VPO: ¿Construir más viviendas de protección oficial?

La promesa de construir más Viviendas de Protección Oficial (VPOs) es el punto central del programa electoral de los partidos catalanes de “izquierda” para garantizar el acceso a una vivienda digna. También los medios de comunicación, en una burda maniobra de tergiversación, presentaron la gran manifestación por una vivienda digna del pasado 30 de septiembre como una manifestación a favor de la construcción de más VPOs.
Ante esta situación queremos dejar claro: la construcción de más VPOs no constituye ninguna solución para poder hacer efectivo el derecho a una vivienda digna tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución española.

Porque:
La promesa de construcción de más VPOs es tan vieja como el mismo proceso de especulación inmobiliaria y hasta ahora no se ha cumplido ninguna de las promesas hechas para la ocasión. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona prometió en su Pla Actuació Municipal (PAD) 1996-99 la construcción de 16.625 VPOs y apenas llegó a construir 2.942; en el PAD de 2000-2003 prometió la construcción de 6.000 y acabó construyendo 4.000, una parte muy considerable de las cuales sirvió para realojar gente afectada por un plan urbanístico. Los planes de vivienda de las gobiernos autonómicos y del gobierno central no han corrido mejor suerte y, en ningún caso, han servido ni siquiera para ralentizar el proceso de especulación.
De cumplirse las promesas, apenas llegarían a cubrir el 6 % de las necesidades de una vivienda accesible ya que, según afirmaciones oficiales, un 25 % de la población no puede acceder a una vivienda a causa de los precios desorbitados. Aplicando este porcentaje y contando 2 personas por piso, en Catalunya se necesitarían 846.250 pisos que gozasen de alguna forma de protección frente al mercado. El Sr. Montilla promete 50.000 para los próximos 4 años, el Sr. Saura 60.000 y el Sr. Mas promete, sin ambages, pagar directamente del erario público parte de los alquileres desorbitados.

El problema no es la falta de pisos sino sus precios. Según estimaciones basadas en el censo de viviendas de 2001, se calcula que en Barcelona hay entre 70.000 y 100.000 pisos vacíos, en la provincia de Barcelona la cifra se eleva a unos 400.000 y en todo el Estado supera ampliamente el número de 3.000.000. Según un estudio reciente de la Universidad de Barcelona, en los últimos dos años se han construido unos 500.000 pisos nuevos en España que no encuentran compradores ni inquilinos.
Las VPOs, como mucho, pueden servir para paliar alguna que otra emergencia personal extrema. En este sentido, la reducción de la superficie mínima de las VPOs de 40 a 30 m² ha potenciado la función de las VPOs como instrumento de “administración de la miseria“. La otra “gran medida“ de la Sra. Trujillo ha consistido en ampliar el concepto de VPOs por figuras como “pisos de precio concertado“ que se pueden vender mucho más caras que las VPOs tradicionales. Muchos de estos pisos se están construyendo en suelos públicos con lo que su construcción se convierte en otra fuente neta de ingresos que la Administración obtiene gracias al proceso de especulación.

Resulta como mínimo sospechoso que en momentos en que la burbuja empieza a desinflarse, el sector de construcción se empieza a debilitar y grandes tiburones como La Caixa empiezan a deshacerse de sus activos inmobiliarios, el Estado promete cuadriplicar la inversión pública en la construcción de viviendas, en vez de dictaminar medidas eficientes de regulación de un mercado inmobiliario que ha sido el causante de la presente situación.

Por todo lo expuesto exigimos que los políticos dejen de tratarnos como si fuéramos petulantes, que inicien las reformas estructurales necesarias para una decidida regulación del mercado y que, de una vez, dejen de abusar el art. 47 que les obliga a tomar las medidas necesarias para impedir la especulación, por ejemplo:

¡Convertir las Viviendas Vacías en Viviendas de Protección Oficial!

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Resulta como mínimo sospechoso que en momentos en que la burbuja empieza a desinflarse, el sector de construcción se empieza a debilitar y grandes tiburones como La Caixa empiezan a deshacerse de sus activos inmobiliarios, el Estado promete cuadriplicar la inversión pública en la construcción de viviendas, en vez de dictaminar medidas eficientes de regulación de un mercado inmobiliario que ha sido el causante de la presente situación.

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