TERRORISMO: Esplugues financió con 8.669 euros a la ONG denunciada por dar material para artefactos explosivos a los invasores de Ceuta.

El Ayuntamiento de Esplugues ha financiado con 8.669 euros a la ONG No Name Kitchen, que está siendo investigada por su presunta implicación en la distribución de material para la fabricación de artefactos explosivos durante los incidentes de Ceuta en 2021.

Una subvención bajo la lupa

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha realizado una aportación económica de 8.669 euros a la organización No Name Kitchen. Esta ONG se encuentra actualmente bajo investigación policial debido a su presunta vinculación con la distribución de materiales que habrían sido utilizados para la fabricación de artefactos explosivos caseros. Los hechos que han puesto a la organización en el punto de mira ocurrieron durante la crisis migratoria de mayo de 2021 en Ceuta, cuando miles de personas accedieron de forma masiva a la ciudad autónoma.

La financiación municipal se canalizó a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El proyecto subvencionado, denominado oficialmente “3621 - Atención socio jurídica a personas en el desplazamiento forzado e incidencia en la frontera sur de Ceuta”, tenía como objetivo declarado prestar asistencia a una parte de los inmigrantes llegados a la ciudad. La memoria municipal de actividades de 2022 de Esplugues detalla una primera partida de 4.669 euros asignada a este proyecto, destinada a sufragar actividades desarrolladas en 2022. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó un pago adicional de 4.000 euros, correspondiente a actividades realizadas en 2021, elevando el total aportado por el consistorio a los 8.669 euros.

El grupo municipal de VOX en Esplugues ha sido quien ha sacado a la luz esta financiación. Su portavoz, Daniel Lafuente, ha criticado duramente la decisión, calificándola de "gravísimo" y asegurando que el dinero de los vecinos se destina a financiar una "invasión". La formación ha solicitado al equipo de gobierno explicaciones sobre los controles y el seguimiento de estos proyectos, exigiendo garantías de que los fondos públicos se emplearon exclusivamente para los fines previstos. VOX ha manifestado su firme oposición a que fondos municipales puedan poner en riesgo la seguridad fronteriza y la integridad de las fuerzas de seguridad.

El contexto de la crisis en Ceuta

La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en mayo de 2021 supuso un pico de tensión sin precedentes. En cuestión de horas, miles de personas, muchas de ellas menores, cruzaron la frontera desde Marruecos, aprovechando una aparente relajación de los controles. La situación generó una crisis humanitaria y de seguridad que puso a prueba los recursos de la ciudad autónoma y del Estado. Las imágenes de miles de personas intentando acceder a la península y los enfrentamientos puntuales con las fuerzas de seguridad se difundieron rápidamente a nivel nacional e internacional.

En medio de este escenario, surgieron informaciones que apuntaban a la participación de ciertas organizaciones en la facilitación o incluso incitación a la entrada irregular. La investigación policial se centró en determinar el alcance de estas actividades y la posible comisión de delitos. En este contexto, dos activistas vinculados a No Name Kitchen, de nacionalidad canadiense y alemana, fueron detenidos en Ceuta durante los incidentes. Según el Ministerio del Interior, estas personas estaban "azuzando a grupos que atacaran a los agentes" y desobedecieron las instrucciones policiales, siendo arrestados por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Paralelamente, la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer la posible relación de miembros de la organización con la provisión de materiales para la fabricación de artefactos caseros, como bombas de salfumán o cócteles Molotov. No Name Kitchen, por su parte, ha negado categóricamente cualquier implicación en la fabricación o distribución de estos artefactos, defendiendo el carácter humanitario de su labor.

Mecanismos de control y otras subvenciones

La polémica generada en Esplugues ha puesto de manifiesto las dudas sobre los mecanismos de control y supervisión de las subvenciones municipales, especialmente aquellas destinadas a organizaciones que operan fuera del municipio. El portavoz de VOX, Daniel Lafuente, ha criticado la "frivolidad y ligereza" con la que, a su juicio, se conceden estas ayudas, sin someterlas a un escrutinio adecuado. La formación considera que es necesario endurecer estos controles y revisar el destino final de las ayudas concedidas a entidades externas.

El caso de No Name Kitchen no parece ser el único que genera controversia en la política de subvenciones del consistorio de Esplugues. Lafuente ha señalado que el Ayuntamiento ha destinado importantes sumas de dinero a otras organizaciones de "dudosa actividad". Como ejemplo, mencionó la Fundación Islamic Relief, una entidad islámica vinculada a los Hermanos Musulmanes, que habría recibido 30.000 euros entre 2021 y 2023.

El grupo municipal de VOX ha reclamado la suspensión de ayudas a entidades con posibles vínculos con actividades irregulares y ha abogado por una priorización del gasto en las necesidades reales de los ciudadanos de Esplugues. A nivel nacional, la formación ha interpuesto una denuncia penal contra No Name Kitchen por delitos como organización criminal, atentado contra la autoridad, lesiones y tentativa de homicidio. Además, ha solicitado la ilegalización de la entidad y ha presentado una petición ante la Comisión Europea para auditar todos los fondos públicos recibidos por la ONG, lo que podría llevar a la congelación cautelar de pagos y proyectos.

En paralelo a la financiación cuestionada, la memoria municipal de Esplugues de 2022 sobre "Solidaridad y cooperación con el desarrollo" detalla otras subvenciones significativas. La Fundación Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris (vinculada a UGT Catalunya) recibe anualmente 10.000 euros para el "empoderamiento de mujeres sindicalistas" en Marruecos. La Associació Socioeducativa Nousol obtiene otros 10.000 euros para facilitar el "empoderamiento desde la sabiduría" en Bobo-Diolasso (Burkina Faso). La Fundación Juan Ciudad recibe 10.000 euros para "garantizar una educación inclusiva" en Zambia, y la Fundació Pau i Solidaritat obtiene la misma cantidad para fomentar "el trabajo digno de las mujeres palestinas" en Cisjordania y la Franja de Gaza.