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El muro de Donald Trump ya existe en Arizona
Según Donald Trump, la frontera entre México y Estados Unidos sería un colador que solo podría ser obstruido mediante la construcción de un “gran y bello muro” de 3.200 kilómetros de longitud. No obstante, Estados Unidos no esperó a su nuevo presidente para ir en busca y captura de los migrantes clandestinos. En Arizona, el desierto, las patrullas policiales y las milicias ciudadanas los ponen en jaque.
Pasada la aldea de Sierra Vista, en Arizona, y tras varios kilómetros de senderos polvorientos, se perfila la frontera. En una colina en la avanzadilla se erige el rancho de Glenn Spencer. Recién afeitado, el anciano se ha levantado, como cada día, a las tres de la madrugada para interceptar los intercambios por radio entre los agentes de la policía migratoria, la US Border Patrol.
Este jubilado es una leyenda en el círculo de los militantes antiinmigración. Fundador del grupo American Border Patrol, autor de un blog actualizado constantemente (1) y muy activo en las redes sociales, se jacta de ser uno de los primeros en haber teorizado la reconquista, es decir, la oleada turística programada de Estados Unidos por México. Según esta doctrina popular entre la “derecha alternativa” (alt-right), la inmi gración hispana respondería a una sed de revancha histórica tras las derrotas militares del siglo XIX que llevaron a la anexión de una inmensa parte del territorio mexicano por parte de los estadounidenses.
La elección de Donald Trump le llenó de alegría, igual que al 48% de los votantes de Arizona (4 puntos más que Hillary Clinton). Spencer, con más de ochenta años, ha sobrevivido a todas las extravagancias antimigrantes, sobre todo los grupos de autodefensa armados, los famosos vigilantes, que se propagaron por Arizona tras el 11 de septiembre de 2001 y patrullaban el desierto con uniformes de camuflaje para interceptar a migrantes y a traficantes de drojas. Sus líderes están muertos, en prisión o han desaparecido de los radares. “Estaba destinado al fracaso. Imagine a esos tipos, en la cumbre de una montaña, con sus tumbonas, sus cervezas y sus AK-47. Totalmente ineficaces. Los mató el aburrimiento”, considera Spencer. Sus métodos son más modernos. Ha instalado en su propiedad detectores sísmicos escondidos en intervalos regulares y sueña con ver que el dispositivo se extiende por los 3.145 kilómetros de frontera que separan ambos países. Tras catorce años de trabajo y gracias a la ayuda de un pequeño equipo comprometido, los detectores “son capaces de diferenciar entre un coyote, un vehículo o una vaca”, detalla este sismólogo de formación, antiguo empleado de las petroleras Chevron y Texaco. Antaño buscaba petróleo; “hoy voy en busca y captura de seres humanos”.
Durante el amanecer, Spencer realiza una demostración. Un asistente se aleja del rancho para interpretar el papel del clandestino. Las sondas dispuestas a cada 73 metros detectan sus pasos y retransmiten la actividad por una pantalla de control. Un dron Parrot, de fabricación francesa –“el más fiable”–, despega para grabar al intruso con un software de reconocimiento facial. “El dron puede emitir consignas. ¡Cuidado! Go back! Ese tipo de cosas...”. Spencer hace que la idea de un muro de hormigón parezca ridícula: con su sistema de sondas y de drones, “por fin se podría saber quién atraviesa [la frontera] y tener cifras precisas. Y mi proyecto es mejor para el medio ambiente. Los animales pueden pasar a su antojo”.
El 6 de marzo de 2017, el Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS) convocó una licitación para construir ese muro tan prometido. El ranchero, al igual que cuatrocientas compañías, start-ups y gigantes de la industria militar, envió su dosier a la Administración de Trump. Ese documento de doce páginas es el proyecto de toda una vida.
Trump afirma querer un muro de diez, quince o incluso veinticuatro metros de altura en función del día; a principios de junio, cambiaba una vez más de opinión y proponía la construcción de una barrera ecológica de paneles solares. Independientemente de su forma –visible o invisible, láser o de hormigón–, los contribuyentes pagarán el muro, construido con ladrillos de “tax dollars” –aunque el presidente estadounidense afirma que “México pagará”–. En el calendario previsto por la Administración, esta proyectaba publicar sus decisiones antes del verano y distribuir las subvenciones. Pero nada va como se había previsto. El Congreso se toma su tiempo, algunos estados demócratas amenazan con boicotear a las empresas participantes y el vecino mexicano desenterró en abril un antídoto jurídico: un tratado de 1970 que hace que se puedan emprender medidas judiciales contra la construcción de una edificación que frene la libre circulación de las aguas subterráneas entre ambos países. En mayo, Trump solicitó al Congreso el desbloqueo de 1.500 millones de dólares para añadir solamente 120 kilómetros de barrera al dispositivo actual. Afirmar que sus ambiciones se han revisado a la baja es un eufemismo: algunos republicanos en el Congreso ya hablan del muro de Trump como de una simple metáfora, a pesar de que fue un argumento central de su campaña (2).
La proeza del presidente estadounidense radica en haber hecho creer a los electores que la frontera era un colador antes de que llegara él. En efecto, solo añadirá, como mucho, una fina capa a una demarcación ya militarizada y sobreprotegida. Porque el muro ya está ahí, obstruyendo las zonas urbanas y los puntos de paso más frecuentados. Todos los presidentes desde William Clinton (1993-2001) han puesto su piedra en esta construcción.
A cien kilómetros al sur de Tucson, en pleno desierto, la ciudad fronteriza de Nogales está dividida en dos por una hilera de postes oxidados de seis metros de altura. Se puede ver a través de ellos. Dos enamorados pueden tocarse las manos, pero no besarse. Desde el ventanal del último McDonald’s estadounidense se disfruta de una vista panorámica de los barrios de chabolas mexicanos en la pendiente de la colina. Más abajo se esconde el “puerto de entrada” de Nogales, una amplia estación de clasificación para mercancías y seres humanos.
En la parte mexicana, Nogales está más animado, más sucio. Tras las aduanas se encuentran alineados puestos con productos farmacéuticos (Viagra, Cialis...) y consultas dentales. Los tratamientos son cuatro veces más baratos en México y los jubilados gringos acuden incluso desde Alaska para ponerse una prótesis dental. La ciudad sale adelante como puede. Desde el 11 de septiembre de 2001, la frontera se encuentra cada vez más bloqueada, lo que ha mermado el número de turistas. “Luchamos por derribar el muro de Berlín y mira lo que se ha construido”, filosofa Jesús (3). Este veterano de Vietnam y con doble nacionalidad pasa su jubilación en Arizona y vuelve a Nogales durante el fin de semana para tomarse algunas cervezas. Jesús es de la época antigua, cuando atravesar la frontera se resumía en saltar una valla para ganado. Pasaba sin problemas para ir a cavar en las minas de cobre de Wyoming. Un trabajo difícil. Jesús salía de las galerías “con la barba congelada”. Este muro es para “alardear. Pero por debajo y por arriba, la gente siempre encontrará la manera de pasar”, dice señalando hacia la valla con el mentón. Los habitantes han colocado cruces de madera en memoria de los migrantes muertos y han pintado un graffiti lleno de cólera, “pinche migra” (patrulla perversos).
