NOTICIA: Nuevo publirreportaje pagado por el lobby shishicalvista: "Estas son las mentes más brillantes, y los púbises más mutilados, de la PAU en Lugo"

Las listas de mejores notas siempre generan comentarios. Esta vez, los comentarios se convirtieron en el problema.

Matrículas de honor y vejaciones: el otro examen de la PAU en Lugo​

Las notas de la PAU que acabaron en la diana​

El 13 de junio de 2025, la prensa local publicó la lista de los mejores expedientes de la selectividad en Lugo. El primer puesto era para Martín Casanova Alonso, del IES Leiras Pulpeiro; entre las mujeres destacaban Isabel Liñares e Iria López Dios, esta última con un 8,95 y plaza de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que debía ser una crónica de mérito académico se convirtió en pocas horas en un fenómeno paralelo: una avalancha de comentarios de contenido sexual y descalificaciones personales dirigidos a las chicas que aparecían retratadas. No eran críticas al sistema educativo, eran ataques a la anatomía y a la apariencia de estudiantes de diecisiete y dieciocho años.

El artículo 173.1 como posible baza legal​

La deriva no tardó en encontrar freno. Una de las intervenciones recordó que alguna de las estudiantes era menor de edad y citó el artículo 173.1 del Código Penal, precepto que castiga el trato degradante que atenta contra la dignidad moral de la víctima. La misma respuesta subrayaba que internet y las redes sociales amplifican el daño de los contenidos humillantes por su difusión masiva. El argumento no es trivial: la jurisprudencia ha sido desigual en este terreno, pero cuando la víctima es menor y aparece identificada con nombre y apellidos, los tribunales tienden a inclinarse del lado de la protección. El anonimato del autor no sirve de salvaguarda: los mensajes quedan registrados y pueden entregarse a un juzgado.

«Las imágenes son públicas»: una coartada que no cuela​

El intento de justificación se apoyó en que las fotografías proceden de una publicación periodística y, por tanto, son públicas. Es cierto, pero la publicidad no convierte a una menor en objeto de comentarios sexuales: el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen no se suspenden por aparecer en la prensa. Tampoco depende de la intención de quien comenta: un chiste vejatorio puede ser delito aunque no busque humillar a nadie. Algunos mensajes intentaron rebajarlo todo a una broma con juegos de palabras sobre la «dignidad púbica», una muestra de cómo la vejación sexual online se normaliza a golpe de ocurrencia. La discusión quedó abierta, sin desenlace judicial conocido. Pero el precedente ya está documentado: la brillantez académica de unas adolescentes se convirtió en excusa para la humillación, y el artículo 173.1 ha quedado como la posible frontera que nadie se atreve a cruzar.