Collboni se suma a la mano dura: pide endurecer penas por armas en plena crisis de seguridad
Los delitos en Barcelona han caído un 11,2% en el último año, pero la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos, empatada con el acceso a la vivienda. Hasta ahora, el alcalde socialista Jaume Collboni y sus socios soberanistas trataban el problema como una cuestión de «percepción». Las cifras, según el relato oficial, demostraban mejoría. Sin embargo, el discurso ha cambiado.
De la «percepción» a la acción penal
Collboni ha dado un viraje público: enarbola la bandera contra la delincuencia y pide al Congreso que endurezca las penas por tenencia ilícita de armas. Un movimiento que muchos interpretan como electoralista, a menos de un año de las municipales. La alusión a la «morenúa de Ripoll» —en referencia a la candidata de Aliança Catalana, Silvia Orriols— no es casual: el auge de formaciones ultra en Cataluña preocupa al PSC.
La crítica más común señala que el gobierno de coalición tiene margen para actuar desde el ministerio del Interior sin necesidad de reformas penales. El hecho de que el alcalde reclame cambios al Congreso suena a lavado de manos o a cortina de humo, según los analistas. Además, la propuesta se centra en las armas, mientras que la delincuencia callejera, los robos y los hurtos —que más afectan al día a día— no requieren penas más severas, sino más presencia policial y eficacia judicial.
El factor electoral y el desencanto ciudadano
El viraje se produce en un contexto de descontento generalizado. La sensación de impunidad alimenta discursos populistas, y el electorado, según los propios votantes, se siente sin alternativas claras. «No hay a quien votar», resumen algunas voces, que ven tanto a la izquierda tradicional como a la derecha dura como opciones fracasadas.
La pregunta que queda en el aire es si este cambio de tono de Collboni conseguirá revertir la percepción o si, por el contrario, será visto como un gesto tardío e interesado que refuerce la desafección.