La frontera de Nogales se asemeja a la de un país en guerra. Desde 2001, Estados Unidos ha gastado más de 100.000 millones de dólares para protegerse de México, es decir, más que los presupuestos del Federal Bureau of Investigation (FBI), de la Drug Enforcement Administration (DEA, la Policía Antidroga) y de los servicios secretos juntos. La temida Border Patrol cuenta con los dispositivos más modernos. A lo largo de la frontera, las ciudades de Tijuana, Nogales, Aqua Prieta y Juárez son peinadas por cámaras infrarrojas, drones que vuelan a una altura demasiado elevada para ser visibles a simple vista y agentes con uniformes verde pino que patrullan al volante de enormes vehículos todoterreno. Torres de vigilancia de la compañía israelí Elbit Systems, probadas en la frontera israelo-palestina, escudriñan el desierto, visibles desde la autopista 19. Se trata de una compra que Barack Obama realizó en 2014 por 148 millones de dólares: “Si pagáramos a los migrantes para que no vengan, probablemente nos saldría más barato”, ironizó entonces un analista (4). Las deportaciones aumentaron vertiginosamente durante la presidencia de Obama (tres millones de personas entre 2009 y 2016, es decir, más que con los anteriores presidentes). No obstante, esta cifra, que le valió al premio Nobel de la Paz el apodo de “deportador en jefe”, debe ser analizada con precaución. Desde 2005 se han notificado todas las deportaciones; antes, las expulsiones cerca de la frontera a menudo eran informales y no aparecían necesariamente en las estadísticas (5).
Una cosa es segura: el saldo migratorio se ha invertido. Desde la crisis de 2008, son más numerosos los mexicanos que cruzan la frontera en dirección a México que en el otro sentido. Jubilados que vuelven para instalarse en el país tras años de dura labor, mientras que las salidas del país disminuyen de forma importante: entre 2009 y 2014, 870.000 mexicanos fueron a instalarse en Estados Unidos, frente a 2,9 millones entre 1995 y 2000. En 2015, según un estudio del Pew Research Center, una tercera parte de los mexicanos consideraba que la calidad de vida era “equivalente en ambos países” (frente al 23% en 2007) (6). La elección de Trump parece haber ralentizado aún más los flujos. En enero y febrero de 2017, el número de migrantes interceptados por parte de la Border Patrol descendió un 40% (7); durante los años anteriores tendía más bien a aumentar con la llegada de la primavera.
Las personas “sin papeles” interceptadas por la patrulla de Tucson son transportadas en autobús y puestas en libertad en Nogales, tras una detención más o menos larga. Aturdidos por el cansancio, encuentran refugio en El Comedor, un modesto comedor social regentado por religiosas. Para llegar al establecimiento bordeamos el cementerio municipal, donde las tumbas sirven como cama de infortunios. Los deportados son reconocibles por su polo azul celeste y por la bolsa de plástico transparente que se les da cuando acaba su detención. En ella están todas sus pertenencias y a veces llevan dinero. Encontrar otra ropa es la prioridad número uno: ataviados de esa guisa son presa fácil para los bandidos de Nogales.
Tras el portón del dispensario, cerrado con candado, seis largas mesas acogen a una treintena de miradas perdidas. La hermana Alicia agasaja, aconseja, reserva una acogida especial a los recién llegados, una sonrisa, un chocolate caliente. Algunos fracasaron en su travesía por el desierto; no obstante, otros llevaban años establecidos en Estados Unidos y los detuvieron mientras conducían “por una historia del intermitente” –la clásica tragedia del “sin papeles”–. Un teléfono móvil pasa de mano en mano para llamar a las familias. La responsable del teléfono borra prudentemente cada número marcado: “Unas manos con malas intenciones podrían pedir dinero a las familias con el pretexto de un secuestro”. Ningún deportado es originario de Nogales: los migrantes vienen del Sur rural –Chiapas, Guerrero, Oaxaca–, donde el trabajo apenas da para pagar el maíz con el que alimentar a las gallinas. Algunos no hablan español, sino algún dialecto indígena. “La miseria y la violencia de los cárteles son los dos factores principales”, explica Joanna Williams, de Kino Border Initiative, una organización no gubernamental con doble nacionalidad que financia El Comedor. Antes de comenzar a desayunar, se juntan las manos y se murmura una oración para la Virgen con los ojos cerrados. La hermana Marivel rellena un cuestionario por cada migrante: “¿Le han robado, violado, secuestrado, pegado? ¿Quién ha sido el responsable: la policía mexicana, la migra, la mafia organizada? Marque la casilla correspondiente”. Salvador cuenta su menso fracaso. Ni siquiera tuvo la oportunidad de desafiar al desierto. Su guía lo dejó en medio de ninguna parte, en el lado mexicano, haciéndole creer que había conseguido llegar al otro lado. Y, sin embargo, “inspiraba confianza”. Salvador le dio los 3.000 dólares que sus sobrinos, que vendimian en California, tomaron a préstamo para financiar su paso. Se evaporaron en una nube de polvo levantada por un 4x4. “Ratero”: a Salvador le gustaría desaparecer por debajo de la mesa. Duerme desde hace veinticinco días sobre el asfalto de la estación de autobuses de Nogales, come y se asea en El Comedor. Para él se ha acabado. Va a volver haciendo autostop a Michoacán, “a donde las mariposas monarca van para reproducirse”. Un trabajador “sin papeles” menos para la vendimia en California.
Otro migrante se altera, con un intenso brillo en la mirada. Uriel habla utilizando el argot de la frontera, según el cual los migrantes son pollos, guiados por el pollero, a menudo joven y no mucho más rico. Por encima en la jerarquía, el coyote, en su 4x4 y con su smartphone pegado a la oreja, está en contacto con el cártel. Los jefes, por su parte, están lejos. Realizan las gestiones a través de sus esbirros y recaudan la plata.
La militarización de la frontera creó un mercado tan lucrativo como el tráfico de droja. En la actualidad, para convertirse en guía, pasar en grupo o incluso solo, hay que pagar a los cárteles. Intentar la aventura sin informarles significa firmar una sentencia de fin. El contrabando de estupefacientes y de seres humanos tiende a fusionarse cuando los migrantes se ven obligados a transportar fardos de droja de veinticinco kilos como diezmo.
Uriel, por su parte, se ve como una especie de “supermigrante”. Ha cruzado el desierto cinco veces para trabajar “en la construcción” en California. En cada ocasión pagó en torno a 2.000 dólares a los coyotes. Este veterano del Ejército mexicano cuenta sus secretos para desafiar al desierto, como “cavar agujeros en el suelo y extender una bolsa de plástico para recoger rocío”. Cuando cuenta la escapada de su grupo, sus velludas manos planean sobre la mesa como si moviera fichas de póker. Un guía, cuatro pollos, dos de ellos mujeres, y él. “Los pollos pedían agua todo el rato, se quejaban por esto o por aquello. Unos quejicas”. Uriel no contará cómo consiguieron atraparlo. Su grupo le hizo avanzar demasiado despacio: la próxima vez, pasará en solitario.
