El fin de la obligación de pagar peajes en los tramos de autopistas cuya concesión ha finalizado
se va a ver compensado con el pago por el uso de las autovías. Eso sucederá cuando se apruebe la
Ley de Movilidad, cuyo anteproyecto se halla ahora en fase de consultas previas.
El cómo y el cuánto se negociará, pero el final de la historia no requiere mayor imaginación: habrá que pagar, como sucede en casi todos los países de nuestro entorno. Y una vez que el bolsillo particular cumpla su tarea social, habrá
fiscalizar si realmente se produce la efectiva renovación de la red vial que reduzca la siniestralidad y acabe con atascos y reductos de alta contaminación.
En principio, la patronal de las constructoras propone un precio de
9 céntimos por kilómetro para turismos y en 19 céntimos por kilómetro para vehículos pesados. Con estas tasas calcula que se recaudarían unos
104.000 millones de euros en 25 años. La red de autovías estatales suma
14.130 kilómetros por 166.000 del total de las carreteras españolas.
El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, ha soltado algún 'globo sonda', ya en la anterior legislatura, antes de que la Administración empiece a negociar con los sectores implicados en la eventual subida:
los constructores, los transportistas y los usuarios de a pie.
PUNTO DE PARTIDA
Según un informe de la
Asociación Española de la Carretera (AEC) desarrollado en los últimos seis meses de 2019, el déficit del mantenimiento de las infraestructuras alcanzaba los
7.500 millones de euros debido al abandono de la conservación, que calificaba como "el mal endémico de las carreteras españolas". Uno de cada 10 kilómetros presentaba una situación
muy deficiente, causante de accidentes y de una mayor contaminación ambiental.
El informe EuroRAC presentado hace unos días, no mejoró demasiado el análisis:
2.160 kilómetros de la red de carreteras del Estado tienen un riesgo alto o muy alto de accidente, un 8,6% de los más de 25.000 km de los que consta la Red de Carreteras del Estado. Este informe no abarcaba las carreteras gestionadas por comunidades autónomas y diputaciones provinciales.
El mantenimiento anual de la Red de Carreteras del Estado cuesta unos 1.100 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Transporte. Hace un año, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
solicitó al Gobierno que presupuestara 1.300 millones de euros para ese fin.
LO QUE DICE EL MINISTRO
Ha sido el ministro Ábalos quien ha aportado la idea del pago por autopista, aunque con ciertos
retoques en cada una de sus intervenciones. Aseguró que el precio a pagar por el usuario normal sería "simbólico", diez veces menos de lo que se paga en peajes de autopista por kilómetro. Tras las
primeras quejas, resaltó que no había nada fehaciente al respecto, pero más adelante precisó que
el conductor que usa su vehículo para ir a trabajar diariamente por la autopista no deberá pagar nada. "A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que
la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", dijo José Luis Ábalos hace un mes en un simposio organizado por
El Español.
Desde su ministerio, incluso, se transmitió que lo que sobrara de la recaudación, una vez descontados los gastos de mantenimiento de las carreteras, serviría para
abaratar el coste de los peajes en las autopistas de pago y unificar el coste por kilómetro en todo el territorio, que hoy en día es muy desigual.
LOS CONSTRUCTORES
La patronal del sector de construcción y mantenimiento de carreteras, SEOPAN, es el principal impulsor de los peajes en autovías hoy gratuitas. Empezó con una modesta propuesta de 3 céntimos de euro por kilómetro a turismos y ya
la ha tripicado hasta los 9 céntimos. Con los camiones, la 'inflación' fue de 14 céntimos a 19 por kilómetro.
Los grandes constructores argumentan que España el el país con menor porcentaje de carreteras con peaje de toda Europa. Los peajes, según este sector, liberarían un gran gasto público lo que permitiría
cubrir otras necesidades sociales, no subir impuestos y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
Además, Seopan resume que el pago por uso de las carrteras estatales asegura su buen mantenimiento, racionaliza su uso, gestiona la demanda del tráfico y puede
reducir drásticamente el número de fallecidos por accidente en las carreteras y el coste anual de la siniestralidad, fijado en 10.000 milones de euros por la DGT.
En un informe reciente, Seopan asegura que "la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos a Madrid y Barcelona podría
evitar 150 horas al año de atascos por cada conductor y reducir las emisiones de CO2 hasta un 15%".
LOS TRANSPORTISTAS
Por el contrario, la Confederación Española de Trasporte de Mercancías (CETM), viene manifestando
su rechazo frontal al gravamen que pretende Seopan y está dispuesto a aceptar el Ministerio. Seguramente, tras la negociación, admitirán que es necesario tarificar el uso de las carreteras aunque
al mínimo posible.
De momento, tras cada anuncio de cobrar por usar autovías, la patronal del transporte ha reaccionado sin ambages: "Desde la CETM consideramos que
el modelo que estudia implantar el Ejecutivo perjudica de manera trascendental la actividad de los transportistas de mercancías por carretera. En este sentido, destacamos que España es el segundo país en exportación de mercancías por carretera y el Ministerio de Fomento debería examinar el perjuicio que supondría no solo para el sector del transporte, sino que también afectaría a la competitividad de los productos españoles y, en consecuencia, a la economía española", declaró en su página web en septiembre de 2019, cuando nada hacía prever a
hecatombe de este sector por culpa de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo por el bichito-19.
En su reciente propuesta para la Ley de Movilidad, la CETM no niega la posibilidad de pagar por uso de las carreteras, pero
exige que "el modelo de financiación no suponga un aumento de la fiscalidad destinado al mantenimiento de las infraestructuras. Es
inaceptable que el pago por uso de las mismas recaiga solo sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera, puesto que el mantenimiento debe ir ligado al uso proporcional, incluyendo a todos los usuarios".
Por su parte, la
Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (Fenadismer), que engloba a las pequeñas y
medianas empresas del sector, recordó a Ábalos que "no debe olvidar su compromiso con las asociaciones de transportistas de no implantar ningún peaje por el uso de las autovías sin el consenso previo con el sector".
Adiós a las autovías gratuitas en 2021
