URGENTE: Denuncian que ahora menas y adultos jovenlandéses y subsaharianos están secuestrando a jóvenes y abusandolas en el monte, en Ceuta

Ceuta: la denuncia policial que el Gobierno no comparte​

A finales de julio de 2026, Ceuta dejó de ser un problema estadístico para convertirse en un problema de orden público. En veinticuatro horas, unas 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, según las estimaciones que circulan, en una ciudad cuya población censada no llega a 85.000 habitantes. La entrada masiva, con al menos 72 fallecidos, obligó a desplegar al Ejército y abrió una crisis institucional que ahora se libra también en el terreno de la credibilidad.

Lo que denuncia el sindicato mayoritario de la Policía​

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha puesto lugares y circunstancias a lo que hasta ahora era un rumor. Según su portavoz, Laura García, habría personas que arrastran a las víctimas hacia las elevaciones cercanas al CETI, donde los asentamientos irregulares se han consolidado, y allí se producirían agresiones sexuales en grupo. La portavoz añadió que existen más episodios de los que llegan a denunciarse, por el temor de las supervivientes, y que el número de denuncias supera con creces el de capturas efectivas.

Se trata de acusaciones graves, sin confirmación judicial. Lo relevante es que un sindicato policial mayoritario sostenga que la situación es incontrolada y que el Gobierno, de momento, responda con un relato de normalidad.

El relato oficial: espacios seguros y contradicciones​

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha visitado Ceuta y defiende que las menores migrantes «no deambulan, sino que se encuentran en espacios seguros y reciben atención». La ministra de Sanidad, por contra, ha admitido que sin esos espacios el Ministerio no puede controlar «las epidemias ni las violaciones», y culpa a las autoridades locales de no cooperar. Dos ministras del mismo Gobierno dibujando dos realidades distintas: el relato oficial no es monolítico, ni siquiera dentro del Ejecutivo.

También se ha señalado el silencio editorial: la portada de El País, uno de los diarios de referencia, no dedicaba espacio a Ceuta. En un tema con acusaciones tan graves, la ausencia de titulares también es una decisión política.

Los números que sostienen la alarma​

La proporción es difícil de discutir. Ceuta tiene unos 85.000 habitantes censados, pero se calcula que hay alrededor de 10.000 personas no identificadas, sin vivienda, ocupando la vía pública. Es decir, más de un 10% de la población estaría fuera de todo registro.

El cruce del 30 de julio de 2026 no fue un episodio menor: 60.000 entradas en un día, el equivalente al 70% de los residentes. La Unión Europea convocó una reunión de emergencia, Francia reforzó los controles en su frontera con España e Italia llegó a amenazar con la suspensión de España del espacio Schengen. La crisis migratoria se convierte así en un problema con consecuencias económicas y diplomáticas directas.

El componente geopolítico y las teorías de fondo​

No se entiende la tensión en Ceuta sin el tablero regional. La alianza militar entre Marruecos e Israel, formalizada a través de los Acuerdos de Abraham, ha convertido el Sáhara Occidental en una zona de fuego controlada con drones de fabricación israelí. En ese contexto, Ceuta y Melilla no son solo fronteras de España; son puntos sensibles del control del tráfico marítimo en el Mediterráneo occidental. Algunas tesis van más allá y hablan de reconfiguración de soberanías con Canarias o las plazas como moneda de cambio. Son teorías sin confirmar, pero explican el secretismo con el que se trata el asunto.

¿Denuncia real o instrumento de batalla política?​

Frente a la alarma policial hay quien sostiene que todo es un bulo interesado. Una colaboradora de Canal Red pasó seis días en la zona y concluyó que los migrantes han convertido Ceuta en una mezcla de Puerto Banús y la Riviera Francesa, «la nueva Ibiza», sin que nadie la molestara. La disparidad de percepciones es absoluta: mientras unos ven un foco de violencia, otros ven un ejemplo de convivencia. No hay término medio.

El dato que mejor resume la magnitud es este: 60.000 entradas en 24 horas en una ciudad de 85.000 habitantes. Con esas proporciones, cualquier país tendría problemas de identificación, alojamiento y control. La cuestión de fondo sigue sin respuesta: cómo se gestiona una presión así sin que estalle el orden público y sin que las instituciones se pongan de acuerdo.