Helicópteros, muro, patrullas y brigadas caninas: Washington lo ha bloqueado todo con el paso de los años, excepto el desierto, tan hostil que se pensaba que bastaría por sí solo. Pero los migrantes prueban suerte, caminando cada vez más lejos. Esta estrategia “ha transformado el sector de Tucson en un embudo hacia la fin”, se alarma Jean Kreyche mientras detiene su jeep en el lado de Arizona, al pie del macizo de la Sierrita, donde las gargantas y las escarpas se extienden dibujando líneas. Entre 1999 y 2017 se han encontrado más de 3.000 cuerpos de migrantes en el sector de Tucson, muertos de sed o de frío o incluso que se cayeron por barrancos durante las persecuciones con la policía fronteriza.
Kreyche se encuentra a la cabeza de una patrulla de “samaritanos”, una emanación de la Iglesia presbiteriana de South Tucson creada en 2002, año en el cual los fallecimientos en el desierto se decuplicaron. Tres veces a la semana, sale con un puñado de voluntarios a proporcionar puntos de agua y depositar kits de supervivencia. La media de edad de la patrulla de ese día, tres jubiladas con vestimenta de senderismo, es de 67 años. En el paisaje monótono y espléndido, donde la brisa candente hace que los arbustos silben, las samaritanas buscan aguiluchos que vuelen en círculos a baja altitud. Las rapaces son guías: para detectar un cuerpo, hay que mirar al cielo en vez de al suelo. Colocan bidones de agua en los senderos de la montaña. Los migrantes cambian sin cesar de camino para evitar a la migra, pero dejan rastros: papeles sucios, vaqueros, jerséis, latas de Red Bull, cajas de estimulantes –los guías hacen que los migrantes se los tomen para que caminen más rápido–. Leemos las fechas de caducidad, quizás sean la señal de un paso reciente. Un calcetín de Hello Kitty, de talla infantil, descansa bajo un cactus.
Los samaritanos actualizan un mapa con los muertos, materializados por puntos gente de izquierdas en sus GPS. La Border Patrol a veces los encuentra desnudos, con la boca despellejada por los cactus –los cuales se quieren comer en un último delirio– o con los miembros extendidos, como para nadar en la arena. Algunos se han derrumbado a cincuenta metros de una estación de servicio. “Muchos migrantes nunca han abandonado su tierra tropical, desconocen la hostilidad del desierto. En sus tierras, el desierto es una abstracción”, explica Kreyche. Mal informados por los guías, multiplican los errores: “Sin gorra, con ropa negra, sin suficiente agua y sin mantas para la noche”. Una torcedura de tobillo significa el abandono del grupo y una fin probable.
Muchos cuerpos no se encuentran: la prioridad de la Border Patrol es aprehender a los que siguen con vida. Los organismos se descomponen rápidamente en el desierto y los coyotes dispersan los huesos. Una asociación que colabora con los Samaritanos calcula que el número de muertos desde 2001 asciende a más de 6.000, pero “no hay ninguna forma de tener una cifra total –considera Maryada Vallet, de No More Deaths–. Lo cierto es que el desierto se utiliza a propósito como un arma mortal”. La estrategia tiene un nombre, popularizado durante el mandato de Clinton: la “prevención mediante la disuasión”. Un artista local planta cruces de madera allí donde se encuentran los cuerpos. Delante de una de esas cruces, el GPS de los Samaritanos indica “Corona Vargas, Marco Antonio. 13/10/2007. Probable hipertermia”. Casi se podría decir que este muerto tiene suerte: se le ha identificado.
Los fallecidos en el desierto tienen una última cita en el mismo edificio de ladrillos: el instituto médico-forense de Tucson. Greg Hess, el forense, es la persona más desbordada por el trabajo de la ciudad. Durante un pico de mortalidad en 2010 tuvo que recurrir a camiones frigoríficos para acoger a los difuntos. Actualmente le quedan “ciento cincuenta restos por identificar”. A día 1 de abril de este año, el recuento ascendía a cuarenta muertos, de los cuales treinta y ocho fueron encontrados en estado de esqueleto. “En esos casos, la identificación puede durar meses, incluso años”. La familia del difunto debe tomar las riendas, manifestarse en el consulado o ante organizaciones humanitarias y enviar una muestra de ADN. Si el fallecido no ha sido identificado, sus restos descansarán en una urna del cementerio de la ciudad.
La ironía de esta silenciosa tragedia es que Tucson necesita trabajadores clandestinos para funcionar. Nada nuevo: a este respecto, todas las ciudades estadounidenses se han convertido en ciudades fronterizas. Patronos de pequeñas firmas o grandes empresas emplean a personas “sin papeles” con la tolerancia de las autoridades. Se trata de una mano de obra fiable, barata, que participa en la economía y que paga impuestos. ¿Por qué privarse de ella? Se encuentran en los sectores de la hostelería, de la restauración y en la agricultura. Preparan la comida en los comedores escolares y en los hospitales. En Tucson, al amanecer, se reúnen por grupos delante de varias iglesias calificadas como “zonas sensibles” por el Ayuntamiento: este estatus les garantiza cierta inmunidad con respecto a la policía mientras no cometan infracciones.
Esperan a su empleador del día para realizar tareas de jardinería o relacionadas con la construcción. “Hacen algo más que solo fregar platos en los restaurantes –explica Kelzi Bartholomaei, una estadounidense de origen mexicano, durante mucho tiempo propietaria del restaurante ‘Mother Hubbard’s’ y actualmente charcutera por cuenta propia–. Se les puede encontrar en las residencias de ancianos, desempeñando tareas en el ámbito de la asistencia a personas... todas las industrias. Es triste decirlo, pero añoro los años de la Administración de Bush. Era uña y carne con el presidente Vicente Fox. El clima estaba suavizado. Obtuve la doble nacionalidad entonces. Hoy en día con Trump, mis proveedores, ganaderos y agricultores de Iowa, ya no encuentran a gente para trabajar en sus fincas. Las cosechas se pudren en las plantas. Es una catástrofe”.
En los puestos fronterizos, los funcionarios de las aduanas desempeñan su tarea con excesiva meticulosidad desde las elecciones y las colas se alargan. Las iglesias temen perder su estatus de santuario: “Han comenzado las redadas en el país –susurra Lisa McDaniel-Hutching, la pastora con la que nos reunimos en Amado, una aldea a mitad de camino entre Tucson y México–. Antes de la militarización del muro, era un punto de paso libre, en ambos lados”. La religiosa considera que no se habla lo suficiente sobre las “causas profundas de la migración laboral. Es evidente que los acuerdos de libre comercio han arruinado al campesinado mexicano. En cierta manera, Estados Unidos ha creado esta situación”.
