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Uno de cada cuatro ayuntamientos no rinde cuentas a los órganos fiscalizadores
El 10% de los consistorios lleva cinco años sin presentar sus balances anuales al Tribunal de Cuentas
COLPISA. Madrid | Uno de cada cuatro ayuntamientos -2.077 sobre un total de 8.106, el 26% del total- no cumple con la obligación normativa de presentar sus balances anuales al Tribunal de Cuentas, lo que hace casi imposible controlar sus actividades financieras. En uno de cada diez casos, esta irregularidad se ha repetido durante los últimos cinco años que han sido analizados por el órgano fiscalizador (1998-2002), nivel que llega a un tercio (34%) si se incluye también a las diputaciones provinciales y forales, junto a los cabildos y consejos insulares.
Estas conclusiones figuran en el último informe elaborado por el citado tribunal sobre la situación contable del sector público local, en el que también se denuncian deficiencias "reiteradas" por parte de aquellos entes que si rinden cuentas, que suponen casi tres cuartas parte del total. Una de ellas es el período de tiempo que tardan en presentarlas, ya que la "mayor parte" lo hace "con posterioridad a la fecha limite" fijada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o en la normativa autonómica correspondiente.
En un número significativo de casos, en la documentación entregada a los órganos de control externo (ya sea el estatal o los regionales) falta el cuadro de financiación anual, el estado de la deuda y los detalles de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros, aspecto que resulta decisivo de cara a que las autoridades competentes evalúen el riesgo financiero que presenta un determinado ayuntamiento. Respecto a la liquidación de los presupuestos presentados, los créditos iniciales incluidos en sus partidas de gastos se incrementaron un 28% (12.200 millones de euros) entre 2001 y 2002, los dos últimos años sometidos a revisión.
Empresas públicas
La situación de las empresas públicas locales merece mención aparte, ya que suponen casi la mitad (47%) de las sociedades mercantiles dependientes de la administración. En la actualidad, existen algo menos de un millar (en concreto, 920), número que supera con creces las que controlan tanto el Estado (160) como las autonomías (650).
Con un endeudamiento bastante abultado (los consistorios fueron las únicas administraciones que elevaron su lastre "contable en 2006, que supera ya los 36.000 millones de euros), los responsables municipales recurren cada vez con mayor frecuencia a crear compañías que les permiten sufragar inversiones multimillonarias sin que ello suponga aumentar sus ya de por si elevados "números gente de izquierdas".
"Boom" inmobiliario
En España existen, de media, 25 empresas municipales por cada millón de habitantes. El País Vasco, con 72 sociedades públicas locales, supera de forma emplea esa cifra, por encima de la que destacan también Cataluña, Andalucía, Aragón y Canarias, todas ellas con un promedio de 30. Como no podía ser de otra manera, si se tiene en cuenta la dinámica de la economía en los últimos años y el "boom" inmobiliario, casi una de cada cuatro (37%) se dedican a esta actividad, seguidas de aquellas que trabajan en la promoción y el desarrollo, o bien en servicios culturales y recreativos.
De manera preocupante, el Tribunal de Cuentas concluye que, de no ser por las subvenciones públicas que reciben, dichas empresas registrarían "fuertes perdidas económicas" (en 2002, por ejemplo, sólo el 71% de las sociedades municipales activas obtuvieron 111,5 millones de euros vía ayudas directas). Para casi una cuarta parte de las compañías favorecidas por esta especie de "maná" financiero, dicho dinero supuso más de la mitad de sus ingresos de explotación. Todas estas circunstancias también afectan a su grado de solvencia a largo plazo que, en conjunto, ha empeorado año a año (al cierre de este informe, su patrimonio neto sólo cubría un 36% del pasivo).