Los dos directivos y el trabajador de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) culparon ayer al secretario general del Consejo de Administración de la entidad, que es abogado del Estado, de que no les advirtiera de que era ilegal percibir dos sueldos de fondos públicos.
Los tres imputados cobraron durante años una nómina de la APV y otra cantidad de Valencia Plataforma Intermodal, una sociedad participada al 98% por el Puerto de Valencia. Esta sociedad fue creada en su día para potenciar el desarrollo de de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del recinto portuario.
Todos sostuvieron que recibían estas cantidades por trabajos que hacían para la firma y que ahora, tras tener que devolverlas, se han visto gravemente perjudicados. No obstante, sólo han reintegrado las cantidades de 2009, 2010 y 2011, los ejercicios auditados por la Intervención General del Estado. Alguno de ellos lleva más de una década percibiendo este dinero de manera irregular, según confirmaron fuentes judiciales. Hasta la fecha nadie les ha pedido que lo devuelvan.
Un imputado pactó estas retribuciones porque cobraba tres veces menos que en su otro empleo
Los declarantes, que comparecieron ante el titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, coincidieron en lamentar la actuación del secretario del consejo. «¿Cómo voy a pensar que es ilegal si él también los cobraba?», llegó a apuntar el trabajador José jovenlandesales.
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En mayor o menor medida, todos culparon al abogado del Estado quien, en teoría, debió asesorarles en estas cuestiones. Se da la circunstancia de que este letrado llegó a cobrar cerca de 23.000 euros de Plataforma Intermodal. Fue el primero en devolverlos. A estos tres afectados les explicó, según uno de los imputados, que había interpretado incorrectamente la norma. La indignación de los imputados era evidente ayer en su declaración.
Uno de los directivos, Juan Antonio Delgado, era el encargado del área del Planificación Estratégica y tras*formación. Al parecer, según fuentes judiciales, este admitió que llegó a pactar con el propio presidente de la APV, Rafael Aznar, el pago de estas cantidades por los trabajos que efectuara para la entidad. Se trataba de compensar el anterior sueldo de este directivo en un banco, casi el triple de lo que iba a percibir en el Puerto de Valencia. Subrayó que era «público y notorio» que trabajaba en la APV y en la citada empresa «porque no tenía que esconderse de nada». En total, llegó a percibir 71.000 euros por estos servicios.
También declaró Ignacio Pascual, director de gestión de Infraestructuras de la APV. Estaba empleado desde 1998 en la empresa y realizaba trabajos como arquitecto. Este directivo es el único que hasta la fecha no ha devuelto todas las cantidades que percibió, alrededor de 23.000 euros, según Europa Press. Delgado se acogió al plazo de diez años que ofreció la Intervención para reintegrar las cantidades cobradas de manera irregular.
El interrogatorio a los tres trabajadores fue breve. Todas las preguntas hicieron referencia al cobro de las citadas cantidades salvo alguna cuestión relacionada con el uso de vehículos de la APV. Los dos directivos explicaron que hacían uso de su automóvil particular para los desplazamientos privados, mientras para los laborales utilizaban los de la flota de la APV.
Mañana declarará el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar. Su testimonio, sin duda, será más extenso. Aznar será interrogado por el cobro de sobresueldos, pero también por otra decena de presuntas irregularidades que constan en la causa. Por ejemplo, la compra de un yate para la Copa América, los gastos en la Fórmula 1 y determinadas adjudicaciones de obras en el recinto, entre otras cuestiones.
