rejon
Madmaxista
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El alto mando de la Guardia Civil tiene que agotar la vía administrativa antes de poder presentar un recurso ante un juzgado central de lo Contencioso .
El coronel Diego Pérez de los Cobos tiene previsto recurrir ante los tribunales su cese por "no informar" al Ministerio del Interior de la investigación judicial de la causa del 8-M donde se encuentra imputado en la actualidad el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Según informan fuentes próximas a De los Cobos consultadas por EL MUNDO, el alto mando de la Guardia Civil, destituido como jefe de la Comandancia de Madrid, estudia en estos momentos cuál es la mejor fórmula para la presentación del citado recurso que tiene decidido presentar.
El artículo 9 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo sostiene que "los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto en primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores".
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que el coronel tiene que agotar la vía administrativa antes de poder acudir a los tribunales para recurrir el cese. En este sentido, contra la resolución donde se acordó su fulminante destitución por supuesta "pérdida de confianza" cabe interponer recurso de alzada ante ante el Ministerio del Interior. Fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, quien firmó el cese, por lo que corresponde al ministro Fernando Grande-Marlaska resolver la alzada que se presentará en el futuro.
El oficio de Gámez
Una vez que el propio ministro resuelva el recurso de alzada, es cuando el coronel de la Benemérita puede acudir a los juzgados de lo Contencioso. Como prueba principal de que se trata de una destitución injusta o arbitraria, De los Cobos cuenta con la propuesta de destitución oficial, firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, donde se afirma que el cese se produce "por pérdida de confianza" del Ministerio del Interior, "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
La Policía Judicial sólo debe informar de las pesquisas de un procedimiento judicial al juez que investiga el caso. Así lo recoge la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo artículo 31.1 dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial "dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación". Si Diego Pérez de los Cobos hubiera informado al ministro Marlaska del contenido del atestado de la Guardia Civil aportado al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid hubiera cometido, probablemente, una ilegalidad.
El coronel Diego Pérez de los Cobos tiene previsto recurrir ante los tribunales su cese por "no informar" al Ministerio del Interior de la investigación judicial de la causa del 8-M donde se encuentra imputado en la actualidad el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Según informan fuentes próximas a De los Cobos consultadas por EL MUNDO, el alto mando de la Guardia Civil, destituido como jefe de la Comandancia de Madrid, estudia en estos momentos cuál es la mejor fórmula para la presentación del citado recurso que tiene decidido presentar.
El artículo 9 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo sostiene que "los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto en primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores".
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que el coronel tiene que agotar la vía administrativa antes de poder acudir a los tribunales para recurrir el cese. En este sentido, contra la resolución donde se acordó su fulminante destitución por supuesta "pérdida de confianza" cabe interponer recurso de alzada ante ante el Ministerio del Interior. Fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, quien firmó el cese, por lo que corresponde al ministro Fernando Grande-Marlaska resolver la alzada que se presentará en el futuro.
El oficio de Gámez
Una vez que el propio ministro resuelva el recurso de alzada, es cuando el coronel de la Benemérita puede acudir a los juzgados de lo Contencioso. Como prueba principal de que se trata de una destitución injusta o arbitraria, De los Cobos cuenta con la propuesta de destitución oficial, firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, donde se afirma que el cese se produce "por pérdida de confianza" del Ministerio del Interior, "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
La Policía Judicial sólo debe informar de las pesquisas de un procedimiento judicial al juez que investiga el caso. Así lo recoge la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo artículo 31.1 dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial "dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación". Si Diego Pérez de los Cobos hubiera informado al ministro Marlaska del contenido del atestado de la Guardia Civil aportado al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid hubiera cometido, probablemente, una ilegalidad.
