Óscar Puente impone un campamento para 1.000 migrantes en el puerto de Ceuta pese al rechazo del consejo
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había rechazado por amplia mayoría –cuatro votos a favor y once en contra– la ubicación de un centro de acogida en el muelle de Poniente. Pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido imponerlo de todos modos, invocando el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La instalación, con capacidad para más de 1.000 inmigrantes, ocupará 16.000 metros cuadrados de suelo portuario, y se ejecuta sin el respaldo del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
La decisión unilateral del Ministerio
La norma permite al Ministerio asumir el control del puerto cuando lo considere necesario en materia de seguridad o interés general. En este caso, el Ministerio ha justificado la medida como una necesidad urgente para alojar a los migrantes que llegan a Ceuta, mientras que el consejo portuario consideraba que la zona elegida es sensible por su proximidad a infraestructuras críticas y a la operativa de los ferris hacia la península. De hecho, Puertos del Estado advirtió en su informe de que la instalación puede “incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria”.
Reacciones y sospechas
La decisión ha generado un intenso malestar en Ceuta, donde se percibe como una imposición del Gobierno central. Algunas voces apuntan a que el campamento servirá como punto de tránsito para trasladar a los migrantes a la península, mientras que otras sospechan intereses ocultos. La propia postura del ministro, que en redes sociales ironizó sobre el voto del consejo, no ha ayudado a calmar los ánimos. El ambiente en la ciudad es de preocupación, tanto por la seguridad como por el impacto económico en una zona que vive del turismo y del comercio.
Mientras tanto, el campamento se prepara, y nadie sabe cuántas veces se llenará y vaciará. Lo que es seguro es que la tensión entre el Gobierno central y la ciudad autónoma no ha hecho más que empezar.