Los defensores de los migrantes tienen por bestia negra a los agentes de la Border Patrol, a quienes consideran unos violentos. Cuatro mil doscientos patrullan por el sector de Tucson, “uno de los más activos en lo relativo a migrantes y a contrabando de marihuana”, precisa su página web. Por el contrario, los agentes, de los cuales una buena parte son latinos, se consideran poco apreciados. Salvo por parte del actual presidente, quien prometió una campaña de reclutamiento de 5.000 agentes adicionales. La Border Patrol permanece silenciosa (8), pero su sindicato mayoritario, el National Border Patrol Council, es más prolijo: es incluso el único sindicato de trabajadores de Estados Unidos que apoyó públicamente la campaña de Donald Trump. En Tucson, el 80% de los agentes están afiliados al sindicato. Su jefe, Art del Cueto, es un personaje importante, vicepresidente a nivel nacional y figura mediática del “trumpismo”. Con una imagen entre macho y heavy metal, presenta desde hace tres años un podcast para sus tropas, The Green Line, una especie de “discusión barata” entre agentes en un tono “rockero” y conservador. La emisión salió del anonimato tras una entrevista concedida por el candidato Trump (9) en la que les aseguraba su apoyo “al 100%”. Desde sus inicios, está financiada por el medio de comunicación online de extrema derecha Breitbart News, antes dirigido por Steve Bannon, actual asesor del presidente.
Del Cueto, un hombre muy ocupado, se negará a concedernos una entrevista, pero un abogado del sindicato se expresará en su lugar. Dentro de poco hará veinte años que Jim Calle defiende a la Border Patrol en diversos casos, entre ellos algunos de corrupción de agentes y de migrantes asesinados. En el local, a menudo se bromea señalando a este experiodista como “el demócrata de guardia”. Calle lo asegura, la jovenlandesal de las tropas está en su punto más elevado desde la elección de Trump: “Ha permitido levantar la tapadera, iniciar una discusión sobre la inmi gración”. Ha visto como la profesión ha cambiado profundamente en veinte años con la militarización de la frontera. “Cuando comencé en 1998, todos los migrantes venían para trabajar. En grupos de cien a la vez... Era algo no organizado, en familia. Hoy todo está controlado por los cárteles. Los grupos ya no superan las seis u ocho personas. Un agente que atrapa a dos migrantes en una jornada puede darse por satisfecho. Los contrabandistas pasan la droja con túneles y catapultas. Los cárteles también utilizan a los menores, que escalan por la valla como monos titís en cuanto los agentes les dan la espalda. Quédese una hora mirando el muro de Nogales, ya verá”.
Como contrapartida de una intensa conciencia de grupo, la Border Patrol actúa en la opacidad y se le acusa de utilizar métodos crueles. Se le imputa la fin de al menos 45 personas en el país entre 2005 y 2014 (10). Entre los pocos casos de homicidio que han terminado siendo juzgados por la vía penal, ningún agente del sector de Tucson ha sido condenado, incluso aunque tres adolescentes de la frontera murieron en oscuras circunstancias. Igual que José Antonio Rodríguez Elena, de 17 años, abatido cuando volvía a su casa en Nogales. El caso aún sigue provocando agitación en la frontera cuatro años y medio después del crimen. El lugar donde murió, en la calle Internacional, frente al muro, está marcado con una cruz, un ramo de flores de plástico y un autoadhesivo en español: “Exigimos justicia”. El agente implicado, en su puesto en el lado de Arizona, acribilló a la víctima con diez balas, ocho de las cuales le alcanzaron la espalda. En primer lugar sostuvo que el chico le tiraba piedras y que respondió en defensa propia, algo que los testigos niegan. Existe una grabación del asesinato, pero la Border Patrol no la ha entregado a la Justicia; Calle explica que se “comprimió por error” y que la calidad empeoró demasiado como para ser útil. Los catorce densos expedientes del caso, alineados en su despacho, ocultan todo el zócalo de una pared. Esta tragedia se ha convertido en un caso complejo de incidente transnacional: tanto por la parte del agente que disparó como por la de la víctima, los abogados ponen a punto sus interpretaciones del derecho.
Calle insiste en el carácter único de la Border Patrol –“una fuerza paramilitar, encargada de enfrentarse a los clandestinos de forma activa”–, en su ejemplar trabajo y en la peligrosidad del oficio. En caso de incidente, “una comisión interna interroga sistemáticamente a los agentes. Se calcula que uno de cada veinte migrantes, incluso uno de cada diez, es un contrabandista... Nos encontramos con expulsados de El Salvador que vuelven a la carga, miembros de bandas... Saben correr, luchar y les encanta fingir que la Border Patrol ha utilizado métodos violentos contra ellos”. En general se trata de la palabra de un migrante clandestino contra la de un oficial.
Un informe presentado el año pasado en el DHS recomendaba 39 medidas para disminuir el “uso inconstitucional de la violencia”, pero también “el riesgo de corrupción endémica” en el seno de la fuerza (11). Los cárteles se infiltran y ya han hecho que decenas de agentes cambien de bando. El documento, redactado por altas instancias del Ejército y agentes de la DEA, describe una patrulla con una crisis de crecimiento, que no funciona correctamente por no sancionar a los responsables de ello. Pero, tras la victoria de Trump, un intento de reforma ha dejado de despertar interés. Por el contrario, la Casa Blanca ha prometido “librar a los agentes de sus obstáculos”.
(1) americanborderpatrol.com
(2) John Burnett, “President Trump’s big wall is now just 74 miles long in his budget plan”, National Public Radio, 24 de mayo de 2017, NPR Choice page
(3) Los testigos designados solamente con un nombre no han querido dar sus apellidos.
(4) Kate Kilpatrick, “Immigration seen as bonanza for slumping global defense industry”, Al Jazeera America, 6 de septiembre de 2014, www.america.aljazeera.com
(5) Caitlin Dickson, “Is Obama really the deporter-in-chief? Yes and no”, 30 de abril de 2014, The Daily Beast
(6) Jens Manuel Krogstad, “5 facts about Mexico and immigration to the US”, Pew Research Center, Washington, DC, febrero de 2016.
(7) Jenny Jarvie, “Number of immigrants caught at Mexican border plunges 40% under Trump”, The Los Angeles Times, 9 de marzo de 2017.
(8) N. de la T.: En el original, el autor utiliza la expresión grande muette (“la gran muda”), que normalmente hace referencia al ejército. Su origen se remonta a la III República francesa, durante la cual los militares se veían privados de derechos civiles; así, incapaces de protestar, eran “mudos”; y el ejército, grande y silencioso.
(9) “Episode 77: Donald J. Trump”, disponible en la página web Spreaker - The simple way to create and distribute your podcast
(10) “Why border cops’ failures are your problem, too”, The Arizona Republic, Phoenix, 8 de mayo de 2014.
(11) “Final report of the CBP Integrity Advisory Panel”, US Department of Homeland Security, 15 de marzo de 2016.
