El Tribunal de Cuentas aún no tiene hecho el informe sobre la fiscalidad de los partidos... ¡de 2008!
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El Tribunal de Cuentas (TC) es la institución encargada de supervisar la financiación de los partidos políticos en España. Su manera de hacerlo es sencilla, quizás, incluso, hasta demasiado sencilla: sus funcionarios se limitan a estudiar y cotejan los cuadernos de contabilidad que les presentan voluntariamente los partidos. Y, como cabe suponer, los partidos no les van a presentar a estos funcionarios el dinero que hipotéticamente guardan en sus cajas B.
A este método de operar se añade el hecho de que el último informe del TC que audita las cuentas de los partidos es del año 2007. ¿A qué se debe este retraso? Según fuentes cercanas al esta institución que han preferido mantener el anonimato “el anterior pleno no tenía demasiado interés en el tema. Quizás por ello, la gente que se dedicaba a estas tareas era tan solo 12 personas”.
La tardanza a la hora de poner en limpio las cuentas de los partidos también se debe a que este equipo es el mismo que tenía -y tiene- que controlar los gastos de todas las campañas electorales que se convocan en España; y dado que los contables del TC están acotado por un plazo fijo de tiempo para fiscalizar cada elección, no es de extrañar que la puesta al día de las cuentas de los partidos quede relegada a un segundo plano.
Ahora bien, de acuerdo con estas mismas fuentes, el TC, en agosto del pasado año, ha aumentado el número de funcionarios dedicados a esta tarea hasta llegar a las actuales 26 personas, que esperan auditar las cuentas de los partidos del año 2008 antes del próximo verano. A finales de 2013 confían poder haberlo hecho con los años 2009, 2010 y 2011.
Dalmacio oscuro, Catedrático emérito de Historia de las Ideas y las Formas Políticas, es uno de los académicos que más ha estudiado la manera de operar de los regímenes partitocráticos. Ante la cuestión de cuales pueden ser los huecos políticos o jurídicos por donde entra la corrupción en los partidos, el profesor oscuro responde que “sobre este asunto se ha teorizado mucho, pero creo que una anécdota servirá para ilustrar mejor su pregunta. Una amiga mía, represetante de una empresa de maquinaria sueca en España, se dedicaba hace años -en la época de Felipe González- a recorrer los distintos estamentos de la Administración para presentar el producto que en ese momento estaba patrocinando; se trataba de una máquina especializada en detectar fallos y grietas en los suelos de las autopistas y aeropuertos”.
El profesor oscuro recuerda que, cada vez que llegaba una oficina del Estado donde se adjudicaban obras públicas, aquella representante sueca escuchaba la misma palabra: “comisión”. Esto, el pago de una comisión, era la fórmula habitual con la que la Administración Estatal licitaba la concesión de obras públicas o la compra de maquinaria a una u otra empresa.
“Lo gracioso de esta historia”, recuerda el profesor oscuro, “es que un buen día aquella representante llegó a una oficina del Ministerio de Defensa; allí fue a presentar su maquinaria y, tal y como había hecho en tantas otras ocasiones, le habló del pago de la famosa comisión al coronel que estaba al cargo de las compras. Cuando escucho aquello, el militar se levantó al momento y, señalándole la puerta, le dijo que en ese mismo momento había concluido su conversación”.
El profesor oscuro considera que la causa de la gran cantidad de obras públicas que se han construido en los últimos años -muchas de ellas tan lujosas como innecesarias- se debe a la cobro de estas comisiones, es decir, a la pura y simple corrupción. “Los representantes de los partidos políticos", prosigue oscuro, "son los que más poder de decisión tienen sobre a quien beneficiar con sus recalificaciones o licitaciones. Al final, nos encontramos con la clásica estructura de los sistemas oligárquicos; cuando sus élites políticas, que en este caso son los partidos, se corrompen -quizás porque se sienten inmunes-, comienzan a poner los prepuestos públicos al servicio de sus intereses privados”.
Quien ha analizado a fondo el modelo de financiación de los partidos políticos españoles es el abogado y Catedrático en Derecho Administrativo, Gaspar Ariño. Un entero capítulo de su último libro -Regenerar la democracia, reconstruir el Estado (Unión Editorial, 2012)- tratar de manera específica esta cuestión.
En declaraciones para Teinteresa.es, el profesor Ariño explica que “los partidos políticos, en España, disfrutan de una financiación pública ilimitada. Ellos tienen el poder sobre el Legislativo y, por ello, pueden manipular los Presupuestos Generales del Estado a su antojo. No así en Alemania, donde una ley marca que la financiación pública de los partidos no puede ser superior a la financiación privada. Me parece que este es un límite razonable. Pero en España más del 90% de la financiación de los partidos viene de las arcas públicas, a lo que luego hay que añadir la financiación privada, que nadie sabe muy bien a donde va”.
Con respecto al dinero de origen privado, el profesor Ariño señala que procede de los negocios más potentes de España, es decir, de los bancos y las grandes empresas, que son muy generosos con los partidos. “Sobre este dinero”, precisa, “hay una cierta fiscalización, pero el control, no nos engañemos, es laxo. Además, en no pocas ocasiones se va posponiendo el pago de los préstamos bancarios hasta que finalmente los banqueros olvidan su cobro”.
Ante este panorama, la conclusión del profesor Ariño es nítida: “con todo este dinero flotando, siempre hay algún listo que se lo quiere llevar a su bolsillo, o al de sus amigos. Sencillamente, hay flotando demasiado dinero. Y aquí todos los partidos están manchados”.
