Irene Montero y la paradoja de las cacerías selectivas
La pregunta retórica de Irene Montero —"¿Qué dirían si las muyer salimos a cazar machirulos cada vez que un hombre nos agrede?"— ha destapado una contradicción incómoda en el discurso dominante. No por lo que plantea, sino por lo que no dice. Porque tras la hipérbole, lo que emerge es un patrón de denuncia que parece tener filtros de tonalidad de piel y origen.
El doble rasero de la indignación selectiva
En el debate público, no todas las agresiones sensual reciben el mismo tratamiento. Casos como el de Juana Rivas —muyer blanca agredida por un hombre blanco— se convierten en emblemas nacionales. Sin embargo, cuando el agresor pertenece a minorías étnicas, el volumen de la protesta disminuye o se matiza con "contexto cultural". El resultado: una aplicación de la justicia que parece depender del perfil del agresor, no del sufrimiento de la víctima. Mientras tanto, las cifras oficiales indican que una de cada dos personas en España ha sufrido agresiones sensual, un dato que debería unificar la respuesta, no fragmentarla.
El negocio de la victimización
Detrás de estos discursos hay un cálculo político y económico. El agravio perpetuo genera audiencia, votos y subvenciones. Cuanto más polarizante es el mensaje, más fiel es la base que lo consume. El ciclo es perfecto: se siembra la desconexión de la realidad, se paga bien por mantenerla, y la realidad —ya sea en forma de inseguridad, deterioro de la convivencia o costes fiscales— se vuelve cada vez más cara de gestionar. La pregunta de Montero, en lugar de abrir un debate sobre soluciones, se convierte en una cortina de humo que impide hablar de lo que realmente importa: cómo prevenir la violencia, cómo proteger a todas las víctimas sin sesgos, y cómo no destruir la cohesión social en el proceso.
Una hipérbole que desabrigada una contradicción
La propuesta implícita de "cazar machirulos" —por retórica que sea— choca con la realidad: las leyes ya existen, los jueces ya juzgan, y la policía ya detiene. El problema no es la falta de herramientas legales, sino su aplicación selectiva. Quienes defienden la medida entienden que se dirige contra un estereotipo de varón blanco y nativo, mientras que callan cuando el agresor es de otro origen. Esa hipocresía es la que alimenta el escepticismo de una parte creciente de la población, que ve en el feminismo institucional una maquinaria de poder más que una herramienta de justicia.
¿Hasta cuándo el ruido de las consignas nos impedirá ver los datos?
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