Vox impone en Valencia 15 años de arraigo para la vivienda pública
Imagine a una familia extranjera con 14 años de residencia en España, los descendientes escolarizados y los impuestos pagados. Queda fuera del acceso a una vivienda protegida en Valencia. Esa es la consecuencia directa del requisito de 15 años de arraigo que Vox ha conseguido incorporar a la política de vivienda valenciana.
La medida supone un endurecimiento notable de las condiciones de acceso al parque público. Hay quien la considera insuficiente y pide plazos todavía más largos. Los defensores argumentan que los recursos públicos deben priorizar a quien lleva más tiempo contribuyendo. En el lado crítico se sostiene que el umbral castiga a residentes que llevan una década y media en el país y que, en la práctica, convierte el acceso a la vivienda en un privilegio cronológico.
La trampa que anticipan los propios partidarios
Es revelador que hasta los apoyos de la medida admitan que habrá quien intente burlarla. «Toda ley tiene su trampa», resume el refranero que circula entre los partidarios. Si el requisito administrativo es alto, el siguiente paso lógico será la comprobación exhaustiva de empadronamientos, contratos y vidas laborales. El coste burocrático recaerá sobre los solicitantes.
Lo que el PP no hizo en 20 años
El detalle que descoloca: lo que el Partido Popular no consiguió en dos décadas de gestión, Vox lo ha logrado con un simple criterio de empadronamiento. Algunos análisis comparan este movimiento con la eliminación de subvenciones vinculadas a la ley de violencia de género en Andalucía. En ambos casos, el partido minoritario marca la agenda social con medidas que los partidos tradicionales no se atrevieron a tocar.
La medida está sobre la mesa y no hay consenso a la vista.