Ceuta y Marruecos: la pregunta incómoda ahora aterriza en Interior
¿Quién sabía qué y cuándo? Esa es la única pregunta que importa en la crisis de Ceuta y la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido trasladar por escrito al director de la Policía. Según ha avanzado la Cadena SER, el ministro exige que se aclare si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes. La pregunta parece de manual. La respuesta, a tenor de los documentos que han salido a la luz, no lo es tanto.
El informe del CENIF que no llegó a tiempo
El origen del terremoto es un informe del CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Según las conclusiones publicadas por El Español, la finalidad migratoria del incidente fue solo la cobertura formal de una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano. La unidad lo demuestra con numerosas imágenes de los momentos previos y coetáneos a la llegada masiva.
El detalle que convierte el problema en político: el informe se emitió tres días antes del asalto. El Gobierno, sin embargo, habría asegurado que se enteró por la prensa, un mes después. La cadena de custodia de un documento administrativo es rastreable, desde su emisión hasta el destino final. Lo que no se explica es en qué escritorio se quedó esos días.
De las mafias a Israel y Rusia: el relato oficial cambia de guion
La secuencia de explicaciones oficiales no ayuda a la credibilidad. Primero se culpó a las mafias de tráfico de personas y se habló de «violación de la integridad territorial». Después llegó la «internacional ultraderechista». Más tarde, en una deriva que dejó perpleja a Bruselas, se mencionó a Israel y a Rusia. Ahora, con el informe del CENIF sobre la mesa, la pregunta por Marruecos reaparece. El recorrido parece un boomerang: cuanto más se aleja el relato de Rabat, más cerca aparece la frontera sur.
La carta de madrugada y la sesión de control
El movimiento de Marlaska es, como mínimo, singular. Una carta filtrada a la prensa de madrugada, dirigida al director de la Policía, para pedir explicaciones sobre un asunto que afecta a su propio ministerio. Ese director, conviene recordarlo, es un cargo político, no un policía de carrera. De modo que la responsabilidad no se detiene en el destinatario; sube por la cadena hasta el que firma la carta.
Mientras tanto, la presión no se limita a los despachos. En la primera sesión de control en el Congreso tras la entrada masiva, los ministros de Exteriores, Defensa y Política Territorial se ausentaron. En el Día de Ceuta, la llegada de Ángel Víctor Torres se saldó con abucheos, cargas de la prensa y gritos de «traidor». Y el asunto, además, está judicializado: la juez que instruye ya dispone de los informes. Es decir, la pelota no está solo en el tejado de Interior.
¿Cortafuegos o cadena de mando?
Hay dos lecturas en liza. Una sostiene que la exigencia pública es un cortafuegos para sacrificar a un mando y proteger al núcleo político antes de que la oposición convierta la sesión de control en un interrogatorio. La otra recuerda que el informe existía, era de la Policía Nacional y se emitió antes del asalto: si no llegó al ministro, la pregunta es por qué, y si llegó, la pregunta es más simple todavía.
El tiempo dará la respuesta o no. Con el precedente de este gobierno, la hipótesis de una dimisión parece poco realista. Pero la ironía es difícil de evitar: el ministro que hoy pide respuestas sobre Marruecos es el mismo departamento que pasó semanas sin pedirlas, mientras el relato oficial viajaba de las mafias a la internacional ultraderechista. Ahora que el informe duerme en el juzgado, reclamar una aclaración por carta parece menos transparencia y más puesta en escena.