¿Nuestras leyes permiten instalar placas solares en lugares donde se haya producido un incendio? ¿El gobierno criminal lo permite?

El Gobierno autorizó un parque solar en El Cerro de Andévalo un mes antes del incendio​

¿Permiten las leyes españolas instalar placas solares en zonas donde acaba de arder un monte? La pregunta deja de ser teórica cuando se mira la cronología de El Cerro de Andévalo (Huelva). El 20 de junio de 2026, el BOE publicó la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para una planta fotovoltaica en ese municipio. Apenas un mes después, un incendio calcinó 1.200 hectáreas en la misma comarca. La coincidencia temporal ha desatado las sospechas.

La secuencia de los hechos​

La Dirección General de Política Energética y Minas aprobó el proyecto el 3 de junio de 2026, según consta en la resolución. El fuego llegó en julio, arrasando una superficie equivalente a casi 1.700 campos de fútbol. No hay, hasta donde se sabe, una prohibición explícita en la normativa que impida instalar renovables en terrenos quemados, pero la legislación forestal sí limita usos tras un incendio. El problema aquí es que la autorización es anterior al fuego, no posterior.

Las teorías en liza​

Una corriente apunta a que el incendio pudo ser intencionado para allanar el terreno al parque solar y a los futuros centros de datos que necesita la inteligencia artificial. Se argumenta que el boom de la IA disparará la demanda eléctrica y que España busca posicionarse como hub solar, con Madrid como polo preferente. La coincidencia de que las llamas rodeen la capital no pasa desapercibida. Otra visión, más escéptica, lo atribuye a negligencia o a la casualidad: el verano es época de incendios, y Huelva lleva años sufriéndolos.

¿Y la legalidad?​

El titular de la pregunta no encuentra respuesta clara. La Ley de Montes prohíbe cambios de uso en terrenos forestales quemados durante al menos 30 años, pero la instalación de placas solares no siempre se considera cambio de uso si se mantiene la cubierta vegetal o se integra. En este caso, al ser la autorización previa, la polémica no está en la legalidad formal, sino en la sospecha de que el incendio fuera provocado para limpiar el monte. El Gobierno niega cualquier vínculo.

Con los datos sobre la mesa, el escepticismo no es gratuito. Pero la ironía final la pone el cambio climático: calor extremo y sequía ayudaron a propagar el fuego; el mismo Gobierno que promueve la solar como solución contra el calentamiento ve cómo las llamas ponen en duda sus planes.