Según Donald Trump, la frontera entre México y Estados Unidos sería un colador que solo podría ser obstruido mediante la construcción de un “gran y bello muro” de 3.200 kilómetros de longitud. No obstante, Estados Unidos no esperó a su nuevo presidente para ir en busca y captura de los migrantes clandestinos. En Arizona, el desierto, las patrullas policiales y las milicias ciudadanas los ponen en jaque.
Pasada la aldea de Sierra Vista, en Arizona, y tras varios kilómetros de senderos polvorientos, se perfila la frontera. En una colina en la avanzadilla se erige el rancho de Glenn Spencer. Recién afeitado, el anciano se ha levantado, como cada día, a las tres de la madrugada para interceptar los intercambios por radio entre los agentes de la policía migratoria, la US Border Patrol.
Este jubilado es una leyenda en el círculo de los militantes antiinmigración. Fundador del grupo American Border Patrol, autor de un blog actualizado constantemente (1) y muy activo en las redes sociales, se jacta de ser uno de los primeros en haber teorizado la reconquista, es decir, la oleada turística programada de Estados Unidos por México. Según esta doctrina popular entre la “derecha alternativa” (alt-right), la inmi gración hispana respondería a una sed de revancha histórica tras las derrotas militares del siglo XIX que llevaron a la anexión de una inmensa parte del territorio mexicano por parte de los estadounidenses.
La elección de Donald Trump le llenó de alegría, igual que al 48% de los votantes de Arizona (4 puntos más que Hillary Clinton). Spencer, con más de ochenta años, ha sobrevivido a todas las extravagancias antimigrantes, sobre todo los grupos de autodefensa armados, los famosos vigilantes, que se propagaron por Arizona tras el 11 de septiembre de 2001 y patrullaban el desierto con uniformes de camuflaje para interceptar a migrantes y a traficantes de drojas. Sus líderes están muertos, en prisión o han desaparecido de los radares. “Estaba destinado al fracaso. Imagine a esos tipos, en la cumbre de una montaña, con sus tumbonas, sus cervezas y sus AK-47. Totalmente ineficaces. Los mató el aburrimiento”, considera Spencer. Sus métodos son más modernos. Ha instalado en su propiedad detectores sísmicos escondidos en intervalos regulares y sueña con ver que el dispositivo se extiende por los 3.145 kilómetros de frontera que separan ambos países. Tras catorce años de trabajo y gracias a la ayuda de un pequeño equipo comprometido, los detectores “son capaces de diferenciar entre un coyote, un vehículo o una vaca”, detalla este sismólogo de formación, antiguo empleado de las petroleras Chevron y Texaco. Antaño buscaba petróleo; “hoy voy en busca y captura de seres humanos”.
Durante el amanecer, Spencer realiza una demostración. Un asistente se aleja del rancho para interpretar el papel del clandestino. Las sondas dispuestas a cada 73 metros detectan sus pasos y retransmiten la actividad por una pantalla de control. Un dron Parrot, de fabricación francesa –“el más fiable”–, despega para grabar al intruso con un software de reconocimiento facial. “El dron puede emitir consignas. ¡Cuidado! Go back! Ese tipo de cosas...”. Spencer hace que la idea de un muro de hormigón parezca ridícula: con su sistema de sondas y de drones, “por fin se podría saber quién atraviesa [la frontera] y tener cifras precisas. Y mi proyecto es mejor para el medio ambiente. Los animales pueden pasar a su antojo”.
El 6 de marzo de 2017, el Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS) convocó una licitación para construir ese muro tan prometido. El ranchero, al igual que cuatrocientas compañías, start-ups y gigantes de la industria militar, envió su dosier a la Administración de Trump. Ese documento de doce páginas es el proyecto de toda una vida.
Trump afirma querer un muro de diez, quince o incluso veinticuatro metros de altura en función del día; a principios de junio, cambiaba una vez más de opinión y proponía la construcción de una barrera ecológica de paneles solares. Independientemente de su forma –visible o invisible, láser o de hormigón–, los contribuyentes pagarán el muro, construido con ladrillos de “tax dollars” –aunque el presidente estadounidense afirma que “México pagará”–. En el calendario previsto por la Administración, esta proyectaba publicar sus decisiones antes del verano y distribuir las subvenciones. Pero nada va como se había previsto. El Congreso se toma su tiempo, algunos estados demócratas amenazan con boicotear a las empresas participantes y el vecino mexicano desenterró en abril un antídoto jurídico: un tratado de 1970 que hace que se puedan emprender medidas judiciales contra la construcción de una edificación que frene la libre circulación de las aguas subterráneas entre ambos países. En mayo, Trump solicitó al Congreso el desbloqueo de 1.500 millones de dólares para añadir solamente 120 kilómetros de barrera al dispositivo actual. Afirmar que sus ambiciones se han revisado a la baja es un eufemismo: algunos republicanos en el Congreso ya hablan del muro de Trump como de una simple metáfora, a pesar de que fue un argumento central de su campaña (2).
La proeza del presidente estadounidense radica en haber hecho creer a los electores que la frontera era un colador antes de que llegara él. En efecto, solo añadirá, como mucho, una fina capa a una demarcación ya militarizada y sobreprotegida. Porque el muro ya está ahí, obstruyendo las zonas urbanas y los puntos de paso más frecuentados. Todos los presidentes desde William Clinton (1993-2001) han puesto su piedra en esta construcción.
A cien kilómetros al sur de Tucson, en pleno desierto, la ciudad fronteriza de Nogales está dividida en dos por una hilera de postes oxidados de seis metros de altura. Se puede ver a través de ellos. Dos enamorados pueden tocarse las manos, pero no besarse. Desde el ventanal del último McDonald’s estadounidense se disfruta de una vista panorámica de los barrios de chabolas mexicanos en la pendiente de la colina. Más abajo se esconde el “puerto de entrada” de Nogales, una amplia estación de clasificación para mercancías y seres humanos.
En la parte mexicana, Nogales está más animado, más sucio. Tras las aduanas se encuentran alineados puestos con productos farmacéuticos (Viagra, Cialis...) y consultas dentales. Los tratamientos son cuatro veces más baratos en México y los jubilados gringos acuden incluso desde Alaska para ponerse una prótesis dental. La ciudad sale adelante como puede. Desde el 11 de septiembre de 2001, la frontera se encuentra cada vez más bloqueada, lo que ha mermado el número de turistas. “Luchamos por derribar el muro de Berlín y mira lo que se ha construido”, filosofa Jesús (3). Este veterano de Vietnam y con doble nacionalidad pasa su jubilación en Arizona y vuelve a Nogales durante el fin de semana para tomarse algunas cervezas. Jesús es de la época antigua, cuando atravesar la frontera se resumía en saltar una valla para ganado. Pasaba sin problemas para ir a cavar en las minas de cobre de Wyoming. Un trabajo difícil. Jesús salía de las galerías “con la barba congelada”. Este muro es para “alardear. Pero por debajo y por arriba, la gente siempre encontrará la manera de pasar”, dice señalando hacia la valla con el mentón. Los habitantes han colocado cruces de madera en memoria de los migrantes muertos y han pintado un graffiti lleno de cólera, “pinche migra” (patrulla perversos).
