Cortar árboles para hacer un cortafuegos espontáneo puede costarle una multa de miles de euros. La ley de montes no distingue entre un pirómano y un vecino que intenta proteger su casa
La imagen es casi épica: vecinos armados con motosierras abriendo una brecha en el monte para frenar las llamas mientras los servicios de extinción no llegan. Pero lo que para muchos es sentido común, para la ley es un delito contra la propiedad forestal. La paradoja no es nueva, pero resurge cada verano: las administraciones exigen autorizaciones para cualquier aprovechamiento del monte, incluso para recoger una piña, mientras el fuego avanza.
La letra pequeña de la ley de montes
La normativa forestal, tanto estatal como autonómica, exige autorización del propietario —en el caso del monte público, la administración— para cualquier intervención. En comunidades como Madrid, se permite la recogida de piñas sin ánimo de lucro mediante declaración responsable, pero siempre que el forestal no tenga un mal día. Cortar árboles ya es harina de otro costal: puede acarrear sanciones económicas y hasta penales. La diferencia entre un cortafuegos legal y uno espontáneo es solo un papel sellado.
El problema de pillar al infractor
La pregunta recurrente es: ¿cómo te pillan? En un monte perdido, sin testigos ni cámaras, parece fácil esquivar la multa. Pero los vecinos se chivan. La comunidad rural se vigila a sí misma, y lo que empieza como un gesto de solidaridad puede acabar en denuncia anónima. Además, las herramientas utilizadas —motosierras, hachas— dejan huellas: restos de cortes, marcas de neumáticos. No es tan sencillo como parece.
Ironías de la burocracia
Mientras unos se enfrentan a multas por salvar sus casas, otros señalan el absurdo: la misma administración que prohíbe cortar un árbol luego no puede proteger el monte del fuego. Algunos recuerdan que un vecino en silla de ruedas tiene prohibido salir al campo por si el reflejo del sol en las ruedas provoca un incendio. La legislación, a veces, parece escrita para otro planeta.
La conclusión es incómoda: mientras la burocracia no se ponga al día, el ciudadano que actúa por su cuenta se juega una sanción. Y el fuego, mientras tanto, no espera.