch
21/09/2021 - 05:00
Es igual quién gobierne España y con qué agenda. La lógica que siempre se acaba imponiendo es que las lenguas catalana, vasca y gallega, lejos de ser un patrimonio de todos —sin excepción, aunque la mayoría de los españoles sean monolingües—, competen única y exclusivamente a sus hablantes y a nadie más que a ellos. En consecuencia, la protección de este patrimonio es única y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos regionales, quedando el Ejecutivo español siempre al margen de cualquier política de promoción y defensa de estos idiomas.
Existen ejemplos sobrados al respecto. Desde la poca promoción que el Instituto Cervantes hace de esas lenguas en el ámbito internacional al abandono absoluto en el que TVE dejó en su día la programación en lenguas que no fueran la española en los circuitos de emisión regionales, o asuntos con más enjundia que, a fuerza de la peor demagogia, han conseguido crear problemas donde no los había y sigue sin haberlos, como es el caso de la inmersión lingüística.
El resumen viene a ser que para el Estado, más allá de los discursos protocolarios en los que toca quedar bien, lengua, lo que se dice lengua, hay una, que es aquella con la que nos entendemos todos. Y las demás, pues sí, ahí están y las hablan algunos porque son muy pesados y las mantienen con vida, pero, en el fondo, vaya ******. Con lo bien que nos iría con una sola. Así que, si la quieren proteger, que la protejan los gobiernos regionales, que el Estado está para cosas serias, o sea, el español.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene preparado el borrador de la nueva Ley General de Comunicación para que el Consejo de Ministros le dé luz verde de manera inminente. Se ha hecho caso omiso, de momento, de las reclamaciones que llegaban principalmente de Cataluña para que se fijase un porcentaje obligatorio de inclusión en el catálogo y de inversión en cine o producción en catalán por parte de las cadenas de televisión y las plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o tantas como operen en el mercado.
Es una ley intervencionista acorde a la directiva de la Unión Europea. En el caso de las televisiones convencionales, el 51% del tiempo de emisión anual de su programación tendrá que ser obra europea y, de este porcentaje, la mitad tendrá que estar reservada a producciones en castellano o en alguna de las otras lenguas del Estado. Nótese el 'o', que marca la diferencia y, dada la experiencia previa acumulada, permite adivinar que en lo que atañe a lenguas que no sean la castellana, el porcentaje va a ser más o menos del 0%.
Y lo mismo para las plataformas de emisión digital. En este caso, su 'escaparate' dedicado a obra europea ha de ser como mínimo del 30%, y de este, al menos el 50% reservado a producciones en castellano o las otras lenguas del Estado. Nótese de nuevo que se repite el 'o', así que podemos repetir también la conclusión: el porcentaje de obra en catalán, vasco o gallego será tendente a cero. Lo que sí es realmente importante a ojos del legislador se hace obligatorio —el castellano— y aquello que no lo es se deja al albur de la buena voluntad —las otras lenguas—.
Es una equivocación, por varios motivos. En primer lugar, lo apuntábamos al principio, porque afianza la idea de que en España hay lenguas de primera y de segunda. Y, efectivamente, hay una en la que todos nos entendemos, pero hay otras que forman parte del patrimonio más íntimo de sus hablantes. Y eso, un Estado que de verdad se reconozca como plural debe defenderlo por igual por una simple cuestión de respeto para con estos hablantes. Es pura voluntad de servicio al ciudadano en tanto que hablante. No hay nacionalismo en esta afirmación, simplemente sentido común. Si España es un Estado con más de una lengua, su legislación debe hacerse siempre tenido en cuenta esta realidad. De lo contrario, las afirmaciones folklóricas sobre el rico patrimonio lingüístico y la riqueza idiomática de la Península se quedan en un simple blablablá. Es donde estamos.
