La presión migratoria en Melilla: un coste económico que no se computa
Melilla vuelve a estar en el foco. Las imágenes de migrantes saltando la valla -que algunos califican de «invasión»- no solo tienen un coste humano y político. El impacto económico, desde la seguridad hasta las relaciones con Marruecos y la permanencia en el espacio Schengen, empieza a preocupar en círculos empresariales.
La ciudad autónoma, plaza comercial clave y puerta de Europa, ve cómo su tejido productivo -comercio, turismo, servicios- se resiente cada vez que se dispara la tensión fronteriza. La reciente escalada, con asociaciones que denuncian una «fase II» del plan migratorio, coincide con la recta final de la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030. Una coincidencia que algunos analistas no consideran casual.
El pulso con Marruecos y el riesgo Schengen
La gestión de la frontera sur ha provocado que otros socios europeos hayan empezado a cuestionar la fiabilidad de España en el control migratorio. Hay quien sostiene que si no se refuerza la vigilancia en Melilla, el resto de países podrían presionar para una suspensión temporal de Schengen en los vuelos hacia la península. Eso supondría un golpe directo al turismo y al comercio, dos motores de la economía nacional.
El argumento recurrente es que Marruecos utiliza la presión migratoria como herramienta de negociación. Y que España, atada por su dependencia energética y la necesidad de cooperación antiterrorista, carece de margen para responder con dureza.
El Mundial de 2030 como telón de fondo
La coorganización del Mundial con Marruecos añade una capa de complejidad. La inversión necesaria para adecuar las infraestructuras -incluidas las de Melilla, aunque no sea sede- se antoja incierta si la inestabilidad persiste. La percepción de inseguridad en las fronteras españolas puede ahuyentar inversores y reducir el retorno económico esperado del evento.
No hay cifras oficiales del coste que cada episodio de este tipo tiene para Melilla, pero el comercio local acumula pérdidas cada vez que se cierra el paso fronterizo de Beni Enzar. Y la factura del despliegue policial y militar, aunque no se detalla, la pagan todos los contribuyentes.
La pregunta que sobrevuela es si, en lugar de un problema de orden público, estamos ante una crisis de modelo económico. Y si cerrar la frontera -como pide una parte del análisis- no sería menos costoso que mantener la ficción de una frontera permeable.