La frontera de Nogales se asemeja a la de un país en guerra. Desde 2001, Estados Unidos ha gastado más de 100.000 millones de dólares para protegerse de México, es decir, más que los presupuestos del Federal Bureau of Investigation (FBI), de la Drug Enforcement Administration (DEA, la Policía Antidroga) y de los servicios secretos juntos. La temida Border Patrol cuenta con los dispositivos más modernos. A lo largo de la frontera, las ciudades de Tijuana, Nogales, Aqua Prieta y Juárez son peinadas por cámaras infrarrojas, drones que vuelan a una altura demasiado elevada para ser visibles a simple vista y agentes con uniformes verde pino que patrullan al volante de enormes vehículos todoterreno. Torres de vigilancia de la compañía israelí Elbit Systems, probadas en la frontera israelo-palestina, escudriñan el desierto, visibles desde la autopista 19. Se trata de una compra que Barack Obama realizó en 2014 por 148 millones de dólares: “Si pagáramos a los migrantes para que no vengan, probablemente nos saldría más barato”, ironizó entonces un analista (4). Las deportaciones aumentaron vertiginosamente durante la presidencia de Obama (tres millones de personas entre 2009 y 2016, es decir, más que con los anteriores presidentes). No obstante, esta cifra, que le valió al premio Nobel de la Paz el apodo de “deportador en jefe”, debe ser analizada con precaución. Desde 2005 se han notificado todas las deportaciones; antes, las expulsiones cerca de la frontera a menudo eran informales y no aparecían necesariamente en las estadísticas (5).
Una cosa es segura: el saldo migratorio se ha invertido. Desde la crisis de 2008, son más numerosos los mexicanos que cruzan la frontera en dirección a México que en el otro sentido. Jubilados que vuelven para instalarse en el país tras años de dura labor, mientras que las salidas del país disminuyen de forma importante: entre 2009 y 2014, 870.000 mexicanos fueron a instalarse en Estados Unidos, frente a 2,9 millones entre 1995 y 2000. En 2015, según un estudio del Pew Research Center, una tercera parte de los mexicanos consideraba que la calidad de vida era “equivalente en ambos países” (frente al 23% en 2007) (6). La elección de Trump parece haber ralentizado aún más los flujos. En enero y febrero de 2017, el número de migrantes interceptados por parte de la Border Patrol descendió un 40% (7); durante los años anteriores tendía más bien a aumentar con la llegada de la primavera.
Las personas “sin papeles” interceptadas por la patrulla de Tucson son transportadas en autobús y puestas en libertad en Nogales, tras una detención más o menos larga. Aturdidos por el cansancio, encuentran refugio en El Comedor, un modesto comedor social regentado por religiosas. Para llegar al establecimiento bordeamos el cementerio municipal, donde las tumbas sirven como cama de infortunios. Los deportados son reconocibles por su polo azul celeste y por la bolsa de plástico transparente que se les da cuando acaba su detención. En ella están todas sus pertenencias y a veces llevan dinero. Encontrar otra ropa es la prioridad número uno: ataviados de esa guisa son presa fácil para los bandidos de Nogales.
Tras el portón del dispensario, cerrado con candado, seis largas mesas acogen a una treintena de miradas perdidas. La hermana Alicia agasaja, aconseja, reserva una acogida especial a los recién llegados, una sonrisa, un chocolate caliente. Algunos fracasaron en su travesía por el desierto; no obstante, otros llevaban años establecidos en Estados Unidos y los detuvieron mientras conducían “por una historia del intermitente” –la clásica tragedia del “sin papeles”–. Un teléfono móvil pasa de mano en mano para llamar a las familias. La responsable del teléfono borra prudentemente cada número marcado: “Unas manos con malas intenciones podrían pedir dinero a las familias con el pretexto de un secuestro”. Ningún deportado es originario de Nogales: los migrantes vienen del Sur rural –Chiapas, Guerrero, Oaxaca–, donde el trabajo apenas da para pagar el maíz con el que alimentar a las gallinas. Algunos no hablan español, sino algún dialecto indígena. “La miseria y la violencia de los cárteles son los dos factores principales”, explica Joanna Williams, de Kino Border Initiative, una organización no gubernamental con doble nacionalidad que financia El Comedor. Antes de comenzar a desayunar, se juntan las manos y se murmura una oración para la Virgen con los ojos cerrados. La hermana Marivel rellena un cuestionario por cada migrante: “¿Le han robado, violado, secuestrado, pegado? ¿Quién ha sido el responsable: la policía mexicana, la migra, la mafia organizada? Marque la casilla correspondiente”. Salvador cuenta su menso fracaso. Ni siquiera tuvo la oportunidad de desafiar al desierto. Su guía lo dejó en medio de ninguna parte, en el lado mexicano, haciéndole creer que había conseguido llegar al otro lado. Y, sin embargo, “inspiraba confianza”. Salvador le dio los 3.000 dólares que sus sobrinos, que vendimian en California, tomaron a préstamo para financiar su paso. Se evaporaron en una nube de polvo levantada por un 4x4. “Ratero”: a Salvador le gustaría desaparecer por debajo de la mesa. Duerme desde hace veinticinco días sobre el asfalto de la estación de autobuses de Nogales, come y se asea en El Comedor. Para él se ha acabado. Va a volver haciendo autostop a Michoacán, “a donde las mariposas monarca van para reproducirse”. Un trabajador “sin papeles” menos para la vendimia en California.
Otro migrante se altera, con un intenso brillo en la mirada. Uriel habla utilizando el argot de la frontera, según el cual los migrantes son pollos, guiados por el pollero, a menudo joven y no mucho más rico. Por encima en la jerarquía, el coyote, en su 4x4 y con su smartphone pegado a la oreja, está en contacto con el cártel. Los jefes, por su parte, están lejos. Realizan las gestiones a través de sus esbirros y recaudan la plata.
La militarización de la frontera creó un mercado tan lucrativo como el tráfico de droja. En la actualidad, para convertirse en guía, pasar en grupo o incluso solo, hay que pagar a los cárteles. Intentar la aventura sin informarles significa firmar una sentencia de fin. El contrabando de estupefacientes y de seres humanos tiende a fusionarse cuando los migrantes se ven obligados a transportar fardos de droja de veinticinco kilos como diezmo.
Uriel, por su parte, se ve como una especie de “supermigrante”. Ha cruzado el desierto cinco veces para trabajar “en la construcción” en California. En cada ocasión pagó en torno a 2.000 dólares a los coyotes. Este veterano del Ejército mexicano cuenta sus secretos para desafiar al desierto, como “cavar agujeros en el suelo y extender una bolsa de plástico para recoger rocío”. Cuando cuenta la escapada de su grupo, sus velludas manos planean sobre la mesa como si moviera fichas de póker. Un guía, cuatro pollos, dos de ellos mujeres, y él. “Los pollos pedían agua todo el rato, se quejaban por esto o por aquello. Unos quejicas”. Uriel no contará cómo consiguieron atraparlo. Su grupo le hizo avanzar demasiado despacio: la próxima vez, pasará en solitario.
