PSOE Pedro Sánchez querellado

Querella contra Sánchez por la DANA: el ruido choca con los muros procesales

Decir que una querella contra Pedro Sánchez por la gestión de la DANA va a prosperar es, a día de hoy, una apuesta temeraria. El anuncio, lanzado el 11 de noviembre de 2024 por un abogado conocido en redes como «Un Abogado contra la Demagogia», ha conseguido algo nada desdeñable: volver a poner sobre la mesa quién responde por la mayor catástrofe natural reciente en la Comunidad Valenciana.

La querella se dirigía contra el presidente del Gobierno, el presidente valenciano Carlos Mazón, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la vicepresidenta Teresa Ribera y la ministra de Defensa Margarita Robles. El abogado aseguraba tener «un documento letal» que, en su lectura, condenaba a Sánchez por las inundaciones y los disturbios de Paiporta. Ni el documento ni su contenido se reproducían en la conversación; lo que sí llegó fue la réplica inmediata.

Los muros procesales que se ven desde el principio

La primera línea de defensa del relato oficial coincide con la que esgrimen muchos analistas con formación jurídica: una catástrofe natural es, por definición, fuerza mayor. Sin un nexo causal claro entre la conducta de un alto cargo y el fallecimiento de víctimas concretas, la vía penal se estrecha hasta lo anecdótico. Se llegó a argumentar que no hay «cuerpo del delito», porque se desconoce qué víctimas quedaron desamparadas y pudieron ser auxiliadas y no lo fueron. La ausencia de Sánchez, que se encontraba en la India, se convierte aquí en un arma de doble filo: difícil exigir responsabilidad penal por no estar, cuando la gestión territorial correspondía a Mazón.

Entre las posturas más extremas se barajó incluso la calificación de exterminio masivo. Un encaje que, por mucho que alimente la bronca política, choca con la definición del tipo penal y con la naturaleza del suceso. El escepticismo inicial sobre la admisión a trámite era generalizado, aunque algún comentario apuntaba, con sorna, que en los tribunales españoles nunca se sabe.

Del documento misterioso al goteo de frentes judiciales

La conversación, con el paso de los meses, se fue desplazando desde la querella concreta hacia un patrón más amplio: la judicialización de la acción de gobierno. El último hito visible llegó en julio de 2026, con la noticia de que el Tribunal Supremo admitía a trámite un recurso para paralizar de forma urgente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes por la llamada ley de nietos, impulsado por la formación Iustitia Europa. Otra vía, otro frente, la misma estrategia de desgaste.

A la espera de que el juzgado diga si el documento «letal» merece siquiera un análisis de fondo, la querella por la DANA tiene hoy más recorrido mediático que procesal. En un clima donde cada catástrofe se convierte en causa y cada causa en titular, conviene recordar lo que repetían hasta los más escépticos: sin pruebas sólidas, el papel mojado es la única condena segura.