¿Por qué a los presidentes de gobierno no se les hace exámenes psicológicos?

Presidentes sin evaluación psicológica: un vacío que nadie sabe cómo llenar​

Un presidente del Gobierno no necesita pasar una prueba de aptitud mental para tomar posesión. Un aspirante a policía nacional o a guardia civil, sí. Esa asimetría –que nadie explica con datos, solo con anécdotas– reaparece cada vez que la gestión pública provoca dudas sobre el juicio de los que mandan.

El argumento más sereno a favor de los exámenes psicológicos es sencillo: quienes toman decisiones que afectan a millones de personas deberían acreditar, al menos, un mínimo de equilibrio. En contra pesa la experiencia: un informe psicológico es tan objetivo como quien lo paga. Si lo encarga el propio interesado, el diagnóstico se amolda. Si lo encargan los adversarios, se convierte en munición política.

La propuesta más radical evita la subjetividad clínica: controles sorpresa de drogas para ministros y diputados. Menos interpretación, más resultados medibles. Pero incluso eso choca con la puerta que nadie se atreve a abrir: el reparto, a la vista, del cuerpo y la mente del político con el interés público.

La economía de mercado ha resuelto mejor el control de pilotos, conductores o cirujanos. Para el cargo que más puede dañar un país, no hay protocolo. Y no parece que vaya a haberlo.