El Tribunal de Cuentas aún no tiene hecho el informe sobre la fiscalidad de los partidos... ¡de 2008!
)El Tribunal de Cuentas (TC) es la institución encargada de supervisar la financiación de los partidos políticos en España. Su manera de hacerlo es sencilla, quizás, incluso, hasta demasiado sencilla: sus funcionarios se limitan a estudiar y cotejan los cuadernos de contabilidad que les presentan voluntariamente los partidos. Y, como cabe suponer, los partidos no les van a presentar a estos funcionarios el dinero que hipotéticamente guardan en sus cajas B.
A este método de operar se añade el hecho de que el último informe del TC que audita las cuentas de los partidos es del año 2007. ¿A qué se debe este retraso? Según fuentes cercanas al esta institución que han preferido mantener el anonimato “el anterior pleno no tenía demasiado interés en el tema. Quizás por ello, la gente que se dedicaba a estas tareas era tan solo 12 personas”.
La tardanza a la hora de poner en limpio las cuentas de los partidos también se debe a que este equipo es el mismo que tenía -y tiene- que controlar los gastos de todas las campañas electorales que se convocan en España; y dado que los contables del TC están acotado por un plazo fijo de tiempo para fiscalizar cada elección, no es de extrañar que la puesta al día de las cuentas de los partidos quede relegada a un segundo plano.
Ahora bien, de acuerdo con estas mismas fuentes, el TC, en agosto del pasado año, ha aumentado el número de funcionarios dedicados a esta tarea hasta llegar a las actuales 26 personas, que esperan auditar las cuentas de los partidos del año 2008 antes del próximo verano. A finales de 2013 confían poder haberlo hecho con los años 2009, 2010 y 2011.
Dalmacio oscuro, Catedrático emérito de Historia de las Ideas y las Formas Políticas, es uno de los académicos que más ha estudiado la manera de operar de los regímenes partitocráticos. Ante la cuestión de cuales pueden ser los huecos políticos o jurídicos por donde entra la corrupción en los partidos, el profesor oscuro responde que “sobre este asunto se ha teorizado mucho, pero creo que una anécdota servirá para ilustrar mejor su pregunta. Una amiga mía, represetante de una empresa de maquinaria sueca en España, se dedicaba hace años -en la época de Felipe González- a recorrer los distintos estamentos de la Administración para presentar el producto que en ese momento estaba patrocinando; se trataba de una máquina especializada en detectar fallos y grietas en los suelos de las autopistas y aeropuertos”.
El profesor oscuro recuerda que, cada vez que llegaba una oficina del Estado donde se adjudicaban obras públicas, aquella representante sueca escuchaba la misma palabra: “comisión”. Esto, el pago de una comisión, era la fórmula habitual con la que la Administración Estatal licitaba la concesión de obras públicas o la compra de maquinaria a una u otra empresa.
“Lo gracioso de esta historia”, recuerda el profesor oscuro, “es que un buen día aquella representante llegó a una oficina del Ministerio de Defensa; allí fue a presentar su maquinaria y, tal y como había hecho en tantas otras ocasiones, le habló del pago de la famosa comisión al coronel que estaba al cargo de las compras. Cuando escucho aquello, el militar se levantó al momento y, señalándole la puerta, le dijo que en ese mismo momento había concluido su conversación”.
El profesor oscuro considera que la causa de la gran cantidad de obras públicas que se han construido en los últimos años -muchas de ellas tan lujosas como innecesarias- se debe a la cobro de estas comisiones, es decir, a la pura y simple corrupción. “Los representantes de los partidos políticos", prosigue oscuro, "son los que más poder de decisión tienen sobre a quien beneficiar con sus recalificaciones o licitaciones. Al final, nos encontramos con la clásica estructura de los sistemas oligárquicos; cuando sus élites políticas, que en este caso son los partidos, se corrompen -quizás porque se sienten inmunes-, comienzan a poner los prepuestos públicos al servicio de sus intereses privados”.
Quien ha analizado a fondo el modelo de financiación de los partidos políticos españoles es el abogado y Catedrático en Derecho Administrativo, Gaspar Ariño. Un entero capítulo de su último libro -Regenerar la democracia, reconstruir el Estado (Unión Editorial, 2012)- tratar de manera específica esta cuestión.
En declaraciones para Teinteresa.es, el profesor Ariño explica que “los partidos políticos, en España, disfrutan de una financiación pública ilimitada. Ellos tienen el poder sobre el Legislativo y, por ello, pueden manipular los Presupuestos Generales del Estado a su antojo. No así en Alemania, donde una ley marca que la financiación pública de los partidos no puede ser superior a la financiación privada. Me parece que este es un límite razonable. Pero en España más del 90% de la financiación de los partidos viene de las arcas públicas, a lo que luego hay que añadir la financiación privada, que nadie sabe muy bien a donde va”.
Con respecto al dinero de origen privado, el profesor Ariño señala que procede de los negocios más potentes de España, es decir, de los bancos y las grandes empresas, que son muy generosos con los partidos. “Sobre este dinero”, precisa, “hay una cierta fiscalización, pero el control, no nos engañemos, es laxo. Además, en no pocas ocasiones se va posponiendo el pago de los préstamos bancarios hasta que finalmente los banqueros olvidan su cobro”.
Ante este panorama, la conclusión del profesor Ariño es nítida: “con todo este dinero flotando, siempre hay algún listo que se lo quiere llevar a su bolsillo, o al de sus amigos. Sencillamente, hay flotando demasiado dinero. Y aquí todos los partidos están manchados”.
El Tribunal de Cuentas aún no tiene hecho el informe sobre la fiscalidad de los partidos... ¡de 2008!
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