Pablo Iglesias le dice a Zapatero (en su programa La Tuerka) que su próximo objetivo de gobierno será abolir la prespitación. (Vídeo inside).

Iglesias promete abolir la prostitución tras el consejo de Zapatero​

En una entrevista en La Tuerka, José Luis Rodríguez Zapatero confesó que se arrepiente de no haber prohibido la prostitución durante su mandato. Pablo Iglesias, al frente del programa, recogió el guante y anunció que su próximo objetivo de gobierno será la abolición. La conversación, emitida hace años pero rescatada ahora, ha reavivado un debate que mezcla economía sumergida, derechos individuales y estrategia política.

El anuncio no es una propuesta legislativa concreta, sino una declaración de intenciones. Iglesias no detalló plazos ni mecanismos, pero el gesto basta para encender todas las alarmas. La prostitución en España opera en un limbo legal: no es delito ejercerla, pero tampoco está regulada. Esa tierra de nadie genera un volumen de negocio que, según los cálculos que circulan, representa una parte nada desdeñable del PIB. Prohibirla de golpe, advierten los analistas, sería como intentar vaciar el mar con un cubo.

El impacto económico de una prohibición​

La primera consecuencia de una abolición sería la desaparición de un sector que emplea a decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres. Un cálculo recurrente en el debate público estima que en España ejercen alrededor de 100.000 mujeres. Si se prohíbe, muchas pasarán a engrosar las listas del desempleo o, peor, a la economía sumergida. El Estado perdería ingresos fiscales y cotizaciones, y ganaría un problema de orden público.

Hay quien sostiene que la prohibición solo serviría para alimentar a las mafias. La experiencia de la Ley Seca en Estados Unidos se cita como ejemplo: el consumo de alcohol no bajó, subió; la calidad empeoró; y la mafia se fortaleció. Con la prostitución, el paralelismo es tentador. Si se prohíbe, el negocio no desaparece, se sumerge. Las trabajadoras independientes tendrían que camuflarse bajo figuras como masajista o acompañante, y las redes de trata encontrarían un filón en la clandestinidad.

Otra derivada es la contabilidad nacional. Desde hace años, el Instituto Nacional de Estadística incluye en el cálculo del PIB una estimación de actividades ilegales como el proxenetismo y el tráfico de drogas. Si la prostitución se prohíbe, esa partida no desaparece, pero sí se dificulta su medición. Algunos análisis apuntan a que la deuda pública podría dispararse en términos relativos si el denominador (el PIB) se reduce. Un efecto óptico que, sin embargo, tiene consecuencias reales en los mercados.

El argumento de la libertad individual​

El núcleo del debate no es económico, sino moral. Una parte del feminismo sostiene que la prostitución es una forma de violencia machista y que abolirla es un paso hacia la igualdad. Otra corriente, sin embargo, defiende que prohibir a una mujer disponer de su cuerpo es paternalista y contradictorio con el discurso de la libertad. «El feminismo es libertad para la mujer, menos si te quieres ganar la vida follando por dinero», resume una intervención irónica.

La contradicción es evidente. Los mismos que reclaman la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y su carrera profesional se muestran dispuestos a prohibirle una de las salidas mejor pagadas del mercado. No es una cuestión menor: en un país con un desempleo estructural elevado, la prostitución es para muchas la única forma de pagar el alquiler. Prohibirla sin ofrecer alternativas reales es condenarlas a la miseria o a la delincuencia.

La postura abolicionista también choca con la realidad de la demanda. Si se prohíbe, los clientes seguirán existiendo. La diferencia es que lo harán en la clandestinidad, sin controles sanitarios ni garantías. Las enfermedades de transmisión sexual aumentarán, y con ellas el gasto sanitario. Los que defienden la regulación argumentan que un marco legal claro protege a las trabajadoras y permite perseguir la trata con mayor eficacia.

¿Qué pasaría con la trata de personas?​

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un delito grave que ya está penado. Los abolicionistas argumentan que la prostitución legal la fomenta, porque crea un mercado donde las mafias pueden camuflar a sus víctimas. Los regulacionistas responden que la prohibición total empuja a las víctimas aún más a la sombra, donde es más difícil detectarlas y rescatarlas.

La experiencia internacional no ofrece respuestas concluyentes. En Suecia, la compra de sexo es ilegal desde 1999. El número de trabajadoras sexuales no ha disminuido, pero muchas han pasado a operar en pisos y a través de internet, fuera del control policial. En Suiza, en cambio, la prostitución es legal y está regulada; las trabajadoras cotizan y tienen derechos laborales. Los datos sobre trata en ambos países son difusos y a menudo manipulados por ambas partes.

En España, la policía desarticula regularmente redes de trata. La mayoría de las víctimas son mujeres migrantes en situación irregular. Si se prohíbe la prostitución, esas mujeres quedarán en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin papeles y sin trabajo, serán presa fácil para las mafias. Las que ejercen de forma voluntaria también sufrirán las consecuencias: multas, antecedentes penales y estigma social.

La reacción política y social​

La propuesta de Iglesias ha generado un rechazo transversal. Desde la derecha se critica el intervencionismo y el afán prohibicionista de la izquierda. Desde algunos sectores de la izquierda se advierte de que la medida es impopular y puede movilizar a un electorado que no suele votar. Y desde el ámbito libertario se recuerda que las transacciones privadas entre adultos no deberían ser competencia del Estado.

El malestar no es solo ideológico. Hay un componente de clase: los que pueden pagar los servicios de una trabajadora sexual de lujo no tendrán problemas para seguir haciéndolo, mientras que los clientes de polígono serán los únicos perseguidos. La prohibición, como casi siempre, golpeará a los más débiles. Las trabajadoras de calle, las inmigrantes sin papeles, las que no tienen otra salida.

La pregunta que queda en el aire es si Iglesias llevará la propuesta en su programa electoral o se quedará en una declaración de intenciones. De momento, no hay texto legislativo, ni calendario, ni estudio de impacto. Solo una frase en un programa de televisión que, como todas las promesas políticas, está por ver si se cumple. ¿O acaso alguien recuerda a Zapatero arrepintiéndose de algo más que de no haber prohibido?