Helicópteros, muro, patrullas y brigadas caninas: Washington lo ha bloqueado todo con el paso de los años, excepto el desierto, tan hostil que se pensaba que bastaría por sí solo. Pero los migrantes prueban suerte, caminando cada vez más lejos. Esta estrategia “ha transformado el sector de Tucson en un embudo hacia la fin”, se alarma Jean Kreyche mientras detiene su jeep en el lado de Arizona, al pie del macizo de la Sierrita, donde las gargantas y las escarpas se extienden dibujando líneas. Entre 1999 y 2017 se han encontrado más de 3.000 cuerpos de migrantes en el sector de Tucson, muertos de sed o de frío o incluso que se cayeron por barrancos durante las persecuciones con la policía fronteriza.
Kreyche se encuentra a la cabeza de una patrulla de “samaritanos”, una emanación de la Iglesia presbiteriana de South Tucson creada en 2002, año en el cual los fallecimientos en el desierto se decuplicaron. Tres veces a la semana, sale con un puñado de voluntarios a proporcionar puntos de agua y depositar kits de supervivencia. La media de edad de la patrulla de ese día, tres jubiladas con vestimenta de senderismo, es de 67 años. En el paisaje monótono y espléndido, donde la brisa candente hace que los arbustos silben, las samaritanas buscan aguiluchos que vuelen en círculos a baja altitud. Las rapaces son guías: para detectar un cuerpo, hay que mirar al cielo en vez de al suelo. Colocan bidones de agua en los senderos de la montaña. Los migrantes cambian sin cesar de camino para evitar a la migra, pero dejan rastros: papeles sucios, vaqueros, jerséis, latas de Red Bull, cajas de estimulantes –los guías hacen que los migrantes se los tomen para que caminen más rápido–. Leemos las fechas de caducidad, quizás sean la señal de un paso reciente. Un calcetín de Hello Kitty, de talla infantil, descansa bajo un cactus.
Los samaritanos actualizan un mapa con los muertos, materializados por puntos gente de izquierdas en sus GPS. La Border Patrol a veces los encuentra desnudos, con la boca despellejada por los cactus –los cuales se quieren comer en un último delirio– o con los miembros extendidos, como para nadar en la arena. Algunos se han derrumbado a cincuenta metros de una estación de servicio. “Muchos migrantes nunca han abandonado su tierra tropical, desconocen la hostilidad del desierto. En sus tierras, el desierto es una abstracción”, explica Kreyche. Mal informados por los guías, multiplican los errores: “Sin gorra, con ropa negra, sin suficiente agua y sin mantas para la noche”. Una torcedura de tobillo significa el abandono del grupo y una fin probable.
Muchos cuerpos no se encuentran: la prioridad de la Border Patrol es aprehender a los que siguen con vida. Los organismos se descomponen rápidamente en el desierto y los coyotes dispersan los huesos. Una asociación que colabora con los Samaritanos calcula que el número de muertos desde 2001 asciende a más de 6.000, pero “no hay ninguna forma de tener una cifra total –considera Maryada Vallet, de No More Deaths–. Lo cierto es que el desierto se utiliza a propósito como un arma mortal”. La estrategia tiene un nombre, popularizado durante el mandato de Clinton: la “prevención mediante la disuasión”. Un artista local planta cruces de madera allí donde se encuentran los cuerpos. Delante de una de esas cruces, el GPS de los Samaritanos indica “Corona Vargas, Marco Antonio. 13/10/2007. Probable hipertermia”. Casi se podría decir que este muerto tiene suerte: se le ha identificado.
Los fallecidos en el desierto tienen una última cita en el mismo edificio de ladrillos: el instituto médico-forense de Tucson. Greg Hess, el forense, es la persona más desbordada por el trabajo de la ciudad. Durante un pico de mortalidad en 2010 tuvo que recurrir a camiones frigoríficos para acoger a los difuntos. Actualmente le quedan “ciento cincuenta restos por identificar”. A día 1 de abril de este año, el recuento ascendía a cuarenta muertos, de los cuales treinta y ocho fueron encontrados en estado de esqueleto. “En esos casos, la identificación puede durar meses, incluso años”. La familia del difunto debe tomar las riendas, manifestarse en el consulado o ante organizaciones humanitarias y enviar una muestra de ADN. Si el fallecido no ha sido identificado, sus restos descansarán en una urna del cementerio de la ciudad.
La ironía de esta silenciosa tragedia es que Tucson necesita trabajadores clandestinos para funcionar. Nada nuevo: a este respecto, todas las ciudades estadounidenses se han convertido en ciudades fronterizas. Patronos de pequeñas firmas o grandes empresas emplean a personas “sin papeles” con la tolerancia de las autoridades. Se trata de una mano de obra fiable, barata, que participa en la economía y que paga impuestos. ¿Por qué privarse de ella? Se encuentran en los sectores de la hostelería, de la restauración y en la agricultura. Preparan la comida en los comedores escolares y en los hospitales. En Tucson, al amanecer, se reúnen por grupos delante de varias iglesias calificadas como “zonas sensibles” por el Ayuntamiento: este estatus les garantiza cierta inmunidad con respecto a la policía mientras no cometan infracciones.
Esperan a su empleador del día para realizar tareas de jardinería o relacionadas con la construcción. “Hacen algo más que solo fregar platos en los restaurantes –explica Kelzi Bartholomaei, una estadounidense de origen mexicano, durante mucho tiempo propietaria del restaurante ‘Mother Hubbard’s’ y actualmente charcutera por cuenta propia–. Se les puede encontrar en las residencias de ancianos, desempeñando tareas en el ámbito de la asistencia a personas... todas las industrias. Es triste decirlo, pero añoro los años de la Administración de Bush. Era uña y carne con el presidente Vicente Fox. El clima estaba suavizado. Obtuve la doble nacionalidad entonces. Hoy en día con Trump, mis proveedores, ganaderos y agricultores de Iowa, ya no encuentran a gente para trabajar en sus fincas. Las cosechas se pudren en las plantas. Es una catástrofe”.
En los puestos fronterizos, los funcionarios de las aduanas desempeñan su tarea con excesiva meticulosidad desde las elecciones y las colas se alargan. Las iglesias temen perder su estatus de santuario: “Han comenzado las redadas en el país –susurra Lisa McDaniel-Hutching, la pastora con la que nos reunimos en Amado, una aldea a mitad de camino entre Tucson y México–. Antes de la militarización del muro, era un punto de paso libre, en ambos lados”. La religiosa considera que no se habla lo suficiente sobre las “causas profundas de la migración laboral. Es evidente que los acuerdos de libre comercio han arruinado al campesinado mexicano. En cierta manera, Estados Unidos ha creado esta situación”.