En segundo lugar, es un error político. No coyuntural y a corto, sino estructural y a largo plazo. En la medida en que el Estado se borra de la defensa militante de todas las lenguas españolas y deja en manos de las comunidades autónomas el trabajo en su defensa y promoción, afianza la idea de que solo el nacionalismo periférico está en condiciones de hacer esa labor. Y eso, para los hablantes de una lengua, es importante. Más importante de lo que habitualmente cree quien tiene una visión monolingüe y es incapaz de ponerse en los zapatos de quien habla un idioma diferente al suyo. Estamos en el terreno de lo práctico —entenderse—, pero también de lo emocional. Borrarse en este ámbito como Estado es desaparecer como aliado del ciudadano en algo que para este es trascendente. Y el nacionalismo saca provecho de ello: solo yo puedo defender la lengua que hablas, solo a mí me importa. Lo dicho, un error a largo plazo en el que percuten una y otra vez y otro tras otro todos los gobiernos de España. Es igual el color.
Es un error cultural. Las nuevas tendencias de consumir el audiovisual por parte del ciudadano van a hacer cada vez más complicado que las lenguas con pocos millones de hablantes resistan. Naturalmente, no se trata de obligar al consumidor a tragar con un embudo lo que no le apetece. Pero si Europa entera, y España en particular, hace una ley proteccionista para con la industria y los diferentes idiomas, estaría bien que todos fuesen tratados con similar consideración. Para quien piense que España estaría mejor con una sola lengua —a la francesa manera— esto no debe preocuparle. Para quien piense que perder lenguas es perder patrimonio y riqueza, el futuro no es muy halagüeño y sí debe sentirse interpelado por la cuestión.
Veremos cómo queda el asunto. ERC ha anunciado que dará guerra y los Presupuestos que han de negociarse están a la vuelta de la esquina. Pero esto confirma lo que apuntábamos. Que tengan que ser los nacionalistas los que siempre anden presionando para estas cosas es, ya de por sí, una mala noticia. ¿Son el catalán, el vasco y el gallego lenguas españolas? ¿Sí? Pues en ese caso no debería ser necesario que cualquier cesión al respecto sea siempre el equivalente a arrancarle al Estado una muela. Bastaría que, de una vez por todas, se actuara como si se creyera de verdad que en España todas las lenguas son de todos y que por eso vale la pena defenderlas. No es así y es una lástima.
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El vasco, el catalán y el gallego no son lenguas de España
Para el Estado, más allá de los discursos protocolarios en los que toca quedar bien, lengua, lo que se dice lengua, hay una, que es aquella con la que nos entendemos todos
Por Josep Martí Blanch
21/09/2021 - 05:00
Es igual quién gobierne España y con qué agenda. La lógica que siempre se acaba imponiendo es que las lenguas catalana, vasca y gallega, lejos de ser un patrimonio de todos —sin excepción, aunque la mayoría de los españoles sean monolingües—, competen única y exclusivamente a sus hablantes y a nadie más que a ellos. En consecuencia, la protección de este patrimonio es única y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos regionales, quedando el Ejecutivo español siempre al margen de cualquier política de promoción y defensa de estos idiomas.
Existen ejemplos sobrados al respecto. Desde la poca promoción que el Instituto Cervantes hace de esas lenguas en el ámbito internacional al abandono absoluto en el que TVE dejó en su día la programación en lenguas que no fueran la española en los circuitos de emisión regionales, o asuntos con más enjundia que, a fuerza de la peor demagogia, han conseguido crear problemas donde no los había y sigue sin haberlos, como es el caso de la inmersión lingüística.
El resumen viene a ser que para el Estado, más allá de los discursos protocolarios en los que toca quedar bien, lengua, lo que se dice lengua, hay una, que es aquella con la que nos entendemos todos. Y las demás, pues sí, ahí están y las hablan algunos porque son muy pesados y las mantienen con vida, pero, en el fondo, vaya ******. Con lo bien que nos iría con una sola. Así que, si la quieren proteger, que la protejan los gobiernos regionales, que el Estado está para cosas serias, o sea, el español.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene preparado el borrador de la nueva Ley General de Comunicación para que el Consejo de Ministros le dé luz verde de manera inminente. Se ha hecho caso omiso, de momento, de las reclamaciones que llegaban principalmente de Cataluña para que se fijase un porcentaje obligatorio de inclusión en el catálogo y de inversión en cine o producción en catalán por parte de las cadenas de televisión y las plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o tantas como operen en el mercado.
