Feijóo admite que sabía del ático y carga contra Ayuso y Patrimonio
Dos meses después de que estallara el escándalo del ático de la Comunidad de Madrid, la versión de la presidenta regional se tambalea. Alberto Núñez Feijóo ha venido a decir algo incómodo: el Gobierno de Ayuso le informó en abril de que buscaba una sede por las obras en Sol. La pregunta es obvia: si la jefa del Ejecutivo madrileño lo sabía todo, ¿por qué mantuvo durante semanas que no tenía constancia de la compra?
La declaración, recogida en medio de la polémica, no exculpa a nadie. Feijóo sostiene que es Patrimonio de la Comunidad de Madrid, la empresa pública que gestiona el parque inmobiliario, quien debería explicar por qué adquirió un local que no puede destinarse a oficina. Así, el líder del PP coloca la pelota en el tejado de la propia estructura que depende de Ayuso. Y de paso abre una brecha enorme en el partido.
El abril que desmonta el relato
El primer mensaje clave es cronológico. La compra se hizo «a escondidas», según el relato más crítico, y Ayuso insistía en que no sabía nada. Pero Feijóo asegura ahora que el Ejecutivo madrileño le trasladó en abril la necesidad de buscar una sede por las obras en Sol. No dice que le enseñaran escrituras ni que le pidieran opinión sobre el ático. Pero la conciencia del movimiento inmobiliario, aunque fuera genérica, choca con el desconocimiento que se vendió.
La diferencia entre un ático y un local no es menor. En la discusión aparece con insistencia la calificación urbanística: un ático es una vivienda en la última planta; un local es un espacio comercial o de oficinas. La compra se hizo, al parecer, como local, y la crítica es precisamente esa: una empresa pública compró un inmueble que no se puede destinar a oficina. Feijóo remacha que la explicación debe darla Patrimonio. El silencio hasta ahora no ayuda.
Fuego amigo con olor a Casado
El componente orgánico es difícil de ignorar. No hace falta ser un gran estratega para ver que esto huele a ajuste de cuentas interno. El precedente de Pablo Casado, que intentó utilizar a la presidenta madrileña y acabó fuera, planea sobre cada palabra. Hay quien sostiene que Feijóo está atacando antes de que le ataquen, y que se quiere cargar a su recambio natural. Otros lo ven como una invitación a que Ayuso explique algo que no puede explicar. El economista Jesús Fernández Villaverde ya avisó de que el PP camina hacia la escisión, y el nombre de Rodrigo Rato aparece en la conversación como recordatorio de que el fuego amigo no es ninguna novedad.
La fractura territorial del PP también tiene su expresión económica: el PP de Madrid, más urbano y con otro perfil sociológico, frente al del resto de comunidades. Esa tensión ya fue descrita como una escisión latente. La polémica del ático no hace sino activar la mecha.
Los datos que faltan
En la conversación pública circula una cantidad concreta: 60.000 euros. La cifra aparece asociada a esta polémica sin que por ahora se concrete si corresponde a la operación inmobiliaria, a una sanción o a otra partida. La falta de documentación oficial no impide que el runrún corra.
Lo que sí está sobre la mesa es que llevan dos meses con este asunto. Dos meses y nadie ha cerrado el expediente con una explicación contundente. El relato de la «persecución» de la presidenta madrileña tiene sus defensores, que recuerdan que otras comunidades tienen residencias oficiales de dimensiones considerables y que la compra fue realizada por una empresa pública, no por un particular. Legal, dicen. En cualquier caso, políticamente letal.
El coste político, sin definir
A fecha de esta discusión, el escándalo sigue abierto. No hay imputaciones, ni sentencia, ni una resolución administrativa que cierre el caso. Lo que hay es el relato de una presidenta autonómica que dijo no saber, un líder nacional que dice que el gobierno de esa presidenta le informó en abril, y una empresa pública con un local comprado que no puede ser oficina.
La pregunta que queda flotando no es si Feijóo y Ayuso se soportan, que está claro que no. La pregunta es si el PP madrileño puede permitirse una guerra civil exactamente ahora. Y si el electorado castiga a quien parece haber mentido o a quien ha decidido airearlo.