¿Por qué el gobierno desclasifica una documentación que demuestra que el gobierno ha mentido?

El CNI avisó a Marruecos el 29J: por qué se desclasifican los informes​

Son las 18:26 del 29 de julio. Un informe del CNI deja por escrito que se prepara una entrada masiva hacia Ceuta con motivo de la Fiesta del Trono. El aviso sale hacia dos destinos a la vez: el Gobierno español y la inteligencia marroquí. Cuando semanas antes se defendía en público otra versión, esos papeles estaban clasificados. Ahora están en abierto en la web de La Moncloa. La pregunta ya no es qué sabía el Ejecutivo, sino por qué decide enseñarlo precisamente ahora.

Qué dicen los documentos desclasificados​

Lo publicado son alrededor de cuarenta documentos del CNI y del CIFAS, acotados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. En ellos consta que el centro de inteligencia alertó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil —además de a Marruecos— de convocatorias en grupos de hasta 180.000 miembros el día antes de la entrada. La secuencia temporal desmonta la idea de sorpresa. No hubo improvisación: hubo aviso, y hubo destinatarios.

El relato oficial sostenía que la información no anticipaba lo que ocurrió. Los informes desclasificados ponen ese relato en cuestión. No es una filtración interesada ni una reconstrucción a posteriori: es documentación firmada por el propio aparato del Estado y publicada por quien lo gobierna.

Desclasificar no es un descuido: es una firma​

Conviene desmontar una intuición. Con la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales todavía vigente, solo puede desclasificar el mismo órgano que clasificó. No se ha escapado nada. La desclasificación la acordó el Consejo de Ministros del martes 8, con acuerdo deliberado y firmado.

Cuando un Gobierno publica papeles que respaldan su versión, hace política. Cuando publica papeles que la contradicen, hay que buscar el motivo en otro sitio: en los tribunales, en el calendario o en las encuestas.

Control de daños o calendario electoral​

Aquí arrancan las hipótesis. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre la entrada y esos informes iban a acabar en manos del juez. La lectura más repetida apunta a que la instructora ya había reclamado la documentación con un plazo corto —diez días—, de modo que el Ejecutivo habría optado por adelantar el impacto y administrarlo en su propio tiempo. Otra sostiene lo contrario: concentrar el golpe lejos de las citas electorales y dejar despejado el tramo decisivo.

Hay una tercera tesis, más cínica y más difícil de rebatir: que el asunto se controla mejor cuanto antes se entierra, porque todo se olvida. La ventana entre la publicación y las urnas es larga, y la memoria mediática, corta.

El Ejecutivo no cuenta la misma película​

Mientras unos papeles apuntan a que la información llegó a las Fuerzas de Seguridad, la titular de Defensa ha señalado que el CNI compartió los datos con Interior, un movimiento que algunos leen como intento de no cargar con el coste judicial. Exteriores, por su parte, mantenía desde Bruselas que Frontex no detectó indicios. Tres ministerios, tres coartadas que no encajan entre sí.

Y el remate: el propio CNI ha denunciado que lo publicado sale mutilado. Si hasta el organismo que firma los informes dice que faltan trozos, el problema no es de transparencia. Es de quién controla el relato.

La cortina de humo y el reloj de las encuestas​

No falta quien lee la maniobra como una forma de tapar otros frentes abiertos y de probar cómo reacciona el electorado antes de mover ficha. Publicar de forma controlada lo que la oposición habría sacado igualmente permite dos cosas: vender imagen de transparencia y medir el daño en las encuestas.

La duda es si el electorado castiga los papeles o los ignora. Con estos mimbres, la respuesta no la da ningún informe. La da la siguiente cita con las urnas.