Los defensores de los migrantes tienen por bestia negra a los agentes de la Border Patrol, a quienes consideran unos violentos. Cuatro mil doscientos patrullan por el sector de Tucson, “uno de los más activos en lo relativo a migrantes y a contrabando de marihuana”, precisa su página web. Por el contrario, los agentes, de los cuales una buena parte son latinos, se consideran poco apreciados. Salvo por parte del actual presidente, quien prometió una campaña de reclutamiento de 5.000 agentes adicionales. La Border Patrol permanece silenciosa (8), pero su sindicato mayoritario, el National Border Patrol Council, es más prolijo: es incluso el único sindicato de trabajadores de Estados Unidos que apoyó públicamente la campaña de Donald Trump. En Tucson, el 80% de los agentes están afiliados al sindicato. Su jefe, Art del Cueto, es un personaje importante, vicepresidente a nivel nacional y figura mediática del “trumpismo”. Con una imagen entre macho y heavy metal, presenta desde hace tres años un podcast para sus tropas, The Green Line, una especie de “discusión barata” entre agentes en un tono “rockero” y conservador. La emisión salió del anonimato tras una entrevista concedida por el candidato Trump (9) en la que les aseguraba su apoyo “al 100%”. Desde sus inicios, está financiada por el medio de comunicación online de extrema derecha Breitbart News, antes dirigido por Steve Bannon, actual asesor del presidente.
Del Cueto, un hombre muy ocupado, se negará a concedernos una entrevista, pero un abogado del sindicato se expresará en su lugar. Dentro de poco hará veinte años que Jim Calle defiende a la Border Patrol en diversos casos, entre ellos algunos de corrupción de agentes y de migrantes asesinados. En el local, a menudo se bromea señalando a este experiodista como “el demócrata de guardia”. Calle lo asegura, la jovenlandesal de las tropas está en su punto más elevado desde la elección de Trump: “Ha permitido levantar la tapadera, iniciar una discusión sobre la inmi gración”. Ha visto como la profesión ha cambiado profundamente en veinte años con la militarización de la frontera. “Cuando comencé en 1998, todos los migrantes venían para trabajar. En grupos de cien a la vez... Era algo no organizado, en familia. Hoy todo está controlado por los cárteles. Los grupos ya no superan las seis u ocho personas. Un agente que atrapa a dos migrantes en una jornada puede darse por satisfecho. Los contrabandistas pasan la droja con túneles y catapultas. Los cárteles también utilizan a los menores, que escalan por la valla como monos titís en cuanto los agentes les dan la espalda. Quédese una hora mirando el muro de Nogales, ya verá”.
Como contrapartida de una intensa conciencia de grupo, la Border Patrol actúa en la opacidad y se le acusa de utilizar métodos crueles. Se le imputa la fin de al menos 45 personas en el país entre 2005 y 2014 (10). Entre los pocos casos de homicidio que han terminado siendo juzgados por la vía penal, ningún agente del sector de Tucson ha sido condenado, incluso aunque tres adolescentes de la frontera murieron en oscuras circunstancias. Igual que José Antonio Rodríguez Elena, de 17 años, abatido cuando volvía a su casa en Nogales. El caso aún sigue provocando agitación en la frontera cuatro años y medio después del crimen. El lugar donde murió, en la calle Internacional, frente al muro, está marcado con una cruz, un ramo de flores de plástico y un autoadhesivo en español: “Exigimos justicia”. El agente implicado, en su puesto en el lado de Arizona, acribilló a la víctima con diez balas, ocho de las cuales le alcanzaron la espalda. En primer lugar sostuvo que el chico le tiraba piedras y que respondió en defensa propia, algo que los testigos niegan. Existe una grabación del asesinato, pero la Border Patrol no la ha entregado a la Justicia; Calle explica que se “comprimió por error” y que la calidad empeoró demasiado como para ser útil. Los catorce densos expedientes del caso, alineados en su despacho, ocultan todo el zócalo de una pared. Esta tragedia se ha convertido en un caso complejo de incidente transnacional: tanto por la parte del agente que disparó como por la de la víctima, los abogados ponen a punto sus interpretaciones del derecho.
Calle insiste en el carácter único de la Border Patrol –“una fuerza paramilitar, encargada de enfrentarse a los clandestinos de forma activa”–, en su ejemplar trabajo y en la peligrosidad del oficio. En caso de incidente, “una comisión interna interroga sistemáticamente a los agentes. Se calcula que uno de cada veinte migrantes, incluso uno de cada diez, es un contrabandista... Nos encontramos con expulsados de El Salvador que vuelven a la carga, miembros de bandas... Saben correr, luchar y les encanta fingir que la Border Patrol ha utilizado métodos violentos contra ellos”. En general se trata de la palabra de un migrante clandestino contra la de un oficial.
Un informe presentado el año pasado en el DHS recomendaba 39 medidas para disminuir el “uso inconstitucional de la violencia”, pero también “el riesgo de corrupción endémica” en el seno de la fuerza (11). Los cárteles se infiltran y ya han hecho que decenas de agentes cambien de bando. El documento, redactado por altas instancias del Ejército y agentes de la DEA, describe una patrulla con una crisis de crecimiento, que no funciona correctamente por no sancionar a los responsables de ello. Pero, tras la victoria de Trump, un intento de reforma ha dejado de despertar interés. Por el contrario, la Casa Blanca ha prometido “librar a los agentes de sus obstáculos”.
(1) americanborderpatrol.com
(2) John Burnett, “President Trump’s big wall is now just 74 miles long in his budget plan”, National Public Radio, 24 de mayo de 2017, NPR Choice page
(3) Los testigos designados solamente con un nombre no han querido dar sus apellidos.
(4) Kate Kilpatrick, “Immigration seen as bonanza for slumping global defense industry”, Al Jazeera America, 6 de septiembre de 2014, www.america.aljazeera.com
(5) Caitlin Dickson, “Is Obama really the deporter-in-chief? Yes and no”, 30 de abril de 2014, The Daily Beast
(6) Jens Manuel Krogstad, “5 facts about Mexico and immigration to the US”, Pew Research Center, Washington, DC, febrero de 2016.
(7) Jenny Jarvie, “Number of immigrants caught at Mexican border plunges 40% under Trump”, The Los Angeles Times, 9 de marzo de 2017.
(8) N. de la T.: En el original, el autor utiliza la expresión grande muette (“la gran muda”), que normalmente hace referencia al ejército. Su origen se remonta a la III República francesa, durante la cual los militares se veían privados de derechos civiles; así, incapaces de protestar, eran “mudos”; y el ejército, grande y silencioso.
(9) “Episode 77: Donald J. Trump”, disponible en la página web Spreaker - The simple way to create and distribute your podcast
(10) “Why border cops’ failures are your problem, too”, The Arizona Republic, Phoenix, 8 de mayo de 2014.
(11) “Final report of the CBP Integrity Advisory Panel”, US Department of Homeland Security, 15 de marzo de 2016.
