La ‘burbuja judicial’ de Alaya empieza a pincharse
El fraude imaginario
Dos años y medio después del caso Rivas, el turno de pinchazos le llegaría a la macrocausa de los cursos de formación, que ya acumulan
más de un centenar de archivos en diferentes juzgados andaluces después de que Mercedes Alaya fracasara en su intento de acaparar la causa con el argumento –de nuevo fuertemente especulativo– de que se trataba de
una trama de clientelismo político urdida por los gobernantes del Partido Socialista. Es más: los investigadores policiales llegaron a cifrar el fraude ¡en 3.000 millones de euros!
39 de 18.000
El punto de inflexión en la cascada de archivos judiciales tenía lugar en octubre pasado, cuando
la juez María Núñez Bolaños, sustituta de Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, archivaba la pieza ‘política’ donde su antecesora había imputado a una veintena de ex altos cargos en cuya conducta creyó ver indicios delictivos de haber armado una red clientelar para favorecer a empresas cercanas al PSOE.
“Entre las más de
18.000 subvencionesotorgadas encontremos
39 empresasque tienen alguna vinculación con el partido socialista [lo cual] no resulta significativo".
La celebérrima ‘red clientelar’ de Alaya –que, por cierto, solo habría sido viable con la connivencia de decenas de funcionarios de carrera– quedó finalmente
despachada a precio de saldo en el mercado judicial, aunque su valor en el parqué de la política fue incalculable durante los dos largos años en que la causa estuvo viva.
Francisco Javier Guerrero el que otorgó a empresas, amigos o instituciones –la mayor parte de ellas ubicadas en
Sierra Norte de Sevilla, de donde es originario Guerrero– decenas de ayudas por valor de millones de euros que ni estaban justificadas ni fueron debidamente fiscalizadas.
La responsabildiad política 'in vigilando' es obvia. Será el examen judicial de todas ellas, una a una, lo que permitirá conocer el alcance preciso, pero en todo c
La ‘burbuja judicial’ de Alaya empieza a pincharse