Es una ley intervencionista acorde a la directiva de la Unión Europea. En el caso de las televisiones convencionales, el 51% del tiempo de emisión anual de su programación tendrá que ser obra europea y, de este porcentaje, la mitad tendrá que estar reservada a producciones en castellano o en alguna de las otras lenguas del Estado. Nótese el 'o', que marca la diferencia y, dada la experiencia previa acumulada, permite adivinar que en lo que atañe a lenguas que no sean la castellana, el porcentaje va a ser más o menos del 0%.
Y lo mismo para las plataformas de emisión digital. En este caso, su 'escaparate' dedicado a obra europea ha de ser como mínimo del 30%, y de este, al menos el 50% reservado a producciones en castellano o las otras lenguas del Estado. Nótese de nuevo que se repite el 'o', así que podemos repetir también la conclusión: el porcentaje de obra en catalán, vasco o gallego será tendente a cero. Lo que sí es realmente importante a ojos del legislador se hace obligatorio —el castellano— y aquello que no lo es se deja al albur de la buena voluntad —las otras lenguas—.
Es una equivocación, por varios motivos. En primer lugar, lo apuntábamos al principio, porque afianza la idea de que en España hay lenguas de primera y de segunda. Y, efectivamente, hay una en la que todos nos entendemos, pero hay otras que forman parte del patrimonio más íntimo de sus hablantes. Y eso, un Estado que de verdad se reconozca como plural debe defenderlo por igual por una simple cuestión de respeto para con estos hablantes. Es pura voluntad de servicio al ciudadano en tanto que hablante. No hay nacionalismo en esta afirmación, simplemente sentido común. Si España es un Estado con más de una lengua, su legislación debe hacerse siempre tenido en cuenta esta realidad. De lo contrario, las afirmaciones folklóricas sobre el rico patrimonio lingüístico y la riqueza idiomática de la Península se quedan en un simple blablablá. Es donde estamos.
En segundo lugar, es un error político. No coyuntural y a corto, sino estructural y a largo plazo. En la medida en que el Estado se borra de la defensa militante de todas las lenguas españolas y deja en manos de las comunidades autónomas el trabajo en su defensa y promoción, afianza la idea de que solo el nacionalismo periférico está en condiciones de hacer esa labor. Y eso, para los hablantes de una lengua, es importante. Más importante de lo que habitualmente cree quien tiene una visión monolingüe y es incapaz de ponerse en los zapatos de quien habla un idioma diferente al suyo. Estamos en el terreno de lo práctico —entenderse—, pero también de lo emocional. Borrarse en este ámbito como Estado es desaparecer como aliado del ciudadano en algo que para este es trascendente. Y el nacionalismo saca provecho de ello: solo yo puedo defender la lengua que hablas, solo a mí me importa. Lo dicho, un error a largo plazo en el que percuten una y otra vez y otro tras otro todos los gobiernos de España. Es igual el color.
Es un error cultural. Las nuevas tendencias de consumir el audiovisual por parte del ciudadano van a hacer cada vez más complicado que las lenguas con pocos millones de hablantes resistan. Naturalmente, no se trata de obligar al consumidor a tragar con un embudo lo que no le apetece. Pero si Europa entera, y España en particular, hace una ley proteccionista para con la industria y los diferentes idiomas, estaría bien que todos fuesen tratados con similar consideración. Para quien piense que España estaría mejor con una sola lengua —a la francesa manera— esto no debe preocuparle. Para quien piense que perder lenguas es perder patrimonio y riqueza, el futuro no es muy halagüeño y sí debe sentirse interpelado por la cuestión.
Veremos cómo queda el asunto. ERC ha anunciado que dará guerra y los Presupuestos que han de negociarse están a la vuelta de la esquina. Pero esto confirma lo que apuntábamos. Que tengan que ser los nacionalistas los que siempre anden presionando para estas cosas es, ya de por sí, una mala noticia. ¿Son el catalán, el vasco y el gallego lenguas españolas? ¿Sí? Pues en ese caso no debería ser necesario que cualquier cesión al respecto sea siempre el equivalente a arrancarle al Estado una muela. Bastaría que, de una vez por todas, se actuara como si se creyera de verdad que en España todas las lenguas son de todos y que por eso vale la pena defenderlas. No es así y es una lástima.
El vasco, el catalán y el gallego no son lenguas de España
Para el Estado, más allá de los discursos protocolarios en los que toca quedar bien, lengua, lo que se dice lengua, hay una, que es aquella con la que nos entendemos todos
