No se podía saber meter 14 millones de extranjeros y el estado de bienestar ya es insostenible

Catorce millones de extranjeros después, la cuenta no sale​

Hay una cifra que se repite en la conversación pública sobre inmigración y que, a fuerza de repetirse, ha dejado de discutirse: 14 millones. Ese es el volumen de entrada de población extranjera que se atribuye a España en lo que va de siglo, y sobre él se monta una conclusión incómoda: el estado de bienestar ya no aguanta el ritmo. No es un titular de campaña. Es la tesis que recorre buena parte del descontento cotidiano, y estos días ha vuelto a la superficie con una mezcla de sorna y de cabreo.

La primera respuesta que aparece cuando alguien pide el enlace de esa cifra es reveladora: me parecen muchos. Y lo son. Pero el problema no es solo el número. Es que nadie ha explicado nunca, con papel y lápiz, cómo se paga.

¿Cuántos migrantes han entrado en España desde 2000?​

La horquilla que circula va de 15 a 20 millones de personas llegadas desde el año 2000, según un cálculo que circula en el debate sin fuente oficial verificada. Es una estimación gruesa y precisamente por eso funciona como detonante: cualquiera puede proyectarla sobre su factura sanitaria, su lista de espera o la ratio de su colegio. El cálculo que se hace en voz alta es siempre el mismo: si esas personas acceden a sanidad, educación y ayudas sin haber cotizado antes, la aritmética se rompe.

Hay quien lo formula con más crudeza: vienen a por las paguitas. Y hay quien responde con el argumento opuesto, igual de tajante: la inmigración regulada es necesaria, pero solo si viene a emprender o a trabajar. El matiz no es menor. Separa a quien discute el volumen de quien discute el diseño.

El argumento que casi nadie rebate: la natalidad​

La objeción más sólida que aparece no va contra los migrantes, sino contra la política que los usa como parche. Si favoreces la natalidad, todo va mejor. La idea es simple: sale más barato y más rápido importar mano de obra ya formada que criar y educar a la propia. Es la misma trampa en la que, se argumenta, cayó China con la política del hijo único, una decisión que con el tiempo se ha revelado como un error de consecuencias enormes.

Ese razonamiento desplaza el foco. Ya no se discute si vienen o no, sino por qué el sistema prefiere que vengan antes que facilitar que nazcan. La demografía deja de ser un dato y se convierte en una elección política.

Quién paga el estado de bienestar​

Aquí el tono sube. La acusación más repetida es que el sostenimiento del sistema recae sobre los residentes de siempre mientras el acceso se reparte entre todos. El estado de bienestar para ellos, los españoles se lo pagamos, resume una postura que no distingue entre tipos de migración, entre regular e irregular, entre quien cotiza y quien no. Es la versión más dura del malestar, y convive con otra más resignada: bueno, por mí se pueden volver todos.

El problema de ese marco es que mezcla tres cosas distintas: presión sobre servicios públicos, diseño de las ayudas y volumen real de entrada. Sin separarlas, cualquier discusión termina en el mismo sitio: en la cifra de 14 millones y en la sensación de que alguien decidió no mirar.

La pregunta que queda sin responder​

Nadie ha puesto todavía sobre la mesa el desglose que resolvería la mitad del argumento: cuántos de esos millones cotizan, cuántos consumen servicios netos y cuántos llevan menos de cinco años en el país. Sin ese dato, la discusión se mueve entre la consigna y el cabreo.

Y mientras tanto, la cifra sigue ahí, redonda y cómoda, disponible para cualquiera que quiera usarla. ¿Cuántos de esos 14 millones habrían hecho falta, en realidad, para que la cuenta cuadrara?