Socios sanchez exigen regularizar forasteros con antecedentes

Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG piden regularizar a inmigrantes con antecedentes policiales​

La proposición no de ley presentada la pasada semana por los partidos a la izquierda del PSOE va un paso más allá que el reglamento actual de regularización extraordinaria. Según el texto, el procedimiento —que podría beneficiar a más de 800.000 personas— tiene un plazo de solo 75 días naturales. Pero el punto que ha encendido las alarmas es otro: eliminar la facultad de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería para valorar los antecedentes policiales del solicitante y denegar la regularización. Hasta ahora, esa discrecionalidad permitía frenar casos con historial delictivo. La propuesta, amparada en la presunción de inocencia, equipararía a quien tiene un atestado por violencia de género con quien carece de cualquier anotación.

¿Presunción de inocencia o puerta giratoria?​

Los defensores de la iniciativa argumentan que los antecedentes policiales no implican condena firme, y que negar la regularización por ellos vulnera derechos fundamentales. Sin embargo, el reglamento ya permitía la regularización de personas con antecedentes, pero dejaba un margen de apreciación administrativa. Eliminarlo, sostienen sus críticos, convierte la excepción en regla y envía una señal peligrosa: que en España se premia la estancia irregular aunque se tenga un pasado penal sin sentencia firme. El ruido político ha sido inmediato: entre los socios de Sánchez, la iniciativa se ve como una concesión más a la izquierda radical.

La paradoja es que, al mismo tiempo, la PNL denuncia que ciudadanos de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia —cuyos gobiernos no han firmado el Convenio de la Apostilla de La Haya— tienen dificultades para presentar los certificados de antecedentes en el plazo de 75 días. Es decir, se pide suprimir el filtro penal mientras se reclaman más facilidades burocráticas para quienes sí carecen de historial. ¿Cuál es el criterio real?