El hermano de un político socialista cobró sin trabajar en una plaza hecha a medida
El caso parece de manual: un familiar de un dirigente del PSOE fue contratado para un puesto que se creó específicamente para él, sin que haya constancia de que desempeñara labor alguna. El dinero público se abonó. Y no ha sido devuelto. La justicia, sin embargo, no ha movido un dedo. O al menos eso claman quienes siguen el caso en círculos críticos.
La historia, que circula con fuerza en ambientes alternativos a los medios tradicionales, añade un segundo capítulo: el mismo político habría utilizado el avión Falcon para desplazamientos privados, ahorrándose el coste del billete mientras el Estado pagaba el combustible. La sensación de impunidad se refuerza con las repetidas denuncias de que las instituciones blindan a sus cargos. “Las instituciones mienten”, se lee en una de las intervenciones, reflejando un hartazgo creciente. Frente a esta indignación, apenas hay voces que minimicen el asunto. Un mensaje aislado cuestiona la relevancia del tema, pero la mayoría apunta a un problema sistémico.
Con estas acusaciones sobre la mesa, el desgaste de la confianza institucional es evidente. Pero sin una investigación formal que detalle las cantidades y las responsabilidades, el asunto corre el riesgo de quedar en una anécdota más en la larga lista de escándalos sin consecuencias. Habrá que ver si la presión ciudadana logra lo que la justicia, por ahora, no ha hecho.